"Este procurador no ha conocido el supuesto Plan Control Territorial": Apolonio Tobar

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Por Karen Moreno

La elección del juez de lo civil, José Apolonio Tobar, como el nuevo procurador para la Defensa de Derechos Humanos generó controversia. Los tres expedientes de investigación que fueron abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR), por supuestamente cometer delitos de falsedad ideológica, prevaricato, tráfico de influencias y actos arbitrarios, hicieron mucho ruido alrededor de su nombramiento. Tobar, sin embargo, dice en esta entrevista para GatoEncerrado que como juez es normal estar expuesto a acusaciones de quienes pierden casos en los juzgados. Otro de los señalamientos que enfrentó fue el de financiar al FMLN en 2016, pero insiste en que no es un financista de ese partido político y que no pudo evitar el descuento a su salario que le hizo la fracción legislativa. 

La candidatura de Tobar, para convertirse en el procurador, fue respaldada por el diputado Rodolfo Parker, del PDC y la mayoría de los diputados de ARENA, FMLN y PCN.

Al inicio de esta entrevista, Tobar detalló que a pesar de los señalamientos en el inicio de gestión al frente de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), está afinando sus proyecciones de medio ambiente y género, para su período. Entre algunos de sus planes está, según explica, lanzar una campaña para limpiar playas, cuencas acuíferas, reforestar y formar a grupos de 25 a 30 personas de la zona rural en temas de salud sexual integral. Planea visitas a Sitio del Niño, en San Juan Opico, La Libertad, por los residuos de las Baterías Record y a Santa Rosa de Lima, La Unión, por el cianuro y los tóxicos que ha dejado la minería industrial y artesanal. Su compromiso, según asegura, también incluye acompañar las iniciativas de la población LGBTI, especialmente respaldar la propuesta de Ley de Identidad de Género.

En esta entrevista, el procurador también define su postura en temas como el aborto, el matrimonio igualitario y el Plan Control Territorial.

Iniciamos esta entrevista con una conversación sobre sus proyecciones. Pero también queremos saber su postura respecto a temas coyunturales. Por ejemplo, la tardanza para la creación de la Ley de Agua. ¿Va a presionar para que se retome la discusión en la Asamblea Legislativa?

Desde luego. Nosotros, en enero vamos a retomar el tema de la Ley de Agua. Yo he dicho que el agua debe ser declarado un derecho humano, un derecho fundamental. He pedido a la junta específica de medio ambiente que comencemos una campaña, el próximo año, de exigibilidad legislativa para dos cosas: uno, que se inicie la discusión; y dos, que sea declarada en ese sentido. Yo soy fiel creyente de que el agua no puede ser administrada por particulares, sino que debe ser declarada un recurso estatal y debe ser administrada por un ente estatal. No podemos pretender tener un recurso tan importante como el agua administrado por particulares. Eso de alguna manera nos llevaría o comenzaría a llevar a una eventual privatización en el futuro y eso no lo podemos permitir.

Siempre en relación al tema del agua. En este momento, está el caso de Valle El Ángel. Es un proyecto de la familia Dueñas, en el que ANDA ha otorgado y renovado una factibilidad para explotar el agua. El problema es que esta factibilidad va a provocar que las personas de los lugares aledaños tengan menor acceso al agua. Con respecto a este caso de Valle El Ángel, ¿Cuál es la postura de la Procuraduría? ¿Tienen planes o iniciativas para detener este proyecto, por las denuncias que hay?

Esto de Valle El Ángel es en Nejapa, ¿verdad? Apopa.

Sí, Apopa. Sobretodo porque están en el proceso de que si el Ministerio les da o no los permisos de construcción. Y también porque el viceministro de medio ambiente, Alex Hasbún, ya se está mostrando un poco de acuerdo a la construcción de este proyecto. A GatoEncerrado le dijo "no hay que parar el desarrollo".

¿Esto es lo que uniría Plaza Mundo, Apopa, que se está construyendo?

Es por el Redondel Integración y el bulevar Constitución...

