El locutor y presentador de Televisión, “Gordo Max” junto a tres imputados serán sentados en el banquillo de los acusados en medio de polémica e incertidumbre, esto debido a la deuda histórica que tiene el sistema judicial en condenar a personalidades públicas por el delito de sostener relaciones sexuales con menores de edad.
Por Marvin Díaz
Las capturas y la acusación formal en contra del locutor y presentador de televisión, Alejandro Maximiliano González, conocido en el ámbito mediático salvadoreño como el “Gordo Max”, junto a un reconocido empresario y dos sujetos más, ha generado expectativas e incertidumbre en organizaciones sociales que velan por los derechos de las mujeres salvadoreñas.
Los cuatro detenidos están siendo acusados por la Fiscalía General de la Republica (FGR) por el delito de remuneración por actos sexuales con menores de edad. Los imputados eran clientes de una banda que prostituía a menores la cual fue acusada y condenada en el año 2014. En ese mismo año el “Gordo Max”figuraba en un listado de clientes a la cual esta banda ofrecía a las jóvenes; el caso fue reservado por la FGR (administración Luis Martínez) y el locutorfue declarado como testigo criteriado.
A inicio del 2017, el fiscal de la FGR, Douglas Meléndez, reabre el polémico caso que dejó como resultado captura de los implicados. La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato y distintas organizaciones de la sociedad civil aplaudieron las acciones hechas por el Ministerio Público, pero al mismo tiempo es un “reto doble” para las instancias judiciales para hacerles justicia a las victimas.
Pignato sostuvo que la captura del reconocido comunicador se convierte en un caso “ejemplarizante y simbólico, el cual debe de sentar un precedente”. La funcionaria no desaprovechó el momento para recordar que dentro de este delito podría ver más personalidades involucradas.
“Muchos empresarios, grandes y pequeños, son agresores sexuales. Igual pasa con políticos que están en lo alto y en lo bajo”, agregó la secretaria.
Vilma Vaquerano, directora de la Organización de Mujeres Salvadoreña por la Paz (ORMUSA), determinó que el proceder de la FGR “es una prueba para el sistema judicial” así mismo para la Fiscalía ya que debe de haber “un proceso de investigación exhaustivo” porque a su juicio hay personalidades de “grupos económicos, mediáticos y de otro índole” que están detrás del delito de remuneración por actos sexuales con menores.
Ima Guirola, representante de CEMUJER, criticó la inoperancia del sistema judicial y la FGR en los últimos seis años, pero ahora que se ha retomado lo considero como una “luz en medio de la tinieblas de la corrupción y de la impunidad” en los delitos de trata de persona.
El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Persona (Observa LAtrata) concluyó que para el año 2015 El Salvador reportó 360 denuncias por el delito de trata de personas donde el 75 % de las víctimas son niños, niñas y adolescentes. El trabajo sexual comercial, las actividades ilícitas y el trabajo forzado son algunas de las modalidades a los que son sometidas la niñez salvadoreña.
Heizelt Bolaños, Consultora independiente de Observa LAtrata e investigadora de Trata de Persona mencionó que la judicialización de los casos denunciados en los últimos cinco años (que son en total 360) solamente 20 llegaron al juzgado de paz, y de estos, solo 16 llegaron a los tribunales de sentencia.
Ima Guirola añade “la realidad del país acerca del delito de trata de personas es más grave sobre los datos estadístico reflejan”. La representante de CEMUJER dejó entrever que este delito no puede ser ejecutado por unas cuentas personas, sino que hay una cadena que pueden estar involucrados. “se habla de un empresario y un comunicador reconocido y creemos que no son las únicas personas, sino que hay más”, dijo Guirola.
Estas dos organizaciones instaron a las instituciones del Estado a que no se deben de quedar en este paso intermedio sino que deben de profundizar y avanzar e ir mucho más allá de las capturas.
La representante de ORMUSA indicó que “la justicia salvadoreña debe de ser independiente y autónoma”; también recalcó que el proceso judicial debe ser parejo sin importar si es “una personas con poder o influencias”. Vilma Vaquerano expuso que muchas veces el sistema judicial falla por “esa falta comunicación debida y la complementariedad dentro del sistema de administración de justicia”
“Esperaríamos que este proceso llegue hasta la última fase, ya sea a una condena o absolución del delito, esto según las investigaciones y las pruebas presentadas”, agregó Vilma Vaquerano.
Mientras tanto, Ima Guirola, no comparte la reserva que ha solicitado la FGR ya que consideran que la reserva solamente debe de aplicar para la protección de las víctimas y no de los victimarios. CEMUJER brindó un mensaje directo a la instancia acusadora “La FGR tiene que rendir cuentas mientras el proceso avanza”.
El Gordo Max (centro) junto a los otros tres acusados de ser clientes de una red de prostitución de menores de edad. Foto/Internet.
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El caso de Dennis Alas, exseleccionado nacional y futbolista de la Primera División de Fútbol de El Salvador, fue condenado por el delito de estupro (mantener relaciones sexuales con menores de edad entre los 15 y 17 años, a través de engaños) en el año 2013. Por este delito Alas debió de cumplir una pena de 4 a 10 años de prisión, así como lo mandata la ley
El artículo 163 del Código Penal que contempla el delito dice textualmente: “El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con persona mayor de quince y menor de dieciocho años de edad, será sancionado con prisión de cuatro a diez años”
el juez del caso impuso medidas al futbolista como trabajo público, recibir curso de educación sexual, de no acercarse a la menor, cerrar sus redes sociales y no visitar lugares en donde se consumen bebidas alcohólicas. El deportista no recibió condena dentro de una prisión por haber aceptado del delito por el cual se le acusaba,
Otro caso reciente son las acusaciones en contra del sacerdote Jesús Delgado junto a dos religiosos más por el delito de abuso de menores de edad. Hasta el momento solo el vaticano condenó a los sacerdotes a la pena de dimisión del estado clerical; los religiosos ya no cuentan con las facultades para ejercer ningún acto ni oficio sacerdotal. A la fecha ninguna instancia de justicia ha iniciado una investigación formal en contra de estas personalidades católicas.
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Delgado había sido uno de los máximos impulsores de la beatificación y santificación de monseñor Romero.
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De llegarse a encontrar culpables al “Gordo Max” y los demás acusados, estos podrían tener una condena de entre tres a ocho años de prisión, así lo mandata el art. 169 del Código Penal “El que pague o prometa pagar con dinero u otra ventaja de cualquier naturaleza a una persona menor de dieciocho años o una tercera persona para que la persona menor de edad ejecute actos sexuales o eróticos, será sancionado con una pena de tres a ocho años de prisión”
Tanto la secretaria Vanda Pignato, ORMUSA y CEMUJER solicitaron que se les brinde atención a las víctimas y que se les trate conforme a la Ley Especial de una Vida Libre sin Violencia contra las Mujeres.
