Los pandilleros que huyen de Bukele también se refugian en México

Diseño/ Patricia Urbina

Desde 2022, la ciudad de Tapachula, en la frontera sur de México, ha sido punto de llegada para cientos de pandilleros que huyen del régimen de excepción en El Salvador y que buscan un lugar donde esconderse, donde mimetizarse… No pocos ven en el país de acogida una oportunidad de recomenzar sus vidas y explorar posibilidades de alejarse de sus pandillas y dedicarse a actividades lícitas, pues la idea de su deportación a El Salvador les aterra. Aquí, aunque la presencia de pandillas no es algo nuevo, se ha vuelto más notoria y llamativa para las autoridades y medios locales, tanto así que su presencia ha sido una justificación para la militarización de la frontera. Los pandilleros están aprovechando el auxilio humanitario que México brinda a personas indocumentadas, aunque a veces estos mecanismos tienen poco de humanitarios. Aquí, además, estos criminales son conscientes de que hay un poder aplastantemente mayor sobre ellos: El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa que, en este momento, se disputan esta ciudad y el Estado de Chiapas.

Por Bryan Avelar | Abril 22, 2024

Edición: Ricardo Vaquerano

Tapachula, Chiapas, México. Acerca de Fernando podría decirse que su primera gran cualidad es ser un mesero diligente y atento. Saluda a sus clientes desde que asoman por la puerta principal, les ofrece las mesas mejor ubicadas y espera a que se acomoden para tomarles la orden. Al disponer la mesa, coloca los individuales simétricamente frente a cada cliente y les deja unas pequeñas entradas y unas salsas. Más tarde, cuando sirve el plato principal, se retira con su brazo izquierdo sobre su abdomen y el derecho a su espalda. Tras retirarse, procura estar cerca y atento a cualquier llamado de sus clientes y responde presto si surge alguna necesidad. Acerca de Fernando podría decirse que su primera gran cualidad es ser un mesero diligente y atento, si no fuera porque, si uno observa con cuidado, cuando las mangas largas de su camisa se retraen, dejan ver en el dorso de una de sus manos el tatuaje de una X y, en el de la otra, un número 8. Fernando es un sicario de la pandilla Barrio 18, es prófugo de la justicia de El Salvador y ahora sobrevive en una ciudad que se ha convertido en refugio tanto para víctimas de pandillas como para sus victimarios.

Fernando ha encontrado en la amplia tradición mexicana de refugio y asilo un salvavidas que ya están utilizando no solo personas que huyen de la violencia o de la precariedad económica en Centro, Sudamérica o en otros continentes, sino también pandilleros que han huido de la presión del régimen de excepción en El Salvador. En algunos casos, estos hasta ven la oportunidad de hacer un viraje importante en sus vidas, incluida la posibilidad de dar la espalda a actividades ilegales.

Fernando es un ejemplo de eso. Recibe sonriente a los clientes en un pequeño y caluroso establecimiento de tacos en la colonia Los Naranjos, un barrio céntrico de la ciudad de Tapachula, en la frontera de México con Guatemala. 

Nadie que no vea sus tatuajes podría imaginar a Fernando como un sicario, pero si le pregunta algunas cosas más allá del menú, podría notar que se transforma. Por ejemplo, si uno le pregunta de qué país es originario o hace cuánto tiempo llegó a esta ciudad, su mirada gentil y su sonrisa ladeada desaparecen de inmediato y se vuelve frío y esquivo. De su boca dejan de salir palabras amables y bien articuladas y empieza a hablar como si tuviera pegados los labios. Agacha la cabeza, achina los ojos, intenta ocultarse debajo de la gorra que siempre lleva puesta y estira las mangas largas de su camisa gastada para ocultar sus tatuajes.

Fernando, de 32 años, es delgado, de piel trigueña, tiene unos ojos hundidos y almendrados y un rostro marcado por algunas cicatrices. Desde hace casi dos años vive y trabaja en esta pequeña taquería en el centro de  Tapachula. Llegó aquí en mayo de 2022 huyendo de El Salvador, su país natal. Huyó del régimen de excepción, la medida represiva más poderosa impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele en contra de las pandillas. Llegó aquí porque es un sicario de la facción Revolucionarios de la pandilla Barrio 18 y le bastaron dos meses bajo aquella embestida para entender que era inminente que la Policía lo capturara y lo enviara a prisión sin ningún tipo de garantías y con el riesgo real de morir en una cárcel salvadoreña.

