La justicia salvadoreña ignora diez veces a una niña abusada

Este es el caso de una niña invisible para el sistema judicial. Su voz y las pruebas no han sido suficientes para conseguir justicia pronta. El Estado ignora su caso, a través de los tribunales, mientras admite hasta lo inconcebible para retrasar el proceso penal en contra del agresor.

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STA ES LA DÉCIMA VEZ QUE NICOLE*, de 12 años, ha tenido que venir al Centro Judicial Isidro Menéndez y revivir la pesadilla recurrente de coincidir en el mismo lugar con el hombre acusado de agredirla sexualmente. Su madre, en un intento por evitar el encuentro, recibe instrucciones de un abogado entre los pasillos de los juzgados. Cada una de las 9 veces anteriores, Nicole y su madre acudieron al Tribunal 5º de Sentencia con la esperanza de que el juez Rafael Del Cid Castro realizara el juicio, pero siempre admitió alguna excusa para reprogramar la vista pública en contra del acusado Walter Amaya.

Después de cada una de esas ocasiones, Nicole y su madre regresaron así como llegaron: Sin justicia y con menos confianza en el sistema judicial salvadoreño que, según consideran, se vuelve cómplice al permitir la dilación del caso y verdugo que revictimiza. Amaya es el único que se beneficia de la situación. Hasta este 21 de enero de 2020, se había librado nueve veces seguidas de enfrentar un juicio en el que podría ser condenado.

Amaya no es un desconocido. Fue el padrastro de Nicole y esposo de su madre. También es el hombre a quien la Fiscalía General de la República (FGR) señala como el que agredió a Nicole de forma continuada por casi siete años, desde que ella tenía cuatro. Esas agresiones acabaron en enero de 2018, cuando la madre de Nicole lo denunció. Las secuelas en la niña, sin embargo, empezaron ahí. Un informe psicológico practicado a Nicole detalla que padece trastornos de ansiedad, persecución y no puede conciliar el sueño.

Algunos de los motivos para reprogramar por nueve veces el juicio están justificados, pero otros no. En dos ocasiones, Amaya reportó que estaba enfermo. En otra, su abogado dijo que atendió una audiencia diferente que coincidía con el horario y no lo demostró. En otra ocasión, el abogado de Amaya priorizó un juicio civil al que tenía que ir, por encima del juicio penal. Eso a pesar de que el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 202 e inciso 2, da preferencia a las audiencias penales. En ninguna de las nueve ocasiones el juicio fue reprogramado por solicitud de la fiscalía o la víctima.

Amaya es acusado por violación y por agresión sexual, ambos delitos con el agravante de haber sido cometidos en contra de menor e incapaz y de forma continuada. Estos delitos están contemplados en los artículos 158, 159, 161 y 162 del Código Penal. De acuerdo con esa ley, Amaya podría ser condenado a 42 años en la cárcel, si el juez lo encuentra culpable.

Mientras el juez Del Cid espera pacientemente para realizar el juicio, Amaya goza de libertad condicional. Esto último contradice lo que establece el artículo 331 del Código Procesal Penal, cuando detalla que no proceden las medidas alternas a la prisión cuando una persona es acusada de cometer delitos contra la libertad sexual.

El abogado que acompaña el caso de Nicole y quien es el apoderado legal de la madre, Carlos Quintanilla, dijo a GatoEncerrado que la libertad condicional de la que goza Amaya es, en parte, por las deficiencias de la fiscalía en el caso.

“Me llama poderosamente la atención cómo es que este señor está con medidas sustitutivas (…) La fiscalía tuvo algunas deficiencias cuando argumentó este caso”, dijo Quintanilla.

El abogado también dijo que en el proceso judicial es indispensable la declaración de Nicole, pero que la fiscalía aún no la ha tomado en cuenta para realizarla en la Cámara Gesell, que es una habitación especial utilizada para observar y escuchar a niños sin que sean perturbados. Esa declaración, según Quintanilla, debería de acompañar el peritaje del Instituto de Medicina Legal (IML) que comprueba científicamente que Nicole fue violada y abusada sexualmente.

Quintanilla señaló que el testimonio de la víctima es una de las pruebas contundentes sobre todo lo ocurrido, pero que la falta de esa declaración otorga fortaleza a la defensa de Amaya para que no exista la detención provisional.

Las medidas sustitutivas de las que goza Amaya, según el abogado, también son las que permiten la reprogramación del juicio. La detención, en cambio y según la ley, no permitiría permanecer sin juicio por más de dos años. Quintanilla también explicó que la libertad de Amaya deja abierta la posibilidad de fuga, para evitar la condena que podría enfrentar.

Aplazamientos
Estas son algunas de las razones por las que el juicio en el caso de la niña que fue abusada sigue dilatándose.
Primera vez
Walter Amaya, el acusado, se reportó enfermo.
Segunda vez
El defensor de Amaya dijo que tenía otra audiencia en el horario del juicio, pero no lo demostró.
Tercera vez
La vista pública se reprogramó porque el abogado priorizó una audiencia civil. Según el Código Procesal Civil y Mercantil, en el Artículo 202, inciso 2, las audiencias penales deben tener preferencia.
Cuarta vez
Faltó que un tribunal emitiera expediente relacionado al caso.
Quinta vez
En esta ocasión, hubo una jueza interina. Tomó en cuenta solo uno de los dos delitos y para resolver el incidente decidió aplazar el juicio para que fuera retomado por el juez titular.
Sexta vez
Se desconoce la causa que provocó la reprogramación del juicio.
Séptima vez
El tribunal de sentencia priorizó el caso del exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, acusado por el delito de peculado. Con eso sacó de agenda el juicio contra Amaya.
Octava vez
Otra vez, el juzgado priorizó el caso del Ministerio de Obras Públicas.
Novena vez
El acusado Walter Amaya se reportó enfermo
Décima vez
El defensor particular de Amaya se ausentó.
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“Nos sentimos vulnerables ante el sistema”

Afuera de los tribunales, un grupo de mujeres de la Colectiva Feminista y otras organizaciones están concentradas para acompañar a Nicole y exigir que no se repita, por décima vez, la misma historia de aplazamiento del juicio.

