UES pagó un millón en seguridad privada y dejó con limitaciones a sus agentes institucionales
Por Marco Paiz | Octubre 22, 2019
En la última década, la UES ha gastado $1,004,315 en empresas de seguridad privada, que no han logrado evitar hurtos, agresiones sexuales y encapuchados que agreden estudiantes y dañan el patrimonio universitario. Mientras tanto, el personal de seguridad institucional tiene armamento viejo, una caseta que no reúne las condiciones dignas para trabajar y algunos ni siquiera tienen completo su uniforme. Entre los 77 agentes institucionales hay al menos 27 que tienen vencida su licencia de portación de armas, otros tienen sobrepeso, están enfermos y pasan de la edad exigida en el reglamento de servicio de seguridad institucional.
El rector de la Universidad de El Salvador (UES), Roger Armando Arias, tomó su micrófono el jueves 13 de junio, en el auditorio de Ciencias Agronómicas. Explicó que buscaría el apoyo financiero del gobierno de Nayib Bukele para mejorar la seguridad del campus y sus alrededores, además de un refuerzo presupuestario para otros temas. Aseguró que el apoyo gubernamental es urgente para invertir en la Unidad de Seguridad Institucional (USI). GatoEncerrado constató que desde su creación, la USI no tiene un presupuesto definido, tampoco suficiente personal, ni espacios o herramientas de trabajo dignas. La situación es tan paupérrima que algunos agentes institucionales no tienen ni uniformes completos.
El rector Arias omitió decir, ese 13 de junio, que a pesar de la agonizante situación de la USI, la universidad ha preferido pagar un poco más de un millón de dólares a tres empresas de seguridad privada, durante los últimos diez años, que no han logrado detener los hurtos, agresiones sexuales y el ingreso de encapuchados que agreden estudiantes y dañan el patrimonio universitario.
Documentos, consultados por GatoEncerrado, revelan que los últimos cuatro rectores de la UES, incluido Arias, han preferido seguir firmando contratos con empresas de seguridad privada, para que hagan exactamente lo que tendrían que hacer los agentes institucionales de la USI, si tuvieran los recursos.
—Ante la situación de inseguridad, ¿Cómo se va a reforzar el cuerpo de custodios de la universidad? — preguntaron al rector, los estudiantes del Departamento de Periodismo, en la entrevista que organizaron ese 13 de junio, frente a estudiantes, docentes, autoridades universitarias y algunos medios de comunicación.
— (…) ¿Y de dónde sacamos la plata para contratar más personal de seguridad institucional? — lamentó el rector.
***
El contrato más reciente, firmado por el rector Arias, es el de la empresa Grupo Romero Ortiz S.A. de C.V, según consta en el portal del Sistema Electrónico de Compras Públicas (COMPRASAL). El contrato entró en vigencia el 1 de mayo y caduca el 31 de diciembre de este año. La empresa de seguridad, de acuerdo con documentos consultados en el Centro Nacional de Registro (CNR), pertenece al militar retirado Gabriel Romero Guevara, quien perteneció al Batallón de Infantería de Reacción Inmediata “General Ramón Belloso”.
Grupo Romero Ortiz es la tercera empresa contratada por la UES, en los últimos diez años, para servicios de seguridad privada. Los contratos con estas empresas suman $1,004,315, mientras que los agentes institucionales tienen limitaciones de recursos, pocas municiones y tienen que dar mantenimiento ellos mismos al equipo que utilizan.
La oficina de acceso a la información de la UES detalla que Grupo Romero Ortiz recibió un contrato de $156,618, por 20 agentes de seguridad privada asignados al resguardo de diferentes locales de la universidad. Específicamente, tres para el campus central y los 17 restantes distribuidos en las facultades multidisciplinarias, campos de experimentación y edificios de la Facultad de Medicina fuera del campus central de la UES.
La resolución de acceso a la información también detalla que desde 2008 hasta 2019 los exrectores Rufino Quezada (2007-2011), Mario Nieto Lovo (2011-2015), José Luis Argueta, rector interino (2015-2017) y el actual rector Roger Arias (2017-2019), firmaron nueve contratos de seguridad privada, con tres empresas.
