Organismos ambientales salvadoreños hicieron un balance de lo que fue el 2015 en materia ambiental, y lo que podría venir en los próximos meses, debido a la desatención estatal del medio ambiente salvadoreño. La sequía habría dejado pérdidas a agricultores arriba de los 12 millones de quintales de cosecha. La Asamblea Legislativa aún entrampa la discusión de leyes como la del Agua, Soberanía Alimentaria y Antiminería; Las urbanizaciones podrían proliferar gracias a vacíos de ley, en uno de los países más densamente poblados de América, de los más vulnerables, y de los más desiguales.
Por Marvin Díaz y Mario Beltrán
El año 2015 fue un año atípico en materia ambiental para El Salvador, uno de los países que más sufre los problemas del cambio climático. Las lluvias no fueron como en años anteriores; no hubo desastres ambientales que cobraran la vida de cientos de personas. Sin embargo, sí existió un mal silencioso que afectó al país, pero que no atiborró de titulares las primeras planas de los periódicos. La sequía.
“Pareciera que no ha habido daños ambientales, pero hay que profundizar en ello educativa y mediáticamente porque ha habido desastres silenciosos, uno de ellos es la sequía. Este 2015 cerramos cuatro años de estar influenciados por el fenómeno del Niño, lo que ha causado déficit de lluvias e impacto severo en la agricultura. A veces no se dimensiona de la forma en que lo vive otra persona, porque nuestro medio de subsistencia no es la agricultura, pero quienes viven de lo que produce la tierra, han perdido en cosechas totales hasta en un 70 % u 80 % de pérdidas sobre todo en la zona oriental”, comenta Carolina Amaya, ambientalista y parte de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
Según organizaciones de productores agropecuarios, hasta noviembre 2015, reportaban la pérdida de 12.9 millones de quintales en pérdida de cosecha. Según los productores, esta escasez tendrá sus consecuencias en los primeros meses de 2016.
De acuerdo con los ambientalistas, ya hay escenarios que plantean que con un aumento de tres o cuatro grados de temperatura, las regiones más vulnerables podrían quedarse sin agua y sin alimentos.
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Estela Domínguez, Rosa Gloria Clímaco, Guillermo Molina “Amilcar”, Feliciana de Centeno, Leónides Ayala y Santos Orbelina Sánchez, son salvadoreños que viven en lo más recóndito de los 21 km cuadrados que posee el pequeño país centroamericano. Estas personas no tienen lazos familiares que los unan; son completamente diferentes sus formas de vida; solamente una cosa tienen en común, son víctimas de los estragos que se dan a consecuencia del deterioro del medio ambiente.
Estela Domínguez, todos los días se las ingenia por encontrar algo más valioso que el oro, el agua, la cual ha escaseado en su comunidad. GatoEncerrado le hizo un reportaje sobre cómo sobreviven los salvadoreños que no tienen agua; doña Feliciana de Centeno y Leónides Ayala, son testigos de la destrucción de los imponente cerros y mantos acuíferos que se encuentran al norte del país; mientras tanto un pájaro de hierro rocía la muerte en las humildes casas de Rosa Gloria Clímaco y Santos Orbelina Sánchez en San Viccente. Así como ellos, sufren cientos y cientos de familias; poco a poco la madre naturaleza va perdiendo su belleza en El Salvador.
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La Red de Ambientalista en Acción (RAA) en coordinación con la UNES, presentaron el balance ambiental correspondiente al año 2015. Según estas organizaciones, los principales actores de la destrucción ambiental que vive el país son las agro-industriacañeras y las empresas constructoras.
Sonia Sánchez, ambientalista de la RAA, concluyó que el gran capital es uno de los muchos actores del deterioro de los recursos naturales. “Aquí en El Salvador prevalecen los intereses del gran capital, nos vende el “desarrollo económico” y fuentes de empleo, pero todo eso es temporal. Al final el desarrollo económico es para las empresas”, dijo Sánchez.
A la luz de estas organizaciones, El Salvador se proyecta para el año 2016 como un país deforestado, con enormes posibilidades de sequía, falta de cultivo, encarecimiento de la canasta alimenticia y racionamiento del agua.
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Seis navidades han pasado desde aquel trágico suceso que marcó la vida de cuatro familias en Cabañas. Los ambientalista, Dora Sorto, Ramiro Rivera, Marcelo Rivera y Juan Francisco Duran, fueron asesinados por oponerse a la minería en la comunidad La Maraña, municipio de Ilobasco, Cabañas. GatoEncerrado escribió una crónica sobre sus muertes, la impunidad que prevalece, y las medidas de protección que les fueron otorgados, y que fallaron.
La gran empresa minera canadiense PacificRim/Oceana Gold, es acusada de apagar para siempre las incesantes denuncias que gritaban a los cuatro vientos aquellos ambientalistas. El mal persiste en diversas comunidades como, La Maraña o la comunidad San Sebastián, departamento de La Unión. Las consecuencias amenazan con desaparecer numeroso ríos como el Río San Sebastían (algunos ahora son quebradas) siguen resintiendo la contaminación a causa de la extracción de minerales que se dieron en la zona.
Empero los problemas ambientales no solo tienen una arista social o humana, sino también judicial y política. GatoEncerrado solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR), a través del Acceso a la Información Pública, el número de delitos contra el medio ambiente en los últimos dos años.
La RAA y UNES creen que existe un gran vacío por parte de las instituciones gubernamentales que deberían velar por proteger y conservar los recursos naturales. “El Ministerio de Medio Ambiente (MARN) no ha tenido la voluntad de detener proyectos urbanísticos, esto a pesar que ellos (MARN) han podido intervenir, pero no lo ha hecho”, lamentó Sonia Sánchez.
