Bukele malinterpreta la Constitución e intenta controlar la Asamblea

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que tiene la facultad constitucional, a través de sus ministros, de convocar extraordinariamente a los diputados para que aprueben un préstamo. Constitucionalistas, consultados por GatoEncerrado, dijeron que el ejecutivo sí tiene la facultad de convocar extraordinariamente a la Asamblea, pero que esa convocatoria  para el domingo 9 de febrero no cumple con los criterios de excepcionalidad. La convocatoria, por lo tanto, está basada sobre una mala interpretación de la Constitución.

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Ficha de verificación

Autor

Nayib Bukele

Frase

“Ya están convocados. Domingo a las 3 de la tarde en la Asamblea Legislativa, a sesión extraordinaria, punto único: la aprobación del financiamiento de la fase tres del plan Control Territorial. Si los diputados no asisten a la convocatoria extraordinaria que por constitución están obligados a asistir, entonces vamos a utilizar nuestros poderes constitucionales para hacer cumplir la Constitución de la República”.

Vía

Conferencia y Twitter

Fecha

06 de febrero, 2020

Categoría

El presidente de la República, Nayib Bukele, estaba impaciente por comprar tres helicópteros, un buque, un sistema de videovigilancia y más equipo para policías y soldados involucrados en la fase 3 del Plan Control Territorial, con $109 millones de un préstamo otorgado por el  Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Así que decidió no esperar más a los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes tienen la llave para aprobarle el préstamo. Reunió a su Consejo de Ministros, el 6 de febrero, y les propuso presionar a los legisladores a través de una convocatoria extraordinaria, con base en el numeral 7 del artículo 167 de la Constitución. Bukele aseguró que esa convocatoria es legítima, constitucional y que los diputados no tienen otra opción más que obedecer. Es más, dijo que si los diputados no llegaban a la Asamblea el domingo 9 de febrero a las 3:00 de la tarde, sería necesario que el pueblo hiciera uso de su derecho a la insurrección, contemplado en el artículo 87. 

La convocatoria de Bukele, a través de sus ministros, basada en la interpretación literal de la Constitución para presionar a los diputados encaja en la definición de Engañoso, que es una de las seis categorías bajo las que Ojo de Gato hace verificaciones del discurso público del ejecutivo salvadoreño. 

Un exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), consultado por GatoEncerrado; una sentencia de esa Sala; una abogada constitucionalista y el director de una organización de la sociedad civil dedicada a promover la democracia coinciden en que el presidente Bukele ha hecho uso de las facultades que le permite la Constitución, pero bajo una mala interpretación. En otras palabras: El mandatario puede recurrir, a través de sus ministros, al numeral 7 del artículo 167 de la Constitución para hacer una convocatoria extraordinaria en la Asamblea; lo que no puede hacer es basar la convocatoria en lo extraordinario sin que se cumplan los criterios de excepcionalidad.

El exmagistrado Rodolfo González de la Sala lo explica así: “El acuerdo del Consejo de Ministros es válido y nos remite al artículo 167, pero la causal o la razón que expone es porque se está desarrollando el plan Control Territorial y ya se le aprobó la primera fase y luego viene la segunda, ahora no se entiende el cambio de actitud de la Asamblea. La Asamblea, y con toda la razón del mundo, puede decir que las primeras dos partes son razonables, pero decir que gastar en buques y helicópteros y cosas de películas, la Asamblea puede decir que no están en condiciones para endeudar al país. Si alguien creyó encontrar en el artículo 167 una solución en este impasse, es peligroso”. 

El exmagistrado y la abogada constitucionalista Erika Saldaña concuerdan en que los procesos de discusión para aprobar préstamos, entre otras cosas, son parte del trabajo cotidiano de la Asamblea Legislativa y que por lo tanto no existe excepcionalidad en una convocatoria para que los diputados hagan lo que hacen cotidianamente. 

El año pasado, por ejemplo, la Asamblea Legislativa discutió y aprobó más de 7 préstamos distintos. Entre esos, uno de $91 millones para financiar la segunda fase del plan Control Territorial del presidente Bukele. 

