Foto/ Genia Yatsenko
Una breve ley de apenas 11 artículos y que lleva ya más de 10 años siendo archivada, ignorada, vuelta a sacar y vuelta a sepultar al interior de la Asamblea Legislativa. El impulso de la Iglesia Católica salvadoreña, hizo que el órgano Legislativo se comprometiera a prohibir la minería en dos semanas.
Por Redacción Gato Encerrado
Como si se tratase de un hecho milagroso o de una revelación divina, la mañana del jueves 9 de marzo el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, expresó en la fachada de dicho Órgano de Estado, que había sentido la presencia de Dios. Se lo dijo a decenas, quizás cientos de feligreses de la iglesia católica y miembros de organizaciones ambientalistas cuyas voces y pancartas se alzaban a la vista de Gallegos y de otros diputados salvadoreños para exigir a los padres de la patria, que prohibieran la minería en El Salvador.
Gallegos recibió esa mañana, un folio con más de 30 mil 500 firmas pidiendo que la Asamblea Legislativa por fin se ponga de acuerdo y logre aprobar la prohibición de la actividad minera metálica. Una propuesta de ley que contiene únicamente 11 artículos y que lleva ya más de 10 años siendo archivada, ignorada, vuelta a sacar y vuelta a sepultar al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa.
“Esperaría y le pediría a la comisión de Medio Ambiente y a su presidente, que sería un buen regalo de Semana Santa, que antes de esa festividad, nosotros tengamos aprobada la ley”, gritó Gallegos, lo que arrancó el aplauso de los manifestantes.
Quizás su promesa se adecuó a su público. Prometió que la prohibición fuese un regalo por la época más sagrada del catolicismo mundial. Quizás por eso también admitió reconocer la presencia de Dios en el evento.
La Iglesia Católica salvadoreña y las organizaciones ambientalistas, se pusieron de acuerdo y marcharon desde el parque Cuscatlán hacia la Asamblea Legislativa. En la marcha iban las máximas autoridades católicas del país. Cantaban consignas de protestas alternadas por himnos espirituales.
“Tengan la bondad, ojalá que por unanimidad, de aprobar la ley de prohibición minera. Estamos terriblemente preocupados por la amenaza minera en nuestro país. Siendo una nación tan pequeña y tan poblada, sería fatal (…) no podemos esperar menos de nuestro diputados”, les dijo José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador a los parlamentarios presentes.
Alas realizó todo el recorrido, encabezó la marcha con una sombrilla que lo protegía del fuerte sol de marzo de este país tropical; lo hizo con cuello clerical y rodeado de feligreses.
Lo sorprendente es que tras casi 11 años, por primera vez se veía presencia de diputados del partido de derecha, Arena, quienes representados por sus diputados Johonny Wright y René Portillo Cuadra, recibieron las firmas de la comitiva.
“Como fracción partidaria, vamos siempre a proteger la vida, el medio ambiente y el desarrollo del país con progreso pero con dignidad. Ese es el comprmiso que adquirimos. Con mucha firmeza les decimos, vamos a proteger la vida de los seres humanos”, dijo el diputado Cuadra, del partido Arena, mismo que le otorgó durante la presidencia del fallecido expresidente Francisco Flores, los permisos de operación a empresas mineras en el país.
El presidente de la comisión mediomabinetal legislativa, Guillermo Mata, aseguró que la moción también cuenta con el visto bueno del Órgano Ejecutivo y que una vez aprobada, habría sanción, es decir, la aprobación presidencial para que entrara en vigencia.
“Los estudios de la Universidad UCA, demuestran que los países como tal no se benefician en ese tipo de inversión. A penas es menos del 1 % y algunas veces es negativo lo que reciben de la venta de esos minerales como el oro y la plata, y la calidad y cantidad de trabajo que ofrecen es paupérrima”, expresó Mata, quien también es diputado por el partido FMLN.
Reiteró su compromiso de impulsar y aprobar la prohibición de esta ley para el 28 de marzo. “Para que todos en la iglesia oremos y le demos gracias a Dios por esta decisión que hemos tomado”, añadió.