La primera es Sistemas de Seguridad y Limpieza S.A de C.V. (SSLIMZA S.A. de C.V.), quien obtuvo cinco contratos que acumulan $545,400, entre 2008 y 2014. Esta empresa es de otro militar llamado Romeo Adalberto Tenorio Rivas.
Luego, la sociedad Compañía Salvadoreña de Seguridad, S.A de C.V. (COSASE S.A de C.V.), quien obtuvo tres contratos y acumuló un total de $302,297.60 entre 2016 y el 1 de agosto de 2019. El director de COSASE es Germán Herrera Barahona y la secretaria adjunta de la junta directiva es Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, quienes son socios y familia del empresario Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de cometer una supuesta evasión de impuestos. Finalmente, la empresa de Grupo Romero Ortiz, quien se adjudicó un contrato de $156,618.
Mientras los contratos han estado en vigencia, la inseguridad en los campus y en los alrededores no ha cesado. En julio 2015, por ejemplo, la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la UES reclamó a COSASE el resarcimiento de $378.65 por hurtos y daños al patrimonio de la UES. La empresa de seguridad había designado dos agentes de seguridad a esa facultad.
La Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en el campus central, también registró 8 casos de hurto o daño al patrimonio de la universidad entre 2012 y 2016, mientras la UES tenía contratos vigentes con las empresas de seguridad SSLIMZA y COSASE.
En 2019 también han ocurrido varios incidentes delictivos. El 5 de abril, una estudiante ingresó al campus llorando, por el Complejo Deportivo Universitario. El supervisor de vigilantes en turno, Julio Ernesto Barraza, la vio y se acercó para preguntarle qué le había pasado. Ella comentó que otro estudiante la agredió sexualmente cerca de la entrada y de una caseta de vigilancia. La estudiante fue traslada al local de la Asociación General de Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura y una hora más tarde fue atendida por la jefa de Bienestar Universitario. Luego, a las 2 y 20 minutos de la tarde llegó la Policía Nacional Civil (PNC), pero el supervisor no supo si la PNC dio seguimiento al caso.
Ese mismo día, el estudiante de biología Edwin Steven Guillén Cortez, de 21 años, fue reportado como desaparecido. El anuncio de las redes sociales institucionales de la UES detallaba que fue “visto por última vez el 5 de abril, a las 4 de la tarde, en la entrada principal de la UES, Plaza Minerva”. Hasta la fecha, según sus compañeros, sigue desaparecido.
Una USI Paupérrima
Jacson Romero Guerra, jefe de la Unidad de Seguridad Institucional (USI) desde 2012, aseguró a GatoEncerrado que a su unidad le falta equipo, que hay agentes institucionales que no tienen el uniforme completo y que le hace falta personal para dar seguridad a todo el campus central de la UES.
“Todas las armas que nosotros tenemos ya tienen varios años, muchos años. Entonces tenemos que estarlas arreglando, le damos mantenimiento nosotros mismos”, dijo Guerra.
Los servicios de seguridad en la UES tienen sus orígenes en 1974, cuando se creó el Reglamento de la Vigilancia Universitaria, donde era el personal de servicios varios quien realizaba tareas de vigilancia en aquel entonces. En mayo de 2012 fue creado el Reglamento General del Servicio de Seguridad Institucional de la UES y nació la USI. Hasta la fecha, esa unidad sigue sin un presupuesto asignado y depende de los fondos de la Vicerrectoría Administrativa.
El 2 de mayo de 2019, Guerra aseguró, en respuesta a una solicitud de acceso a la información, que el personal de la USI solo contaba con “310 tiros” (municiones) para el armamento.
La USI está conformada por 77 agentes institucionales, encargados de “brindar acciones de prevención e intervención en actos que puedan constituir hechos delictivos que se susciten al interior de las UES, con el fin de proteger la integridad física, moral y los bienes de los miembros de la comunidad universitaria, sus visitantes y el patrimonio de la universidad”, según detalla el reglamento de la USI.
Entre los 77 agentes solo hay una mujer en la nómina. 37 son bachilleres, a 4 no se le asigna un grado académico y solo tres tienen educación superior, entre ellos, el jefe Guerra. Los 33 restantes no han pasado de noveno grado, según información entregada por la Unidad de Acceso a la Información de la UES. Esa misma información señala que 27 agentes tienen vencida su licencia de portación de armas.
