Asegura no haber cometido ningún delito. Tras 28 años de vivir en Estados Unidos, ahora lamenta más dejar a su esposa e hija de un año de edad, y volver a El Salvador, un país que no es el mismo que dejó en 1989. El gobierno salvadoreño aboga ante Estados Unidos por más de 190 mil amparados al TPS porque aunque no lo reconocen, saben que no tienen capacidad de recibirlos


Por Xochitl Acevedo

Hugo* ha vivido 28 años en California, Estados Unidos, y desde el 2001 lo hace más tranquilo desde que se enteró que el gobierno de El Salvador había gestionado un permiso temporal para trabajar a personas indocumentadas como él, y que el gobierno de Estados Unidos lo había avalado. Hugo pasó a formar parte de los más de 190 mil beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS) mismo que sin motivo aparente, perdió y fue obligado a volver a un país que ya no conoce y que no es el mismo desde la mañana de enero 1989 que lo dejó.

“No he hecho ningún mal, he vivido veintiocho años en Estados Unidos y todo ese tiempo he trabajado para salir adelante, por mí y por mi familia. Es injusto que me deportaran a El Salvador ya que no tengo antecedentes penales” , relata Hugo a Revista Gatoencerrado.

Con una profunda mirada, los ojos café de Hugo miran a la nada mientras relata la forma “injusta” para él de haberlo deportado a su país de origen hace dos meses, a pesar de ser beneficiario del TPS.

En enero del 1989, Hugo hizo una pequeña maleta en lo que “nada más iba lo necesario: documentos, dinero, agua, comida y unas mudadas de ropa” saliendo de su casa de Sonsonate para Estados Unidos a buscar el tan anhelado “sueños americano”.

“Mi mamá acababa de morir, me había quedado solo porque no conozco a mi padre y no tuve hermanos, la guerra en el país parecía no terminar y no tenía como vivir”, explica Hugo, mencionando que la ayuda para partir a buscar un mejor futuro la obtuvo de un primo mayor que le hizo un préstamo de dinero para viajar de forma ilegal.

Hugo llegó a California dos meses después, donde un amigo de su primo le brindó dónde vivir los primeros meses. Menciona que lo más difícil fue ir a buscar trabajo ya que no en todos los lugares lo dan a personas indocumentadas, pero con esfuerzo propio y ayuda de su amigo obtuvo distintos trabajos en pocos meses.

“Siendo solo un niño no me daban empleo, pero por mi aspecto de mayor obtuve trabajos pequeños como de lavandero, jardinero, limpiar casas y negocios, pero el dinero que ganaba me sirvió para pagar lo del viaje a mi primo y pagar alquiler”, expresa.

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El TPS fue prorrogado por el gobierno estadounidense y vence en marzo de 2018. Ante su caducidad en seis meses, el gobierno salvadoreño ha visitado recientemente al Congreso norteamericano para cabildear la posibilidad de una nueva extensión del programa que beneficia a más de 190 mil salvadoreños.

La cancillería salvadoreña viajó el pasado 13 de septiembre con una delegación de diputados de distintos partidos políticos para abogar por los compatriotas del TPS y por los estudiantes amparados al programa de “Acción Diferida” (DACA) que permitía a jóvenes indocumentados vivir, estudiar y trabajar en Estados Unidos. El programa DACA fue suspendido por el presidente Donald Trump el pasado 5 de septiembre.

Entre los argumentos que la delegación salvadoreña presentó, se encontraban los aportes económicos, sociales y culturales que los compatriotas hacían a la sociedad estadounidense.

Según datos de la Cancillería salvadoreña, los salvadoreños amparados al TPS aportan solo en cotizaciones médicas, unos 500 millones de dólares al año, que más del 90 % de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) tienen un empleo y más del 53 % poseen créditos hipotecarios.

Recientemente el mismo presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, en su discurso expresado en la 72 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteró la petición de su gobierno sobre la extensión del TPS y abogó por un trato humanitario a los inmigrantes.

“Mi país considera fundamental reconocer la participación y aportes positivos de los migrantes en las sociedades de destino, y al desarrollo sostenible. Un ejemplo de estos aportes es nuestra población TPS en los Estados Unidos para quienes pedimos una prórroga de su estatus”, dijo Cerén ante la ONU.

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Siguiendo el reglamento y las condiciones para obtener el TPS, Hugo empezó a trabajar de forma legal desde entonces. “Antes del TPS siempre había tenido trabajo pero no legal, ahora se me facilitaba más ya que las personas no desconfiaban de uno y era más seguro llegar a un lugar a trabajar”.

Ahora con 43 años de edad, Hugo ha tenido que recordar todo los momentos que pasó cuando apenas tenía 15 y dejó lo poco que tenía y se tuvo que enfrentar a un nuevo país, un nuevo idioma y distintas formas de vida.

Sin embargo, expresa que le ha sido más difícil abandonar el país norteamericano porque es allí donde ha vivido la mayor parte de su vida.

“Cuando deje El Salvador me dolió porque acá quedaban los recuerdos de mi mamá, pero ahora me duele mucho más dejar Estados Unidos porque dejo a mi mujer y una hija de apenas un año”, lamenta.

El TPS surgió en el 2001 por solicitud de El Salvador como una forma de protección a los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos por causas como: daños por conflictos bélicos, desastres naturales u otras condiciones que generan dificultad de regresar a su país.

En un reciente estudio realizado por el Centro de Recurso Legales para Inmigrantes (ILRC) llamado “Los Costos Económicos de la Finalización del TPS en Estados Unidos, para salvadoreños, hondureños y haitianos” se estima que habría una reducción $45,200 millones en PIB por casi una década para la economía de Estados Unidos.

Y en El Salvador las remesas recibidas de Estados Unidos serían más de 353 mil hogares salvadoreños que tendrían la tentativa de perderlas. Asimismo, el país centroamericano no está capacitado para recibir a más de 190 mil personas debido a al alto índice de desempleo e inseguridad.

Hugo sigue sin comprender su deportación, no tiene delitos y se ha dedicado a trabajar y a salir adelante por la familia que ha formado en ese país, mientras tanto, teme por su seguridad en El Salvador y él como su esposa trabajan cada día por obtener una solución para su regreso.

No obstante, sí es posible que un salvadoreño amparado al TPS pueda ser deportado, según lo confirma el diputado del FMLN y miembro de la Comisión Legislativa de Relaciones Exteriores, Manuel Flores.

“Sí es posible. Lo que sucede que hay infracciones menores que pueden provocar una deportación”, explicó el parlamentario

El estatus vence legalmente el 9 de marzo del próximo año para todos los beneficiarios y la incertidumbre crece con las posibles reformas migratorias que el presidente Donald Trump pretende realizar.

*Hugo es un nombre ficticio por su seguridad

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