Foto base: Diario CoLatino/ElFaro
En entrevista, hablamos con Óscar Campos, coordinador del Área de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD). Él habla de un posible “acuerdo bajo la mesa” entre partidos políticos para reelegir a Martínez, a cambio de que no se levanten investigaciones en contra de miembros de dichos partidos. Además es tajante al decir que no es la persona idónea, y que ha incumplido sus obligaciones constitucionales.
Por Mario Beltrán
Óscar Campos es coordinador del Área de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD). Esta institución es también parte querellante en el juicio en contra del expresidente Francisco Flores.
En entrevista, Óscar Campos dejó entre ver la opinión que ISD como representante de la sociedad civil, tiene con relación al desempeño del actual fiscal General de la República, Luis Martíez. El fiscal General cumple con su mandato constitucional hasta el 3 de diciembre de este año, tras haber sido elegido fiscal el 4 de diciembre de 2012, es decir, durante tres años ha sido el encargado del Ministerio Público.
El fiscal Martínez ha estado en “campaña” para buscar su reelección. Partidos como Gana ya han hecho pública su inclinación por él. Óscar Campos incluso habla de un posible “acuerdo bajo la mesa” entre partidos políticos para reelegir a Martínez, a cambio de que no se levanten investigaciones en contra de miembros de dichos partidos.
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¿Cómo evalúan como sociedad civil, el desempeño del actual fiscal general, Luis Martínez?
Consideramos que la actuación del actual fiscal General, Luis Martínez, ha sido demasiado deficiente, ha sido en algunos casos irregular. Creemos que ha habido algún sesgo o malicia de su parte en su actuar, en especial en el momento de conducir investigaciones en casos muy emblemáticos como el caso CEL-ENEL, el caso del expresidente Francisco Flores, casos de corrupción de Gobiernos anteriores como el de Correos de El Salvador, o el del Instituto de Tecnología Agraria (ISTA), inclusive en el caso de la reconstrucción del Hospital de Maternidad, y la red de hospitales.
Como miembros de la sociedad civil y contralores de la gestión pública, creemos que sí ha quedado a deber. No ha cumplido con sus obligaciones legales y constitucionales.
¿Consideran que el fiscal merece la reelección?
No. Creemos que el trabajo del fiscal General habla por sí solo. La gran cantidad de casos iniciados en investigación, de los cuales hubo condena en algunos cuantos, pero estás condenas fueron a solicitud de la misma Fiscalía, disminuidas las penas por penas risibles, a pesar del daño que se le causó a la sociedad y a las arcas del Estado por esos delitos.
Otros casos donde hay una clara manipulación de información por parte del fiscal; y en algunos caso ha desencadenado en que la labor del Órgano Judicial específicamente en juzgados como el 7° de Instrucción o el 14° de Paz, donde la Fiscalía no ha presentado información relevante en la investigaciones y esto ha llevado a que los jueces tengan que sobreseer o elevar a vista pública, sin la mayor cantidad de elementos objetivos suficientes. Así es que creemos que no merece la reelección. De hecho la Constitución y la Jurisprudencia señalan una serie de requisitos, y en este caso al hacer una evaluación del perfil profesional de Luis Martínez, creemos que no es el fiscal idóneo para continuar en el cargo.
¿Cree que exista la aritmética Legislativa para que Luis Martínez sea reelegido como fiscal General?
Hasta hace unos meses se hablaba que ya había un acuerdo bajo la mesa entre algunos de los partidos políticos para poder garantizarle la reeleción al fiscal Martínez. Un par de semanas atrás presentamos a la Subcomisión especial que investigaba los perfiles, una matriz metodológica de más de 30 indicadores en la que buscábamos que la elección del fiscal General se hiciese con apego a requisitos muy técnicos, muy imparciales, muy objetivos, al punto de que la aritmética Legislativa -que es importante para los consensos-, no jugara un rol determinante en la búsqueda de la elección del fiscal. Creemos que la lista de 72 aspirantes, hay abogados y funcionarios que cumplen con mayor porcentaje estos requisitos que señala la Constitución y la Jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, por lo que esperamos que la Asamblea Legislativa no se deje llevar por acuerdos políticos bajo la mesa, y tome en cuenta las consideraciones que la sociedad civil hace para hacer una elección independiente.
¿A qué tipo de acuerdos bajo la mesa se refiere?
Por ejemplo se mencionaba un acuerdo entre los partidos FMLN y GANA para poder mantener al actual fiscal, en el sentido que últimamente le había dado un muy buen apoyo al Gobierno con relación a los temas de combate a las pandillas. También se emncionó un acuerdo entre el partido Arena y otros partidos, a la luz de los posibles casos de información de corrupción, como el caso Flores, el caso CEL-ENEL, incluso se hablaba del tema del Fideicomiso para la Creación de Empleos en el Sector Productivo (FECEPE) que involucra a la diputada Ana Vilma de Escobar, y que a manera de rumor, se mencionaba que Arena estaba a la espera de los desenlaces de estas investigaciones para poder darle el apoyo necesario al fiscal Martínez.
