Organizaciones: crisis ambiental es por ambición empresarial y falta de leyes

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Llaman a empresarios a deponer intereses mezquinos en contra del medio ambiente, y al Estado a fortalecer las leyes, sancionar con castigos más fuertes a quienes depreden, y a aprobar leyes en beneficio de las mayorías.


Por Josselyn Ortez 

En el marco de la celebración del Día de la Tierra, las organizaciones populares, el liderazgo social y comunitario y movimientos sociales que integran la alianza social para la gobernabilidad y la justicia (ASGOJU) se pronunciaron ante la crisis ambiental  y en particular la que vive El Salvador, que inclusive ha obligado a declarar alerta naranja en el área metropolitana de San Salvador.

Manifiestan su preocupación por el desabastecimiento de agua potable en el AMSS y que crisis que hoy enfrenta el país no es casual sino causal, que tiene como base un modelo económico aumentar las ganancias de empresas nacionales y multinacionales por medio de la depredación de los bienes naturales.

Carolina Amaya expresó “como ASGOJU estamos haciendo un llamado a la reflexión sobre el modelo neoliberal que impera en el país que se nutre de la ganancia haciendo uso deliberado de los recursos naturales  y nos preocupa de gran manera los planteamientos cortoplacistas pues se sabe que hay que llevarle agua a la gente pero no es una dádiva es un derecho por lo tanto hay que asegurar que tenga agua en cantidad y en calidad, y parece que la crisis tiene rostro social y  sentimiento de clase porque parece que los más pobres son los que están padeciendo la crisis”

De acuerdo a estas ONG´S, las empresas constructoras mediante la expansión de las urbanizaciones en las zonas boscosas impermeabiliza cada vez más las pocas zonas que tiene el territorio salvadoreño, además de la mala gestión de las cuencas donde empresas embotelladoras hacen uso abusivo del recurso, y las industrias cañeras a través de las quemas y uso abusivo del suelo, por lo que a su juicio la crisis del agua es tangible casi el 95 % del agua superficial está contaminada y el no país no posee la capacidad de tratar las aguas lluvias, algo genera complicaciones para la población que vive en zonas frágiles y vulnerables.

“Es necesario mantener la postura y continuar la discusión de la Ley general de Agua propuesta por las organizaciones, porque hay que aclarar que no solo existe el proyecto de la ley del agua el que estaba en revisión y es que debido a la lentitud que se le imprimió al proceso entraron también otros proyectos, sin embargo consideramos que hay que retomar la ley general de agua desde el punto en que quedo y mantener en pie aspectos fundamentales como es la gestión pública del recurso hídrico, la no privatización del mismo, el agua es un proceso medio ambiental y evitar que se ponga un ente rector dominado por la empresa privada que son los que mayormente han depredado el medio ambiente y han generado la crisis que hoy estamos viviendo”, dijo Carlos Cotto miembro de la Mesa Alimentaria y de ASGOJU.

delitos

Otro de los puntos es la amenaza latente de contaminar los cuerpos del agua debido a la intención de implementar proyectos de explotación de minerales en el país. El tema de la minería y el agua y van de la mano pues esta industria siempre va a afectar el recurso hídrico, también el aire y la tierra, pero el agua es el principal dañado porque hacen uso extenso de ella, contaminándola y generando contaminación de corto a largo plazo, tal es el caso de El río San Sebastián este,  es uno de los ríos más importantes del municipio de Santa Rosa de Lima por su caudal en tiempos de invierno y la particularidad de su naturaleza. Pero durante muchos años atrás el agua del afluente  ha sido contaminada por el accionar de la explotación minera.

Sin embargo la falta de apoyo por parte de la Corte Suprema de Justicia para el cumplimento del marco jurídico en materia ambiental profundiza en la crisis ambiental; de acuerdo a los ambientalistas, los tribunales ambientales han sido vistos de manera negativa pues se considera que las agresiones ambientales son pequeñas faltas que no merecen ser juzgadas; cabe mencionar que los tribunales ambientales han sido aprobados por la Asamblea Legislativa y se espera que sirvan de apoyo a las comunidades para garantizar el respeto a los bienes naturales y la sustentabilidad del país.

 Se han presentado algunas propuestas de ley para su reforma, como la Ley del Agua y la de Seguridad Alimentaria pero aún no se recibe respuestas positivas por parte de la Asamblea Legislativa esto también contribuye a que se agudice la ya galopante crisis hídrica.

La ASGOJU ante la declaratoria de “alerta naranja” considera que debe ir acompañada de otras acciones urgentes, y exigen que la Asamblea Legislativa ratifique de inmediato la Reforma al Artículo 69 por el derecho humano al agua y alimentación así como la aprobación urgente de una ley de aguas que garantice la sustentabilidad y el derecho al agua a la población salvadoreña; también exigen la aprobación inmediata de una ley a la prohibición de la minería metálica en el país así como agilizar de la Ley de Soberanía Alimentaria.

También exigen a la Corte Suprema de Justicia la inmediata instalación de los tribunales ambientales en el oriente y occidente del país así como la cámara respectiva, instancias cuya creación ya ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa.

Al Ministerio de Agricultura y Ganadería que proceda a extender y ampliar en todo el territorio nacional prácticas agroecológicas campesinas; asimismo al Ministerio de Medio Ambiente la suspensión inmediata de permisos para tala de árboles, programas de reforestación y otros programas encaminados a la transformación de la agricultura contaminante.

A la empresa privada, especialmente a la ANEP a empresas embotelladoras, ganaderos y productores de azúcar que “depongan sus interese mezquinos y que detengan de manera inmediata la destrucción indiscriminada que hacen de los bienes naturales”.

De la misma manera hacen un llamado a la población en general a permanecer vigilante y demandante del cumplimiento del marco jurídico vigente en el país en materia de gestión ambiental.

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