Por Marvin Díaz

Andrés McKinley es un hidrólogo y especialista en temas de minería de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). Se sentó a platicar con GatoEncerrado sobre la crisis de agua en El Salvador y las afectaciones que genera el estrés hídrico en ríos, lagos y nacimientos de agua. Mckinley está convencido, según nos platicó, de que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) es una de los responsables de la situación. Además, claro, de la industria de la caña de azúcar, las embotelladoras, las urbanizadoras y el turismo. 

En esta plática, McKinley también muestra su preocupación por los informes que indican que el agua que utiliza la población salvadoreña tiene los días contados, si no se regula la explotación que hacen las empresas. Esa regulación tiene que pasar por una Ley de Agua que está estancada en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, desde hace 13 años.

¿Cómo se encuentra la situación del agua en el país y de qué forma se manifiesta el problema hídrico? 

Ese es el punto donde siempre hay que empezar, cuando hablamos sobre este tema de la Ley de Agua. La pregunta puede ser: ¿Por qué una Ley de Agua? ¿Por qué llevamos tantos años luchando para una Ley General de Agua? Eso viene de un análisis que hemos hecho de que El Salvador sufre de una crisis profunda de agua en términos de cantidad, de calidad y en acceso. El problema y la causa de esta crisis es la falta de legislación adecuada que regule de forma eficiente el recurso hídrico y que establezca la institucionalidad necesaria para garantizar el buen uso de este líquido, que es tan importante para sostener la vida en El Salvador. No es que la ley vaya a resolver toda la problemática, pero es el primer paso para empezar. 

¿De qué se trata esta crisis?

En términos de cantidad, podemos analizar el hecho de que los ríos y los lagos en El Salvador están secándose. Hay estudios que indican que en los últimos 20 años, los 300 ríos más importantes de este país han perdido entre 30 y 70 por ciento de su caudal. Esto incluye el importante río Lempa. El único río entre los más importantes que no ha perdido su caudal, en este periodo de 20 años, es el río Acelhuate. Esto, por ser alimentado constantemente por agua negras. Los acuíferos, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), más estratégicos alrededor del país están bajando a un ritmo de medio metro a un metro por año, generando un proceso de desertificación en zonas cada vez más amplias. Las causas podemos considerar que son varias. Por un lado, está el cambio climático que está calentando el planeta y está generando parte de esta crisis en términos de cantidad de agua. Pero también, está la sobreexplotación y la mala gestión del agua por la falta de ley y la institucionalidad adecuada para garantizar la buena gobernanza en el sector hídrico. Ahí, la gran empresa tiene mucho que ver. Hay mucho ejemplo que podemos plantear, sobre cómo la gran empresa ha contribuido de forma importante a esta crisis. Por ejemplo, hablemos de la transformación de la finca El Espino (en Antiguo Cuscatlán, La Libertad), de una zona que filtraba millones de metros cúbicos de agua lluvias para el acuífero de San Salvador cada año, se fue transformado a centro comercial. Hemos perdido ese gran recurso que teníamos para garantizar agua suficiente para la población concentrada en San Salvador. Podemos hablar de los proyectos de viviendas de lujo en Zaragoza con su piscinas y sus campos de golf, que extraen enormes cantidades de agua. Podemos hablar del caso de SABMiller, la embotelladora de Coca-Cola en Nejapa, que está extrayendo cantidades de agua del acuífero de Nejapa u otro acuífero estratégico para la población de El Salvador. Esto lo llevan a un ritmo que puede dejar seco este acuífero en unos 25 o 30 años. 

Y en términos de calidad…

En términos de calidad, el MARN ha planteado consistentemente que más del 90% de las aguas superficiales están contaminadas. Plantean que solo el 11%  es tratable para transformarla en agua potable. Eso es una grave crisis en términos de calidad, que viene a impactar también en cantidad disponible para los seres humanos de este país. Eso lleva a que organizaciones internacionales estén planteando que este país está al borde de una situación de estrés hídrico en que no habrá suficiente agua para responder a las demandas. Me refiero a organizaciones como La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Asociación Mundial del Agua y el Tribunal Americano de Agua… De eso se trata la crisis. El primer elemento en la búsqueda de soluciones a esta crisis es la aprobación de una ley que regule la gestión del agua en este país, que garantice que la gran empresa no pueda seguir sobreexplotando el agua, que garantice que la gente no siga contaminando los ríos y los lagos, para modificar esta situación. Termino este punto, diciendo que en 2016, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sacó un informe que concluyó que El Salvador tiene 80 años de vida viable como país, sino cambiamos nuestra situación real.

Usted plantea que las empresas se benefician de la ausencia de una regulación del uso del agua y de una ley. ¿Cómo se benefician?

Hay sectores de la sociedad, más que todo entre la gran empresa. Hay muchos actores de la gran empresa, tales como los productores de caña, las embotelladoras como la SABMiller y otros como el sector turismo, por ejemplo, que se sienten mejor en el relajo, si podemos hablar así. Se sienten mejor sin la regulación del agua. A menos que puedan regular el agua ellos mismo. Pero si va ser regulada por el Estado o el gobierno, ellos se sienten incómodos con eso. Ellos ya no van a poder seguir sobreexplotando el agua. Por ejemplo, cuando los cañeros están extrayendo enormes cantidades de agua para la producción de azúcar, eso significa que las comunidades pobres, campesinas y en los alrededores de esa producción, sufren por la falta de disponibilidad de agua. Yo conozco muchos casos en el campo, de gente que vive en comunidades cerca a los proyectos de producción de caña y no tienen agua.

¿Por ejemplo? Cuéntenos uno de esos casos.