Desde que inició el régimen de excepción en marzo de 2022, en El Salvador explotó un éxodo de pandilleros que intentan evitar la prisión. Y no fue por nada. La medida, dos años después de iniciar, superaba las 79 mil capturas a inicios de abril de 2024, y muchas de las personas detenidas llevan meses o años bajo prisión y sin derecho a una verdadera defensa, con el agravante de que la Fiscalía dispone de hasta 24 meses para presentar pruebas y las audiencias son masivas. Por eso muchos huyeron hacia Honduras y Guatemala, otros migraron hacia Nicaragua y unos más emprendieron camino hacia México e incluso Estados Unidos. En esta última ruta, los pandilleros han engordado la cifra de migrantes que huyen de la pobreza o de la violencia, violencia que en gran parte ha sido ocasionada por ellos mismos. 

La historia de Fernando es la de cientos de pandilleros que huyeron y lograron instalarse en barrios marginales de esta ya marginada ciudad del sur de México. Tapachula es hostil con quienes llegan sin papeles desde fuera: les ofrece escasas oportunidades y abundante xenofobia. Sin embargo, es un lugar de paso casi obligatorio para quienes vienen con la mente puesta en Estados Unidos.

México ha vuelto a ser, en el último episodio político relacionado con violencia en El Salvador, el lugar en el que encuentran refugio quienes deben huir del país centroamericano. El histórico papel de salvavidas del gigante mesoamericano reaparece 30 años después de las guerras intestinas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y aunque la migración de pandilleros hacia esta región no es nueva, en los últimos dos años ocurre una particularidad aparentemente contradictoria: en las calles, plazas, albergues y hasta en las taquerías de Tapachula es cada vez más común ver a migrantes que llegan desde El Salvador pertenecientes a dos grupos contrapuestos: víctimas y victimarios. Víctimas de pandillas y pandilleros.

Como Fernando, muchos se ocultan y han dejado su vida pandillera atrás. Han buscado algún oficio y caminan con discreción por temor a ser deportados a El Salvador donde el escenario más probable es que terminen presos, si no muertos. Otros aún mantienen sus códigos pandilleros y los hacen sobrevivir en pequeñas colonias marginales donde manchan las paredes con las letras o números alusivos a sus pandillas, pero no son respetados ni temidos por casi nadie. Lejos quedaron su tierra y las colonias que ellos otrora controlaban y donde infundían miedo. La razón: aquí quienes mandan son los cárteles de la droga.

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En el fondo de un largo salón en un albergue para migrantes en la frontera sur de México, dos salvadoreños conversan en voz baja sobre lo que harán al cabo de unos días, cuando por fin lleguen a Estados Unidos. Ninguno de los dos tiene tatuajes visibles ni señal alguna que los identifique como criminales, pero ambos son pandilleros veteranos de la MS-13 escondidos en este lugar.

Los dos sobrepasan los 40 años y, bajo la condición de no revelar sus nombres ni apodos en su pandilla, cuentan que ingresaron a la MS-13 hace más de dos décadas. Para demostrarlo, uno de ellos muestra discretamente los tatuajes debajo de su camisa: una enorme garra con uñas largas dibujada en el abdomen coronada por las palabras “Mara Salvatrucha” en el pecho.

Ambos llegaron a este albergue para migrantes huyendo de la represión contra las pandillas en El Salvador y han logrado pasar varios meses inadvertidos, fingiendo ser dos migrantes más.

Mantener un perfil bajo y mentir a las autoridades mexicanas diciendo que huyen de la violencia generalizada en su país les sirvió para obtener visas humanitarias con las que podrán cruzar México hasta la frontera con Estados Unidos. Este documento no es garantía de nada ante las mafias que deberán encontrarse más adelante en el camino por tierra, pero en teoría abre una oportunidad dorada para todos los migrantes: poder avanzar en el camino con un salvoconducto que mostrar a las autoridades. Aunque en la práctica ese documento es poco respetado por los agentes de migración.

