Bukele elimina Consejo de Seguridad y centraliza estrategia en su gabinete

El presidente Bukele justificó su decisión, de eliminar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, bajo el argumento de que tenía objetivos similares a los de su Gabinete de Seguridad. De hecho, según el decreto, considera que mantener el Consejo de Seguridad es un potencial gasto innecesario. El pastor Mario Vega, quien fue miembro del consejo, dijo a GatoEncerrado que esa decisión no le sorprende, porque el estilo de este gobierno es proyectar una imagen de que no necesita escuchar a nadie que lo acompañe y aconseje.

Por Ezequiel Barrera y Carmen Valeria Escobar

El presidente Nayib Bukele decidió derogar el decreto que creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), según consta en el Decreto Ejecutivo número 26, publicado en el Diario Oficial del 3 de octubre. De acuerdo con el documento, la justificación es que los objetivos de ese consejo eran similares a los de su Gabinete de Seguridad y por lo tanto ya no es necesario. De hecho, mantenerlo, según el mandatario, "genera inseguridad jurídica y potencialmente un gasto innecesario de recursos".

El decreto también dice que el Gabinete de Seguridad, creado por el presidente Bukele, "responde y se adecúa de mejor manera a la visión del actual Gobierno, en lo relativo a la gestión de los negocios públicos".

En otras palabras: Bukele eliminó el Consejo de Seguridad, que reunía desde septiembre de 2014 a titulares de instituciones gubernamentales con representantes de la diplomacia y cooperación internacional, representantes de iglesias, del sector académico, sector empresarial, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) y otras organizaciones, con el fin de llegar a acuerdos sobre la seguridad ciudadana. En su lugar, dejó solo a su Gabinete de Seguridad y cerró la puerta a representantes de la sociedad civil que tenían el interés de acompañar al gobierno en los temas de prevención de violencia y combate a la criminalidad.

Captura del Diario Oficial, en el que se publica la derogación del decreto que dio vida al Consejo Nacional de Seguridad.

El Gabinete de Seguridad, según el Decreto Ejecutivo 14, tiene como funciones "definir e implementar todas las medidas necesarias para equilibrar las acciones de prevención y combate de la delincuencia y procurar la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad".

Ese documento también detalla que el Gabinete de Seguridad está integrado por instituciones de gobierno, sin la participación de la sociedad civil. La lista de los miembros del gabinete comienza con la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, sigue con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Organismo de Inteligencia del Estado, Policía Nacional Civil, Academia de Seguridad Pública y finaliza con la Dirección General de Centros Penales. 

Este es el Gabinete de Seguridad del Gobierno. Foto/Casa Presidencial

El pastor Mario Vega, uno de los miembros del ahora extinto Consejo de Seguridad, dijo a GatoEncerrado que no sabía de esa decisión, pero que no le sorprende. Agregó que lo más probable es que los demás miembros tampoco saben de la decisión.

"Yo lo que creo es que esto va en concordancia con el estilo de gobierno que él (Bukele) maneja. Es un estilo autosuficiente, solitario, donde no hay participación de la ciudadanía y donde no escucha a los sectores. Sino, pues, que la imagen que uno capta es que él tiene la idea de que sabe cómo va a hacer las cosas y no necesita el apoyo, acompañamiento y consejo de nadie", dijo Vega.

Rodrigo Ávila, diputado de Arena y quien participó en las reuniones del consejo, le dijo a GatoEncerrado que el tema de "la seguridad es de primer orden y no lo puede resolver un solo ente del Estado; debe manejarse como un plan de nación y debe incluir a todos los sectores". 

El diputado también dijo que a pesar de que el consejo no era perfecto, porque en algunos temas considera que hubo malgasto, sí era importante para escuchar la opinión de representantes de la sociedad civil que proponían aportes valiosos.

José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), explicó a GatoEncerrado que el Consejo de Seguridad hizo un buen aporte con la creación del plan El Salvador Seguro, pero que el presupuesto para ejecutar todas las acciones nunca fue el  adecuado. El defecto del consejo, según Tojeira, es que el gobierno del FMLN decía una cosa en las reuniones y hacía otra en la realidad. Por esa razón es que se salió del consejo hace más de tres años.

"Yo me salí cuando aparecieron varios casos de ejecuciones extrajudiciales, yo reclamé, pero nadie me dijo nada. Yo creo que (este gobierno de Bukele) necesita escuchar a la sociedad civil, pero escuchar de verdad, porque uno de los problemas del consejo, al menos hasta donde yo estuve, fue que escuchaban, pero no implementaban", dijo Tojeira.

CNSCC

El Consejo de Seguridad fue creado el 29 de septiembre de 2014, por el Decreto Ejecutivo número 62 del gobierno anterior. Su objeto era "promover y facilitar el diálogo y la concertación alrededor de las políticas relacionadas con la justicia, seguridad ciudadana y convivencia, procurando el logro y suscripción de acuerdos nacional sostenibles".

En enero 2015, luego de discusiones y acuerdos, el consejo y el gobierno presentaron el plan El Salvador Seguro, que contenía 124 acciones de corto, mediano y largo plazo.

Para financiar las acciones de ese plan, el gobierno anterior propuso, entre otras cosas, la implementación de un impuesto del 5% a las telecomunicaciones que denominó "Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia". La Asamblea Legislativa aprobó ese impuesto y luego el Consejo de Seguridad recibía y revisaba los informes sobre cómo el gobierno gastaba los fondos recaudados. Los miembros del consejo hicieron varios señalamientos cuando el gobierno utilizó más fondos para represión y dejó poco financiamiento para las acciones de prevención de violencia.

Entre algunos de los miembros más destacados estaban los representantes de la Unión Europea en El Salvador,  el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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