Luego de que la máxima institución de justicia salvadoreña declarara inconstitucional la ley, los hechos que fueron cometidos tanto como por el Ejército salvadoreño como por la guerrilla del FMLN, sus exmilitantes, ahora de los cuales muchos son funcionarios del gobierno, podrían ser investigados y debidamente juzgados.
Por Xochiltl Acevedo con informes de redacción GatoEncerrado
Los familiares de las más de 75,000 personas que fueron asesinadas durante el conflicto armado salvadoreño -entre el uno de enero de 1980 y el dieciséis de enero de 1992- y la incontable multitud de sobrevivientes que sufrieron torturas, desplazamientos forzados y demás violaciones a sus derechos, tuvieron que esperar 23 años para que la ley que protegía a sus verdugos, tanto de la Fuerza Armada como de la guerrilla, fuera declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Ley de Amnistía General y Consolidación de la Paz fue firmada y aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo del año 1993, es decir un año y dos meses después de los Acuerdos de Paz. Esa ley, según la sentencia de la Sala, impedía a las víctimas de crímenes de lesa humanidad el acceso a la justicia, a la reparación integral e indemnización de los daños.
La acción fue en respuesta a la demanda interpuesta en el 2013 por el titular del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Benjamín Cuellar, y la directora ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), María Silvia Guillén.
Según los magistrados, la ley contradice el ‟derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.
Por lo que queda abierta todo enjuiciamiento para aquellas personas que violentaron los derechos humanos en la guerra civil, sin embargo, la ‟amnistía sigue siendo aplicable y continuará favoreciendo a quienes no hayan participado en hechos que constituyan crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones a los DIH” según el informe dado por la instancia judicial.
Para el padre jesuita, José María Tojeira, la ley de la amnistía se creó para proteger a los más poderosos del país y facilitarles la vida, no para recordar a las víctimas. “El bienestar de los poderosos, de los más poderosos dentro del país, no para defender a los débiles, no para recordar a las víctimas, sino para los más poderosos y facilitarles la vida”, expresó el religioso.
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Es por ello, que ahora al ser inconstitucional la ley, los hechos que fueron cometidos tanto como por las fuerzas armadas, la guerrilla salvadoreña y los funcionarios del gobierno y funcionarios militares serán investigados y debidamente juzgados.
Esta sentencia es un primer paso previo a continuar con las investigaciones de los crímenes cometidos; para Tojeira, el camino para que haya reconciliación y justicia es crear una justicia transicional, ‟una justicia que cubre un tiempo de guerra exclusivamente y que dura un tiempo particular y que durante ese tiempo es que hay que acogerse a ese tipo de justicia, durante ese tiempo se puede perdonar una serie de castigos normales de la legislación a cambio de que los verdugos, los victimarios reconozcan sus delitos, pidan perdón a las víctimas y contribuyan al establecimiento de la verdad”, explicó.
Primeras reacciones
Para la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, quien además perteneció a la guerrilla entre 1980 y 1990, el tema por ser complejo abarcaría a muchas personas. “Debemos tener calma, leer bien lo que han sentenciado. Leamos con calma sabiendo que muchas veces declaran cosas incongruentes”, esto último, refiriéndose a los magistrados de la Sala.
Por otra parte, para el Ministro de Defensa, David Munguía Payés, la resolución fue un ‟error político” afirmando que pareciera que los ‟magistrados quieren poner de cabeza al país”. No muy lejos de esta reacción, Jorge Meléndez, acusado de participar en asesinato del poeta Roque Dalton, afirma que “la Ley de Amnistía es una de las herramientas fundamentales para haber logrado los Acuerdo de Paz en El Salvador y el fallo viene a generar un trastorno en el país”.
Por su parte el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, aplaude la resolución de la Sala y afirmó que las heridas “siempre estuvieron abiertas”.
“Mi reacción inicial es de conocimiento positivo y de respaldo a la sentencia. Se declaró inconstitucional disposiciones de la Ley de Amnistía infames que tuvieron el despropósito de derogar derechos por naturaleza inderogables de las víctimas. Debemos ver esta sentencia como una victoria de las víctimas y de las organizaciones sociales a su favor”, dijo Morales.
Crímenes que no han sido resueltos
El asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, en 1980; la masacre de El Mozote de 1981, la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, el asesinato de cuatro monjas estadounidense, así como los miles de asesinatos, desapariciones y torturas cometidas con barbarie durante el conflicto armado.
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