La Cicíes real tiene limitaciones para combatir la corrupción
El presidente Nayib Bukele anunció oficialmente, el 6 de septiembre, la creación de la Cicíes. En esa fecha repitió lo que prometió en campaña: “La Cicíes va a combatir la corrupción” y agregó que tiene “un marco de acción de este tamaño (grande)”. Las declaraciones del vocero interino de la Cicíes, Ronalth Ochaeta, y los convenios con la fiscalía y la Corte de Cuentas revelan que la comisión se limitará, de momento, a acompañar técnicamente a las instituciones que investigan y procesan los casos de corrupción. La Cicíes real se distancia de la anunciada por el presidente. Su alcance, según lo planteado por Ochaeta, será realizar auditorías forenses.
Ficha de verificación
Autor
Nayib Bukele
Frase
“El Estado tiene toda la facultad de auditar la totalidad de instituciones que están bajo la circunscripción del ejecutivo (...) Y no tiene que pedirle permiso a nadie".
Vía
Conferencia de prensa para anunciar la creación de la Cicíes.
Fecha
Septiembre 06, 2019
Categoría
El presidente Nayib Bukele anunció, el 6 de septiembre de 2019, que firmó un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para la creación e instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes). Esa tarde también aseguró que el ejecutivo tiene la facultad de realizar auditorías a las instituciones que dependen del gobierno central y, además, el acceso a toda la “documentación, computadoras y correos electrónicos”. Agregó que no necesita el permiso de nadie para ordenar esas auditorías. Es más, el 24 de septiembre dijo que la Cicíes y el ejecutivo ya estaban investigando dos casos: las irregularidades en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral y la operación del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitrams). El 20 de noviembre afirmó que para esa fecha ya eran cinco las investigaciones, aunque no las detalló.
Las investigaciones, según Bukele, ya están en curso a pesar de que la Cicíes no ha iniciado sus labores oficialmente y sin el acompañamiento de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Fiscalía General de la República (FGR).
El anuncio de Bukele sobre la instalación, trabajo y auditorías de la Cicíes encaja en Fuera de contexto, que es una de las seis categorías bajo las que Ojo de Gato hace verificaciones del ejecutivo: El artículo 3 del reglamento interno del Órgano Ejecutivo da la razón al presidente en eso de que puede ordenar auditorías sin el permiso de nadie, bajo la premisa de que es la máxima autoridad del ejecutivo y que está facultado para inspeccionar. Pero la frase sin contexto puede entenderse como una autonomía absoluta a la hora de investigar y sancionar las irregularidades o corrupción detectadas. La Ley de la Corte de Cuentas y la Constitución de la República son claras en decir que la fiscalización de la hacienda pública es la razón de ser y atribución de la Corte, para auditar y sancionar a funcionarios e instituciones por irregularidades en el uso de los fondos públicos.
La Ley de la Corte de Cuentas explica, en los artículos 25 y 26, que todas las instituciones públicas pueden establecer su propio sistema de control interno, hacer auditorías y revisar sus operaciones financieras y administrativas, siempre que sea verificado por la Corte de Cuentas. Incluso pueden someterse a auditorías forenses, como las que ha planteado el vocero interino de la Cicíes, Ronalth Ochaeta, siempre que las irregularidades sean notificadas a la Corte de Cuentas.
La fiscalización (investigación contable y llevar a juicio -de cuentas- las irregularidades) de la Hacienda Pública es atribución de la Corte de Cuentas, según el artículo 195 de la Constitución. Es así, por ley, porque es un organismo independiente del Órgano Ejecutivo que puede (o debería) garantizar un proceso de transparencia, investigación y sanción sin sesgo.
GatoEncerrado tuvo acceso a la propuesta de “Acuerdo de cooperación” que envió la Secretaría General de la OEA/Cicíes a la Corte de Cuentas. La presidenta de la Corte, Carmen Elena Rivas, dijo que a esta revista que ese convenio aún no está firmado y que todavía pueden haber cambios. Incluso después de la firma pueden haber modificaciones.