“¿Qué es lo que hago yo si vos andás con esa licencia vencida? No podés andar arma porque portás un arma y no lo podes hacer”, explicó Guerra.
El jefe de la USI también aseguró que las autoridades universitarias le piden frecuentemente más cobertura en ciertas áreas del campus, pero que es imposible por falta de personal.
“No tengo ese recurso humano y ese recurso humano debe estar capacitado y en buenas condiciones físicas. Aquí hay agentes enfermos de varias cosas y con sobrepeso y unos hasta mayores de 75 años”, explicó Guerra.
El artículo 23 del reglamento de la USI especifica que los requisitos para ser parte del personal de seguridad institucional son tener más de 18 y no pasar de los 35 años, poseer un nivel mínimo de estudios de bachillerato, presentar constancia de certificación médica extendida por Bienestar Universitario, con la que acredite que goza de buena salud y condición física aceptable y poseer licencia de portación de armas vigente.
El artículo 68 de La Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, señala que es una falta menos grave portar un arma con la licencia vencida. En otras palabras, hay agentes institucionales que violan la ley de armas, en el que caso de que las porten y, por lo tanto, deben pagar una multa.
Las medidas de seguridad
Mientras el rector Arias hablaba, aquel 13 de junio en el auditorio de Ciencias Agronómicas, la UES ejecutaba una serie de medidas que intentaban mejorar la seguridad en el campus. Estas medidas surgieron de una reunión extraordinaria entre el rector, la Comisión de Seguridad del Consejo Superior Universitario y representantes de la Policía Nacional Civil (PNC), que tuvo lugar el lunes 25 de marzo de 2019.
De acuerdo con la poca información pública que hay al respecto, de esa reunión surgieron 10 medidas de seguridad. Entre esas está el reforzamiento de la USI y la creación de una infraestructura que mejore las condiciones de trabajo de los agentes institucionales: como baños y espacios cómodos en sus casetas.
Las autoridades también se comprometieron a aprobar y agilizar un proyecto de video vigilancia en el interior del campus. Aunque, según COMPRASAL, la UES ya había invertido más de $19,000 en compra, instalación y reparación de cámaras de video vigilancia: En septiembre 2018, la UES compró un variado sistema de video vigilancia a la empresa JMTELCOM JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS, por un total de $4,415.81. En noviembre de ese año, el sistema ya presentaba problemas de operatividad. Antes de eso, en 2016, hubo otra compra de cámaras a la empresa Bonal Centroamérica S.A. de C.V., por un monto de $9,084.90, que fueron ubicadas en la facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Un año antes, en 2015, la UES pagó servicios de mantenimiento de cámaras instaladas en Odontología, por un total de $5,904.5.
Sobre el funcionamiento de las cámaras, el jefe de la USI aseguró que siempre ha sido un servicio irregular.
“No en todos los lugares se tienen cubiertos con la video vigilancia. Entonces, lo que yo espero, que haya al 100% y que no solo lo conozcamos nosotros, sino que lo conozca el público. Nosotros no tenemos que ocultarnos nada, yo siempre he dicho que nosotros como funcionarios públicos tenemos que ser muy abiertos y muy transparentes”, dijo Guerra.
En la reunión, también acordaron como medida pedir el Documento Único Estudiantil (DUE) en cada entrada de la universidad y pedir un documento de identidad a las personas que no son parte de la comunidad universitaria y entregarles un carné de visitante. Las medidas incluían reforzar la seguridad los sábados, que es el día cuando más personas ajenas a la comunidad universitaria llegan al campus.
Asimismo, acordaron desarrollar un protocolo de actuación del personal de vigilancia, asesorado por la PNC. El jefe de la USI dijo a esta revista que el protocolo de actuación del personal de vigilancia, asesorado por la PNC, nunca se hizo.
Otra medida acordada fue la creación de un proyecto vehicular que ayudaría a establecer una mejor circulación dentro de la universidad. También se acordó instalar botones de pánico en el campus. Se iluminarían las instalaciones y espacios que durante la noche permanecen a oscuras. Y por último, la Secretaría de Comunicaciones de la UES difundiría en redes sociales los números de emergencia y de denuncia para la comunidad universitaria.