Le comento porque no me ubico totalmente en el tema. Sí hemos estado hablando en alguna oportunidad de esa zona, de esa residencial que quiere crearse en esa zona y que, ya con la construcción de Plaza Mundo, Apopa, hay una afectación a las cuencas que existen en la zona. Creo que tenemos una denuncia sobre eso ya, acá en PDDH y la instrucción que hemos dado es que debemos apoyar a la población. Uno de los problemas que siempre ha tenido El Salvador es que se ha autorizado construcción en horizontal. Usted ve Ciudad Real en Santa Ana, tiene como diez etapas. Y esa era toda una zona montañosa. Si usted ve San Gabriel, igual era zona montañosa, ahora son como 4 o 5 etapas. Yo creo que es importante que nuestros funcionarios, los encargados de autorizar las construcciones, comiencen a pensar en que debe construirse de forma vertical. A El Salvador lo estamos terminando, acabando en su esfera ambiental por esa situación. Yo entiendo que está creciendo el orden demográfico del país, el orden poblacional está creciendo, pero yo creo que el Estado debe tomar políticas de construcción diferentes y es el momento, aunque ya es tarde, pero se debe comenzar a corregir la construcción. 

Debemos empezar a construir en edificios. Alguien me dirá: pero somos un país altamente telúrico; pues sí, pero todo el mundo está expuesto a ese suceso natural. Entonces debe construirse de tal manera que se pueda prevenir un desastre, pero usted no me dejará mentir: ¿Cuántas denuncias se han generado en contra de constructoras como Salazar Romero por la calidad de casas construidas? Son varias denuncias que hay en ese sentido. Entonces, la postura nuestra en el caso que ha cuestionado, es el acompañamiento a las víctimas y, al tener toda la información, vamos a hacer todos los requerimientos que sean respectivos. De manera prioritaria, les puedo decir que yo como procurador considero que los funcionarios deben comenzar a replantearse la idea de autorizar construcciones de forma horizontal, sino que deben comenzar a autorizar construcciones de manera vertical. Eso para conservar un poco más el ecosistema nuestro.

Usted mencionaba que hay dos responsables en impactos ambientales, por un lado funcionarios que permiten estas construcciones y por otro todos los demás que contribuimos con nuestra poca cultura en educación ambiental. Pero en el caso de los funcionarios, como Procuraduría, en su visión de trabajo: ¿Va a investigar, por ejemplo, estos permisos que se están dando y habrá un pronunciamiento en cuanto a alguna irregularidad de esos permisos? 

Por supuesto...

Sobretodo porque el presidente Nayib Bukele dijo: aquí lo que hay que hacer es agilizar los permisos para que el desarrollo no se detenga en el país. Pero, hay pronunciamientos de organizaciones que dicen que les preocupa eso, porque con el tema del desarrollo se puede afectar el medio ambiente y eventualmente también a las poblaciones.

Cuando yo le decía que había una responsabilidad compartida, el funcionario en su momento pensó a corto plazo. Diez años, una construcción de una tubería es muy poco, las carreteras, ustedes se han fijado, son muy reducidas porque se pensó que nunca íbamos a crecer tanto. Yo creo que el funcionario encargado o responsable de la planificación del municipio debe tener una visión a largo plazo. Nosotros podemos hacer investigaciones de oficio en el mandato constitucional que tenemos y podemos acompañar las denuncias que se generen a instancias de parte. La facultad constitucional del procurador es primero acompañar a las víctimas. Luego hacer las verificaciones de lo que se nos ha dicho, lo que se ha advertido en una noticia y a partir de la respuesta o el resultado de la verificación, emitir un pronunciamiento. Si los permisos que se extiendan en materia de construcción evidencian claramente afectación al medio ambiente o evidencian afectaciones al nivel de vida que puedan tener las personas, tendremos que decirlo. Pero ustedes saben que el procurador no tiene facultad para ordenar que se detenga una obra, no tiene facultad para ordenar que se declare ilegal una obra, sino que es un mandato más de conciencia, un mandato ético de recomendar, en atención a lo que se encuentre. Si encontramos, a partir de esa verificación, que hay una afectación eventual al derecho humano, primero a la salud, al recurso hídrico que esperamos sea declarado derecho fundamental y en consecuencia derecho humano, tendremos que decirlo. Por supuesto. Porque es importante que el desarrollo material también vaya de la mano del desarrollo humano.