En la zona de los municipios de Aguilares y Guazapa. También en el sur. También en la zona de Sonsonate. Hay comunidades muy afectadas por la producción de la caña. Los cañeros están felices. En 2019, la producción de azúcar en El Salvador alcanzó un nivel más alto que en los últimos seis años. Si usted habla con un cañero le va a decir que aquí no hay crisis de agua, no hay problema de agua, porque ellos no sienten ese problema. Quienes sienten ese problema son las comunidades cercanas a los cañales, esas comunidades que tienden a ser pobres. La gente pobre son los que sufren eso. Repito, es un problema de prioridad de uso. Nosotros luchamos por el agua como derecho humano, como bien público, que requiere la priorización en todo momento del agua potable, del agua de uso doméstico. Esa tiene que ser la primera prioridad. La producción de caña es secundario. La industria es secundario, el turismo es secundario. Que vengan los extranjeros a Surf City a disfrutar la vida, está bien y es bueno para la economía, pero no puede ser la prioridad en este país. La prioridad debe ser la gente pobre y los demás sectores de esta población que necesitan agua para sobrevivir. Hay que recordar siempre que el agua es fuente de vida. No hay vida sin agua.  Eso significa que es un derecho humano. 

¿Sabe si estos sectores empresariales que se benefician de una falta de regulación de agua han sostenido reuniones con diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para dilatar la aprobación de una Ley de Agua? 

Definitivamente. Aquí hay que hablar las cosas por su nombre. Aquí estamos hablando de la membresía de la Asociación de la Empresa Privada (ANEP). Yo no estoy diciendo que todos son malos o que todos están en contra de la regulación del agua. Pero los que están en contra de la Ley de Agua por sus intereses, ahí están en la ANEP.  En los 13 años que hemos venido luchando para establecer la buena gestión del agua, de forma equitativa, eficiente y sustentable, hemos sido bloqueados en momentos muy concretos por iniciativas de ANEP. La primera vez fue en 2013, cuando hubo una tendencia de concertación dentro de la comisión, bajo el liderazgo de Francis Zablah. Los diputados de todos los partidos estaban llegando a consensos. Llegaron al consenso del artículo uno hasta el 91, excluyendo la parte de la institucionalidad, ahí no podían ponerse de acuerdo. Ese es el meollo del problema, porque ahí están las cuestiones del poder sobre el agua. ANEP manipula un grupo de regantes y con el apoyo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), formularon una nueva propuesta de ley general de agua y lo presentaron. No con la intención de contribuir al debate. Porque no se requería una nueva propuesta de ley general de agua, ya había buenas propuestas sobre la mesa. Esto fue un intento de decir: “o se bloquea este proceso o se garantiza que nosotros lo controlamos”. Yo personalmente he hablado con gente del sector privado sobre este punto. Me han planteado en términos claros que no quieren poner la gestión del agua en manos de cualquiera, porque puede afectar sus intereses.

Si hubo reuniones con diputados para dilatar la discusión de ley, ¿quiénes se reunieron con qué diputados?

Yo no quiero llegar a concretizar nombres de personas de ANEP o cañeros. De 2013 a 2017 no hubo ninguna discusión dentro de la comisión sobre la ley. Es decir, ANEP tuvo éxito. En 2017, la UCA junto con la iglesia trabajamos una propuesta de institucionalidad. ANEP se dio cuenta de esa propuesta, porque lo compartimos con algunos miembros de ANEP en diálogo. Luego ellos corrieron a presentar su famosa propuesta de Ley Integral de Agua, que tienen muchas cosas similares con otras propuestas. La gran diferencia está en el punto de la institucionalidad y por supuesto contradecía el planteamiento de la UCA y la iglesia. Nuestra propuesta se basa en cuatro principios fundamentales, que no son negociables. El primero es que el agua es fuente de vida, es un bien común, un bien público y un derecho humano. Si uno acepta eso, es obvio que el ente rector del agua tiene que ser público y del Estado. Ese es el mandato del Estado, garantizar los derechos de la ciudadanía y no de la empresa privada. Tercero, aunque planteamos una rectoría estatal, reconocemos que este problema es complejo y requiere la participación de la sociedad civil, incluyendo de la empresa privada, pero no en el ente rector. Entonces planteamos la formación de un espacio amplio de participación de todos los diferentes sectores que pueden hacer propuesta y pueden influir en las decisiones en el ente rector, pero no pueden ser parte. Y el cuarto principio es lo importante de lo local, un enfoque integral de cuencas. El cambio en la relación con el agua va a ocurrir a nivel local. ¿Qué hacen las comunidades? ¿Qué hacen los diferentes sectores de la sociedad a nivel local, a nivel de cuencas? Con esos cuatro principios en mente presentamos nuestra propuesta. 

¿Cree que partidos políticos han utilizado el tema agua como bandera política para ganar adeptos? 

Hay que hablar con la verdad. Todos los partidos, sin excepción, han utilizado el agua como un tema electoral. Lo tratan bajo ciertas condiciones. Cuando estamos en coyuntura electoral es casi imposible tratar este problema de la Ley de Agua. Eso es una enfermedad que padecen todos los partidos, sin excepción. Eso es una politización partidaria. Cuando hablamos de la politización del tema de agua hay que pensar en la politización de otra manera. El tema de agua es un tema político y no es un tema técnico. Nos podemos poner de acuerdo rapidito sobre la problemática técnica, las urgencias técnicas, las medidas técnicas. Ahí no hay problema. Donde no podemos ponernos de acuerdo es sobre cuestiones de poder sobre la decisión. Eso es político. A veces la derecha nos acusa a nosotros de politizar el tema. Yo siempre he dicho frente a esa acusación: claro que politizamos el tema porque se trata de poder.