Por Ezequiel Barrera

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció, este 10 de octubre, que envió el caso de Manuela versus El Salvador a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La decisión de trasladar el caso fue después de concluir que Estado salvadoreño violó el derecho a la vida, el derecho a la salud, las garantías judiciales y protección judicial de Manuela y su familia.

El caso fue presentado ante la CIDH, el 21 de marzo de 2012, por el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana. Representantes de ambas instituciones de derechos humanos celebraron que la CorteIDH recibió el caso y dijeron que esto es una oportunidad para que haya estándares continentales, no solo para El Salvador, en los que los operadores de salud respeten y guarden el secreto profesional cuando les toque atender a mujer que enfrenta emergencias obstétricas.

Catalina Martínez Coral, directora del Centro de Derechos Reproductivos, dijo que la llegada de este caso a la CorteIDH “es el paso más decisivo para la búsqueda de justicia de la familia de Manuela”. La feminista y una de las representantes de la Agrupación Ciudadana, Morena Herrera, dijo que el caso es una oportunidad de justicia y mejor atención para las mujeres de todo el continente.

“Tenemos esperanza que la demanda de justicia que no hemos encontrado para Manuela, sus hijos y su familia en El Salvador, pueda encontrar respuesta favorable en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (…) Tenemos esperanza de que se les repare por el daño que les han causado y esto a su vez ayudará a otras mujeres que, por ser jóvenes y vivir en pobreza, han sido objeto de injusticias y que hoy están en la cárcel por crímenes que nunca cometieron “, dijo Herrera.

Caso

Manuela era una salvadoreña de 33 años, pobre, de una zona rural y no sabía leer ni escribir. En 2008, un intenso dolor abdominal hizo que fuera a la letrina, sintió que evacuó y se desmayó. Lo que en realidad le había ocurrido era una emergencia obstétrica. A partir de ese momento, enfrentó violaciones una serie de violaciones a sus derechos humanos, parte del sistema de salud y judicial salvadoreño. Luego de un juicio, que según la CIDH tuvo irregularidades, fue condenada a 30 años de prisión por un supuesto homicidio agravado. Dos años después falleció, por no recibir tratamiento de salud de un linfoma de Hodgkins.