“En El Salvador está fea la situación, pero aquí ya estamos a salvo. Allá, en el norte nos espera una vida mejor con nuestra familia”, dice el que parece ser el mayor, mientras muestra sonriente su tarjeta verde extendida por el Instituto Nacional de Migración (INM). En el frente de su tarjeta, debajo del encabezado del gobierno mexicano, aparece su foto, su nombre, fecha de nacimiento y más abajo, en letras mayúsculas y negritas las palabras “RAZONES HUMANITARIAS”.

Cada año, el gobierno mexicano emite miles de visas humanitarias destinadas principalmente a migrantes centroamericanos y más recientemente a cubanos y haitianos o migrantes extracontinentales que huyen de la pobreza, de los regímenes autoritarios, de guerras o de la violencia causada por las pandillas. Solo en los últimos cinco años, entre enero de 2019 y enero de 2024, el INM entregó 412 mil 58 tarjetas de visitante por razones humanitarias, que equivalen a un promedio de casi 7 mil por mes. Según los datos del portal de la Unidad de Política Migratoria de México, para 2023 la salvadoreña fue la quinta nacionalidad que más visas humanitarias recibió, con 23 mil 584 documentos, solo por debajo de las cifras de Venezuela, Cuba, Honduras y Haití. Un promedio de 65 visas humanitarias cada día.

Sin embargo, los criterios de este mecanismo humanitario para otorgar estos permisos son tan laxos que algunos victimarios están consiguiendo beneficios destinados para las víctimas. La gran ironía es que mientras miles de migrantes son retenidos durante meses en la frontera sur, en condiciones inhumanas, algunos pandilleros que provocan esa migración reciben visas. Esto, según activistas locales como Luis Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, con sede en Chiapas, se debe principalmente a dos cosas: al desbordamiento que sufre la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) por la alta demanda de solicitudes y porque existe una “mafia” dentro de las instituciones para otorgar beneficios humanitarios a cambio de dinero.

A finales de 2023, una publicación de la Redacción Regional reveló la existencia de estas mafias: una nueva especie de coyotes que no solo trafican gente de sur a norte sino que también se encargan de conseguir visas humanitarias y condición de refugiados a cambio de dinero.

Los pandilleros aseguran que no pagaron coyote para llegar a Tapachula ni para conseguir sus visas humanitarias. Viajaron solos, únicamente ayudados por contactos de la pandilla a lo largo de la ruta. Sin embargo, al llegar a la frontera norte sí tendrán que tributar a una estructura criminal poderosa: “Hay que pagar 800 dólares por cada uno al narco y otros 2,000 dólares a un coyote por cruzar la frontera”, dijo el que parece ser el más joven.

GatoEncerrado preguntó al INM si tiene información sobre pandilleros beneficiados con visas humanitarias, pero, tras varios intentos por medio de la oficina de Comunicación Social, no hubo respuesta.

El régimen de excepción es la respuesta del Gobierno de Bukele luego de que la MS-13 organizara una matanza de 87 personas en todo el país durante el último fin de semana de marzo de 2022. Esto ocurrió, según una investigación del periódico El Faro, debido a la ruptura del pacto que el gobierno mantenía bajo la mesa con las pandillas al menos desde el inicio de esta gestión presidencial, en junio de 2019. El régimen de excepción arrancó el 27 de marzo de ese año, y entre las casi 80 mil  personas capturadas hasta inicios de abril de 2024, había centenares de mujeres y hasta niños. Muchas de estas personas son inocentes, y el mismo Ministerio de Seguridad reveló, en julio de 2023, que de las cerca de 80 mil personas capturadas hasta entonces, 7 mil habían sido liberadas después de meses en prisión porque eran inocentes. Todas las personas capturadas son acusadas de pertenecer o colaborar con las pandillas. 

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Luego de una larga jornada y cuando la taquería en la que atiende está vacía por fin, Fernando se sienta a una mesa y cuenta su historia. 

