En julio de 2018 terminó el plazo de nueve años de la anterior Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) muy recordada por sendos encontronazos políticos, judiciales y verbales con funcionarios y diputados del FMLN y su gobierno. Esa Sala también es recordada por derogar la Ley de Amnistía y por frenar el descontrolado y opaco uso de los fondos de la partida secreta del segundo gobierno del FMLN, entre otras decisiones.

Para ese momento, la Asamblea Legislativa debía tener lista la elección de los nuevos magistrados del máximo tribunal del país. No obstante, fue hasta el 16 de noviembre del mismo año que, tras cuatro meses de pugnas entre las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa para definir a la nueva sala, eligieron una predominante por haber sido propuesta en su mayoría por el bloque de derecha Arena, PDC y PCN.

Con 82 votos a favor, el voto del diputado independiente, Leonardo Bonilla en contra, y una ausencia, la Asamblea Legislativa eligió con cuatro meses de retraso, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y Sala de lo Civil, y ratificó en su cargo a Armando Pineda Navas como presidente de la CSJ hasta 2021.

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ electos para un período de nueve años fueron: Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco. Sus respectivos suplentes serán: Cristóbal Reyes, Alfonso Quinteros, José Castelar y Sonia de Madriz. 

La elección de esta nueva sala generó pugnas al interior de los partidos políticos de la Asamblea Legislativa, pues era el momento para partidos como FMLN y GANA de renovar el tono del máximo tribunal del país y hacerlo diferente a la sala saliente, quien tuvo colisiones con los dos gobiernos del partido de izquierda.  

Gana, en ese momento, era parte del binomio con el FMLN y su apuesta dentro de la Sala era Sonia de Madriz, exprocuradora general de la República. Este bloque daba su apoyo a cuatro de cinco propuestas que el bloque Arena, PCN y PDC tenía.

En tanto, el denominado bloque de derecha proponía a Aldo Cáder, quien fue secretario de la Sala; al abogado Carlos Sánchez, exmagistrado suplente de la CSJ; a Marina Marenco de Torrento, quien fue miembro del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ); y a Carlos Sergio Avilés, exprocurador general adjunto y exmagistrado suplente de la Sala de lo Constitucional.

De sus propuestas, fueron electos cuatro: Aldo Cáder, Carlos Sánchez, Carlos Sergio Avilés y Marina Marenco de Torrento. Madriz, la apuesta de GANA-FMLN, fue electa como suplente.

En la elección, la Asamblea Legislativa se decantó también por Roberto Calderón como magistrado de la Sala de lo Civil, y a Alex Marroquín -propuesta del bloque de derecha- como su suplente.

Los magistrados provenientes de la elección del CNJ son: Carlos Sergio Avilés, Carlos Sánchez, y los suplentes José Cristóbal Reyes, Sonia Cortez de Madriz y Alex Marroquín; mientras que los provenientes de Fedaes son: Aldo Cáder y Marina Marenco.

En esta ocasión solo era necesaria la elección de la Sala de lo Constitucional y de lo Civil. El resto de las Salas tiene su proceso parecido en otros tiempos.

 ¿Cómo funciona la CSJ?

De acuerdo con el artículo 172 de la Constitución salvadoreña, la CSJ, las Cámaras de Segunda Instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias, integran el Órgano Judicial. Corresponde exclusivamente a este Órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucionales, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso-administrativo, así como en las otras que determine la ley

El Órgano judicial salvadoreño está configurado para que magistrados, es decir administradores de justicia, sean los titulares de las principales cámaras y salas de la CSJ.

Los magistrados de las cuatro salas: de lo Civil, de lo Penal, de lo Constitucional, y de lo Contencioso administrativo, son electos por los diputados de la Asamblea Legislativa por un período de nueve años, pudiendo ser reelectos, y se renuevan por terceras partes cada tres años, según el artículo 186 de la Constitución de la República.

¿Qué se necesita para ser magistrado de la CSJ?

La Constitución establece que quienes aspiren a ser magistrados deberán ser salvadoreños por nacimiento, del estado seglar, mayor de cuarenta años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias.

Además, haber desempeñado una Magistratura de Segunda Instancia durante seis años o una Judicatura de Primera Instancia durante nueve años, o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos diez años antes de su elección; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo.

La Constitución también establece que no podrán ser elegidos Magistrados de la CSJ ni de una misma Cámara de Segunda Instancia, los cónyuges ni los parientes entre sí, comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

En tanto, para ser juez de Primera Instancia se requiere: ser salvadoreño, del estado seglar, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias; haber servido una Judicatura de Paz durante un año o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado dos años antes de su nombramiento; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores al desempeño de su cargo.

Asimismo, para ser juez de Paz, ser salvadoreño, abogado de la República, del estado seglar, mayor de veintiún años, de moralidad y competencia notorias; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores a su nombramiento.

Los jueces de Paz estarán comprendidos en la carrera judicial. En casos excepcionales, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) podrá proponer para el cargo de juez de Paz, a personas que no sean abogados, pero el periodo de sus funciones será de un año.

¿Quiénes y cómo eligen a los magistrados CSJ?

La carta magna salvadoreña establece que el CNJ debe presentar un listado de 15 candidatos propietarios y suplentes para ser magistrados. Otro de los listados de candidatos debe ser presentado por entidades representativas de los abogados de El Salvador y en las que deberán estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico. En este caso, es la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) quien proporciona una terna de otros 15 candidatos preseleccionados. Este listado de candidatos es enviado a la comisión política de la Asamblea Legislativa, quien entrevista a cada aspirante para posteriormente emitir un dictamen favorable a la elección.

En el caso de los magistrados los magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, los jueces de Primera Instancia y los jueces de Paz integrados a la carrera judicial, gozarán de estabilidad en sus cargos, y la ley deberá asegurar su protección para que ejerzan sus funciones con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna en los asuntos que conocen; y los medios que les garanticen una remuneración justa y un nivel de vida adecuado a la responsabilidad de sus cargos.