De acuerdo con el exmagistrado Rodolfo González, el presidente Bukele ha interpretado la Constitución de forma literal un artículo que ni siquiera debería utilizarse actualmente por haber sido concebido en una época histórica en que tenía sentido. 

“Hay artículos que están en la Constitución porque son resabios de épocas pasadas o que están ahí previendo situaciones que algún día podrían darse y que no pueden dejarse en el vacío normativo, pero que todo mundo espera que no se den”, dijo el exmagistrado González, quien agregó que la literalidad en estos artículos es inadecuada. 

La expresidenta del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y abogada constitucionalista, Erika Saldaña, agregó que la Sala de lo Constitucional ya se ha pronunciado en el pasado sobre lo inadecuado de la literalidad. “Lo que creo es que el presidente (Bukele) está dándole una interpretación literal y aislada a la norma a conveniencia”, dijo Saldaña a GatoEncerrado.

Entre la jurisprudencia de la Sala, que mencionó Saldaña, está una resolución del 24 de junio de 2019, en la que dice: “Las disposiciones constitucionales también son susceptibles de ser aplicadas al caso concreto, y para ello necesitan ser interpretadas (...) La diferencia entre la Constitución y la ley se manifiesta en el mayor grado de generalidad y abstracción que caracteriza a la norma constitucional, y que resulta no sólo del tenor literal del enunciado normativo, sino también, y sobre todo, del hecho de que forma parte de un sistema que es, por definición, amplio y abierto, pero a su vez interconectado”. 

De acuerdo con ambos constitucionalistas, la Constitución actual tiene su base en la de 1962, que a su vez tiene a su base la constitución de 1950. Durante estos últimos dos periodos, la ley demandaba que la Asamblea Legislativa tuviera al menos dos convocatorias al año: el 1 de junio y el 1 de diciembre, dejando en medio períodos de suspensión de actividades legislativas. Para 1983, la situación ya había cambiado y la Asamblea Legislativa dejó de reunirse dos veces al año para estar en labores permanentes.

“Esto (el artículo 167) obedece a una época en donde la Asamblea entraba en recesos y en ese tiempo de receso se podía dar una situación excepcional, y entonces fue que las constituciones históricas comenzaron a regular que si la Asamblea no se podía reunir, ver si el consejo podía convocar como una excepción. Pero ahora nadie está esperando que eso suceda. Como es de excepción, no es para estarlo usando todos los días. Hay que entender que es una situación extraordinaria como un estado de sitio o catástrofe. Este artículo hay que interpretarlo de manera excepcional”, dijo el exmagistrado. 

González también comentó que aceptar la convocatoria extraordinaria de Bukele, a través de sus ministros, puede tener consecuencias. Una de esas es que el poder ejecutivo quiera tener control sobre el legislativo.

“Si la Asamblea entra a discutirlo atendiendo la convocatoria del Consejo de Ministros se sienta un precedente peligroso, porque el ejecutivo hace su propia interpretación de las situaciones excepcionales y si la Asamblea se toma a ojos cerrados todo lo que el ejecutivo califica como excepcional puede darse esta alteración de la división de poderes”, explicó el exmagistrado.

Insistencia del presidente

Choque de poderes

El sábado 8 de diciembre, el presidente Nayib Bukele mandó a que se colocara una tarima para la concentración que convocó para este domingo 9 de febrero, pantallas LED y que se desplegara a militares en todas las entradas de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de preparar el ambiente para presionar a los diputados. La noche del sábado, las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada se pronunciaron sobre la importancia de la seguridad en el país y dejaron claro que su lealtad está con el presidente Nayib Bukele.

Toda la situación tiene su origen en una solicitud de préstamo que hizo el presidente a la Asamblea Legislativa en noviembre de 2019. El préstamo, del BCIE, de $109 millones tiene como propósito la financiación de la tercera fase del plan Control Territorial. Desde enero de este año, la presidencia de la República comenzó a presionar a los diputados de la Comisión de Hacienda para acelerar la discusión. Como no hubo aprobación en enero, el presidente Bukele acudió a sus ministros para hacer la convocatoria extraordinaria, con el objetivo de presionar a los diputados y que aprueben el préstamo.