El procurador para la Defensa de Derechos Humanos dijo que no se ubicaba totalmente en el caso de Valle El Ángel, pero que, al tener toda la información, realizaría los requerimientos respectivos. Foto/Émerson Flores

Otro tema coyuntural es el caso de El Mozote. Se conmemoraron 38 años. Usted mencionaba que va a estar de parte de las víctimas de la masacre. Sin embargo, al momento de su elección, el diputado Norman Quijano, y también el presidente de ARENA, Gustavo López Davidson, dijeron que lo respaldaban a usted, porque ellos no están de acuerdo en que se encarcele a los excombatientes. ¿Cuál es su posición ante estas declaraciones?

Hay que tener presente que El Salvador tiene en la Constitución establecido el derecho a la libertad de expresión. Producto de ese derecho es que podemos estar sentados ahora acá conversando con toda tranquilidad, exponiendo las ideas que consideramos respecto a los temas que me están preguntando. Durante los 80 esto no lo podíamos hacer. Ustedes saben que eso no lo podíamos hacer. Ahora, que ellos hayan mencionado eso, en principio no debe entenderse que es la visión del procurador. Yo en el tema he sido claro: en el tema de la Ley de Reconciliación Nacional, nos encontramos en 1992. Ahí estamos. Estamos materialmente en 2019, pero en este tema tenemos que entender que estamos en 1992. Con una Ley de Reconciliación de ese año, en la que se estableció que los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no eran amnistiables y no son prescriptibles. Eso tiene razón de ser porque así lo establece el Derecho Internacional Humanitario. Al estar eso vigente, la ley que ahora se emita no puede ser una ley que genere amnistía y tampoco puede ser una ley que establezca prescripción para los hechos ocurridos durante el conflicto armado. 

También debemos tener claro que al estar temporalmente en 1992, con ese tema, estamos saliendo del conflicto armado a un estado de paz. Y depende de la decisión que se adopte, si esa transición del estado de conflicto al estado de paz, es tan bueno que nos permita una paz duradera, como establece la sentencia (de la Sala de lo Constitucional) o una paz simbólica quebrantable, momentánea que nos haga continuar en esta condición que tenemos ahora, de un país dividido, polarizado, conflictuado y con altos grados de delincuencia. Eso está en juego. Yo quisiera que la población salvadoreña, en términos generales, entendiera que eso nos estamos jugando. La ley que se genere de reconciliación nacional no debe verse limitada a si hay o no hay cárcel. Debe verse mucho más allá, porque esa ley va a ser el punto de partida para el país que queremos. 

Sí...

Debemos tener en cuenta que la cárcel o la privación de libertad es, en materia penal, la última razón o la última ratio o la última decisión, y la cárcel es una sanción. Y las sanciones las va a elegir la Asamblea. Yo podría decir quiero o no quiero, pero la decisión la va a tomar la Asamblea. Y debe tenerse en cuenta otro elemento: en esa ley, por lo establecido en la sentencia de la Sala (de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia) y lo establecido en los estándares internacionales de derechos humanos, se debe aplicar la figura de la justicia transicional. No van a ser y no pueden ser procesos penales comunes como el que ahora conocemos, sino que son procesos penales especiales, para conocer la verdad de lo que ocurrió para garantizarle a la víctima la no repetición de lo que ocurrió, para garantizar a las víctimas la reparación por los daños causados y que haya justicia. Pero también debemos entender que esa justicia transicional implica dos cosas: uno, esa transición del estado de conflicto al estado de paz y también implica una especie de transacción, de acuerdos, de convenios, para que podamos transitar a esa paz duradera, que podamos obtener en ese tránsito, justicia, reparación, verdad y no repetición.

