La jueza del municipio de Nahulingo, Sonsonate, no detuvo la construcción que pone en riesgo la cultura y el medio ambiente. La empresa constructora Fénix no tiene permisos para construir y está violentando el artículo 26 de la Ley de Protección de Patrimonio Cultural
Por Marvin Díaz
El pasado 6 de abril, Zenia Marisol Larín, jueza del Juzgado de Paz del municipio de Nahulingo, Sonsonate, se declaró “incompetente” para detener la construcción ilegal de urbanización Acrópolis en su segunda etapa, la cual está destruyendo el sitio arqueológico Tacuscalco y pone en riesgo la contaminación del río Ceniza que abastece de agua a unas 2,000 personas de diversas comunidades cercanas.
Inversiones Fénix no cuenta con los permisos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ni de la Secretaria de Cultura (SECULTURA). A pesar de ello, la constructora no ha acatado las resoluciones de ambas instituciones, las cuales indican detener la obra.
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Ante el incumplimiento de la empresa a las resoluciones, SECULTURA amparado en el artículo 26 de la Ley de Protección de Patrimonio Cultural, buscó en reiteradas ocasiones la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) para detener la obra, algo que fue imposible, ya que el jefe policial del municipio indicó no tener facultades. “Ellos (agentes policiales) nos dijeron que no estaban facultados para hacerlo porque era propiedad privada y por los derechos humanos; nos dijeron que se necesitaba una orden judicial”, mencionó Michelle Mata, jurídico de la institución cultural.
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SECULTURA buscaba la orden judicial durante el proceso penal en contra de Rodolfo Joaquín Recinos de León, propietario de Inversiones Fénix; y Carlos Eduardo Castillo, jefe del proyecto de construcción de residencial Acrópolis, quienes eran acusado por Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de construcción no autorizada, infracción de medidas de protección de bienes culturales; desobediencia a particulares y daños agravados. La jueza Larín decidió no mandar a prisión a los implicados, esto mientras la fiscalía realiza las investigaciones; y se mostró sin facultades para detener la obra.
“La jueza dijo que nosotros como institución estábamos facultados para detener la obra y que la ley nos faculta para realizar dichas acciones”, dijo la jurídica de SECULTURA.
Por su parte, el fiscal del caso indicó que a la FGR no les compete detener la obra, y que ellos solamente investigan. “Continuaremos el proceso, seguiremos investigando y aportar todo lo necesario para mantenerlo. Pedimos 90 días, pero corresponde a juez de instrucción dar el plazo”, dijo el fiscal.
Al finalizar la audiencia, los representantes de Fenix no brindaron declaraciones a los medios, esto a pesar que se insistió en obtener su postura como empresa constructora.
A las afueras del Juzgado de Paz de Nahulingo, Sonsonate, cientos de pobladores de la zona exigieron detener la construcción de la urbanización Acrópolis. También, se reunieron supuestos trabajadores de la urbanizadora, pidiendo que se les permita trabajar en la construcción.
Al cuestionar a los supuestos trabajadores sobre el caso, respondieron lo siguiente: “A mí solo me trajeron, yo no sé nada, solo me dijeron que tuviera los carteles. Yo vengo de San Salvador, no sé si me darán un dinerito”, dijo Vicente Guzmán, anciano de 75 años.
“Nosotros no sabemos qué pedimos, a mí me han traído, yo vengo de San Salvador. Yo no sé lo que pasa aquí y no sé qué me van a dar”, dijo una supuesta trabajadora que no se identificó.
Ante la resolución de la jueza, arqueólogos del Departamento de Arqueología de SECULTURA pidieron a través de un comunicado, la intervención del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén para detener la obra de Acrópolis.
Autoridades del MARN y la FGR visitaron el pasado 4 de abril el terreno en donde urbanización Acrópolis está construyendo casas ilegalmente. La visita fue realizada por la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, quien se pronunció ante la desobediencia de la empresa constructora.
“Lo que están haciendo no corresponde a lo que dice el permiso otorgado en el año 2007 (periodo de expresidente Antonio Saca). Vamos a enviar esta información a la FGR y esperamos que se proceda, porque no es posible que se esté haciendo caso omiso a las autoridades”, expresó Pohl, durante el recorrido.
Añadió: “vamos a medir el caudal del río (Ceniza) y análisis de calidad de agua para establecer una línea base y así verificar en el futuro posibles impactos que cualquier obra pueda causar en este río, que por cierto tiene vida acuática”.
