Es el turno de las 54  familias que fueron desalojadas de un territorio en el que han vivido por décadas. El Gobierno, un tanto a regañadientes, les ha ofrecido hasta $12 mil dólares para que adquieran viviendas en comunidades desconocidas e inseguras para ellos que tienen entre sus familias a jóvenes. "La vida de un hijo no vale $12  mil dólares"


 Por Irvin Marroquín con colaboración de Clanci Rosa

Manuel, el padre de Miriam* llegó de 17 años de edad en 1959 a la finca El Espino, propiedad en aquellos años de la familia Dueñas. Cansado, descargó sus pocas pertenencias, tomó un sorbo de aire, e imaginó la vida que le deparaba el futuro en El Espino.

Llegó procedente de San Vicente porque supo necesitaban en la finca un aserrador y él tenía experiencia por lo que se quedó con el puesto.

—Desde el momento que vino lo tomaron como colono. Las casas que estaban, ellos las mandaron a hacer. Luego conoció a mi mamá en una temporada de corta de café. Ella tenía 18 años. Luego se fueron quedando—, dice Miriam.

Ella, a sus seis años de edad, y habiendo nacido en El Espino, ya oía hablar de Los Dueñas y asegura que conoció a unos señores de nombre Miguelito y Robertillo Dueñas; entre las escasas conversaciones que recuerda, dice que oyó que le dijeron a su papá que les iban a construir casas en una zona cercana a lo que hoy es el Parque Bicentenario.

Hoy, 59 años más tarde, Miriam narra su historia, sentada en una acera vigilando que la lluvia no dañe sus humildes pertenencias que fueron sacadas por la fuerza de su casa en la Finca El Espino. Mientras recuerda cómo llegaron, interrumpe la entrevista para vigilar a uno de los niños que vive en su familia y que juega con un grupo de artistas y estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) que han llevado un rato de distracción en medio del más cruento desalojo.

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Casi tres años después que la Sala de lo Constitucional detuviera el desalojo de los habitantes de la comunidad El Espino, el juez de Antiguo Cuscatlán, Antonio Palma, volvió nuevamente al terreno junto a elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden para cumplir con su propia resolución que ha sido validada por la Cámara de Segunda Instancia de la Cuarta Sección del Centro: expulsar a más de 75 familias por ser consideradas usurpadoras de 2.8 manzanas de terreno que nuevamente, a través de irregularidades legales, le pertenecen a la familia Dueñas.

Alrededor de las 6:00 a.m., del miércoles 16 de mayo, comenzaron los elementos de la policía a sacar de las viviendas, en su mayoría construidas de lámina, las pertenencias de personas que tenían décadas de vivir allí.

Una de las primeras en ser desalojadas fue Etelvina Inglés. Una mujer de 72 años que asegura que tiene cuatro décadas de vivir aquí. En este lugar, que antes de los años 80 era una parte de la finca propiedad de la familia Dueñas, crecieron los 10 hijos de Inglés, siete de los cuales afirma que aún viven aquí junto a sus nietos y bisnietos.

Una calle de unos cinco metros dividen las pertenencias de los habitantes desalojados del edificio de la ILEA. Foto/Irvin Marroquín

La hija de Etelvina, Morena Inglés, una mujer que sobrepasa los 40 años, no se movió de la comunidad ese día, con la esperanza de que el desalojo fuera revertido como ocurrió en el 2015. Sin embargo, esta vez fue inminente y esa esperanza fue destruida al siguiente día. El jueves 17 de mayo, el juez autorizó la entrada de maquinaria de construcción que justamente hicieron lo contrario: destruir las casas de las 75 familias de El Espino.

Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y representante legal de la comunidad, cuestionó el procedimiento realizado por el juez.  “Pedimos por favor que se haga una investigación para determinar si esta conducta, estas órdenes son legales o ilegales. Por tanto, que se proceda porque es completamente atentatorio contra los derechos básicos, que se esté llevando un desalojo forzoso y al mismo tiempo, a pesar de que hay gente adentro, estén entrando estas máquinas”, dijo a los periodista Baulenas.

De hecho, el lunes 21 de mayo, el Idhuca presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia en contra del juez Palma por la vulneración de los derechos de los habitantes de El Espino.

“Primero el derecho a tener una vivienda, son derechos relativos a la vida...se le ha violado el derecho sin peligro y sin vulnerabilidad, han tenido que dormir en la calle. En ese sentido, hay riesgos de enfermedad y de muy diversos tipos”, expresó el director del Idhuca, José María Tojeira.

 

El drama de esta comunidad ocurre enfrente de las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA). Durante el desalojo, varias camionetas polarizadas con placas del Cuerpo Diplomático han tenido que atravesar el bulevar de Cancillería, en donde permanecen los habitantes junto a sus pertenencias, para llegar estas instituciones.

Mélida Guzmán está sentada en una silla de plástico en el área verde junto al redondel de cancillería. Atrás de ella se encuentra su casa improvisada luego que fuera desalojada después de haber vivido por 58 años en este sitio.

Guzmán vino aquí acompañando a su pareja en 1960, cuando tenía 16 años. Aquí nacieron y crecieron sus seis hijos, dos de ellas fueron desalojadas junto a los nietos de Mélida. A Mélida le parece injusta esta situación, después de haber trabajado por dos décadas con la finca de los Dueñas y recibiendo un salario que no le alcanzaba para alimentar a su familia.

