La beatificación de Romero es propicia para recordarle al mundo que su asesinato continua impune. Las organizaciones que marcharon para exigir a la Fiscalía que inicie el proceso de investigación de la muerte del beato, recogieron más de diez mil firmas y piden que no quede impune la muerte de quien murió por defender la vida.
Redacción Gato Encerrado
Este 23 de mayo El Salvador escribe otra fecha histórica en sus páginas. Así como la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992, o el cuarto lugar del mundo en Fútbol Playa de septiembre de 2011. Este 23 de mayo debe unirse a otra fecha importante. La gente estaba en reverencia a Dios. Era lunes 24 de marzo de 1980 cuando mientras el ahora Beato Romero oficiaba una misa en la capilla del hospital de la Divina Providencia en San Salvador, un estrepitoso ruido proveniente de un volkswagen rojo de cuatro puertas acabó con la liturgia, la reverencia, y la vida del arzobispo de San Salvador. La bala calibre 22 de alta velocidad mató a un cura, y dio vida a un santo -como ya lo llaman en América-
A 35 de años de este magnicidio, El Salvador se vuelve a llenar del olor a Romero, esta vez para celebrar el anuncio que hiciera en febrero de 2015 El Vaticano de que la beatificación de Óscar era un hecho.
Pero este espacio es propicio además para recordarle al mundo que su asesinato continua impune. Carlos Romero voló el 20 de mayo desde la ciudad de Mendoza en Argentina, hasta San Salvador. Su causa, asistir a la beatificación de un cura cuyos ideales de igualdad y justicia le costaron la vida, según narra de lo que se oye de Romero en el país austral.
-En realidad la causa de Monseñor Romero trascendió El Salvador. Estos patrones de violencia e injusticia hegemónica se han vivido en varias partes de América Latina, y Romero se transformó en un testimonio de esa lucha por los pobres- narra con su peculiar acento argentino mientras recorre el redondel Orden de Malta en Santa Elena, San Salvador.
Carlos camina por ese lugar porque es parte de una marcha encabezada por movimientos sociales y Romeristas que se conducían hasta la sede central de la Fiscalía General de la República (FGR). Allí exigieron al fiscal general Luis Martínez, que inicie el proceso de investigación judicial contra los involucrados en la muerte de Romero aquel lunes 24 de marzo de 1980.
José Roberto Orantes es miembro de una agrupación Romerista. Dice que espera que el fiscal realice su trabajo de iniciar la investigación del caso, ya que no es posible que Monseñor Romero haya exigido justicia pero su muerte quede impune. -No puede el país de un mártir que dio su vida por las víctimas, seguir con un grado de impunidad absoluta- expresa Orantes.
De acuerdo a la Comisión de la Verdad para El Salvador, “el ex -Mayor Roberto D’Aubuisson Arrieta dio la orden de asesinar al Arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como “escuadrón de la muerte”, de organizar y supervisar la ejecución del asesinato”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció tras una exhaustiva narrativa de los hechos que ” el ex-Mayor Roberto D’Aubuisson, el ex-Capitán Alvaro Saravia y Fernando Sagrera estuvieron presentes el día 24 de marzo de 1980 en la residencia de Alejandro Cáceres en San Salvador. Llegó el Capitán Eduardo Avila y avisó que el Arzobispo Romero oficiaría una misa ese mismo día. El Capitán Avila opinó que ésta era una buena oportunidad para asesinar al Arzobispo. El ex-Mayor D’Aubuisson ordenó que se hiciese y responsabilizó al ex-Capitán Saravia del operativo. Al observar que se requería un francotirador, el Capitán Avila afirmó que él se encargaría de contactarlo por medio de Mario Molina. Amado Garay fue comisionado para transportar al asesino hasta la Capilla”.
Esta misma Corte también ha admitido que los crímenes de lesa humanidad -como el cometido contra Romero- no pueden gozar de los beneficios de la Ley de Amnistía que aún está vigente, y que espera su futuro pues la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dirime si es constitucional o no. La misma Sala en el año 2000 dijo que en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado salvadoreño, no gozan de amnistía.
-Todos los casos de condena por violación a los derechos humanos se han logrado fuera del país. Aquí en El Salvador no hay un juez que responsabilice a quienes cometieron violaciones contra los derechos humanos. Nuestra autoridades deben reflexionar que si quieren pasar la página, deben establecer la verdad jurídica en el caso de Monseñor Romero, y eso lo puede hacer la Fiscalía. No puede ser que vayamos a tener a un santo bajo un manto de impunidad- Expresa Roberto Orantes.
Las organizaciones denunciantes recogieron más de diez mil firmas como evidencia “del clamor de pueblo por justicia”. -Siendo como es el fiscal general, esperamos que por lo menos lea nuestra petición de reabrir el caso del asesinato de Monseñor Romero- expresa Rina Romero, quien forma parte de las Comunidades Eclesiales de Base.
Los manifestantes marcharon la mañana del 21 de mayo a la FGR. Eran custodiados por agentes policiales de tránsito, y por vecinos y transeúntes curiosos que sacaron más de alguna fotografía de aquel inusual suceso de manifestación popular en una de las zonas más exclusivas de San Salvador.
Monseñor Romero es beato de la iglesia católica. El Salvador y América Latina celebran. Sus detractores avalan su beatificación, más por cuidarse del “qué dirán” que por voluntad propia.
A la fecha no existe un proceso judicial interno que investigue su muerte, y únicamente se cuentan con las declaraciones y testimonios de Amado Garay, un ex soldado oriundo de Quezaltepeque, quien condujo al asesino frente a la puerta de la iglesia y después lo llevó a un lugar seguro. Garay -hasta hoy el único de los participantes en la operación que había dado su testimonio- vive en Estados Unidos bajo el programa de protección de testigos de acuerdo a una publicación de el periódico El Faro.
Romero fue asesinado por declarase tajantemente en contra de las políticas de represión e injusticias que se vivían en los albores de la guerra civil salvadoreña que dejó más de 75 mil muertos en una de las décadas más oscuras de las historias del “Pulgarcito de América”.