Siempre, con respecto a las declaraciones de ese diputado, Norman Quijano, él estaba mencionando que estaban buscando a un procurador que estuviera en contra del aborto y también del matrimonio igualitario. Sobre estos temas, ¿Qué postura tiene usted? ¿Es cierto? 

En el primero, el aborto, según la estadística que nosotros tenemos acá, no hay ningún caso judicializado por aborto y, en consecuencia, tampoco hay ninguna mujer condenada por aborto. Más bien, lo que ha habido son procesos judiciales por homicidios agravados. Eso nos ha llevado a nosotros a concluir que lo que ha ocurrido han sido afectaciones al derecho humano de las mujeres en atención médica, en atención de salud. Porque muchas veces se ha complicado en proceso de gestación y esa complicación no ha sido atendida de manera eficiente y oportuna por el sistema de salud. Pero como el médico no reporta que hubo una complicación, sino que reporta que hubo un asesinato. Se han judicializado de otras formas. La ley, la Constitución, establece con claridad que reconoce a la persona desde la concepción y los funcionarios, todos, nos debemos a la Constitución, ahí en el Artículo 87, si no me equivoco, de la Constitución se establece el principio de legalidad. Los funcionarios podemos hacer solo lo que la Constitución nos permite. A diferencia de la población en general, que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. En el caso particular, la Constitución ya se ha expresado de esta manera y por eso ustedes se recordarán que tuvimos una Sala Constitucional de avanzada, hay que reconocerlo.

La anterior conformación de Sala (de lo Constitucional) hizo una interpretación de la Constitución que diez años atrás nos hubiese gustado tenerla, pero en el caso de la señorita Beatriz. La Sala, hace diez años atrás, dijo que no es posible realizar la interrupción del embarazo. A pesar de que habían recomendaciones médicas, pero todo en la sentencia, si ustedes la han leído, dice que son propuestas médicas de posibilidad. Posiblemente ocurra esto, posiblemente ocurra lo otro. Bajo ese precepto, no es que el procurador esté o no esté de acuerdo con el tema, es que existe a la base una normativa primaria que se ha establecido que reconoce a la persona humana desde la concepción. Sin embargo, este procurador siempre va a estar dispuesto a acompañar a los diferentes sectores de la población que se crean afectados en sus derechos humanos.

Cuando habla del acompañamiento, hay organizaciones que han acompañado a mujeres que han necesitado interrumpir su embarazo porque la madre está en peligro de perder la vida o porque eran menores y fueron violadas y, después de la violación, quedaron embarazadas. ¿El procurador acompañaría ese tipo de casos en el que se pida que se haga una revisión de los casos y se les permita interrumpir el embarazo?

Lo que ocurre es que no podemos acompañar algo que sea contrario a lo que establece la Constitución. Es decir, si la Constitución ya le dijo que reconoce a la persona humana desde la concepción, sería pedir una ilegalidad. ¿No sé si me doy a entender con eso? Es un poco complicado el tema. Por eso yo decía que incluso los magistrados, ni ellos que vimos que fueron de avanzada, con una mentalidad muy progresista se atrevieron a... Y recordemos que en esa Sala (de lo Constitucional) se encontraba el doctor Florentín Meléndez, que venía de ser parte de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, con amplio recorrido en derechos humanos y de manera internacional y tampoco lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía, antes de todo eso, el principio de legalidad de la Constitución. A eso los quiero llevar. Lo que yo digo de acompañamiento es, cuando decimos de permitir la interrupción de una menor de edad, de una adolescente, ¿Quién tomaría la decisión? 

Por eso yo insisto en que debemos abordar el tema desde el derecho a la salud. Debemos abordar el tema desde la integralidad de la sociedad. Es decir, cómo nosotros, como adultos, vemos el desarrollo de la población respetando a los demás. Porque son patrones culturales. El hecho de que existan violaciones es debido a patrones culturales. Es ausencia de formación, es ausencia de valores, es la ausencia de principios y eso es estructural. Es decir, eso no se va a terminar porque haya una prohibición en uno u otro sentido, porque haya una ley. La existencia de leyes por sí misma no resuelve los problemas. El problema debe abordarse de manera integral y por eso yo he dicho en ese tema en particular, yo creo que debemos abordarlo desde el punto de vista de la salud. Hay muchas afectaciones a las mujeres en atenciones médicas y por eso se generan violaciones obstétricas. 