Hace tres meses y medio, estas mujeres y otras 600 más, se manifestaron en este mismo lugar en contra del fallo que emitió la Cámara Primero de lo Penal a favor del magistrado de lo civil Jaime Escalante, quien había sido acusado de tocar a una niña.

“Para el día de hoy, estamos de nuevo corriendo el riesgo de que la niña (…) siga sin acceso a la justicia y que se siga revictimizando. En este caso, el Estado no está garantizando el acceso a la justicia y, por lo tanto, según la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, eso constituye violencia de Estado”, denuncia Gladis Chinchilla, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos de Occidente.

Mientras las mujeres gritan, bajo el sol y a todo pulmón, su consigna: “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, el Tribunal 5º de Sentencia anuncia que esta mañana también fue suspendido el juicio, por décima vez, y que se reprogramó para el 17 de febrero.

En la recepción del tribunal, explicaron a GatoEncerrado que la razón fue “por falta de abogado defensor particular del imputado”. Es decir, el abogado de Amaya no se presentó y eso fue suficiente para que el juez decidiera reprogramar otra vez.

Concentración en Centro Judicial Isidro Menéndez. Foto/ Emerson Flores

Tras conocer la decisión, la madre salió del centro judicial, acompañada de una defensora del movimiento de mujeres.

“Tanto la niña como yo nos sentimos vulnerables ante el sistema, ante la deficiencia que favorece los derechos del imputado. Nos sentimos expuestas, impotentes al no poder tener una pronta justicia, una solución, habiendo tantas evidencias que ya están, por parte de los órganos litigantes como Medicina Legal”, expresa con indignación.

Agrega que no comprende cómo es posible que el tribunal haya dilatado por casi un año y medio el proceso. Pero intuye que todo se trata de técnicas de dilación, excusas para provocar que ella y Nicole se retracten, para que nieguen el abuso o simplemente para que se cansen de ir al tribunal.

“Recibimos amenazas. Nos tuvimos que mudar a otro lugar, la niña tuvo que cambiarse cuatro veces de colegio. Con tal de salvaguardar nuestra vida, tuve que quitar un negocio. Y ha sido como al revés, pues. Hemos tenido que resguardarnos con nuestros recursos…”, relata, como si tiene mucho más por decir, pero la indignación, frustración y tristeza se le atora en la garganta y no puede continuar.

La defensa de Amaya, las veces en que sí ha llegado a los tribunales, reduce el caso a un tema de pareja, como si se tratara de una venganza por parte de la madre.

“Pero se le olvida que la madre de la niña no es la víctima, la víctima es la menor de edad y en ese sentido, es ella la que ha sufrido las cosas que este señor ha hecho”, señala el abogado de la madre de Nicole.

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Un juez que se lava las manos

Debido a la dilación del proceso, la madre de Nicole denunció al juez Rafael Del Cid Castro ante el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). En respuesta, el juez insinuó que la madre exagera. 

“La audiencia de vista pública se ha venido suspendiendo, pero esas suspensiones no han sido antojadizas, sino con razones debidamente justificadas por las partes (…) (la madre) no es la persona indicada para hacer alusiones para descalificar a funcionarios judiciales (…) Siente que todos los que están a su alrededor son responsables de lo sucedido a su persona y se le percibe que cuando la ayuda que solicita no llega, es culpa de los demás, pretendiendo anular o descalificar personas a toda costa, para lograr los objetivos del proceso”, dijo Del Cid Castro, según consta en el acta 20-2019 del pleno del CNJ.

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Violencia sexual

De enero a junio de 2019, hubo 3,138 casos de violencia sexual en el país, según el último Informe Semestral de Hechos de Violencia contra las Mujeres en El Salvador. De estos, 2,110 fueron cometidos en contra de menores de 18 años. Es decir, el 67% de los delitos fue contra niñas.

De acuerdo con datos gestionados por el Observatorio de Violencia de Ormusa en la fiscalía, hubo 120 casos de violaciones y 83 de agresiones sexuales en menor e incapaz  que fueron archivados (de manera provisional o definitiva) en todo el país, desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2019.

Parlamentarios del País Vasco, en su visita a El Salvador, dijeron estar enterados del caso y lamentaron que Nicole aún no recibe justicia.

“La justicia si no es más o menos inmediata, pierde una parte importante de su contenido. La justicia, para ser eficaz, tiene que ser rápida”, dijo Iñigo Iturre, a GatoEncerrado.

El abogado de la madre de Nicole agregó que el juez no solo puede ordenar las gestiones para realizar el juicio, también tiene el deber de hacerlo.

Esta mañana, Nicole y su madre tienen que regresar a su casa sin la justicia que vinieron a buscar. Tendrán que esperar hasta el 17 de febrero para insistir en que el juez Del Cid haga su trabajo y realice el juicio.

*Nicole es un nombre ficticio para identificar a la víctima.

Material editado por Ezequiel Barrera

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