Las explicaciones sobre la iniciativa de reformar la Ley de Reconciliación Nacional, las tendrá que hacer el Estado guatemalteco en una audiencia pública que celebrará la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 11 de marzo. CEJIL advierte que esa iniciativa de reforma pretende anular procesos y condenas en contra de militares involucrados en crímenes de lesa humanidad.
Por Marvin Díaz
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará una audiencia pública, el próximo 11 de marzo, para revisar el cumplimiento de una sentencia condenatoria en contra del Estado guatemalteco por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, cometida por el ejército durante el conflicto armado interno, y las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de su familia, en 1981. En esa audiencia, la Corte IDH también espera que Guatemala explique la iniciativa de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional (LRN).
Paola Limón, coordinadora jurídica de El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), le dijo a GatoEncerrado que la iniciativa de reforma a esa ley busca otorgar una extensa amnistía en los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura; asimismo, absolver a los condenados por estos hechos.
CEJIL, en un comunicado, también ha advertido que la “amnistía total” es un obstáculo para la investigación, juzgamiento y las sanciones ante crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Guatemala.
“Las discusiones que está empujando el Congreso de la República (de Guatemala)—y que figuran dentro de sus prioridades legislativas al estar siendo conocidas desde enero— son un claro retroceso en los avances que se han dado en materia de justicia a nivel nacional, por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado”, sostuvo Limón.
De acuerdo con el comunicado de CEJIL, de llegarse a aprobar las reformas, Guatemala violaría la resolución de la Corte IDH, emitidas en 2015. Esa resolución exige al Estado el cumplimiento de 12 sentencias, entre ellas: la no aplicación de leyes de amnistía y la no argumentación de prescripciones.
“Si Guatemala insiste en desconocer lo ordenado por el Tribunal Interamericano, éste podría decretar al Estado en desacato, como lo hizo en 2014, a través de una resolución pública, trayéndolo al debate de la comunidad internacional, cuyas acciones podrían trascender a otras esferas de las relaciones internacionales de Guatemala”, detalló Limón.
Caso Molina Theissen
El 6 de octubre de 1981, Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, y su madre Emma Theissen estaban en su casa, cuando dos hombres armados entraron al lugar. Antes de irse, sujetaron a Marco Antonio con grilletes, lo metieron en un costal y se lo llevaron en la parte trasera de un pick up con placas oficiales. Fue la última vez que su madre supo de él.
El 8 de septiembre de 1998, el CEJIL y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentaron una denuncia contra el Estado de Guatemala ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2004, el caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró al Estado responsable de las violaciones sufridas por la familia Molina Theissen y ordenó, entre otras cosas, investigar efectivamente los hechos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen.
Como seguimiento a esa sentencia, la Corte IDH realizará la audiencia del 11 de marzo, en la que ha solicitado un informe del cumplimiento de las medidas de reparación en el caso de la desaparición forzada del niño Molina Theissen y las violaciones cometidas en contra de su familia por parte del ejercito.
“Tras casi 37 años de lucha, nuestra familia logró alcanzar justicia, pero ahora el Estado guatemalteco pretende anular los avances que hemos conseguido. Esta es una ofensa para el pueblo de Guatemala” expresó, Lucrecia Molina Theissen, hermana de Emma y Marco Antonio, según un comunicado de CEJIL.