¿Y con respecto al matrimonio igualitario?

Yo creo que en algún momento, El Salvador tendrá que pensar en una dinámica diferente. Hoy día, hay dos o tres demandas en la Sala de lo Constitucional que están pidiendo que se declare inconstitucional un artículo del Código de Familia, sobre que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer así nacidos. En ese tema, yo creo que la pelota está en la cancha de la Sala de lo Constitucional.

Con la mesa temática es que vamos a dar acompañamiento para que la Sala (de lo Constitucional) resuelva. Porque la pelota en el tema ese, aunque no lo consideren así, está en la Sala de lo Constitucional. Obviamente, hay formas de ver el tema, yo creo que hay que conocer casos como España, Argentina, Estados Unidos, Holanda, que también ha venido a El Salvador. En algún momento, creo yo que todas estas tendencias tendrán que ser reguladas, pero hoy en día me parece a mí que más que al procurador, la pelota de ese tema está en la Sala de lo Constitucional.

¿Pero el tema piensan posicionarlo para respaldar a la población LGBTI?

Lo que yo he dicho es que le vamos a dar acompañamiento. Si ellos tienen alguna iniciativa, lo que yo he dicho es vamos a hacer las gestiones para que la Sala resuelva. Porque a veces los procesos se duermen en la Sala. Y hemos dicho que vamos a dar el acompañamiento y hacer la correspondencia que fuera necesaria para que la Sala se pronuncie.

 

Apolonio Tobar explicó que la PDDH no puede acompañar los casos relacionados a las tres causales del aborto, porque hacerlo sería una ilegalidad, debido a que la Constitución de la República reconoce a la persona humana desde la concepción. Foto/Émerson Flores

Siempre con respecto a su postulación como procurador. (El procurador abre una botella de agua y bebe). Fue bastante cuestionada por los procesos que hay en su contra en fiscalía. ¿Cuáles son las razones de esos delitos de falsedad ideológica, prevaricato, tráfico de influencias y actos arbitrarios?

(Vuelve a tomar sorbos de agua y refresca su garganta) Vaya. Fíjese que había decidido no hablar sobre esos temas, porque son cosas del pasado. Y porque mi nombramiento se vio altamente cuestionado por esas cosas que ha mencionado, con alto grado de desconocimiento sobre lo que decían. Primero, no es que tenga procesos, ahí no hay procesos. Cuando usted dice que "tiene procesos en Fiscalía", eso es equivocado. Proceso es cuando llega a ser judicial, ahí empieza el proceso. Lo que hay en fiscalía son investigaciones de carácter administrativo, para luego definir si existen o no elementos para iniciar un proceso. Dicho esto, en la fiscalía lo que existía -que ya he hecho algunas peticiones para que unas de esas las archiven) eran denuncias. Denuncias en mi contra por, supuestamente, haber cometido esas conductas que usted ha mencionado. Ustedes saben que yo soy juez antes de ser procurador. Y como juez, nos toca decidir entre dos posturas: la del demandante y la del demandado. Y en un proceso, ya cuando estamos en la etapa judicial, esas dos posturas, no pueden ganar las dos. Una prevalece en detrimento de la otra. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esas denuncias? Que las personas o la parte que se vio perdedora, digamos, cree que yo he cometido prevaricato, falsedad o he actuado de manera arbitraria. Y por eso me ha denunciado. Es decir que esas denuncias han sido realizadas en mi contra por el trabajo que yo he realizado como juez.

¿Pero cómo fue que lo denunciaron? ¿Por qué?

