El mandatario ignoró las exigencias de organizaciones sociales y ambientalistas que argumentan que la reforma al artículo tres de esa ley, deja abierta la posibilidad de privatizar el agua, la salud, educación, entre otros servicios públicos


Por Redacción Gatoencerrado

La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia confirmó este martes 16 de enero que el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén sancionó, es decir, aprobó el pasado 9 de enero las reformas a la Ley del Asocio Público-Privado (LAPP), esto, pese a las manifestaciones y las peticiones de ser escuchados por parte de organizaciones sociales ambientalistas quienes se oponen rotundamente a dichas reformas, asegurando que dejan abierta las puertas a la privatización de sectores de Salud, Educación, agua potable y penitenciarios.

La sanción la dio a conocer el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, a la red informativa de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

La reforma que se hizo al artículo tres de la referida ley establece que “a los contratos que entidades estatales encarguen a un inversionista privado, el diseño, construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento de una infraestructura, los contratos también podrán incluir la prestación de servicios públicos o la aplicación, o la explotación o ejecución de una actividad de interés general, excepto lo expresamente excluido en el presente artículo”.

La reforma fue aprobada el pasado 15 de diciembre. La misma, había sido presentada por el 27 de febrero de 2017 por Ministerio de Economía y contó con el respaldo legislativo del diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN) Mario Ponce. Según organizaciones como el Foro del Agua y la Alianza Social para la Gobernabilidad y la Justicia (Asgoju) las reformas al artículo mencionado  permitían la posibilidad de privatizar servicios públicos fundamentales.

“Lo que necesitan es un cuerpo legal que permita mercantilizar el agua, FOMILENIO II y la Ley APP son ese mecanismo. Entonces, si no necesitan la Ley de Agua porque resuelven con la APP, la ley de agua la van a retrasar cuanto sea necesario. Esta es la nueva estrategia de privatización, este es el nuevo liberalismo puro”, expresó Carlos Flores, miembro del Foro del Agua en una conferencia de prensa el pasado 18 de diciembre del año pasado.

Según las ONG, las empresas privadas buscarían hacer un negocio rentable, se privatizarían las ganancias y se socializarían las pérdidas, además generará un mayor endeudamiento porque quien hace la inversión es el Estado y quien opera es el privado.

En las reformas a la Ley APP también se había incluido -pero no se aprobó- a la Universidad de El Salvador, al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, los servicios de educación, salud, el agua, la custodia de los presos y la seguridad.

“Que se incorpore en los proyectos objeto de la APP todos aquellos contratos de los cuales las entidades estatales encarguen a un inversionista privado el diseño, construcción, reparación y mejoramiento, equipamiento, mantenimiento de una infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en el Área Metropolitana de San Salvador”, según lo indican la moción presentada por el diputado Ponce, misma que fue aprobada en días recientes.

Dos días después, las ONG marcharon desde distintos puntos hacia Casa Presidencial (CAPRES) para exigir al mandatario salvadoreño vetar las reformas hechas por la Asamblea Legislativa, pues aseguran que en la reforma se ha incluido el tratamiento privado de aguas residuales, algo que es el primer paso de la privatización del vital líquido.

“Privatizar la depuración de aguas residuales lo que haría es encarecer el servicio a la población, incrementaría la deuda pública porque el Estado debe endeudarse para generar condiciones para que empresario invierta. Si la depuración de agua es rentable, pues que la realice el Estado”, dijo Carlos Flores, en medio de la protesta.

La manifestación tuvo conatos de violencia pues el gobierno envió a miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) a bloquearles el paso. Margarita Posada de Asgoju, tuvo enfrentamientos verbales y empujones con miembros de la UMO que impedían el paso a CAPRES, pero lograron llegar debido a que el secretario de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, Marcos Rodríguez, ordenó permitirles el paso.

Una vez en CAPRES, fueron recibidos para exponer sus argumentos contra la referida protesta, pero no tuvieron eco.

El portavoz presidencial confirmó que el pasado 9 de enero el presidente Sánchez Cerén sancionó las reformas cuestionadas.

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