El Gobierno de El Salvador emitió un comunicado en el que reitera que las capturas de los exmilitares salvadoreños ligados al caso jesuitas, ha sido en el marco del cumplimiento internacional del Estatuto de INTERPOL de donde el país es miembro, y quien se ha comprometido a localizar, buscar y capturar a personas buscadas a nivel internacional a través de una difusión roja. El Gobierno dice que las cuatro capturas se han hecho en apego a la ley y a sus derechos. Aún falta capturar a 13 implicados más, y que el órgano Judicial salvadoreño decida si los extradita o libera.
Por Mario Beltrán
El Gobierno de El Salvador, a través de un comunicado oficial, reitera que las capturas de cuatro de los 17 exmilitares implicados en el caso del asesinato de los padres jesuitas de la UCA en 1989, “ha sido en total apego a la ley y respetando plenamente sus derechos fundamentales”.
El 4 de enero de 2016 el Juez Central de Instrucción N.° 6 de Madrid, España, emitió una resolución en la que reiteró a las autoridades de El Salvador las órdenes de detención que se encuentran en vigor contra las personas procesadas, sobre quienes existen notificaciones rojas.
La noche del viernes 5 de febrero, la Policía Nacional Civil (PNC) dio cumplimiento a la difusión roja emitida por la Interpol, donde se obliga a la captura de los 17 exmilitares implicados. Agentes de la PNC allanaron la vivienda de cuatro de los 17 implicados.
Ante la captura de los exmilitares, distintas voces se han hecho sentir, sobre todo de quienes se oponen a la extradición solicitada por la Audiencia General de España.
En cuanto a la notificación roja, han existido diversos pronunciamientos por parte del Órgano Judicial. El 24 de agosto de 2011, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que “la notificación roja es un mecanismo eminentemente de búsqueda y localización policial de fugitivos, más no de captura de los mismos ni equivale a una solicitud de detención provisional con fines de extradición”.
Sin embargo, el Gobierno salvadoreño argumenta que la acción de captura y posterior puesta a la orden de la justicia, ha sido avalada por la misma Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “El 24 de agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de habeas corpus ref. 220-2015, calificó como inaceptable el precedente establecido el 24 de agosto de 2011 por el Pleno de la Corte “porque desnaturaliza las atribuciones de Corte Plena y de Interpol, así como tergiversa la utilización de una herramienta de cooperación policial internacional creada con fines específicos”, concluyendo que la notificación roja no se limita a una simple orden de localización, sino que implica la captura del procesado”, dice el Gobierno.
De hecho, en 1956 se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Estatuto de Interpol, del que El Salvador es miembro desde el 8 de diciembre de 1959.
El Reglamento sobre Tratamiento General de Datos, aprobado por la Asamblea General de Interpol, regula las denominadas notificaciones rojas, cuya finalidad es localizar a una persona buscada y detenerla o limitar su desplazamiento con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medidas jurídicas similares. El Estado salvadoreño tiene el compromiso de cumplir estos instrumentos internacionales.
Dice el Gobierno salvadoreño, que mediante resolución del 2 de octubre de 2015, el Pleno de la Corte retomó el criterio de la Sala de lo Constitucional y declaró que “la publicación de una notificación roja tiene por objeto la detención de una persona en el territorio de un Estado, para ulteriormente ser entregado a otro, por existir un proceso o una condena penal pendiente en su contra. Esto porque la naturaleza de dichas notificaciones es que constituyen verdaderas órdenes de localización y captura de personas”.
Las capturas coincidieron con la fecha en que se conoció que la corte estadounidense ordenó la extradición hacia España del excoronel y exviceminstro de la Defensa, Inocente Montano, quien es uno de los solicitados por la justicia española.
El 12 de enero del presenta año, el director general de la PNC hizo la consulta pertinente a la Corte Suprema de Justicia sobre si proceder o no a la captura; la cual fue declarada improcedente.
En declaraciones pasadas, el procurador de Derechos Humanos, David Morales, instó a la PNC a proceder “sin dilaciones” a la captura, y sin solicitar el permiso de la Corte, pues la Policía no está supeditada a ella.
En consecuencia, la PNC dio cumplimiento a la notificación roja en contra de los procesados, contando con las órdenes de allanamiento giradas por autoridad judicial para ingresar a sus residencias.
La noche de la captura, llegó el general retirado, y actual diputado del partido Arena, Mauricio Vargas, quien calificó la captura como “un acto arbitrario”.
Los procesados han sido puestos a la orden de las autoridades judiciales del país, las que deberán decidir sobre la libertad o la extradición de estos ciudadanos salvadoreños.
“El Gobierno reafirma su compromiso con la institucionalidad y con el cumplimiento de los principios establecidos en los Acuerdos de Paz, que abrieron el camino para la justicia, la reparación, el perdón y la reconciliación; reconociendo además el nuevo rol que juega la Fuerza Armada en el cumplimiento y respeto de la Constitución”, establece el Gobierno salvadoreño.
La captura, ha generado diversos sinsabores en los partidos de derecha Arena y PDC, quienes fueron convocados por el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, a una reunión a puerta cerrada la noche del 8 de febrero, tres días después de las capturas. Allí, Cerén determinó que su gobierno es y será respetuoso de los Acuerdos de Paz, que tuvieron como característica, la no persecución ni política, ni judicial de quienes hayan cometido crímenes de guerra.
De esa reunión, al parecer los sinsabores y molestias por las capturas, quedaron dilucidadas ya que según el dirigente del partido Arena, Jorge Velado, “el gobierno está en la misma sintonía que los partidos sobre respetar el espíritu de los Acuerdos de Paz. “
Los padres españoles fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Simeón Cañas (UCA). Ignacio Ellacurias, sacerdote español-salvadoreño fue uno de los asesinados, el religioso era cuestionado por su enseñanza de la Teoría de la Liberación.
También fueron asesinados los sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.
