El Salvador acuerda recibir solicitantes de asilo sin tener condiciones

La canciller de El Salvador firmó un acuerdo con Estado Unidos para recibir a los migrantes que lleguen a su frontera sur, buscando asilo. Organizaciones internacionales han señalado que El Salvador no reúne las condiciones para otorgar refugio a extranjeros. De hecho, ni siquiera garantiza seguridad y estabilidad a los salvadoreños.

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Por Mario Beltrán y Ezequiel Barrera

Estados Unidos logró este viernes, 20 de septiembre, un acuerdo con El Salvador para rechazar a los migrantes que llegan a su frontera sur, en busca de asilo. El documento firmado, según ha trascendido en medios estadounidenses, faculta al país norteamericano a empujar a los migrantes hacia El Salvador, que es uno de los países más violentos del mundo y que no reúne las condiciones para otorgar refugio. Con esto, la administración del presidente Donald Trump busca disuadir a los migrantes, especialmente a los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos.

El acuerdo, además, es contradictorio. El gobierno de los Estados Unidos ha considerado a El Salvador como un país peligroso. Ha emitido varias alertas de seguridad, para que las personas que piensan viajar a El Salvador lo reconsideren, por el alto índice de inseguridad. También es contradictorio porque, según datos de ACNUR, El Salvador fue el sexto país de origen con más solicitudes de asilo en 2018.

El escueto comunicado de la embajada de Estados Unidos en El Salvador dice, en sus cuatro párrafos, que el acuerdo es para "cooperación en seguridad y migración".

"Los dos gobiernos se comprometen a abordar el tema de migración de una forma conjunta y humana, de tal forma que contribuya a mejorar la prosperidad y seguridad de la región. Este acuerdo forma parte de una estrategia integrada para combatir al crimen organizado, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir el tráfico ilegal y la trata de personas, así como la migración forzada", reza el comunicado.

El acuerdo fue firmado por la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, y el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan.

El director de Alianza Américas, Óscar Chacón, califica el acuerdo como parte de la "estrategia anti-migrante y de la agenda de supremacía blanca" de la administración Trump.

"Los intentos de la administración Trump son contrarios a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos. Ahora el gobierno estadounidense ha acudido a negociaciones forzadas con extorsiones económicas y de otra naturaleza, para forzar a los debilitados países centroamericanos a reforzar el control migratorio", dice Chacón.

El director de Alianza Américas también insiste en que El Salvador no reúne las condiciones de refugio que los migrantes buscan. De hecho, Chacón también hace énfasis en que "El Salvador es expulsor de personas, que afronta retos importantes para garantizar y proteger los derechos humanos de su población". Es decir, no puede garantizar las condiciones de su población y tampoco podrá hacerlo con extranjeros que buscan asilo.

Amnistía Internacional también expresó que el acuerdo debe ser condenado de inmediato, y lo calificó de “burla al derecho de asilo”.

“El Salvador tiene una de las tasas de violencia más altas del mundo, incluida la violencia de género, tan rampante que Amnistía Internacional lo declaró uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer. No es seguro para sus propios ciudadanos, y mucho menos para los solicitantes de asilo”, dice Charanya Krishnaswami, directora de defensa para las Américas de Amnistía Internacional de Estados Unidos.

Según Amnistía Internacional, esta medida forma parte de una serie de “intentos descarados e imprudentes” por parte de la administración Trump de destripar el derecho a buscar seguridad en los Estados Unidos.

Al respecto, esta organización realizó, entre el 16 y 20 de septiembre pasado, una observación de procedimientos de los llamados "Protocolos de Protección de Migrantes" en el sur de Texas, y el próximo 24 de septiembre testificará en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las limitaciones del derecho a solicitar asilo en los Estados Unidos y sobre la ilegalidad de los acuerdos de "país tercero seguro" y otros esfuerzos para limitar el acceso a la protección en la frontera de México con Estados Unidos.

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