Piden que fiscalía y CSJ investiguen magistrados que consideran que "tocar niña no es delito"

Piden que fiscalía y CSJ investiguen magistrados que consideran que "tocar niña no es delito"

Activistas solicitaron a las autoridades fiscales y judiciales que investiguen a los magistrados de la Cámara para determinar si cometieron prevaricato.

Por Karen Moreno

Defensores de derechos humanos solicitaron, este 4 de noviembre, a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación en contra de los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro, por el fallo emitido a favor del Magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eduardo Jaime Escalante. En esa resolución, los magistrados sostuvieron el tocamiento de genitales de una niña no es un “delito”, sino una “falta”.

“Nosotros sabemos que el fiscal general va a apelar, ya él ya lo dijo, pero nuestra petición es que los investiguen por prevaricato (cuando una autoridad dicta una resolución injusta o que es contraria a la ley)”, dijo la abogada Bessy Rios, en la fiscalía.


De acuerdo con la fiscalía, el 18 de febrero de este año, Escalante tocó los genitales de una niña que jugaba en la residencial Altavista II, Ilopango. La acusación fue por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, tipificado en el Código Penal de El Salvador, en el Artículo 161, el cual contempla que dicha acción, con o sin violencia que no consistiere en acceso carnal, en menor de quince años de edad o en otra persona, aprovechándose de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de ocho a doce años.

La Cámara, sin embargo, emitió una resolución preliminar de acuerdo al numeral 4 del Artículo 392 que expresa: “El que aprovechándose de aglomeraciones públicas o del descuido de quien transita por calles o lugares públicos, realizare tocamientos impúdicos, será sancionado con diez a treinta días multa". Ante eso, la Cámara se declaró incompetente y trasladó el caso a un Juzgado de Paz.

Morena Herrera, de la Colectiva Feminista, dijo que la forma en la que proceden las instituciones, como la Cámara, “se constituye en un mensaje hacia la sociedad, y es hacia los hombres, de que las agresiones sexuales contra las niñas no constituyen delito, constituyen simples faltas que no merecen ser sancionadas”.

Los defensores de derechos humanos, luego de pasar por la fiscalía, interpusieron un aviso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se proceda a iniciar una auditoría a dicho tribunal, con base al artículo 18 de la Constitución de la República, que expresa que “toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito (…)  a las autoridades legalmente establecidas, a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto.” Además, hicieron el llamado “a exigir una depuración judicial, priorizando la Cámara Primero de lo Penal”.

El fiscal general, Raúl Melara, declaró que espera la resolución por parte de la Cámara, el próximo miércoles 6 de noviembre, para plantear la apelación de la mejor manera.

“Pero nuestra posición es clara, tocar una niña o a un niño de manera sexual, debe ser castigado de la manera más drástica”, dijo el fiscal en una conferencia de prensa.

La Cámara Primero de lo Penal emitió, este 4 de noviembre, un comunicado para explicar los criterios utilizados en el caso del magistrado Escalante. En el documento sostiene que "la conducta del magistrado no es constitutiva del tipo penal por el cual fue acusado, es decir, agresión sexual".

La decisión, según los magistrados de la Cámara, está "fundamentada en los hechos, en los elementos de prueba aportados por la niña víctima y en el dictamen pericial...". Asimismo, declararon ser respetuosos de "la libertad de expresión de la ciudadanía", pero al mismo tiempo dijeron que la crítica debe estar basada en la resolución por escrito y debidamente notificada a las partes.

La Cámara también rechazó los señalamientos realizados por el presidente Nayib Bukele. El mandatario contestó, vía Twitter: "Los magistrados que resolvieron que “tocar a una niña en sus genitales ‘no es delito’, ahora dicen que este servidor ha cometido una ‘clara violación a la independencia judicial’. ¿Los paladines de la inocencia, ahora condenan sin juicio?".

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en El Salvador, hizo un llamado a las autoridades del país para asegurar el cumplimiento de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y de la Convención sobre los Derechos del Niño, para que “todas las niñas y los niños reciban protección contra todo tipo de violencia, incluido el abuso sexual, infligido por cualquier persona y tengan acceso a la justicia de forma ágil, independiente e imparcial".

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