Las amenazas y las acciones violentas de pandilleros en contra de la familia de Esther provocó un desplazamiento forzado. Abandonaron negocios y viviendas para reinstalarse en otro lugar y comenzar de nuevo. La nueva vida no les duró más de un año: un operativo policial terminó en asesinato y provocó otro desplazamiento. Esta es la historia detrás de la sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional de la CSJ para que el Estado salvadoreño reconozca el fenómeno y atienda a las víctimas.
Por Ezequiel Barrera y Wendy Hernández
16 de mayo, 2019
Esther aprovechó esa noche, de fin año de 2016, para descansar en su nuevo hogar. Su cansancio era mucho más que físico. Tenía que ver con el desgaste emocional y el sueño rezagado del desplazamiento forzado que sufrió con su familia. Hace algunos kilómetros atrás, había dejado el ruido ensordecedor, metálico y mortal que hacen las balas cuando son disparadas entre las casitas de los pasajes en las colonias; el agudo sonido de las sirenas policiales, que pasan a toda velocidad por las calles; y las amenazas de los pandilleros que, aunque las hacen a hurtadillas, todos saben que son como una sentencia de muerte para las familias pobres que se niegan a —o no pueden— pagar la extorsión.
Las hijas de Esther, sus nietos y nietas, en cambio y para iniciar su nueva vida, se juntaron esa noche con los vecinos. La comunidad celebraba la llegada del año nuevo y también que, por primera vez en su historia, la electricidad había sido conectada. A Esther le bastaba la paz de escuchar la música, las risas y el baile, mientras se preparaba para dormir.
De pronto, silencio.
Luego gritos de niñas y mujeres.
“¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar!”, es lo único que Esther lograba escuchar con claridad. Su hijo Salvador, quien también descansaba en casa, se levantó. Cogió una linterna y salió, preocupado, para ver lo que ocurría.
— ¿Para dónde vas?– lo detuvo un policía bravucón, encapuchado, en la entrada de la vivienda.
—Disculpe, pero ahí anda mi niña de nueve años y sus hermanitos–explicó Salvador.
—¡O te vas para dentro o te llevo!—bramó el policía bravucón.
—No puedo, debo ir a ver cómo está mi familia y algo está pasando allá.
—¡Te vas para allá o te disparo!—gruñó, mientras le apuntaba con su arma de fuego— Ahorita nos estamos llevando pandilleros. ¿Te querés ir vos también?
A unos metros, en donde hace un par de minutos había una fiesta con niños, varios policías daban órdenes: “Todos boca abajo”, “¡Al hijo de puta que no se ponga boca abajo, lo voy a matar!”, “Vamos a revisar si esta gente anda metida en alguna mierda!”, “Hey, vos, bicho pendejo, levántate la camisa, queremos ver si andás tatuajes”, “ustedes, señoras, dejen de gritar”…
Esther, al escuchar la discusión que su hijo Salvador tenía con un policía en la entrada de la vivienda y el alboroto en la comunidad, dejó de acomodarse su ropa de dormir y salió apresurada.
En ese momento, una ráfaga de disparos retumbó.
Igual de ensordecedor, metálico y mortal. Así como los recordaba Esther y su hijo Salvador.
—¡Ay!—sollozó Esther, con un tono agudo, chirriante.
—¡Tranquila mamá! No me han disparado a mí—dijo Salvador, luego de revisar y sacudir su ropa para comprobar si tenía alguna herida.
—¡Hijo, me balearon!—balbuceó Esther, como si las palabras se le ahogaran en la garganta antes de salir por la boca.
Salvador dio media vuelta y alumbró, angustiado. La poca luz que proyectaba su linterna le permitió ver a su madre Esther acostada en el suelo de tierra, sobre un charco de sangre, que se hacía más grande a cada segundo. Su pantaleta blanca estaba teñida de rojo.
Dibujo de un hijo de desplazados, con el que expresa cómo se siente al tener que desplazarse fuera del país por la inseguridad. Esta Imagen se encuentra en la página 30 del informe de Cristosal: “Visibilizar lo invisible”.
