Para este próximo 4 de marzo, se estima que 314,027 personas con discapacidad ejercerán su voto para las elecciones legislativas y municipales. El Salvador cuenta 410,798 personas con discapacidad. De todo el parque empresarial (30,000) solo se han generado 1,245 puestos de trabajo para el sector


Por Marvin Díaz

Se levantó entre la oscuridad eterna. A tientas y a pasos lentos, recorrió su cuarto de dormir. Lo hace con sumo cuidado, no quiere despertar a su hijo de cinco años que disfruta de un sueño infantil. Con paciencia, se alista para ir a trabajar, preparando sus dos herramientas en la vida: su bastón y el braille.

Antes de irse a trabajar, Lya Mendoza sella su amor con un beso para su hijo, el cual nunca ha visto.

—No puedo ver la carita de mi hijo, solo puedo tocarlo—, dice. Las lumbreras de los ojos de aquella madre soltera fueron apagadas a sus 22 años por dos terribles enfermedades- glaucoma y ulceras corneales-.

Ya es hora de salir, y Lya sabe que debe ir a ejercer su profesión. Acompañado de su bastón, su braille y su padre, la mujer de 41 años toma el autobús.

—Mi papá siempre me lleva a la parada de autobús y me dice: en tal ruta vas—. Diariamente, ella enfrenta odiseas en su vida personal a causa de su discapacidad visual.

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Según datos del Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad (CONAIPD) un total de 171,345 personas con discapacidad se encuentran entre las edades de 25 a 64 años de edad; mientras que 67,422 niñas, niños y adolescentes ronda entre 0 a 18 años. La mayoría de población del sector es económicamente activa.

La concentración de personas con discapacidad es mayor en zonas urbanas que en zonas rurales. Además, el 20.3% de los hogares salvadoreños reportan al menos una persona con discapacidad.

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Lya asegura que ser madre con discapacidad no es fácil porque hay muchas necesidades en el hogar y “porque no hay trabajo para lo no videntes”. Su licenciatura en Trabajo social le ha permitido alcanzar un trabajo estable, sin goce de prestaciones de ley. —Sí me enfermó tengo que ir al Hospital Rosales. Además, no tengo AFP. Buscaré un recipiente grande para ir ahorrando para la vejez porque no hay de dónde—, dice.

La discriminación de parte de empresas privadas e instituciones públicas, hizo que Lya trabajara como docente itinerante en la Asociación de Ciegos de El Salvador. —Busqué trabajo por mucho tiempo, pero nadie me contrató—. Ella asegura que las personas no videntes no tiene mucha apertura en los trabajo.

Aquella mujer ha asistido a votar en todos los procesos electorales, con el fin de ver cambio en las políticas públicas.

—Yo vengo votando desde 1993, y nunca he dejado de hacerlo. Promesa van y vienen de los políticos, pero cuando obtienen el voto no cumples esas promesas—, dijo.

Lamentan que los alcaldes muy poco responden a favor del sector, pues hay lugares que tienen poca accesibilidad para la población como ellos.

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Para este próximo 4 de marzo, se estima que 314,027 personas con discapacidad ejercerán su voto para las elecciones legislativas y municipales, esto según datos estadísticos del CONAIPD solicitados a través del acceso a la información pública.

A pesar de las cifras significativas del sector, Amilcar Durán, director de la Fundación de Red de Sobreviviente y Personas con Discapacidad, afirma que existe invisibilidad por parte del Estado salvadoreño.

“Nosotros en las elecciones anteriores formamos plataformas para que diputados y alcaldes dijeran sus propuestas; lamentablemente todas esa promesas y compromiso se fueron diluyendo”, señala Durán.

Y añade, “en solo siete municipalidades hemos logrado que abran oficinas de atención para las personas con discapacidad, es un gran logro, pero faltan más”.

Mientras tanto, los diputados de la Asamblea Legislativa aseguran que cada fracción política ha cumplido parte de sus promesas de campaña para con el sector.

“Se ha avanzado de forma significativa, facilitando la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Creemos que se necesita más, por eso nos ponemos a total disposición para propiciar una legislatura garante para el sector”, mencionó a Revista Gatoencerrado Karina Sosa, diputada y candidata a la reelección por el FMLN.

David Reyes, diputado y candidato con discapacidad por Arena aseguró que la aritmética legislativa no permite el cumplimiento de propuesta a favor del sector.

“Se han presentado cada iniciativa hecha en campaña electoral, sin embargo, nosotros tenemos 35 votos; algunas propuestas quedan en las comisiones sin ser aprobadas”, dijo Reyes.

Rodolfo Parker, diputado y candidato del partido Demócrata Cristiano (PDC) aseguró que han cumplido las promesas para el sector.

El Órgano Legislativo aprobó en 2001 la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. El Art. 24 de la ley obliga a las empresas a contratar “una persona con discapacidad” como mínimo por cada 25 empleados. Dicha normativa es incumplida por el sector empresarial, según el Ministerio de Trabajo.

“De todo el parque empresarial (30,000) solo se han generado 1,245 puestos de trabajo para el sector, en donde 373 mujeres tiene un empleo y 872 puestos laborales para hombres”, precisó, Sandra Guevara, ministra de trabajo.

Heydi Zamora, jefa del Departamento de Discapacidad de Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sostuvo que la ley está “desfasada” y que no se ajusta a la Convección de los Derechos de las Persona con Discapacidad con enfoque de derechos humanos, ratificado en el 2007 por El Salvador.

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En la oscuridad eterna, Lya juega con su hijo. —Con mi hijo jugamos a la pelota. Él siempre me pregunta: ¿Por qué no podes ver mami? Yo siempre trato de explicarle, pero está pequeño para entender—, expresó.

La madre soltera aún tiene “fe y esperanza” que su voto para las próximas elecciones “incida” para que los diputados cumplan sus promesas, legislando a favor de la población con discapacidad.

Ella y miles de personas esperan que la próxima legislatura aprueben una iniciativa de ley presentada en 2015, la cual inició su discusión en 2017. El nuevo marco legal tendría un enfoque en derechos humanos para el sector.

Foto/cortesía-LPG

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