El documento, sin embargo, ya revela las intenciones. En resumen, la Cicíes pide que la Corte “asesore (en temas relacionados al convenio de cooperación), intercambie información y asista a reuniones”. Además, le solicita que proponga textos legislativos modelos y que colabore “en el marco de causas, supervisión y fiscalización de actos de corrupción y otros delitos conexos”. Esto último, por cierto, es la naturaleza misma de la Corte de Cuentas, según la Constitución de la República. Algo que hace (o debería hacer) desde su fundación en 1939.
La presidenta de la Corte de Cuentas dijo a GatoEncerrado que probablemente en enero habrá una nueva reunión entre los magistrados de la CCR con los representantes de la Cicíes para aclarar detalles y posteriormente, si los tres magistrados se ponen de acuerdo, van a firmar el convenio de cooperación.
El vocero de la Cicíes también aclaró que la función de la comisión no será acusar en las investigaciones de casos de corrupción, sino que se limitará a realizar “auditorías forenses” y apoyar técnicamente a la fiscalía.
“Nos vamos por la cooperación técnica, porque no lo podemos hacer de otra forma. El candado constitucional es muy fuerte en el país, entonces no se puede tener intervención directa en los casos”, dijo Ochaeta, en el programa FOCOS TV, en referencia al convenio de “Cooperación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de la Fiscalía en pro de combatir la impunidad y corrupción en la función pública”, firmado el 9 de diciembre y con vigencia hasta 2022.
Las irregularidades que detecte la Cicíes en las auditorías forenses, según explicó Ochaeta, serán presentadas como aviso en la fiscalía. Las auditorías forenses son investigaciones contables y financieras para detectar irregularidades. Los resultados pueden aportar en un eventual proceso judicial.
#FOCOSTV | ¿Qué papel jugará la Cicíes en la investigación de los casos de corrupción? Te contamos: https://t.co/quSrZkU0Y8 pic.twitter.com/EDuocJiggc
— FOCOS TV (@focostv) December 17, 2019
Señalamientos de sociedad civil
Organizaciones de sociedad civil han señalado que la Cicíes real no es como la ha anunciado el presidente Bukele. Según los representantes de las organizaciones: la Cicíes no se parece a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), tampoco incluye a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se está instalando por decreto ejecutivo y no por un proceso que incluya a la Asamblea Legislativa y a la sociedad civil.
“Lo que hemos conocido de Cicíes, hasta el momento, es muy limitado y no es la idea que se tenía originalmente (…) La Cicig de Guatemala fue ampliamente discutida previo a su aprobación. Incluso en Guatemala tienen una revisión constitucional previa a pasar a la Asamblea Legislativa. Acá no hemos tenido mayor información sobre el mandato y el alcance de las atribuciones, quiénes van a ser las personas que lo van a integrar y quién lo va a presidir cuando ya esté funcionando. Es justamente toda esa información la que nos gustaría tener para confiar en que vamos a tener una comisión que marque la diferencia en nuestro país”, dijo Jéssica Estrada, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
Tras el anuncio de Bukele, sobre el traslado de $251,000 que el Gobierno de El Salvador hizo a la Cicíes, Estrada agregó que los fondos estatales ponen en duda la independencia de la comisión.
Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, señaló que los convenios y el trabajo de investigación de la Cicíes, sin la ratificación de la Asamblea Legislativa, carece de incidencia.
“El que no se haya un convenio sujeto a ratificación de la Asamblea Legislativa, le resta potencia jurídica, le resta capacidad de incidencia a la Cicies”, dijo Escobar.
Ochaeta también dijo a periodistas que, para tener más incidencia, es necesaria una reforma al Código Procesal Penal que le dé atribuciones de querellante a la Cicíes. Añadió que el ejecutivo debe presentar una propuesta de este tipo ante la Asamblea Legislativa.
*Con reportes de Ezequiel Barrera. Foto principal Émerson Flores
GatoPedia
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