Cuando salió era mediados de mayo de 2022, apenas iniciada la suspensión de garantías en El Salvador. Dice que no sabía nada sobre el rompimiento de la tregua que había desencadenado la matanza de aquel último fin de semana de marzo, pues él apenas era un simple peón, un homeboy que se había ganado sus manchas a costa de disparar, pero un homeboy raso a fin de cuentas. 

Desde que inició el régimen de excepción, Fernando salió de su casa en el distrito de Apopa, en el norte del Área Metropolitana de San Salvador, para huir a una casa de un pariente en una colonia vecina. Ahí se mantuvo escondido durante casi un mes, y desde ahí veía en su teléfono celular cómo la cacería a troche y moche desatada por Bukele acumulaba cifras de “terroristas” capturados sin precedentes. Conocidos suyos algunos y muchos otros no. “Yo me escondía en una bodega que tenían ahí. Ahí me llevaban comida y solo salía para ir al baño, ¿me entendés?”, cuenta.

Pronto la policía empezó a rondar su escondite y con justificado temor a la inminencia de su captura, decidió huir. Contactó a un coyote a quien otro pandillero conocido suyo había contactado anteriormente para que lo llevara hacia Guatemala. “En esos días era difícil comunicarse con los homeboys. Todos tenían apagado el fon (teléfono) o los habían agarrado y otros lo botaron porque pensaban que lo tenían tostado (intervenido). El mío porque era nuevo”, recuerda. 

Fernando pagó 800 dólares para que lo llevaran hasta la frontera de El Salvador con Guatemala y lo cruzaran al otro lado. Era un precio alto pero necesario, tomando en cuenta que, de no salir, podía arriesgarse a pasar el resto de su vida en la megacárcel para pandilleros creada por Bukele.

“Allá dejé a mi hija, a mi mujer y a mi mamá. Como a la semana llegaron los policías y capturaron a mi mamá por un dinero que le encontraron. Eran mil dólares que yo tenía de renta (extorsión) y venta de droga”, confiesa. Su mamá ahora lleva capturada 22 meses y sin esperanzas de salir en libertad. “No sé nada de ella, nada, nada. Ni sé si está viva, pues”, dice.

La llegada de pandilleros a Tapachula producto de las medidas represivas en El Salvador ha sido sensible en Tapachula. Las autoridades reportan un incremento en las capturas de pandilleros a partir de mediados de 2022, aunque se niegan a dar números precisos. Empresarios de transporte colectivo de Chiapas empezaron a reportar un incremento en las extorsiones y asaltos desde marzo de 2022 y se los atribuyen a las pandillas. Algunos medios publican titulares escandalosos en los que sugieren que “las maras” están aterrorizando a la población de Chiapas.

Sin embargo, a pesar de que el incremento de pandilleros en la zona ha sido notable, en la práctica, las pandillas no controlan este territorio. Su presencia está supeditada a otra guerra que se libra en este lugar, una guerra entre los dos cárteles de la droga más poderosos de México: El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación que al menos desde 2021 se disputan esta ciudad y todo el estado de Chiapas. 

Estas noticias han sido usadas como excusa para militarizar la frontera y para reforzar la xenofobia en Tapachula, donde presentarse como salvadoreño es casi una referencia a las pandillas.

Los pandilleros que habitan Tapachula saben que “los señores”, los narcos, son un poder por mucho más grande que el de ellos. Y saben también que si empiezan a cometer delitos y a calentar la zona, podría traerles un costo que no quieren asumir. 

Por esa razón, muchos pandilleros que han venido a Tapachula han decidido “desactivarse”, como se dice en el argot pandillero para aludir al abandono de las actividades delictivas propias de la pandilla.

Una vez que Fernando puso pie en Tapachula, en mayo de 2022, se encontró en una situación en la que nunca había imaginado estar. Se vio en medio de cientos de personas abandonadas en una ciudad, expatriadas que huían de sus miserias, en muchos casos de las miserias que las pandillas les habían provocado. Pero la frontera les mimetizó: Tapachula volvió iguales a víctimas y victimarios. 

