Otro tema coyuntural es el caso de El Mozote. Se conmemoraron 38 años. Usted mencionaba que va a estar de parte de las víctimas de la masacre. Sin embargo, al momento de su elección, el diputado Norman Quijano, y también el presidente de ARENA, Gustavo López Davidson, dijeron que lo respaldaban a usted, porque ellos no están de acuerdo en que se encarcele a los excombatientes. ¿Cuál es su posición ante estas declaraciones?

Hay que tener presente que El Salvador tiene en la Constitución establecido el derecho a la libertad de expresión. Producto de ese derecho es que podemos estar sentados ahora acá conversando con toda tranquilidad, exponiendo las ideas que consideramos respecto a los temas que me están preguntando. Durante los 80 esto no lo podíamos hacer. Ustedes saben que eso no lo podíamos hacer. Ahora, que ellos hayan mencionado eso, en principio no debe entenderse que es la visión del procurador. Yo en el tema he sido claro: en el tema de la Ley de Reconciliación Nacional, nos encontramos en 1992. Ahí estamos. Estamos materialmente en 2019, pero en este tema tenemos que entender que estamos en 1992. Con una Ley de Reconciliación de ese año, en la que se estableció que los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no eran amnistiables y no son prescriptibles. Eso tiene razón de ser porque así lo establece el Derecho Internacional Humanitario. Al estar eso vigente, la ley que ahora se emita no puede ser una ley que genere amnistía y tampoco puede ser una ley que establezca prescripción para los hechos ocurridos durante el conflicto armado. 

También debemos tener claro que al estar temporalmente en 1992, con ese tema, estamos saliendo del conflicto armado a un estado de paz. Y depende de la decisión que se adopte, si esa transición del estado de conflicto al estado de paz, es tan bueno que nos permita una paz duradera, como establece la sentencia (de la Sala de lo Constitucional) o una paz simbólica quebrantable, momentánea que nos haga continuar en esta condición que tenemos ahora, de un país dividido, polarizado, conflictuado y con altos grados de delincuencia. Eso está en juego. Yo quisiera que la población salvadoreña, en términos generales, entendiera que eso nos estamos jugando. La ley que se genere de reconciliación nacional no debe verse limitada a si hay o no hay cárcel. Debe verse mucho más allá, porque esa ley va a ser el punto de partida para el país que queremos. 

Sí…

Debemos tener en cuenta que la cárcel o la privación de libertad es, en materia penal, la última razón o la última ratio o la última decisión, y la cárcel es una sanción. Y las sanciones las va a elegir la Asamblea. Yo podría decir quiero o no quiero, pero la decisión la va a tomar la Asamblea. Y debe tenerse en cuenta otro elemento: en esa ley, por lo establecido en la sentencia de la Sala (de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia) y lo establecido en los estándares internacionales de derechos humanos, se debe aplicar la figura de la justicia transicional. No van a ser y no pueden ser procesos penales comunes como el que ahora conocemos, sino que son procesos penales especiales, para conocer la verdad de lo que ocurrió para garantizarle a la víctima la no repetición de lo que ocurrió, para garantizar a las víctimas la reparación por los daños causados y que haya justicia. Pero también debemos entender que esa justicia transicional implica dos cosas: uno, esa transición del estado de conflicto al estado de paz y también implica una especie de transacción, de acuerdos, de convenios, para que podamos transitar a esa paz duradera, que podamos obtener en ese tránsito, justicia, reparación, verdad y no repetición.

Siempre, con respecto a las declaraciones de ese diputado, Norman Quijano, él estaba mencionando que estaban buscando a un procurador que estuviera en contra del aborto y también del matrimonio igualitario. Sobre estos temas, ¿Qué postura tiene usted? ¿Es cierto? 

En el primero, el aborto, según la estadística que nosotros tenemos acá, no hay ningún caso judicializado por aborto y, en consecuencia, tampoco hay ninguna mujer condenada por aborto. Más bien, lo que ha habido son procesos judiciales por homicidios agravados. Eso nos ha llevado a nosotros a concluir que lo que ha ocurrido han sido afectaciones al derecho humano de las mujeres en atención médica, en atención de salud. Porque muchas veces se ha complicado en proceso de gestación y esa complicación no ha sido atendida de manera eficiente y oportuna por el sistema de salud. Pero como el médico no reporta que hubo una complicación, sino que reporta que hubo un asesinato. Se han judicializado de otras formas. La ley, la Constitución, establece con claridad que reconoce a la persona desde la concepción y los funcionarios, todos, nos debemos a la Constitución, ahí en el Artículo 87, si no me equivoco, de la Constitución se establece el principio de legalidad. Los funcionarios podemos hacer solo lo que la Constitución nos permite. A diferencia de la población en general, que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. En el caso particular, la Constitución ya se ha expresado de esta manera y por eso ustedes se recordarán que tuvimos una Sala Constitucional de avanzada, hay que reconocerlo.

