22 Octubre, 2019

A Margarita, que había decidido continuar con su embarazo, los médicos y enfermeras de un hospital en México la acusaron de asesinar a su hijo cuando llegó sangrando producto de un aborto espontáneo. No le preguntaron nada, asumieron que ella se lo había provocado y la dejaron retorcerse de dolor durante horas. A Emma, que soñaba con ser mamá, los médicos diagnosticaron una malformación severa en el feto que le impediría sobrevivir luego de nacer. Le autorizaron la interrupción del embarazo, pero cuando fue a su Empresa Prestadora del Seguro, no la quisieron atender. La maltrataron y acusaban de varias formas. En un hospital le llegaron a decir que “ahí no cometían feticidios”.

Los acusadores buscan culpables, no respuestas. Actúan desde diferentes espacios, cuestionando a su paso a las víctimas y a sus familias. En Perú, obligaron a una niña de 15 años violada sistemáticamente por su padre, a dar luz. La sacaron de su casa, la llevaron a un hogar de niños en abandono y luego encarcelaron a su tío. Lo acusaban de haber intentado apoyar la interrupción del embarazo de la menor. Su padre, el agresor, había violado antes a su madre, y ella había nacido como resultado de ese abuso.

ENTRE EL 2015 Y EL 2018, MÁS DE 4.600 MUJERES HAN SIDO PROCESADAS POR ABORTAR.

En países como Colombia, México, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador el aborto es legal si la salud de la madre está en peligro, si el embarazo es resultado de una violación o si el feto presenta severas malformaciones que hacen inviable su vida. En el Perú no ocurre eso. Las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación son obligadas a continuar con sus embarazos. Solo entre enero y septiembre del 2017, se registraron 4 mil 71 casos de abuso contra niñas y adolescentes en este país.

Los Acusadores es una serie periodística liderada por OjoPúblico –en alianza con El Espectador (Colombia) y con el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (México)– que investiga las formas que utilizan los Estados en América Latina para perseguir judicialmente a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo cuando este amenaza su salud física o mental, se presentan malformaciones en el feto o por violación sexual. Los reportajes recogen historias de Perú, México y Colombia y revelan que solo entre el 2015 y el 2018, más de 4.600 mujeres han sido procesadas por abortar.

Una parte importante de estas investigaciones se originan en denuncias presentadas por los mismos médicos. “La mayoría de procesos por delitos de aborto corresponden a mujeres que acudieron a los servicios de salud a solicitar atención por abortos en curso o complicaciones seguidas de un aborto. Muchas de estas denuncias se basan en información que las pacientes habían entregado confidencialmente”, se lee en el estudio sobre persecución y sanción por abortar, elaborado por el investigador Andrés Constantin, del O’Neill Institute for National and Global Health Law para el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. En Colombia, muchos de los casos corresponden a médicos que quebraron la confidencialidad de sus pacientes para convertirse en sus acusadores.

EN MUCHOS CASOS LOS MÉDICOS QUEBRARON LA CONFIDENCIALIDAD DE SUS PACIENTES PARA CONVERTIRSE EN SUS ACUSADORES.

Otro de los temas que exploran los siguientes reportajes señala que incluso cuando el aborto es legal en determinadas causas, la burocracia y los prejuicios de funcionarios del Estado complican el acceso a este procedimiento por parte de las mujeres. Uno de los fallos más interesantes, en cuanto a los alcances del derecho al aborto, lo estableció precisamente la Corte Constitucional de Colombia, el 2006.

“La prohibición del aborto cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre puede constituir, por lo tanto, una transgresión de las obligaciones del Estado colombiano derivadas de las normas del derecho internacional”, dice la sentencia. Y hace un precisión fundamental: “Esto no se refiere solo a la afectación de la salud física de la mujer gestante, sino también en aquellos casos en los cuales resulta afectada su salud mental y el embarazo puede causar una situación de angustia severa o, incluso graves alteraciones psíquicas que justifiquen su interrupción según certificación médica”.

Esta serie investigativa es una primera aproximación a los actores que están detrás de las estrategias legales y acusaciones que buscan sancionar y culpar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo por razones médicas o de abuso.