En el caso de Fernando, aquí ninguna pandilla lo respaldaba, no extorsionaba, nadie le tenía miedo ni a él ni a sus tatuajes. Más bien intentaba esconderlos. Como el día que lo conocí. Luego de colocar el individual milimétricamente encuadrado frente a mí y dejar las entradas y las salsas sobre mi mesa, giró sus manos para que el dorso de ellas quedara fuera del alcance de mi vista.  Sin embargo, ya había advertido la X y el 8. Por eso le pregunté de dónde venía y hacía cuánto había llegado a esta ciudad. Al principio, Fernando se mostró reacio y cambió su forma de verme y hablarme. Pero tras unos minutos y luego de explicarle que soy periodista, se ablandó y me contó que tenía miedo. “Tengo miedo de que me deporten y no quisiera que usted me vaya a hacer daño”, me dijo. Se refería a que temía que yo lo fuera a acusar con las autoridades. Me contó que había conseguido que le dieran una visa humanitaria, pero que la había perdido y las oficinas donde la había adquirido ya estaban cerradas. 

Tras llegar a Tapachula, Fernando empezó a deambular por la ciudad. No tenía ni idea de dónde estaba ni cómo garantizar que no lo deportaran como a tantos otros que había visto en las noticias. Entonces preguntó a otros migrantes que estaban en el parque central de la ciudad, el parque Miguel Hidalgo, qué podía hacer para no ser deportado. Le dijeron que tenía que pedir refugio y que debía ir a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a exponer su caso para pedir una visa humanitaria. 

Claro, su historia ante las autoridades debía ser una historia de víctima y no de victimario. Y, a diferencia de los dos pandilleros de la MS-13 del refugio, él sí tiene cuentas pendientes con la justicia salvadoreña. Entonces se inventó una historia. Una creíble. Nadie le iba a creer que era víctima de la pandilla siendo él mismo un pandillero, pero sabía que sí hay una forma en la que esto puede ocurrir. Entonces dijo que su pandilla lo había amenazado de muerte por haberla traicionado. Les dijo que era un soplón. Ser soplón en la pandilla es una falta imperdonable que se paga con la vida. Por eso Fernando supo que su argumento sería creíble.

Hizo cola durante varios días entre miles de migrantes, hasta que llegó su turno. Ahí, un agente de Migración lo entrevistó y le dijo que tenía que esperar para su próxima entrevista, si es que su caso era viable para optar por la visa humanitaria. 

Fernando esperó durante dos semanas y mientras tanto se le acabaron los 300 dólares en efectivo que había traído consigo. Por eso empezó a buscar trabajo. Primero en un puesto de tacos, cerca de la colonia Laureles II, una colonia popular con presencia de pandilleros. No duró mucho: el taquero identificó sus tatuajes y lo amenazó para que no se volviera a acercar. Luego probó en otra taquería en la colonia Los Naranjos, una colonia clasemediera cerca de la primera. Ahí, el encargado, un nicaragüense bonachón, necesitado de empleados para atender el negocio, el mismo día le preguntó qué sabía hacer. Fernando le contestó que no mucho, pero que podía atender a los clientes, tomar órdenes y ayudar a servir la mesa. El nicaragüense le dijo que tomara un delantal y empezara a atender las mesas siguiendo los pasos que él le iba a detallar. 

Desde entonces, Fernando se ha convertido en mesero. Dice que piensa establecerse en México. No quiere avanzar hacia los Estados Unidos, pues teme ser deportado, que la Policía de Bukele lo capture y perder todo lo que ha logrado en estos casi dos años. “A veces sueño que me agarran, broder. Y que me deportan”, dice, recordando sus pesadillas.

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La suspensión de garantías como el de la presunción de inocencia y el derecho a la defensa están acompañados en El Salvador con reformas procesales que, agregadas a la masividad de las capturas, han generado trámites judiciales tan engorrosos que difícilmente puedan asociarse a la palabra “justicia”. Por ejemplo, se procesa colectivamente a centenares de personas, lo cual les priva de su derecho a que se les individualice la acusación y, por el contrario, se genera el riesgo de hacer pagar a justos por pecadores. A personas inocentes por los crímenes de otras personas. Aunque como su nombre lo indica, el régimen de excepción supone una suspensión temporal de derechos, la Asamblea Legislativa, a petición de Bukele, lo prorrogó ya por 25ª el 10 de abril de 2024.