“Es preocupante que las leyes tanto nacionales como territoriales y la ordenanza de uso y ocupación de suelo y de medio ambiente no sean aplicadas. En las municipalidades, el alcalde tiene un gran papel de decisión, él es el que puede detener los proyectos, pero no lo están haciendo” agregó la ambientalista.
Para Luis González, abogado y ambientalista, el balance político ambiental de 2015 en El Salvador se desglosa a partir de lo que cada Órgano de Estado debe realizar por el medio ambiente. “En el ámbito Legislativo podemos decir que hubo pocos avances. Están estacandas aún la discusión de la Ley del Agua, la ley de Soberanía Alimentaria a avanzado un promedio de dos artículos por semana, la ley de prohibición de la Minería Metálica, entre otras, y que siguen sin discutirse porque en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, se han priorizado otras agendas como la protección de animales domésticos, que no digo que no sea importante, pero por cuestiones de prioridad, este tipo de agendas entrampan las antes mencionadas”, dijo González
Él advierte que la correlación política-partidaria en la Asamblea no ayuda a que el avance de la discusión se más rápido.
El ambientalista también evalúa el trabajo del Órgano Ejecutivo en este rubro. “En cuanto al Órgano Ejecutivo, se han visto avances como la concientización de la llegada del cambio climático al país, y por ende el Ministerio de Agricultura y Ganadería se ha planteado otro enfoque, y poco a poco los paquetes agrícolas migrarán a un enfoque más orgánico lo cual es un avance. Además el Ministerio de Medio Ambiente ya tiene su plan de cambio climático y en 2016 empezará a trabajar en ese plan de adaptación al cambio climático”.
No obstante, los ambientalistas señalan que hay retrocesos como el tema de la deforestación en Santo Tomás, la construcción de la mega obra en la zona costera que privatiza y destruye los manglares, el aumento de caña de azúcar y monocultivos.
En cuanto al balance del Órgano Judicial salvadoreño en materia de medio ambiente, Luis Gonzáles dijo que “uno de los avances es la implementación del Tribunal Ambiental, que ha rendido frutos, y ha dado muy buenas resoluciones en materia ambiental, aunque se han retrasado en abrir los tres que se tenían previsto. Está el de San Salvador, y por presión han abierto el de San Miguel, aunque la propuesta de las organizaciones ambientalistas era 14 tribunales ambientales. No obstante quieren retrasar la apertura del tercer tribunal en Santa Ana. En ese sentido, creemos que se invisibiliza la problemática ambiental en el país”.
Los ambientalistas también calificaron el trabajo de la FGR en materia ambiental durante 2015. “Antes de que se instalaran los tribunales ambientales, ya habían delitos en el Código Penal que se pueden judicializar, pero hubo poca voluntad del exfiscal, Luis Martínez, para investigar estos delitos, pese a que ha habido denuncia de la gente. Un caso emblemático es el de la contaminación de Sitio del Niño en La Libertad; el Estado que no tiene recursos, tiene que limpiar esa contaminación, y no se persiguió a los dueños de esas empresas. La Fiscalía se quedó solo con buscar a gerentes y no a dueños”, afirmó Luis González.
Gráfico/GatoEncerrado Multimedia
Por su parte Carolina Amaya, expresa que esta desatención de parte del Estado salvadoreño al medio ambiente, se da porque hay quienes se benefician de ello. “Acá se aplica el dicho de “río revuelto, ganancia de pescadores”, es decir, entre más contaminada esté el agua, más ganancias obtienen los empresarios, porque la gente por comprar agua limpia, va y compra su botella de agua. Eso crea un caldo propicio para privatizar el agua, que es lo que siempre han querido los grupos de poder en El Salvador”.
Y agrega “nuestra propuesta como ecologistas es que tengamos agua para ahora, y agua para mañana; agua para todos, y agua para la industria, sin embargo eso no lo ven así. Hay una intensión por parte de la derecha salvadoreña que representa a los grupos económicos al negar la aprobación de la ley del agua, y a al querer privatizar las semillas”.
Con el fin de conservar y proteger el medio ambiente en el país, las organizaciones ambientalista demandaron al Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a trabajar para cuidar los recursos naturales. Entre las peticiones al Ejecutivo solicitaron dar cumplimiento a la legislación para la protección de zonas naturales, negar todo permiso que atente contra los bosques y declara al Cerro San Jacinto, Volcán de San Salvador, Cordilleras del Bálsamos como áreas natural protegida.
Al Órgano Legislativo piden urgentemente la aprobación de la Ley General del Agua y la Ley de Soberanía Alimentaria; también prohibir el uso de agroquímicos en las plantaciones, y los trabajo de la minería metálica. Mientras tanto al Órgano Judicial le exigieron la total instauración de los Tribunales Medio Ambientales y una efectiva de la aplicación de la ley ambiental.
Carolina Amaya de la UNES, opina que los verdaderos criminales ambientales, siguen haciendo de las suyas, bajo la mirada de quienes deberían de impartir justicia en este país, y vaticina la situación ambiental de El Salvador para 2016. “Vienen luchas fuertes en materia ambiental, y no es nada alentador. Para 2016 viene una avalancha de proyectos urbanísticos vinculados al área Metropolitana y alrededores como Cordillera del Bálsamo, cerro San Jacinto, volcán de San Salvador. Viene una lucha fuerte por la introducción de transgénicos. El agua seguirá dando de qué hablar en las comunidades”.