Algunas de estas medidas no se han ejecutado hasta la fecha, ni surgieron en su totalidad de aquella reunión extraordinaria de finales de marzo. La Comisión de Seguridad del Consejo Superior Universitario ya venía advirtiendo, desde octubre de 2018, sobre la necesidad de implementar un protocolo de seguridad.
Tras la reunión de marzo 2019 y la implementación de las medidas (algunas nunca llegaron a concretarse), la incidencia delincuencial se cuadruplicó. Es decir, tuvo un efecto contrario al esperado. El Resumen de Incidencia Delincuencial de la USI, al que GatoEncerrado tuvo acceso, registró 3 hechos delincuenciales del 1 de enero hasta antes de 25 de marzo de 2019: un bolsón con marihuana encontrado en el campus universitario y dos agresiones verbales, una en un partido de fútbol y la otra entre un estudiante y un docente.
Luego, entre el 25 de marzo y el 31 de julio, hubo 12 hechos delictivos registrados. Aunque, en honor a la verdad, algunos fueron en circunstancias ajenas a la actividad universitaria, como el homicidio externo de un vendedor de verduras en la Calle Circunvalación, al costado Oriente de la universidad. Dos agresiones sexuales a estudiantes en las afueras del campus y un intento de homicidio de un conductor de buses frente a la entrada de la Facultad de Economía. En el interior del campus fueron registrados seis hurtos y dos agresiones verbales. En redes sociales trascendió que, entre marzo y mayo de 2019, hubo 3 desapariciones de estudiantes, pero de estos ninguno de los casos quedó en el registro.
Una caseta cerrada
Otra acción que ejecutarían las autoridades de la UES fue la creación del “Circuito de Seguridad Universitaria”, en coordinación con la PNC, para poder evitar la incidencia delincuencial.
A media mañana del miércoles 10 de abril, las autoridades universitarias montaron una conferencia de prensa, a unos metros de la entrada del Complejo Deportivo Universitario, para anunciar el arranque del Circuito de Seguridad Universitaria. Una veintena de policías con gorros, carros patrullas y motocicletas policiales rodeaban una explanta de recolección de desechos sólidos, a medio remodelar, junto a un batallón de periodistas que estaban a la espera de las palabras del rector Roger Arias.
Junto al rector, sentados en una mesa, estaba el Vicerrector Administrativo y Presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Superior Universitario, Nelson Granados; el director de la USI, Jacson Guerra; el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Vicente Cuchillas y el jefe de la Subdelegación Centro Histórico, Inspector Luis Mariano Serpas Chávez.
El rector dijo que todos estaban allí para inaugurar una caseta móvil de la PNC y el Circuito de Seguridad Universitaria, que reforzaría la seguridad en la periferia de la UES, con la presencia de 6 agentes policiales que estarían día y noche, con motocicletas.
El jefe de la USI, dijo a GatoEncerrado, meses después que la caseta móvil de la PNC nunca funcionó al cien por ciento, porque nunca se hizo la construcción de unos baños para los agentes policiales. Los baños eran una condición necesaria para activar la caseta y dicha condición había sido discutida y solicitada desde octubre de 2018, en las sesiones de la Comisión de Seguridad del Consejo Superior Universitario.
Las estadísticas de la PNC, desde el 10 de abril hasta 12 de junio, reportan un total de 20 delitos cometidos alrededor de la caseta móvil, en los alrededores de la UES, según información entregada por la Unidad de Acceso a la Información de la PNC. Los datos no detallan que la caseta recibiera denuncias o estuviera activa con presencia de policías. Tras varias visitas, en diferentes horarios entre mayo y julio, GatoEncerrado constató que la caseta móvil de la PNC nunca estaba abierta.
A finales de Julio, la caseta fue retirada del predio de la explanta de recolección de desechos sólidos y regresada hasta el 17 de septiembre.
“Y no nos informaron nada, ni para donde se la llevaron”, comentó Guerra.
Cuando esta revista le preguntó al vicerrector, Nelson Granados, sobre por qué la UES insiste en contratar servicios de seguridad privada, como el último contrato de Grupo Romero Ortiz, en vez de apostarle a profesionalizar y desembolsar los recursos para la USI, se limitó a decir:”desconozco eso”.