Solo les voy a contar dos casos, para que ustedes me digan si existe o no existe la conducta. Uno de esos casos es el ocurrido en San Vicente, en el Juzgado Civil de San Vicente. Era un juicio ejecutivo en donde a dos personas se les estaba reclamando, si no me equivoco, cerca de $10 mil. Cuando fue la audiencia de prueba, la abogada de la parte demandada dijo que argumentaba su posición en que el documento que contenía la deuda no cumplía con los requisitos legales y ese argumento lo sustentaba en una sentencia emitida por una de las cámaras de lo civil de San Salvador, no me acuerdo cuál. Cuando le doy la palabra al abogado de la parte demandante, su contra respuesta fue que no era cierto, que el documento sí cumplía los requisitos y sustentó su argumento en otra sentencia de la misma cámara. Entonces, cuando terminaron de hablar los dos, les pregunté: "¿tiene usted la sentencia de manera física para leerla?" "No", me dijo la abogada de la parte demandada. "¿Tiene usted la sentencia de la parte demandante?" "No". Lo que hice fue dar un receso de diez o quince minutos, no me acuerdo, y les dije, "vamos a recesar y voy a buscar en el sitio web de la Corte si está esa sentencia que me ha mencionado, para verificar si lo que ustedes dicen es cierto". Entonces me fui a mi despacho y luego de un par de minutos, estuve buscando en el sitio oficial de la Corte, encontré solo una sentencia. La sentencia que mencionó la parte demandante. Me volví a constituir en la sala y les dije: "miren, he encontrado solo la sentencia del abogado de la parte demandante y en esa dice esto, esto y esto" y sobre la base de esto y el artículo tal, condené a los dos señores a pagar lo que les estaba reclamando. En el acta consta lo que les he dicho. Yo no dije en el acta que la sentencia de la señora no existiera. Yo dije que yo no la he encontrado. Yo dije "encontré solo ésta", ni dije que no exista. Entonces la señora, me imagino que por asesoría de la abogada, me fue a denunciar porque hay falsedad, porque yo dije que la sentencia no existía. Esa es la razón por la que me han denunciado en uno de esos casos.

Y el otro caso...

Estando de juez, llegó un usuario y me dijo: "fíjese que yo tuve un expediente hace un par de años y lo perdí, pero lo perdí porque me pedían dinero y para que me lo adelantaran". Y la persona que le pedía dinero, según lo que él me dijo, ya no estaba en el juzgado. "Y como perdí", me dijo, "hice uso de un medio impugnativo y, cuando hice uso del medio impugnativo", que habló con un funcionario del Órgano Judicial, dijo que lo iba a ayudar y que también le había dado dinero, cuando me dijo eso y me mencionó los nombres de las personas. Yo, como juez, estaba obligado a informar a fiscalía. En el Artículo 48 del Código Procesal Mercantil establece que todo funcionario que en relación de sus funciones conozca hechos eventualmente delictivos, debe informar. Yo a ese señor le tomé una declaración en un acta, en presencia de la secretaria. La firmó él, la secretaria y yo. Y la certifiqué a fiscalía. ¿Qué puse en el acta? Lo que el señor me dijo. Y lo mandé. ¿A quién estaba denunciado yo? A nadie. A nadie estaba denunciando. Yo solo lo pasé para fiscalía para que la fiscalía viera a quién correspondía. A raíz de eso, me denunciaron a mí porque yo había puesto cosas que el señor no había dicho ahí. Si lo que está en el acta es o no es cierto, es responsabilidad del señor, no mía. Porque yo se la leí y después que se la leí, firmó.

El procurador José Apolonio Tobar explica las razones por las que, según él, fue acusado de cometer falsedad ideológica, prevaricato y tráfico de influencias. Foto/Émerson Flores

¿En ese caso fue por cuál de los delitos? En el primero y en el segundo.

El primero por falsedad y prevaricato. Y el segundo que le estoy contando por tráfico de influencia y falsedad y no sé qué otra cosa. Entonces, ¿Creen que yo cometí delito en eso que les he contado? No. Pero a eso estamos expuestos todos los jueces de este país. Porque en los procesos siempre hay alguien que se ve afectado, que ve afectado sus derechos, piensa él, o que pierde el caso. Esas son las razones de esas denuncias. No tengo procesos. Denuncias en sede administrativa.

