Foto/GOES

Que un agente del CAM muriera en la cama del picop de José Bonilla, luego que él y su primo, Manuel Bonilla le ayudara a trasladarlo a un hospital por lesiones de bala, les bastó para que en cuestión de días desaparecieran de la faz de la tierra. La última vez que los vieron, una camioneta de la Unidad Antipandillas los retuvo nuevamente luego de quedar en libertad al inculparlos de la muerte del agente


Por Marvin Díaz

— ¿Para dónde vas? —, preguntó Oneida Marisol Leiva.

—voy hacer un viaje en el carro, ya vengo voy para hospital—, contestó Manuel de Jesús López Bonilla.

La silenciosa madrugada de aquel 25 noviembre de 2016 fue el inicio de la pesadilla para Marisol y su hijo de cinco años de edad. Aquel “ya vengo” se ha hecho una eternidad para la joven madre y su pequeño.

—A la 1:00 de la madrugada mi esposo recibió una llamada, era su primo, José Antonio Bonilla Laínez quien necesitaban que llevaran a un enfermo al hospital. Desde ese momento mi esposo tiene cinco meses de no estar en la casa—, dijo la joven madre.

Misma situación vive María Jacinta viuda de Bonilla, madre de José Antonio Bonilla Laínez, que no ve a su hijo desde aquella silenciosa madrugada del 25 de noviembre. "Tengo cinco meses sin saber nada de mi hijo", indicó la anciana.  Jacinta se aferra a sus últimos años de vida para estar con su hijo, del cual se sabe que su único pecado fue “ayudar a un agente herido”.

Habitantes de la Comunidad Santa Marta, municipio de Victoria, Cabañas, denunciaron anomalías en el caso de Manuel de Jesús López Bonilla y José Antonio Bonilla Laínez. Según Leonel Rivas, todo comenzó cuando los jóvenes brindaron auxilio a un miembro de Cuerpo de Agente Metropolitano (CAM) que había sido atacado con arma de fuego la madrugada del 25 de noviembre. El agente muere en la cama del auto de Manuel de Jesús al momento que lo trasladan al Hospital de Sensuntepeque, Cabañas.

La Policía Nacional Civil (PNC), detiene a los dos jóvenes de manera “arbitraria” según los denunciantes por los delitos de supuesta portación ilegal de arma de fuego y resistencia al arresto. Rivas indicó que tras una requisa en la de casa de habitación de José Antonio Bonilla Laínez se le colocó un arma calibre 38, arma que habrían puesto agentes policiales para luego inculpar al joven.

El 30 de noviembre de ese año, el Juzgado de Paz de Victoria, brindó medidas sustitutivas a José Antonio Bonilla Laínez por el supuesto delito del arma de fuego y Manuel fue sobreseído por resistencia al arresto. Ambos quedan en libertad, pero afuera del juzgado estaba lista la Unidad Antipandillas para retenerlos nuevamente, esta vez sin comunicación con sus familia y abogados contratado por ellas.

 “Creemos que a los jóvenes los tienen en “Casas de resguardo” que más bien son cárceles clandestinas que están bajo el mando de la Dirección Central de Investigaciones y Unidad Antipandillas de la PNC. Tenemos cinco meses de no saber el paradero de los dos jóvenes”, mencionó Leonel Rivas.

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—Siempre Manuel me llamaba y me decía su hora de regreso, pero esa madrugada no hubo ninguna—, recuerda Marisol. La pena de su corazón fue abatida aún más por las constantes llamadas intimidatorias las cuales sucedieron después de la detención de su esposo

—El 2 de diciembre me cae una llamada y un hombre prepotente me dice: no vayas a contratar abogado porque será una pérdida de tiempo y dinero—; también me decía: —no vayas a abrir la boca porque si lo haces corren peligro tu esposo y tu familia—, indicó Marisol. Así se fueron sumando las constantes llamadas que llevaron a la joven madre a desconectar su teléfono personal.

Mientras tanto, Jacinta, la golpeada madre por la captura de su hijo José, se lamenta por la injusticia y el mal proceder de las autoridades. —No hay lugar dónde llevarle comidita y la ropa; no sabemos dónde los tienen a ellos—, dice sollozando la humilde anciana.

Manuel de Jesús López Bonilla se dedicaba a la carpintería, estructura metálica, albañilería y a realizar viajes en su automóvil; mientras que José Antonio Bonilla Laínez, es agricultor de maíz y frijolar en unas manzanas de tierra de su propiedad. Ambos son los pilares económicos de sus familias, las cuales son de escasos recursos económicos.

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Las anomalías detectadas por parte de los familiares y miembros de la comunidad de Santa Marta, es la destitución de los abogados defensores de los jóvenes. Melida López, hermana de Manuel Bonilla, dijo que el abogado, Ricardo Antonio Rivas, quiere llevar el caso, pero con ciertas irregularidades.

“Este abogado (Ricardo Antonio Rivas) en ningún momento se ha comunicado con la familia y nosotros hemos buscado comunicarnos con él, pero no hay respuesta. Consideramos que el proceso es sospechoso y por tal razón hemos contratado con mucho esfuerzo a dos abogados, pero han sido destituido por Rivas”, indico López.

 Leonel Rivas afirma que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado descargas de acusaciones en contra de los jóvenes por ser coautores (fueron parte de la trama del crimen). “Si hubiera sido un proceso normal y si los jóvenes tuvieran contacto con sus abogados y sus familiares no habría problema, pero observamos que no es así, no sabemos en qué condiciones estén”, digo Rivas.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) hizo un balance de la vulneración de derechos humanos por parte de la PNC.

“A nivel nacional la institución recibió 228 denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos. Del total de denuncias recibidas, destacan los derechos a la integridad y a la seguridad personal como los más vulnerados; siendo la PNC la institución más denunciada, con un total de 98 presuntas violaciones señaladas, principalmente al derecho a la integridad y seguridad personal”, sostiene el informe de la PDDH.

Este caso no es aislado. Dos agentes de la PNC están siendo acusados por el delito de fraude procesal por haber colocado una libra de marihuana a Daniel Alemán durante su captura en la residencial Altavista del municipio de Soyapango.

Sobre este caso, el juicio por tenencia de droga en su contra fue anulado ya que el juez consideró que la evidencia y el caso mismo había sido montado. No obstante, continúa enfrentando otro juicio por presunta extosión.

El procedimiento también fue declarado por la PDDH como ilegal y los agentes que lo capturaron han sido enviados a prisión preventiva mientras se investiga el caso.

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