CIDH pide a El Salvador no criminalizar a mujeres por aborto

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El organismo internacional insta a aplicar una legislación integral y justa ante la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas


Por Michelle Hernández

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expreso a través de un comunicado de prensa la preocupación que vive El Salvador al tratar el tema del aborto “criminalizando”  con “penas injustas” “inhumanas” y “desagradables”.

El caso más desgarrador fue el de Teodora del Carmen Vásquez quien en 2007 fue acusada de homicidio agravado y cumplir una condena de 30 años. Ella no tuvo la oportunidad de asistir a sus controles médicos debido a su falta de recursos económicos abonado a ello el excesivo trabajo que realizaba en largas jornadas.

Según fuentes cercanas a Teodora, el día del hecho ella comenzó a sentir fuertes dolores y llamó a los servicios de emergencia pero rompió fuente poco después. Cuando dio a luz estaba inconsciente. Al recuperar el conocimiento, sangraba profundamente y el bebé estaba muerto. Debido a ello la policía actuó en contra de ella arrestándola como presunta asesina de su hijo.


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Si bien el Código Penal establece penas de hasta 12 años de prisión para el delito de aborto, al menos 27 mujeres han sido condenadas por homicidio agravado y sentenciadas hasta con 40 años de cárcel tras sufrir complicaciones obstétricas.

Por su parte la CIDH expresó su preocupación ante la situación que viven otras 26 mujeres quienes se encuentran cumpliendo condenas hasta de 40 años, tras sufrir complicaciones obstétricas; e insta a que las autoridades revisen a detalle cada caso antes de criminalizarlas.

La presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, manifestó a través del comunicado que “la liberación de Teodora es una noticia alentadora y la recibimos como una señal positiva. Sin embargo, El Salvador sigue teniendo una deuda pendiente con todas las mujeres en el país de garantizar que ninguna más sea criminalizada y encarcelada por sufrir emergencias obstétricas y abortos espontáneos”.

Ante este panorama, la criminalización absoluta del aborto en el país es una violación a los Derechos de las mujeres y niñas al crear un contexto facilitador de abortos inseguros, desconoce las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad, según la CIDH.

“Es por ello que la Comisión pide al estado salvadoreño que haga conciencia de la problemática ya que no cuentan con un marco normativo adecuado, y que debe aplicar una legislación integral y justa ante la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas”, concluye.

Foto/cortesía Las 17

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