Antes de los militares y de las tarimas, Bukele ya había hecho un llamado a la insurrección, enviando un mensaje claro a los diputados de que su protección depende de él. A las 11 de la noche del 7 de febrero, todas las fracciones comenzaron a denunciar y a confirmar a GatoEncerrado que los agentes asignados como su seguridad personal fueron suspendidos de sus labores bajo una orden del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. Los agentes supernumerarios responden al programa de Protección de Personas Importantes (PPI) de la policía.

Arriaza hizo un llamado exclusivo a los agentes designados a los diputados a presentarse en la sede del disuelto Grupo de Reacción Policial (GRP) para entregar sus armas, mismas que les regresó al medio día del 8 de febrero para que retomaran sus labores. 

Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN, explicó a GatoEncerrado que a las 11:03 de la noche del 7 de febrero, cuatro agentes de la policía pasaron "recogiendo" a los agentes PPI asignados a su seguridad. 

"Yo les alegue que estaban violando la ley, el decreto 572 que viene desde el 16 de junio de 1993, pero ya no pude hacer nada al insistir que era orden del director de la Policía Nacional Civil. Yo lo responsabilice a él y al presidente Nayib Bukele de cualquier cosa que nos pasara a las y los diputados”, dijo Díaz a GatoEncerrado.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, declaró en un primer momento como improcedente la convocatoria de Bukele, por considerar que invadía las atribuciones del Órgano Legislativo y llamó al diálogo. El PCN, su fracción partidaria, y el partido de gobierno Gana sí aceptaron la convocatoria hecha por Bukele. Una convocatoria inválida si el presidente de la Asamblea no accedía. 

A lo largo del 8 de febrero, las fracciones dieron sus posiciones sobre el tema. Arena y el Fmln calificaron la convocatoria de Bukele como una ”ruptura del orden constitucional”. La fracción tricolor (sin los diputados Felissa Cristales, Milena Mayorga, Gustavo Escalante y Arturo Simeón Magaña) se adelantó a calificar las actuaciones de Bukele como un “autogolpe de estado en desarrollo” y pidió a organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) aplicar los mecanismo establecidos en la carta democrática interamericana. Luis Almagro, secretario General de la OEA publicó en su cuenta de twitter su apoyo a la decisión de Bukele: “Mantuve conversación telefónica con Canciller de #ElSalvador @CancillerAleHT. Expresó respeto del Gobierno de su país por Constitución e institucionalidad y reafirmó compromiso de Gobierno del Presidente @nayibbukele con políticas de seguridad que han arrojado positivos resultados”. 

Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, dijo a GatoEncerrado que el llamado de Bukele a la insurrección es irresponsable.

“Es irresponsable invocar ese artículo (87), la constitución a pesar de ser tan genérica da claves para que proceda el ejercicio del derecho a la insurrección. Dice que es solo para detener a los funcionarios que están violentado la Constitución y cuando se violente el sistema político de este gobierno, como por ejemplo si se elimina la Sala de lo Constitucional o que agentes estatales violen los derechos fundamentales. Eso sí habilita que el pueblo salga a las calles, pero no sé cuál es la base del presidente si no tiene ningún sustento jurídico”,dijo Escobar.

Carolina Recinos, comisionada presidencial de Bukele, calificó las actuaciones del gobierno como parte de la “dinámica normal del diálogo” y expresó que estas acciones impulsadas por el presidente de la República son parte del balance que debe de existir entre los poderes del Estado. “No hay crisis de gobernabilidad, ni choque entre órganos del Estado”, dijo.

El acto de valentía de Ponce duró menos de 24 horas, frente a la medición de fuerzas que Bukele desplegaba en redes sociales. Convocó a una conferencia en la noche del sábado 8 de febrero, a una sesión plenaria que no logró ser por falta de quorum, pero que quedó abierta. Solo llegaron 29 diputados. Para el domingo 9 de febrero, la convocatoria de Bukele se mantuvo en pie.

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