Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y vicepresidente, Oscar Ortiz. Foto/EFE

Organizaciones civiles calificaron de doble moral una serie de declaraciones que generan desde el Ejecutivo en relación de los exmilitares detenidos por el caso jesuitas. Estas misma organizaciones solicitan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se les tome en cuenta en el análisis del proceso de extradición.


 

Por Marvin Díaz

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, expresó recientemente: “hago  un llamado a los demás militares sobre quienes se han girado órdenes de captura, que se entreguen a la justicia y se sometan al debido proceso”; sin embargo el vicepresidente, Oscar Ortiz, se mostró contrario a que los 17 exmilitares requeridos por la Justicia española sean extraditados.

Por lo que representantes de varias organizaciones, entre ellas, la ONG Pro-Búsqueda, calificaron de doble moral las declaraciones totalmente opuestas por parte de funcionarios del Órgano Ejecutivo ante el caso de los exmilitares detenidos por su participación en la masacre de los padres jesuitas y dos de sus colaboradoras.

“Hay una doble moral, con una mano hace una cosa y con otra la esconden. Ya es hora que los dos bandos beligerantes levante la cara ante la sociedad y ponga en el centro a los que realmente sufrieron los combates de la guerra. Le salió cara las tortillas al campesino que por la mañana se la daba a los de la Fuerza Armada (FAES), y en la tarde a los de la guerrilla”, mencionó Eduardo García, presidente de Pro-Búsqueda.

Ante la última declaración del vicepresidente, Oscar Ortiz, Pro-búsqueda espera que la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que emita en los próximos días, esté apegada a la ley. “Nosotros esperaríamos otra resolución apegada a la justicia, ya que todos los salvadoreños tenemos los mismo derechos y las misma oportunidades pronto y acertada”,  afirmó García.

Hay que recordad que el año 2011 la CSJ denegó la extradición de los militares retirados requeridos por la jurisdicción universal.

Según Pro-búsqueda, en el caso antes mencionado, existen intereses políticos que intermedian para impedir que haya justicia a las víctimas del conflicto armado. “Se pueden romper esos intereses, eso si las victimas están representadas en la Asamblea, y no ambos bandos beligerantes. En la Asamblea están lo que de una u otra forma participaron en el conflicto armado”, dijo, Eduardo García.

Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron un escrito donde solicitaron a la  CSJ, que se tome en cuenta a las víctimas, comités de víctimas, y a las organizaciones de derechos humanos para ser escuchada en Corte Plena, esto en relación al tema de la decisión que se tome en la extradición de los militares implicados en la masacre de los jesuitas.

“Pedimos a Corte Plena que nos de la oportunidad de explicarle por qué es necesario que los militares requeridos por el Reino de España, se manden en extradición”, mencionó David Ortiz, representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación Pública (FESPAD).

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Estas organizaciones pidieron respeto hacia las víctimas ya que algunos funcionarios han relacionado la captura de los exmilitares como una persecución política y no como judicial. “Las víctimas no son ni de izquierda ni de derecha, son víctimas. Los victimarios se amparan que son  víctima del otro grupo para tratar de justificar las graves atrocidades del conflicto. El Estado está obligado a darle justicia y darle verdad y trabajar por la reparación”, añadió

Los abogados defensores de los cuatro militares detenidos han presentados dos piezas de habeas corpus, esto para que la CSJ deje en libertad a los capturados y dejar sin efecto la extradición hacia España de los implicados en el caso jesuita.

Las organizaciones confía en la buena fe de la CSJ que resolverá de una manera favorable y apegada a la ley en el caso ante mencionado. Las instituciones de la sociedad civil manifestaron que estarán a la expectativa del proceso que se lleve del caso.

La noche del viernes 5 de febrero, la Policía Nacional Civil (PNC) dio cumplimiento a la difusión roja emitida por la Interpol, donde se obliga a la captura de los 17 exmilitares implicados. Agentes de la PNC allanaron la vivienda de cuatro de los 17 implicados.

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