Christian, otro hijo de Esther quien también estaba en la casa descansando, corrió para recogerla del suelo. Después gritó para pedir auxilio a su padre Federico, quien estaba adentro y confundido con todo el bullicio.
—¡Auxilio papá! ¡Auxilio papá!—gritó Christian, mientras la abrazaba y trataba de reanimarla. Pero todo lo que hacía era insuficiente. Esther ya no hablaba, estaba inconsciente.
—¡Por favor ayúdennos a llevarla al hospital!—rogó Federico a los policías, al mismo tiempo que trataba de reanimarla con Christian.
—¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho?—reclamaba Salvador, con voz fuerte, como para que lo escucharan los policías.
El policía bravucón que impidió a Salvador ir por sus hijos, sobrinas y hermanas, aprovechó el caos del momento para esfumarse. Así que cuando Salvador dio media vuelta e intentó pedirle ayuda para llevar a su madre Esther al hospital, ya no estaba.
Salvador se dirigió a donde estaban otros policías, cerca de un vehículo patrulla, para rogarles que llevaran a su mamá al hospital.
—Suban a la mujer en la cama del pick up—contestó uno de los policías.
—¿Cómo que a la cama? Nosotros en la cabina la vamos a meter—gritó Christian, quien venía detrás de Salvador, cargando a su madre Esther con su padre Federico.
—La cosa es que no podemos llevarla ahorita. No está aquí el motorista de la patrulla. Solo él anda las llaves—dijo otro policía.
—¿Y las llaves dónde están, pues? Si nadie la quiere llevar, yo me la llevo. Pero necesito las llaves—vociferó Salvador.
Los policías señalaron a un compañero que estaba entre la gente de la comunidad, con un aire a verdugo y dando órdenes para que los vecinos se quedaran callados y boca abajo. Cuando Salvador vio en la dirección que le señalaban, reconoció al policía bravucón que no lo había dejado pasar.
—¡Por favor, llévese a mi mamá! Usted sabe lo que ha pasado aquí, es testigo de eso, yo solo eso le digo. Por favor, ¡llévese a mi mamá al hospital!—suplicó Salvador.
El policía bravucón, por alguna razón, cambió de verdugo a piadoso y cedió. Se subió a la patrulla y la encendió. Y mientras Christian acomodaba a su madre Esther en la cabina, Salvador pudo observar que el número de identificación del policía bravucón terminaba en 131 y que en su mejilla derecha tenía un lunar.
Minutos después, los agentes de Inspecciones Oculares llegaron para procesar la escena del tiroteo. Los policías explicaron que fueron atacados por los habitantes de la comunidad. Tras ese ataque, según su versión, respondieron con fuego. En ese fuego cruzado es que Esther fue herida.
—¡Aquí está el arma con que nos dispararon!—dijo un policía a los de Inspecciones Oculares, para que llegaran al lugar y procesaran el arma entre las evidencias.
—¡Oiga papá!—le dijo Salvador a Federico—dicen que han encontrado un arma de fuego.
Los agentes de Inspecciones dejaron de tomar fotografías frente a la vivienda de Esther y caminaron unos 50 metros hacia donde había sido la fiesta de la comunidad.
—¡Mentira!—gritó Salvador, a todo pulmón—Aquí se están encubriendo unos policías a otros. ¡Hay un Dios que sabe toda la verdad y lo que ustedes han hecho! A mi mamá le han disparado estos policías. ¡Aquí nadie de la comunidad ha disparado un arma!
***
Dos años después del tiroteo
Salvador contó que ese hecho de violencia, protagonizado por policías, sigue en la impunidad. La versión oficial del caso aún es descrita en los registros policiales como un “enfrentamiento con pandilleros”. Las versiones oficiales, donde hay testigos, suelen ser una mentira inventada por policías para encubrirse. O al menos eso es lo que han demostrado varias investigaciones periodísticas de ElFaro, La Prensa Gráfica y Revista Factum.
