El manodurismo y la enquistada corrupción generadora de pobreza y desigualdad, expulsan a poblaciones hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas. Una perspectiva electora, xenófoba y fallida desde Estados Unidos, solo propicia que haya más migración forzada, dice estudio.
Por Mario Beltrán
El fracaso de políticas represivas en materia de seguridad y el alto índice de corrupción de los países del Triángulo Norte centroamericano han propiciado severos índices de violencia y pobreza, que se convierten en impulsores de la migración y los desplazamientos forzados en Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto según un informe publicado por Oxfam El Salvador y la Fundación Heinrich Böll San Salvador, denominado “Políticas de Estado, desplazamiento forzado y migración: una mirada regional al norte de Centroamérica”.
En el caso de El Salvador, el informe repasa las políticas represivas de “Mano Dura” y “Súper Mano Dura” implementadas por los expresidentes areneros, Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009). Según el informe, citando datos del el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IUDOP), en 2003 las pandillas ocupaban el quinto lugar de mayores problemas del país para la población encuestada.
El informe indica que si bien Flores y Saca instauraron el manodurismo en El Salvador, el país ya tenía antecedentes de políticas represivas violentas en décadas anteriores, que daban mayor protagonismo a los militares y buscaba el orden social por medio de la fuerza.
El documento detalla que la esencia de los planes manoduristas radicó en la realización de capturas masivas y la promulgación de penas más largas y severas, que aumentaron nuevos peldaños a la violencia. La segmentación del sistema penitenciario fue parte de la estrategia, concentrando en un poco más del 25% de sus instalaciones a las dos principales pandillas existentes, que aumentaban la cantidad de sus miembros detenidos. El número de población civil y pandillera recluida en las cárceles salvadoreñas pasó de 12,200 en 2004 a 21,000 en 2009, de los cuales un tercio eran pandilleros, según datos de la DGCP
“Una nueva historia se escribiría respecto a la expansión, control y poderío de las pandillas en lo sucesivo. En este contexto de la nueva política penitenciaria fue evidente un acelerado crecimiento del poder unificador y de cohesión de las pandillas, quienes hicieron más laxos los controles de las cárceles que habitaban exclusivamente, ajustando sus formas de operar y tomando conciencia de ser un verdadero problema para el Estado y, por lo tanto, ser incipientes interlocutores ante la necesidad de parar la matanza iniciada”, dice el documento.
Posterior a ello, las políticas de tregua entre pandillas, que nació y murió arropada por un manto de encubrimiento estatal, representó un antes y un después en el tema de la seguridad salvadoreña por una aparente disminución de homicidios a cambio de los beneficios carcelarios que dio el gobierno y que empoderó aún más a las pandillas.
A partir del fracaso de estas políticas de seguridad, también hubo un despertar del fenómeno de migración. Según el informe citando al IUDOP, el 5.2% de la población se tuvo que cambiar de vivienda por causas de amenazas o hechos de violencia en el año 2018. Asimismo, 6 de cada 10 personas que habían tenido que dejar su vivienda (63.8%) afirmaron que habían considerado irse a vivir a otro país, mientras que 4 de cada 10 (36.2% no reportaron haber pensado en esa alternativa.
“Las recientes caravanas de migrantes no son solamente un símbolo de fracaso de los gobiernos centroamericanos, también [son] un símbolo de fracaso de las políticas de deportaciones de Estados Unidos. Estas políticas han generado más violencia que terminan pagando los más vulnerables de la sociedad. Se genera un círculo vicioso de migración y violencia, y por tanto, la caravana migrante es la cosecha de lo que la misma política de deportaciones sembró”, dice el informe.
Corrupción y pobreza
La pobreza y la corrupción también son, según el informe, un caldo de cultivo para que la población se vea obligada a migrar o desplazarse internamente. Asimismo, la desigualdad entre hombres y mujeres y la brecha laboral son indicadores que agudizan la migración forzada.
Según el informe, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) calculó que los casos emblemáticos de corrupción analizados ascendieron a USD 550.9 millones, equivalentes al 2.1% del PIB de 2015. Por los montos sobresalen los casos asociados con obra pública, que representan el 33.5% del total y, en especial, el caso de desvío de fondos por medio de la denominada partida secreta, el cual representa aproximadamente la mitad del total.
Los índices de pobreza en El Salvador, Honduras y Guatemala, obligan a sus poblaciones a emigrar a Estados Unidos, convirtiéndose no solo en un problema de exportación de mano de obra y personas, sino que también obliga a la economía de los países a depender de las remesas enviadas.
De acuerdo con Ana Iris Martínez, de Oxfam El Salvador, para 2018, las remesas que llegaron a El Salvador fueron de $5, 469 millones de dólares, equivalente al 20% del PIB del país. Martínez subraya que se estima que 1 de cada 5 personas viven en Estados Unidos, y que el 48.3% son mujeres.
Para el año 2000 representaba un 13.3 % y para el 2009 – cuando decayeron y en plena crisis- llegó a un 16,1 % del PIB, según datos combinados entre el Banco Central de Reserva (BCR) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El informa también explica que las peticiones de asilo incrementaron entre 2009 y 2017. Esas solicitudes alcanzaron entre el año 2009 y 2012 las 8,800 atenciones, manteniendo una tendencia baja aun, respecto a lo que se viviría en los años siguientes En los años siguientes, las solicitudes de asilo de salvadoreños aumentó a 11,600 en el 2014, 22,700 en el 2015 y 42,900 en el 2016.
Para el año 2017 fueron reportados 59,400 salvadoreños que habían presentado solicitudes de asilo, en un evidente y desenfrenado éxodo. En el año 2017 El Salvador ocupó el primer lugar en América Latina y el cuarto a nivel mundial en solicitudes de asilo a otros países.
USA y sus perspectivas fallidas
Óscar Chacón, presidente de Alianza Américas, una organización que vela por los derechos de los migrantes en Estados Unidos, dice que aunado a las políticas fallidas de seguridad y la pobreza originada desde la corrupción, están las políticas antimigrantes estadounidenses que, de ser fallidas, son utilizadas como temas electoreros y son “manufacturadas”.
“La crisis (migratoria) es una crisis manufacturada que tiene intereses políticos. Donald Trump usó el tema migratorio para llegar a la Presidencia de Estados Unidos”, expresó Chacón.
Agrega que el uso de fuerza militar para contener migración no es nada nuevo. La primera vez fue en una reforma de ley de migración en 1986 en EUA, pensando que con el uso de la fuerza la gente iba a desistir de llegar al país.
“Ha habido un resurgimiento de racismo desde la filosofía de la supremacía blanca de Estados Unidos. El segundo prejuicio es la xenofobia. Son muy potentes cuando se usan en campañas electorales”, agrega Chacón