Este tipo de acuerdos no le benefician al país. Recordemos que el cargo de fiscal General, juega un papel muy importante contra la impunidad en el país.
¿Cree que el fiscal Martínez tendrá algún “As bajo la manga” para aumentar sus votos?
Pues hemos estado viendo en las últimas semanas a un fiscal mucho más mediático, más enfocado a una posible campaña de reeleción que a su trabajo serio y objetivo. Tres claros ejemplo: 1- el tema del bebé intercambiado de la familia Cushworth, un caso del que se hizo una tromba mediática, y que el fiscal acaparó las primeras planas de los medios de comunicación. 2-El caso del expresidente Francisco Flores, donde el fiscal irrumpe en la audiencia preliminar y genera un ataque a la querella, diciendo que habían fabricado una “novela perversa” del caso. Por último 3- Vemos a un fiscal llevando la contraria en temas de seguridad y de pandillas al Gobierno central, como tomando protagonismo ante los medios de comunicación.
Hace poco un abogado relacionado al caso de los aviones de Enrique Rais y una denuncia que se presentó ante el Tribuanal de Ética, fue detenido, generando un boom mediático, y al llegar al juzgado, el juez le dcreta libertad porque no hay pruebas suficientes para imputarlo. Ese tipo de acciones creemos que son muestras de hasta dónde puede llegar el fiscal para buscar la reeleción.
Si el fiscal está en campaña, dejará de hacer algunas investigaciones, o iniciará otras a favor o en contra de la aritmética Legislativa que le favorece. En la búsqueda de apoyo, y con respecto al partido PCN, no está investigando una investigación por enriquecimiento ilícito en contra del diputado Reynaldo Cardoza, a pesar de que en materia civil ya hay un posicionamiento. Esto conlleva una conducta penal que debe ser respaldada por la Fiscalía, y no se está haciendo porque creemos que está en esta campaña de reelección.
¿Quién garantiza que los diputados elijan a la mejor persona para fiscal?
En este momento es un acto político de la Asamblea Legislativa, y este a su vez, tiene un contrapeso que es la Sala de lo Constitucional, que con base a amparos de la sociedad civil si se considera que la persona electa no es la adecuada, la Sala puede frenar la elección. De hecho eso ya se hizo en la elección pasada debido a que la Asamblea Legislativa no justificó la idoneidad del actual fiscal Luis Martínez, pero la Sala dio la razón a la Asamblea.
¿Podrá ser el cierre del “TrollCenter” un az bajo la manga del fiscal?
Probablemente sí. Hay muchas de estas cuentas a las que se les llaman “trolles” que se atribuyen a esta empresa. La Fiscalía debería de determinar con seriedad. Hay delitos en el Código Penal que persiguen la difamación y la calumnia, pero vemos muy sospechoso que denuncias de más de un año sobre lavado de dinero contra el expresidente Francisco Flores, el expresidente Elías Antonio Saca, y varios funcionarios del partido Arena, no haya sido tomada en cuenta, ni se haya investigado, pero que una denuncia de suplantación del sitio web de la Prensa Gráfica haya sido resuelta en cuatro meses, y una del intercambio de bebés haya sido resuelto en tres días.
Si se va a investigar, se debe respetar el debido proceso.
¿Cuál sería el escenario jurídico del país, si se reelige a Luis Martínez como fiscal General?
Consideramos que el monopolio de la investigación que por ley le pertenece al fiscal, estaría supeditado a acuerdos políticos y económicos. Se pondría en tela de juicio la imparcialidad de las investigaciones; las organizaciones que hemos señalado el trabajo deficiente de la Fiscalía estaríamos sometidos a persecuciones política, y estaría en detrimento de la seguridad jurídica de la ciudadanía.
El país estaría en zozobra ya que no se podría decir nada en contra de algo que el fiscal considere que es delito, o que toque sus intereses particulares o de sus aliados. Un ejemplo es que toda persona que ha señalado el caso de los viajes en los aviones del empresario Enrique Rais, está siendo procesada o investigada en la Fiscalía con delitos como fraude, lavado de dinero, tenencia y portación de armas, de drogas, etc.
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La Asamblea Legislativa tiene poco tiempo para elegir a la persona al frente de la Fiscalía General de la República. Aritmética legislativa o adecuada capacidad profesional, lo cierto es que quien tome las riendas, tendrá el desafío de traer justicia y derrocar la impunidad, en el país más violento del mundo.
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