Vidalina Morales rondaba la marcha, Sostenía una pancarta de protesta antiminera y observaba de lejos. Ella tiene su propia lectura del discurso de os diputados. Ellas es parte, y quizás, la cara más visible de las comunidades del norte del departamento de Cabañas más afectadas y quienes más han luchado contra la actividad minera, que incluso ha cobrado la vida de al menos cuatro ambientalistas opositores al tema.
“No pueden haber más mentiras por parte de los diputados. Esperamos que esas palabras se hagan realidad. Creemos que una amenaza que afectaría a todos independientemente del partido político o religión, la afectación es para todos”, expresa Morales cuando fue abordada por los medios.
Vidalina no obvió recordar la muerte de los ambientalistas que se han opuesto sobre todo a las operaciones de Pacific Rim/Oceana Gold en la norteña comunidad llamada “El Dorado” y “La Maraña” en Cabañas. Sus muertes continúan impunes y para agravar, uno de los presuntos autores intelectuales de dichas muertes, y acusado de ser un descuartizador, fue absuelto recientemente por la justicia salvadoreña.
“Para ellos no ha habido justicia. Creo que es una deuda también del Órgano Judicial del país. Por ejemplo el caso del descuartizador que salió en libertad pero para nuestros amigos asesinados no ha habido investigación ni mucho menos han castigados a los autores materiales ni intelectuales”, señala Morales.
Escuche reportaje en audio: Se rebelaron contra la minería en El Salvador y sus asesinatos aún están impunes
De acuerdo con Pedro Cabezas, miembro de la Alianza Internacional contra la Minería Metálica y de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, se aplaude la postura legislativa al caso; la aplauden porque al fin se ve una luz al final del túnel que respalda su trabajo, su lucha y su causa.
“Obviamente este es un paso importante pero queremos hechos. Queremos ver que exista una discusión real sobre la postura de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica e Iglesia Católica”, dijo a Gato Encerrado, Pedro Cabezas.
A esta iniciativa, ya se han sumado los municipios de Arcato, San José Las Flores, Nueva Trinidad, San Isidro Labrador del departamento norteño de Chalatenango, y más recientemente el municipio de Cinquera, Cabañas, quienes le cerraron las puertas a la minería por medio de referéndums municipales.
El Salvador ganó el pasado 14 de octubre de 2016, una demanda a la minera canadiense Pacific Rim, ahora propiedad de la australiana Oceana Gold, que le reclamaba una indemnización de 250 millones de dólares, según el fallo del órgano de arbitraje del Banco Mundial.
Pacific Rim comenzó operaciones mineras en El Salvador en 2002 en El Dorado. La empresa no ha suspendido operaciones, aunque únicamente puede realizar exploración y no explotación minera.
Sin embargo, el pago de $8 millones de dólares de parte de la empresa al Estado salvadoreño, aún no se hace efectivo. De hecho, según el periódico estatal, Transparencia Activa, 280 organizaciones afines a la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en los cinco continentes enviaron la semana pasada una declaración al Presidente y al Consejo de Administración de la empresa canadiense-australiana OceanaGold, exigiéndole que salga de El Salvador y pague los $8 millones al gobierno salvadoreño.
Dicho medio señala además que la empresa lejos de pagar, sigue publicitando las bondades de la minería metálica y señalando que El Salvador es el único país en América que no tiene minería responsable y considera que en todos los demás que existe extracción minera, el aporte a las economías es sustancial y generan sólo beneficios.
Por otro lado una minera estadounidense llamada Commer Group, se retiró en la década de 1980 tras años de explotación minera a las orillas del río San Sebastián ubicado en el municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión; el río está muerto a consecuencia de la contaminación con metales pesados producto de la explotación minera.
La contaminación del río San Sebastián se prolonga hasta el golfo de Fonseca dañando la salud de poblaciones de otros municipios pero se desconoce la magnitud del impacto de cuanta población es la afectada ante la falta de estudios que lo comprueben por parte de las autoridades salvadoreñas de salud y medioambiente.
Ahora, la población debe quedar a la expectativa del cumplimiento de la promesa, es decir, El Salvador deberá comprobar antes de Semana Santa si la voluntad política se cumple y hay “regalo”, o la breve ley vuelve a ser sepultada en algún casillero legislativo.