El albergue donde se escondían los dos pandilleros de la MS-13 a principios de mayo es el más grande de Tapachula, con capacidad para 800 personas, pero para entonces alojaba a más de 1,200 migrantes de diferentes nacionalidades. El incremento de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos en los últimos años ha generado una crisis humanitaria en la frontera sur que ha desbordado a las instituciones de auxilio. 

“Hay noches en que tenemos decenas de personas en la puerta, esperando una oportunidad. No dejarlos entrar sería inhumano”, dice Marcos, el encargado del albergue. “No tenemos muchos filtros para las personas que ingresan y estamos conscientes de que están llegando pandilleros de El Salvador, pero no podemos ponernos a pasarle filtros a la gente mientras se muere de frío en la calle”, añade, y pide que se omita el nombre del albergue porque cree que lo podría estigmatizar o meter en problemas.

Según líderes humanitarios de la zona, la crisis en la frontera es generada por una política de retención impulsada por el gobierno mexicano. “Con la llegada del presidente (Andrés Manuel) López Obrador, el gobierno invitó a los migrantes a venir, pero solo para tenerlos retenidos en la frontera”, dice Karen Martínez, coordinadora de la oficina del Servicio Jesuita para Refugiados. “Si la frontera sur fuera un hospital, Tapachula sería la sala de crisis”, añade.

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Tapachula es el primer gran colador creado por las políticas antiinmigrantes impulsadas por Estados Unidos y ejecutadas por México. Aquí las autoridades han impuesto un muro burocrático que retiene a los migrantes, obligándolos a iniciar un proceso para obtener un documento que les permita transitar de forma legal por este país, un proceso que puede tardar días, semanas, meses o nunca terminar. Quienes no inician el proceso y deciden avanzar por su cuenta son detenidos y devueltos a este lugar, a la prisión para migrantes más grande del sur de México: La Estación Migratoria Siglo XXI, un local vendido por las autoridades como un lugar donde los migrantes “esperan” a ser deportados, pero que en la práctica son cárceles donde pueden pasar días, semanas o meses a merced de sus captores. Esta estación es gemela de la estación de Ciudad Juárez, donde el 27 de marzo de 2023 se desató un incendio y donde los custodios dejaron morir a 40 migrantes y otros 27 resultaron con lesiones de por vida.

Es por eso por lo que esta ciudad trampa está inundada de migrantes. Es por eso por lo que no es extraño verles trabajando en las calles, en los mercados, en negocios locales o en taquerías. Activistas locales y algunas organizaciones de ayuda humanitaria calculan que Tapachula está habitada por entre 40 mil y 50 mil migrantes permanentemente, es decir, un equivalente al 14 % de la población oficial de la ciudad para 2020.

La presencia de las pandillas en Tapachula tiene más de dos décadas. Ya para el año 2005 se habían vuelto uno de los principales actores criminales de la zona y llegaron incluso a controlar 283 kilómetros de la ruta migratoria desde Ciudad Hidalgo hasta Arriaga, y se convirtieron en aliadas de estructuras de crimen organizado importantes como el Cártel de Los Zetas en la zona de San Fernando, Tamaulipas, donde ayudaron a secuestrar y desaparecer a cientos de migrantes y enterrarlos en fosas clandestinas.

Los dos pandilleros entrevistados en el albergue contaron que pertenecieron al programa San Cocos, una estructura de la MS-13 que operaba en el occidente de El Salvador y que los dos cumplieron condenas por homicidio en prisiones de ese país. Ahora huyen de la embestida del gobierno sin tener orden de detención. El mayor dice que al menos ellos dos intentan evitar problemas en México. “Ahorita queremos una vida tranquila, viejo. Nosotros no andamos buscando pedo con nadie aquí. Lo único que queremos es llegar a la USA y hacer una vida tranquila”.

El más joven señala una diferencia que hoy hay con régimen de excepción en El Salvador y que es una de las razones concretas por las cuales decidieron huir de su país y, sobre todo, por las cuales quieren evitar volver a él: “Antes, si nos capturaban, podíamos pasar meses o un par de años encerrados; ahora, solo por tener tatuajes de la pandilla, nos caen 40 años”.

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).