El 89 % de las aguas de El Salvador están contaminadas; se estima que en 80 años se reduciría en un 83 % el agua en el país. El río Torola, uno de los afluentes más importantes del país, ha reducido su caudal en un 95 %. Esta problemática se debe a la destrucción de áreas boscosa y los avances urbanísticos.


Por Marvin Díaz

Disminución de los mantos acuíferos de aguas subterráneas, deterioro de las cuencas hidrográficas, altos niveles de contaminación y debilidad permisiva de los marcos jurídicos fueron las conclusiones del “Informe sobre el estado de los bienes hídricos en El Salvador” que presentó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Los últimos 35 años el país ha experimentado una degradación hídrica-ambiental en cuanto a la “calidad y cantidad de agua” que posee la nación salvadoreña. El titular de la PDDH, David Morales, predijo a luz de los resultados, que en 80 años se reduciría el 83% de agua percapita en todo El Salvador.

El consulto-hidrólogo, Julio Quiñonez Basagoitia, dijo que “89 % de las aguas están contaminadas y solamente un 15 % se puede utilizar o potabilizar para el consumo humano”. Uno de los afluentes más importantes del país como lo es el río Torola, departamento de La Unión ha reducido su caudal en un 95 %, rompiendo récords históricos del bajo nivel hídrico.

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“600 mil familias en las zonas rurales que no tienen acceso al agua”, estimó el procurador de la PDDH, estas familias en su mayoría tienen que abastecerse de afluentes como el río Torola, río Grande de San Miguel, entre otros.

El estudio concluye que los principales gestores que contribuyen a la reducción del vital líquido en el salvador son los impactos del cambio climático, pero a esto se le suma la eliminación de las áreas boscosas, avances urbanísticos y los monocultivos.

Datos reflejan que El Salvador es el único país de Centroamérica que posee un 13 % de zona boscosa, frente a países como Belice y Costa Rica que tienen más 50 % de áreas verdes; mientras tanto Guatemala, Honduras y Panamá cuentan con más del 30 % de vida verde.

El vicepresidente de la República y Comisionado para la Inversión, Oscar Ortiz, denominó todo el quinquenio izquierdista como “el quinquenio de la construcción”, donde la cifra de inversión para este año es de $450 millones.

“La crisis de los bienes hídricos es el resultado por los modelos económicos que se ha desarrollado por décadas, modelo económicos depredador del ambiente que ha tenido como contraparte un Estado pasivo y tolerante que ha permitido esta devastación”, expuso David Morales.

La propuesta de Ley General del Agua descansa pasivamente en el seno legislativo, esto a raíz de falta de acuerdo por parte de los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa.

Ángel Ibarra, viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), no ahondó en las estadísticas que presentó el informe de la PDDH, pero mencionó que el gobierno está comprometido en trabajar para combatir la crisis hídrica que vive el país.

“Con la implementación del plan hídrico le estamos entrando para resolver este problema; estamos revisando el reglamento con el cual se medirá los niveles de contaminación de empresas, ya sea industriales o alimentaria”, concluyó el funcionario.

Saúl Baños, miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería, sostuvo que ese entrampamiento se ha dado por haber dos propuestas distintas de la Ley General del Agua. “La empresas privadas a través de sus gremiales ha presentado una ley general del agua que ve este recurso como una mercancía; mientras que la ley presentada por las organizaciones lo ven como un derecho humano”, sostuvo Baños.

Representante del Foro del Agua en El Salvador consideraron que ya existe “conflictividad social” por la falta del recurso hídrico, los conflictos se generan en las comunidades por la tenencia de sistemas de riego y los afluentes de aguas.

“Para el Foro del Agua se debe aprobar una Ley General del Agua para la gestión pública y comunitaria”, reflexionó la organización.

Para la PDDH y las diversas organizaciones sociales recomendaron que el Ejecutivo en turno debe implementar acciones en las cuencas que enfrenta una reducción considerables del vital líquido; también a que se retome el contenido de los 92 artículos aprobados, y que las políticas vayan encaminadas de acuerdo con los estándares internacionales.

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