También se le ha acusado de haber financiado al FMLN (el procurador se ríe. Vuelve a tomar agua). Hay un reporte de 2016 en Hacienda que tiene una suma total de $1,700. Quiero saber si tiene alguna relación con el FMLN, si financió al partido o por qué donó ese dinero.

Eh... (Guarda silencio por 5 segundos.) Yo no puedo decir que no autoricé ese dinero. No lo puedo decir porque hay un registro oficial. He dicho que trabajé en la Asamblea Legislativa y mi contratación en la Asamblea Legislativa fue con la Asamblea Legislativa, no fue con partidos políticos determinados. A mí me asignaron a la fracción del FMLN y sí autoricé que se otorgara esa cantidad que, al final, pues, me imagino que el FMLN la reportó dentro de su legalidad de ingresos. Ahora, ¿Se puede considerar eso como financiamiento? ¿Se puede catalogar eso como financista de un partido político? ¿Creen ustedes que con esa cantidad de dinero el FMLN pudo llevar adelante un proyecto político? ¿Creen ustedes que eso es posible en materia electoral? ¿Con mil...? ¿Cuánto era?

Más de $1,700.

¿Creen que con eso un candidato, digamos, puede llevar a cabo su campaña política? No se puede. No se puede. Un financista es una persona que tiene $50,00- $100,000 y dice "voy a invertir en este proyecto". Ese es un financista. Voy a financiar el proyecto de construcción de tantas casas. Voy a financiar la candidatura de Juan Pérez. Eso es ser un financista.

¿Entonces a qué se debían los montos?

No. Mire, lo que ocurre es que, cuando se me designa a la fracción del FMLN, pues dentro de su funcionamiento está que los empleados le colaboren. No sé si para el mantenimiento de la compra del café, de la compra del agua, de la compra de cosas de funcionamiento de oficina. No sé. No lo sé, para qué lo utilizan. Pero eso, a considerarme financista, realmente es una aseveración irreal. Irreal. O sea.

¿No está afiliado al partido?

No, no estoy afiliado. ¿Cómo creen que podría aspirar...? Bueno, financista es don Salume, vaya. Don Salume digamos que es un financista que le regaló $2 millones a don Mauricio Funes en su campaña. A eso le podemos llamar financista. Financista le podemos llamar a alguien que le da $100,000-$200,000 para hacer publicidad general. Pero eso no. Por Dios. Pero bueno.

El Movimiento Partidario No ciudadano de El Salvador criticó que usted no tuvo un papel protagónico en el caso del magistrado Escalante. Con respecto a ese caso, ¿Qué postura tiene?

Lamentar la posición del Movimiento No Partidario. No lo leí. Lamentarlo, porque evidencia desconocimiento total del abordaje que le dimos al caso. Y evidencian falta de continuidad a los temas que critican. Porque hice alrededor de cuatro o cinco pronunciamientos al respecto del caso de la niña, supuestamente agredida sexualmente. Me pronuncié en una entrevista allá por el Parque Cuscatlán, hice un pronunciamiento público en nuestras redes, se informó a los magistrados, sacamos varias publicidades en nuestras redes sociales. Hice una entrevista, no recuerdo con cuál canal de televisión. Es decir, sí hubo pronunciamiento. Sí me manifesté, con claridad y contundencia sobre el tema.

¿No está de acuerdo con la resolución?

Por supuesto, lo dijimos, que no estábamos de acuerdo. No compartíamos los argumentos técnicos de la resolución de los magistrados. Lo dijimos. Pero también he dicho y es importante que la población lo tenga claro, que ese caso no ha terminado y que la pelota vuelvo otra vez a la pelota, está en la cancha de la Sala de lo Penal. Porque se ha presentado un recurso de apelación. Lo que la Sala (de lo Penal) defina es lo que se va a hacer. Puede ser que la Sala (de lo Penal) diga que los argumentos de los magistrados sí se pueden sostener. Ya no vamos a criticar a los magistrados sino a los otros. Pero pueda decir que no y que regrese y que se inicie nuevamente.

