Organizaciones sociales y ambientales mostraron su total repudio a la liberación de Rodrigo Chávez Palacios “el descuartizador”, acusado del asesinato y desmembramiento de Franklin Mendoza Ortiz; también es sospechoso de la masacre de tres ambientalistas antimineros en Cabañas, El Salvador.
Por Marvin Díaz
Distintas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de la decisión del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla de dejar en libertad a Rodrigo Chávez Palacios, conocido como el “descuartizador”, autor material e intelectual del asesinato de Franklin Mendoza Ortiz, empleado de la Alcaldía de Santa Tecla.
Rodrigo Chávez Palacios fue condenado por este delito a 11 años de prisión en el mes de marzo pero una Cámara de lo Penal ordenó la revisión de la sentencia y ordenó dejarlo en libertad. Hay que recordar que el famoso descuartizador confesó ante los tribunales que había cometido el delito por el cual se imputaba.
Leonel Herrera, presidente de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), mencionó que la Fiscalía General de la Republica (FGR) realizó una serie de actos arbitrarios en beneficio del descuartizador “La FGR cambió la tipificación de homicidio agravado a homicidio simple bajando así la pena de Palacios; también al imputado se le trasladó desde el Centro Penal de Máxima Seguridad a un reclusorio común, concluyendo con su liberación”, declaró Herrera.
Para estas organizaciones el “descuartizador” es uno de los implicados intelectuales en la masacre ocurrida en el año 2009 de los ambientalistas antimineros, Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, en la comunidad La Maraña del departamento de Cabañas. Rodrigo Chávez Palacios fungió para ese tiempo como vicepresidente de la empresa canadiense, PacificRim (empresa dedicada a la extracción de minerales) por la cual no descartan que Palacios esté involucrado en los asesinatos.
Para el presidente de ARPAS, el caso de los ambientalistas asesinados no tuvo eco en la FGR ya que hizo caso omiso a una investigación en contra del “descuartizador”. “En octubre del año pasado se solicitó a la FGR abrir una investigación en contra del señor Palacios por su posible involucramiento en los asesinatos de ambientalista antimineros pero esta institución no realizó ninguna acción”, dijo Leonel Herrera.
Radio Victoria, una de las radios comunitarias, también sufrió amenazas por parte de la empresas Pacific Rim por no estar de acuerdo con los proyectos mineros dentro de la zona del departamento de Cabañas. “Nosotros nos sentimos ofendidos por este hecho de impunidad; pasamos años con amenazas de muertes con sabotajes, con visitas en la noche a las casas de miembros de esta radio, amedrentando al personal y nunca vimos una respuesta por la FGR y la policía de quienes estaban detrás de toda esta persecución”, comentó Cristina Starr, miembro de la radio Victoria.
Alejandro Guevara Velazco, líder comunal de La Maraña, comparó el sistema judicial actual al sistema que se vivía en los imperios de los Césares ya que en ese tiempo se dejaba en libertad al delincuente más peligros de esa época. “Estamos viviendo lo mismo en esta época ya que soltaron a este señor (Rodrigo Chávez Palacios) que es peligroso para la sociedad, y nos sentimos decepcionados con el sistema judicial”, expresó el líder comunitario.
Y agregó “nosotros nos imaginamos que este señor podría ser el autor intelectual de los asesinatos de los ambientalistas porque se ve reflejado en las formas de las emboscada que sufrieron los compañeros ya que fueron bien planificadas”, dijo el campesino.
Leonel Herrera consideró que esta decisión habla muy mal del sistema judicial del país ya que manda un mensaje claro y negativo a la sociedad salvadoreña. “Usted puede asesinar a alguien, descuartizarlo, esparcir las parte del cuerpo en diferentes lugares y luego la Fiscalía lo va a favorecer abreviándole el proceso; cambiado la tipificación del delito para bajarle la pena y dejándolo libre al final“, dijo con preocupación el presidente de ARPAS.
Al cierre de esta nota, la FGR interpuso una apelación para revertir la decisión del Juez Segundo de Instrucción, y pidió a Cámara de lo Penal de Santa Tecla que Palacios continúe con su pena en el Centro Penal de Apanteos, donde había permanecido recluido desde junio.
El caso
En septiembre de 2014, la Policía Nacional Civil (PNC) acudió a un apartamento de la colonia “Lomas de San Francisco” tras la denuncia de que al interior de una vivienda se encontraba el cadáver de un hombre. La víctima fue identificada como Franklin Jonathan Mendoza Ortiz, un empleado de la alcaldía de Santa Tecla.
Una serie de facturas de compras de serruchos y herramientas adquiridas por “el descuartizador” en una ferretería, lo ligan con el caso, a demás, él mismo admitió los hechos ante el juzgado. Mendoza Ortiz fue descuartizado en al menos ocho partes.
El descuartizador y la transnacional minera Pacifc Rim
Rodrigo Chávez Palacios fungió como vicepresidente de la minera de origen canadiense Pacific Rim, que en El Salvador se inquistó en las montañas del norte del departamento de Cabañas. Ahí buscaba la explotación y exploración minera. El Gobierno salvadoreño solo le permitió la exploración, lo que le trajo una serie de problemas con la empresa; además se presume que Chávez Palacios intentó vender de manera fraudulenta acciones de Pacific Rim a empresarios salvadoreño, y éstos al cobrar ganancias en Canadá, supieron que habían sido estafados por Palacios.
Gato Encerrado publicó una crónica de la muerte de cuatro ambientalistas quienes se oponían a la operación de Pacific Rim en su comunidad. Al menos tres de ellos habrían sido asesinados por órdenes de Chávez Palacios según hipótesis de Derechos Humanos y de onegés de medio ambiente.
Crónica: Se rebelaron contra la minería y sus asesinatos siguen impunes