“Sembrar café, regar café, peinar, andar chapodando....todo eso lo hacíamos nosotros. Yo lo que me acuerdo que me pagaban 80 centavos diarios de colón”

“En esa época de patronal éramos esclavos, porque ellos nos pagaban bien poquito. Al medio día lo único que le daban al trabajador de aquí era una ración con dos tortillas y un poquito de frijoles y un poquito de sal, esa era la comida. Esa era la ración para toda la familia. A los demás no les daban, solo al que trabajaba. Entonces mi madre para que alcanzaran los frijolones duros que nos daban, los molía en piedra”, interviene en la entrevista una habitante desalojada que está sentada a la par de Guzmán.

En marzo de 1980, la Junta de Gobierno cívico militar aprueba la Reforma Agraria que tenía como fin expropiar todas las tierras con vocación agrícola y luego repartirlas a los colonos para que se convirtieran en dueños de las tierras que habían trabajado por décadas.

La familia Dueñas inició un proceso judicial en contra de la expropiación de parte de las más de mil manzanas que les fueron expropiadas, porque alrededor de 350 manzanas no tenían vocación agrícola, sino que eran urbanizables. Algo que ya pasó en la actualidad con la construcción de varios centros comerciales y residenciales.

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Miriam se acuerda de la Reforma Agraria. Dice que cuando iban a empezar a construir las casas para los colonos como su padre, vino la reforma agraria y les quitó las tierras a los Dueñas.

Dice que las tierras se les entregaron a cooperativistas quienes comenzaron a vender los terrenos. Miriam recuerda un convenio en el que se establecía que las familias que estaban en el paso de la carretera ‘Diego de Holguín’ que hoy se llama “Monseñor Romero”, se les daría viviendas, escuelas, hospitales, pero no fue así. Dice que quienes serían beneficiados, actualmente no tienen ni escrituras de sus terrenos.

Luego, dice que el expresidente Elías Antonio Saca optó por devolverle las tierras a la familia Dueñas.

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Estas 2.8 manzanas de terrenos volvieron a ser propiedad, en el 2009, de los Dueñas a raíz de un traspaso de propiedad que realizó la junta directiva de la Cooperativa El Espino negociado con el Gobierno de Antonio Saca y la familia Dueñas, esta última que sería afectada por un tramo que sería construido del ahora bulevar Monseñor Romero en una parte de su propiedad... Esto sin ser consultados los habitantes de esta zona, quienes eran miembros de la cooperativa.

Otra de las cosas que los habitantes le recriminan a los antiguos miembros de la junta directiva de la Cooperativa es que desligó de responsabilidad al Gobierno de un convenio que firmaron los habitantes con la administración de Armando Calderón Sol en 1995 en donde se comprometían a reubicarlos a medio kilómetro de ahí y se les construiría un complejo habitacional. Sin embargo, los miembros de la junta directiva sin consultarles nuevamente a sus socios, es decir, a las personas que habitaban aquí, desligaron de este compromiso al Ejecutivo durante la Presidencia de Antonio Saca.

Los habitantes desalojados de El Espino esperan que se cumpla el convenio firmado con el expresidente Armando Calderón Sol en el que el Gobierno se comprometió a reubicarlas a medio kilómetro de este lugar en donde se construiría un complejo habitacional para la comunidad. Foto/Irvin Marroquín

“Nosotros ya teníamos firmado el convenio donde se nos iba a otorgar un lote y una vivienda en la zona que está por el bulevar Merliot. Entonces, ¿por qué nos íbamos a mover nosotros de acá? Ellos lo que hicieron era entregar esta propiedad donde vivíamos, entregarla con toda la familia que vivíamos en ese momento”, señala Yolanda Hernández, parte de la junta directiva de la Adesco, asociación creada por los habitantes de esta comunidad.

Previo al desalojo, unos meses atrás, el Gobierno vino a censar a las familias de El Espino para apoyarlas frente al inminente desalojo. Yolanda Hernández asegura que inicialmente el Gobierno les presentó una propuesta de reubicarlos en un terreno que está en el volcán, pero posteriormente el Ejecutivo desistió de esta propuesta.

Por ello, los habitantes le presentaron una propuesta que consistía en reubicarlos en los terrenos que se encuentran contiguo a la comunidad, ya que pertenecen al Estado, pero según asegura Hernández que uno de los representantes del Ejecutivo les dijo que tenían planes de construcción de edificios gubernamentales y que eran “muy caros” para donarlos a la comunidad.

Actualmente, la oferta del Gobierno es darles hasta $12,000 a cada familia para que puedan comprar una vivienda, pero los habitantes afirman que no quieren dinero, sino un terreno. Además, con ese monto solo pueden adquirir una casa en colonias en donde predomina el control de las pandillas.

 

“Yo tengo 49 años de estar aquí. Aquí nací. No conozco otro lugar donde vivir. Mi mamá vino a trabajar de 16 años a la finca El Espino. Mi mamá trabajó con la familia dueñas mucho tiempo y un salario tan miserable que, ¿usted cree que ella podía comprar un terreno con lo que le pagaban aquí por su trabajo?”, sentencia Yolanda Hernández.

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Miriam, sentada en una acera, pierde su mirada mientras explica que los $12 mil dólares que les ofrece el gobierno, no le conviene a una comunidad pacifica en la que hay muchos jóvenes que, de irse a otra comunidad desconocida, solo llegarían a ser ‘carne fresca’ para las pandillas.

—Nosotros decimos que no. Usted sabe cómo está la situación. Hemos andado buscando por Zaragoza, Nuevo Cuscatlán, porque con esos $12 mil más o menos puede comprar por esos lugares, pero vaya a ver cómo están. La vida de un hijo no vale $12 mil dólares—.

Miriam es clara: —Dinero no queremos, no queremos arriesgar las vidas de nuestros hijos—

*Miriam es un nombre ficticio por seguridad de la fuente

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