Salvador también relató que luego del tiroteo, la familia de Esther, de 35 miembros, tuvo que desintegrarse y enfrentar un nuevo desplazamiento forzado. La primera vez lo hizo para huir de las pandillas que abusaron sexualmente de una hija y una nieta de Esther. La segunda vez por la arbitrariedad con que actuó la Policía Nacional Civil (PNC), esa noche de fin de año de 2016.
El caso de la familia de Esther se suma a las 25 víctimas de desplazamiento forzado que, en 2018, señalaron a policías como sus victimarios.
Estos datos no son oficiales. En El Salvador no existe una oficina que se dedique exclusivamente a atender este tipo de víctimas y, consecuentemente, tampoco hay un registro detallado de denuncias y seguimiento de casos.
El segundo gobierno del FMLN se negó a reconocer el fenómeno del desplazamiento forzado por casi todo su periodo presidencial. Así que varias organizaciones de la sociedad civil asumieron el rol que le correspondía al Estado y crearon un registro de los casos que llegaron a sus manos y acompañaron a las víctimas. Los datos que recopilaron, por supuesto, son solo una fracción del total real de las víctimas. Hay desplazados que nunca denuncian o que nunca se acercan a Cristosal, solo toman lo que pueden llevar entre sus manos y abandonan sus hogares por temor a ser asesinados.
Las organizaciones también presionaron, a través del debate público y la promoción de políticas y una ley específica, para que el gobierno reaccionara de alguna forma. Fue hasta abril de este año cuando el gobierno admitió, tímidamente, que en El Salvador existe el fenómeno del desplazamiento forzado y dejó de llamarlo con el eufemismo “movilidad interna”. Lo hizo en la Asamblea Legislativa, donde el ministro de justicia y seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, urgió a los diputados a que aprueben una ley para atender a las víctimas del fenómeno.
Una de esas organizaciones es Cristosal, que se especializa en trabajar por los derechos humanos en la región centroamericana. Su directora de programas, Celia Medrano, le dijo a GatoEncerrado que algunas de las instituciones estatales incluso recomendaban a las víctimas ir a las oficinas de Cristosal para ser atendidas. En otras palabras, se declararon incompetentes para acompañar a las víctimas.
“Las víctimas rebotan en diferentes instancias estatales y todos les dicen que no pueden atenderlas porque no es su mandato. O empiezan (esas instituciones) a activar redes donde se espera que sea la sociedad civil la que se haga responsable de casos muy concretos de personas que tienen urgencias humanitarias. Y ya no digamos necesidad de programas que les permitan reubicarse temporalmente en otro lugar”, explicó Medrano.
La representante de Cristosal también detalló que algunas instituciones estatales sí entendieron desde un inicio que en El Salvador existe el desplazamiento forzado. Luego de esa comprensión del fenómeno, instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), firmaron convenios con Cristosal para atender en conjunto a las víctimas.
De acuerdo con Medrano, una de las situaciones más complicadas del fenómeno es que algunas de las víctimas, además de enfrentarse solas al desplazamiento forzado, tienen que lidiar con que sus victimarios sean policías. Es decir, no solo están desprotegidas por la falta de un marco legal que las ampare, sino que los agentes que deberían garantizar su seguridad son los que provocan el desplazamiento.
La corrupción y abuso policial en El Salvador, de hecho, ha sido motivo de señalamientos de organismos internacionales y denuncias de organizaciones nacionales que velan por los derechos humanos. La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, dijo en su visita al país que encontró un “patrón de comportamiento” en las acciones que ejecuta la policía en los supuestos enfrentamientos con pandilleros, que a menudo riñe con la versión oficial. Agregó que en el país “se están violando los derechos humanos”.