La anterior conformación de Sala (de lo Constitucional) hizo una interpretación de la Constitución que diez años atrás nos hubiese gustado tenerla, pero en el caso de la señorita Beatriz. La Sala, hace diez años atrás, dijo que no es posible realizar la interrupción del embarazo. A pesar de que habían recomendaciones médicas, pero todo en la sentencia, si ustedes la han leído, dice que son propuestas médicas de posibilidad. Posiblemente ocurra esto, posiblemente ocurra lo otro. Bajo ese precepto, no es que el procurador esté o no esté de acuerdo con el tema, es que existe a la base una normativa primaria que se ha establecido que reconoce a la persona humana desde la concepción. Sin embargo, este procurador siempre va a estar dispuesto a acompañar a los diferentes sectores de la población que se crean afectados en sus derechos humanos.

Cuando habla del acompañamiento, hay organizaciones que han acompañado a mujeres que han necesitado interrumpir su embarazo porque la madre está en peligro de perder la vida o porque eran menores y fueron violadas y, después de la violación, quedaron embarazadas. ¿El procurador acompañaría ese tipo de casos en el que se pida que se haga una revisión de los casos y se les permita interrumpir el embarazo?

Lo que ocurre es que no podemos acompañar algo que sea contrario a lo que establece la Constitución. Es decir, si la Constitución ya le dijo que reconoce a la persona humana desde la concepción, sería pedir una ilegalidad. ¿No sé si me doy a entender con eso? Es un poco complicado el tema. Por eso yo decía que incluso los magistrados, ni ellos que vimos que fueron de avanzada, con una mentalidad muy progresista se atrevieron a… Y recordemos que en esa Sala (de lo Constitucional) se encontraba el doctor Florentín Meléndez, que venía de ser parte de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, con amplio recorrido en derechos humanos y de manera internacional y tampoco lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía, antes de todo eso, el principio de legalidad de la Constitución. A eso los quiero llevar. Lo que yo digo de acompañamiento es, cuando decimos de permitir la interrupción de una menor de edad, de una adolescente, ¿Quién tomaría la decisión? 

Por eso yo insisto en que debemos abordar el tema desde el derecho a la salud. Debemos abordar el tema desde la integralidad de la sociedad. Es decir, cómo nosotros, como adultos, vemos el desarrollo de la población respetando a los demás. Porque son patrones culturales. El hecho de que existan violaciones es debido a patrones culturales. Es ausencia de formación, es ausencia de valores, es la ausencia de principios y eso es estructural. Es decir, eso no se va a terminar porque haya una prohibición en uno u otro sentido, porque haya una ley. La existencia de leyes por sí misma no resuelve los problemas. El problema debe abordarse de manera integral y por eso yo he dicho en ese tema en particular, yo creo que debemos abordarlo desde el punto de vista de la salud. Hay muchas afectaciones a las mujeres en atenciones médicas y por eso se generan violaciones obstétricas. 

¿Y con respecto al matrimonio igualitario?

Yo creo que en algún momento, El Salvador tendrá que pensar en una dinámica diferente. Hoy día, hay dos o tres demandas en la Sala de lo Constitucional que están pidiendo que se declare inconstitucional un artículo del Código de Familia, sobre que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer así nacidos. En ese tema, yo creo que la pelota está en la cancha de la Sala de lo Constitucional.

Con la mesa temática es que vamos a dar acompañamiento para que la Sala (de lo Constitucional) resuelva. Porque la pelota en el tema ese, aunque no lo consideren así, está en la Sala de lo Constitucional. Obviamente, hay formas de ver el tema, yo creo que hay que conocer casos como España, Argentina, Estados Unidos, Holanda, que también ha venido a El Salvador. En algún momento, creo yo que todas estas tendencias tendrán que ser reguladas, pero hoy en día me parece a mí que más que al procurador, la pelota de ese tema está en la Sala de lo Constitucional.

¿Pero el tema piensan posicionarlo para respaldar a la población LGBTI?

Lo que yo he dicho es que le vamos a dar acompañamiento. Si ellos tienen alguna iniciativa, lo que yo he dicho es vamos a hacer las gestiones para que la Sala resuelva. Porque a veces los procesos se duermen en la Sala. Y hemos dicho que vamos a dar el acompañamiento y hacer la correspondencia que fuera necesaria para que la Sala se pronuncie.