Denunciar una serie de irregularidades en los permisos de tala y construcción que Grupo Roble obtuvo para deforestar más de mil árboles y construir una residencial en Santo Tomás, le ha traído persecuciones penales y amenazas de muerte, presuntamente provenientes de Grupo Roble. Derechos Humanos ha exigido a Fiscalía investigar, y ha abierto una investigación contra el Ministerio de Medio Ambiente por emitir permisos de forma sospechosa.


Por Redacción Gato Encerrado

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) determinó dictar medidas cautelares de protección como defensora de los derechos humanos a favor de la ambientalista Sonia Sánchez, debido a la persecución penal que ha emprendido la empresa constructora Grupo Roble contra ella, por denunciar la serie de irregularidades sobre la tala de árboles que realiza la dicha empresa en el municipio de Santo Tomás, para la construcción de la residencial "Brisas de Santo Tomás".

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, expresó durante una conferencia de prensa su preocupación ante las amenazas a muerte que han recibido varios defensores y defensoras de derechos humanos en el municipio de Santo Tomás, en el departamento de San Salvador, por parte de empleados de la Sociedad Inversiones Roble, la cual se dedica al desarrollo de proyectos de construcción, y demandó de las autoridades de la Fiscalía General de la República una exhaustiva investigación sobre el caso.

“A la fecha la situación se ha agravado ya que la ambientalista Sonia Sánchez esta siendo objeto de persecuciones penales en las que se le acusa de calumnia y difamación por el simple hecho de hacer uso de su derecho a la libertad de expresión al denunciar el deterioro al medio ambiente que estaría generando Inversiones Roble en Santo Tomás con el proyecto habitacional que están desarrollando” manifestó Morales.

En julio pasado, GatoEncerrado publicó una investigación donde exponía la forma en que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) le permitió talar 1, 311 árboles en su gran mayoría milenarios, y un promedio de 24, 051 arbustos o árboles de menor tamaño, en un terreno de 201, 688.89 metros cuadrados para construir 416 viviendas. No obstante, la masiva tala de árboles para la construcción del proyecto se realizó con un permiso ambiental que venció en 2010, cinco años antes de su ejecución.

Sonia Sánchez es representante de las asociaciones que denunciaron la irregularidad de los permiso como Red Ambientalista, Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, Colectiva de Mujeres Ameyaly, y de los caseríos aledaños al proyecto.

El procurador deDerechos Humanos lamentó la actuación de la Fiscalía General de la República por la omisión de realizar las investigaciones por la deforestación y la afectación que estaría provocando en los bienes hídricos de la zona este proyecto urbanístico y por la pasividad en la que ha actuado ante la presunta persecución penal arbitraria en contra de Sonia Sánchez, Estaban Guzmán y Guillermo Sánchez, reconocidos ambientalistas de la zona.

Además expresó que se ha abierto una investigación en contra del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano por otorgar permisos ambientales y de construcción, presuntamente, sin cumplir con todos los requerimientos técnicos necesarios, que garanticen la protección del Ecosistema y la seguridad humana.

La PDDH no descarta en este caso acudir a organismos internacionales de protección de derechos humanos ante la gravedad de la situación y con el objetivo de evitar daños superiores.

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