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Organizaciones civiles acusan ante la CIDH a la PDDH y a su titular Raquel Caballero de encubrir violaciones a derechos humanos y avalar el régimen de excepción de Bukele.
La defensora Ingrid Escobar denunció ante la CIDH la muerte de su hermano bajo custodia del Estado salvadoreño. El Gobierno de Bukele no se presentó a la audiencia.
Para Abraham Ábrego, de Cristosal, el anuncio es muestra de debilidad y desgaste de legitimidad que el Gobierno intenta revertir a cuatro meses de las elecciones.
Cinco cartas escritas desde cárceles de El Salvador entre 2022 y 2025 revelan los sentimientos, anhelos, experiencias y condiciones mínimas del encierro de quienes han sido condenados al aislamiento antes de ser hallados culpables por un tribunal.
Este es un recuento de los cuatro años del régimen de excepción, en el que GatoEncerrado ha documentado casos de graves violaciones a los derechos humanos en contra de personas inocentes y voces críticas del Gobierno de Bukele.
El Salvador es cómplice de las arbitrariedades que Estados Unidos comete en contra de salvadoreños deportados, según denuncia Human Rights Watch. En muchos de los casos no hay evidencia de que sean pandilleros.
El informe del Grupo de juristas internacionales, que han investigado exhaustivamente la situación de El Salvador bajo el régimen de excepción, señala que la política de seguridad pública ha desembocado en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Al menos 245 personas defensoras de derechos humanos, periodistas, ambientalistas, sindicalistas y opositores han sufrido persecución política bajo el Gobierno de Bukele.
La Fiscalía de El Salvador insiste en un tercer juicio contra los ambientalistas de Santa Marta pese a dos absoluciones previas. Comunidad denuncia persecución política y criminalización de defensores ambientales en el contexto de la reactivación de la minería metálica.
El informe señala que el 94 % de las personas fallecidas no tenían vínculos con pandillas, pero que aún así fueron capturadas sin pruebas y padecieron torturas o fueron ignoradas cuando necesitaron atención médica.
Sus defensores señalan que el caso dejó en "terrible precedente" en el sistema judicial salvadoreño, en el que cualquier persona inocente puede estar injustamente en prisión y sin garantías legales.
Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez seguirán en prisión preventiva. El juzgado consideró insuficientes los múltiples arraigos presentados por la defensa.
El caso que armó la Policía para la fiesta de toma de posesión del segundo mandato de Nayib Bukele