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Un año antes del tiroteo
La desdicha de la familia de Esther comenzó una noche de diciembre de 2015, cuando sus hijos fueron asaltados por pandilleros. Les quitaron celulares, dinero, zapatos y hasta la ropa que vestían en ese momento. A uno de sus hijos lo golpearon en la cabeza con una pistola, para neutralizarlo y que no se opusiera al atraco. Días después, el hijo que fue golpeado abandonó todo y se refugió en otro lugar. Los pandilleros les dejaron en claro que el asalto y los golpes era porque tenían información de que dos de los miembros de la familia de Esther eran militares.
En esos mismos días, una de las hijas de Esther fue visitada por pandilleros en su negocio: un salón de belleza. Querían dinero. Luego, otra hija de Esther fue visitada en su negocio de pupusas y antojos típicos. También querían dinero.
Una noche, luego de exigir dinero, al menos siete pandilleros llegaron a la vivienda de la hija de Esther que hacía pupusas. Sacaron de la casa al esposo y lo torturaron, acusándolo de colaborar con la policía. Luego, con las fuerzas que aún le quedaban, caminó por un poco más de un kilómetro hasta que encontró unos policías. Les contó lo que había ocurrido y ellos lo subieron a la patrulla.
Cuando llegaron a la vivienda para inspeccionar, encontraron que los pandilleros violaron a la hija de Esther y a su nieta de 12 años. La intención de los pandilleros era asesinar a ambas, pero huyeron cuando vieron que la patrulla de policías se acercaba.
Esta serie de crímenes hizo que la familia de Esther abandonara negocios, viviendas, estudios y todo lo que tenían en esas colonias para refugiarse en cualquier otro lugar. Buscaron ayuda de las autoridades, pero solamente les tomaron la declaración, abrieron una investigación y les colocaron nombres en clave para evitar que los pandilleros los identificaran. Eso en el caso de que las autoridades lograran arrestos.
Como no encontraron más apoyo, buscaron por su propia cuenta algún lugar para rehacer sus vidas. Fue así como algunos miembros de la familia se fueron del país y los demás llegaron hasta la comunidad donde ocurrió el tiroteo.
***
Celia Medrano le dijo a GatoEncerrado que este caso es la evidencia de que una de las deudas del Estado con las víctimas es proveer un lugar seguro de refugio.
“Hay víctimas que no tienen dónde dormir con los niños, mientras se instalan en otro lugar. Entonces llegan a instancias del Estado y ahí les dicen que, por ejemplo, ‘usted, mamá, puede quedarse con la niña de tres años, pero el niño de 16 años y el padre no’ (…) La familia empieza a tomar decisiones duras. El sistema actual no está pensado para poder atender a núcleos familiares completos. Y con eso viola tratados internacionales que dicen que las familias no deben desintegrarse”, explicó Medrano.
Medrano dijo que el caso de la familia de Esther fue uno de los seis que Cristosal acompañó para pedir un amparo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tras la admisión del recurso, los familiares de Esther que se quedaron en el país obtuvieron medidas ordinarias y extraordinarias para garantizar su seguridad.
Esta es la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Cuando la Sala de lo Constitucional finalmente emitió su sentencia, en julio 2018, estableció que “en El Salvador existe un fenómeno de desplazamiento forzado que tiene origen en un contexto de violencia e inseguridad…” y que el Estado debe reconocerlo. El reconocimiento debe pasar por crear un marco jurídico para el fenómeno y activar todas las instituciones necesarias para atender a las víctimas.
Este dibujo lo hizo la hija de un grupo familiar que fue abusado sexualmente por pandilleros. El dibujo, según psicólogos de Cristosal, refleja lo importante que ha sido el apoyo y la unión familiar para volver a empezar.
***
La noche del tiroteo
Cuarenta minutos después de que Christian y Federico llevaron a Esther al hospital, tras haber sido herida de bala, Salvador recibió una llamada.
—Mamá murió—dijo Christian, alterado, desde el otro lado de la línea telefónica.
Salvador guardó silencio.
—Vos juntá fuerzas, en el nombre de Jesús. Resolvé todo ahí en el hospital. Ya ni modo, ¿qué vamos a hacer?—expresó Salvador, con resignación.
*Los nombres de las víctimas han sido editados por su seguridad.