Para finalizar, hablemos del Plan Control Territorial. Usted dijo que había conformado un equipo técnico para realizar estudio de las actuaciones de los funcionarios y querían analizar la afectación en derechos humanos, en especial, con dicho plan. ¿Hay algún informe sobre lo que ha observado ese equipo técnico?

Sí lo estuvimos analizando. Analizando el tema. Porque, ¿Ustedes tienen copia de ese Plan Control Territorial? ¿Lo han leído?

Creo que nadie en el país.

Es que no existe. Es decir, no existe físicamente. Un documento no existe. Al menos a mí no me lo han dado. No se ha publicitado. Este procurador no ha conocido el documento de ese supuesto plan. Sin embargo, por las noticias sabemos que hubo una fase uno, que está terminada la fase dos y que se estaba necesitando presupuesto para la fase tres. ¿En qué consistió la fase uno? ¿En qué consistió la fase dos? No sabemos. Sobre algo que no conocemos no podemos hacer un pronunciamiento. Lo que sí sabemos es, por ejemplo, que hubo una exposición mediática de las personas privadas de libertad o de muchas personas privadas de libertad en donde se afectó la dignidad humana. Eso no lo podemos negar, no lo podemos ocultar. Eso hubo. 

Sí...

Tampoco podemos ocultar que se generaron medidas extraordinarias en centros penales, ordenadas por centros penales, por la Dirección de Centros Penales, por instrucción del señor presidente de la República cuando decretaron las medidas extraordinarias en centros penales por ley, facultad de los jueces de vigilancia penitenciaria. Ahí no podemos negar que hubo una intromisión a los jueces de vigilancia penitenciaria. Esa es una de las cosas que podemos decir, por lo que conocemos de la noticia, porque no tenemos un documento que diga este es el Plan Control Territorial. A diferencia del gobierno anterior que sí tenía un documento. Presentó, publicitó un documento que se llamaba Plan El Salvador Seguro. Y que si ustedes recuerdan, en el EPU, en el Examen Periódico Universal de la ONU, que llegó a El Salvador a finales de octubre, muchas recomendaciones eran que se diera continuidad al Plan El Salvador Seguro. Es decir, a muchos de los que participaron en la ONU en esto les parecía interesante el Plan El Salvador Seguro. Pero desconocían que ya no estaba aplicándose. Producto de eso desapareció el Consejo de Seguridad Ciudadana en el que participaban muchas organizaciones sociales. Ahora no. Y es imposible decir mire, hay afectaciones a los derechos humanos en el plan si no sabemos cuál es el plan, cuáles son los objetivos, cuáles son sus metas, cuál es su alcance.    

¿No lo han solicitado?

Hemos hecho una petición, no tenemos respuesta aún.

¿Desde cuándo no le dan respuesta?

Se me escapa, no tengo la fecha a la mano. Le mentiría.

Lo último que queríamos preguntarle, para cerrar. Si se cerró el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana donde participan varios sectores, ¿Qué otros espacios hay?, ¿Qué otros espacios ha dado el gobierno para que ustedes participen observando y estando pendientes?

Ninguno.

¿No hay en este momento ninguna mesa?

El único en el que estamos participando es un espacio creado por el Ministerio de Seguridad y Justicia que se denomina Mesa de Actuaciones Policiales, que ha sido creada por iniciativa, dentro de un proyecto de una fundación que se llama Counterpart, que es financiado, sino me equivoco, por USAID, en donde participamos varias organizaciones sociales, la PDDH incluida, la Policía Nacional Civil, la inspectoría de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Justicia. La idea es reunirnos cada tres meses los titulares para abordar los patrones de conducta de la PCN. Y también se ha logrado que haya una mesa bilateral en los departamentos, entre la policía y nosotros, para abordar casos concretos. Pero es un espacio exclusivo para actuaciones policiales, no en materia de seguridad como tal.

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