Empresarios y parientes de la élite política gobernante recibieron permisos y transgredieron normativas para desarrollar un proyecto urbanístico en el lago de Coatepeque. Las construcciones en el cerro Afate son responsabilidad de las familias Zablah, Bukele y Jokisch Rivera. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha clasificado esta zona de “máxima conservación”. Sin embargo, otorgó los permisos ambientales para 39 residenciales de lujo, con piscinas termales, pese a que ponen en riesgo el ecosistema.
Al caer la noche, pescadores del lago de Coatepeque terminan su jornada de trabajo en el embarcadero “El Recodón”. Sacan lo que pescan y lo guardan para su venta. Y así todos los días. Víctor Alfonso Guerrero es uno de los pescadores con más tiempo en el oficio, tiene 68 años y comenzó cuando era pequeño, a los nueve años. Desde siempre ha vivido en el cantón Los Planes de La Laguna, una comunidad en las llanuras del lago.
Con el tiempo, desde la década de 1980, Víctor Alfonso ha sido testigo de cómo el cemento se carcome los densos bosques para transformarlos en quintas recreativas de lujo. Las playas y muelles que antes eran públicos ahora ya no lo son más. “Desde que hicieron quintas tuvimos problemas, porque empezaron a privatizar el agua. Ahora ya no tenemos a dónde bajar”, explica el pescador.
Víctor Alfonso baja al lago en aquellos puntos que aún considera libre al público. El Recodón, al pie del cerro El Afate, es el único acceso abierto que les queda. Sin embargo, una construcción sobre el cerro les anuncia que este, pronto, también dejará de serlo.
El cerro Afate era uno de los últimos lugares en sobrevivir a la intervención humana: 39 casas de lujo, con piscinas termales, y un edificio de 12 apartamentos son construidos con permisos irregulares en el proyecto Coatepeque Lake Villas, de la empresa Desarrollos Agua Caliente S.A. de C.V., de la que ahora es dueño Marco Antonio Zablah Safie, quien es hermano de Francisco Zablah, conocido popularmente como Francis Zablah, diputado del partido Gana, que llevó a la presidencia a Nayib Bukele. En el negocio inmobiliario también participa Arena Perezalonso de Rodríguez, suegra del presidente Bukele.
El permiso para iniciar con la construcción de las casas de lujo fue emitido por el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) el 25 de marzo de 2008, según una resolución número 5992-390-2008. La autorización tenía vigencia de un año y fue dado por Carlos Guerrero, un expresidente de Casalco y quien fue ministro del MARN durante la gestión de Elías Antonio Saca, el cuarto presidente del partido Arena y fundador de Gana, institución política de la que forma parte Francis Zablah.
“El titular del proyecto cuenta con un plazo de UN AÑO para iniciar la realización del mismo, de lo contrario deberá gestionar nuevamente el trámite para la obtención del permiso ambiental correspondiente”, reza el escrito que autorizó el MARN.
El permiso ambiental fue otorgado a la familia Jokisch Rivera, quienes en 2008, eran los dueños del terreno, de la sociedad Desarrollos Agua Caliente y titulares del proyecto urbanístico. Los Jokisch Rivera tenían hasta agosto de 2009 para construir, pero pasaron diez años y la sociedad no ejecutó su proyecto. Un miembro de la familia Jokisch Rivera, quien no quiso ser identificado en esta investigación, dijo que fue “porque era (el proyecto) de una familia extensa que no se puso de acuerdo”. Por lo que decidieron vender el cerro Afate en combo con la sociedad y el permiso ambiental expirado.
El cerro entró en venta en 2018. El sitio web bienesyraicesenelsalvador.com lo ofertó por un precio de 1 millón 864 mil dólares negociables. En una nota preventiva, inscrita en diciembre de 2018 en el registro de propiedades del Centro Nacional de Registros (CNR), detalla que Bancovi de R.L. prestó $3 millones a Corporación Venecia. S.A. de C.V. para la compra del cerro Afate. Esta sociedad pertenece a la familia Zablah Safie.
El gerente de la Unidad de Ingeniería de la alcaldía de Santa Ana, Nelson Carballo, niega que la construcción de Zablah Safie tenga los permisos de construcción y que, si han iniciado, lo han hecho bajo la ilegalidad. “El permiso de construcción no se ha otorgado en absoluto. Sin embargo, ingresó un permiso de parcelación que viene con todos sus antecedentes del Ministerio de Medio Ambiente”, sostuvo.
Para lo único que tiene permiso es para la construcción de pedestales para soportes de contenedores, además de haber recibido un documento de revisión vial y zonificación, que sirve de antecedente para proceder en la obtención de permisos ambientales.
La construcción en el cerro Afate está a cargo de la firma de arquitectos urbanos CAADU, de César Augusto Alvarado Reyes, quien fue viceministro de Vivienda y Desarrollo entre 1999 y 2004 , durante la presidencia de Francisco Flores, quien murió en enero de 2016 cuando era procesado por desvío de fondos públicos.
Alvarado Reyes llevaba un proceso judicial junto al expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Paredes, por el delito de estafa agravada. El 5 de febrero de 2020 ambos conciliaron con las víctimas antes de empezar el juicio en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad. En total pagarán $350 mil en compensación.
Un negocio que queda en familia
A inicios de 2019, se movió en internet un video descriptivo de Coatepeque Lake Villas, una urbanización en forma de espiral de 39 quintas de lujo con piscina termal incluida. En el audiovisual, autoría de CAADU, aparece como asesora de ventas Arena Perezalonso de Rodríguez, madre de Gabriela de Bukele, primera dama de la República.
La suegra del presidente Bukele no confirma su participación, aun cuando aparece en el video. “Sí, es que hicieron los videos al principio. Los pusieron, pero los quitamos después porque no se ha comenzado todavía la comercialización. Para eso hay que preparar un montón de cosas. Creo que ya el otro mes van a estar listos. Cuando estén, me van a avisar y, entonces, vamos a ver”, explicó Perezalonso, en una entrevista telefónica en la segunda semana de enero de 2020.
Perezalonso dice que “por equivocación” publicó un anuncio del proyecto en la página de Facebook de Corsesa de El Salvador, empresa inscrita en 1994 en el CNR, que se mueve en el rubro de servicios inmobiliarios, productos para terceros y relacionados a la construcción. Gabriela de Bukele fue hasta abril de 2019 la directora única suplente de esta empresa.
En el mismo video del proyecto comparte crédito Claudia Zablah de Bukele, hermana de Marco y Francis Zablah. Aunque en este, que fue eliminado de las redes de CAADU, ella aparecía como vendedora y ahora niega ser parte del proyecto Coatepeque Lake Villas.
Zablah de Bukele permanece activa en otras seis empresas familiares. Una de esas es Editecnica S.A. de C.V., la cual creó con ayuda de su esposo, Óscar Alejandro Bukele Giacomán.
Editecnica aparece inscrita en el CNR desde 2010, con Félix Garried Safie Parada como notario hasta 2016. Garried Safie, abogado de profesión, fue fiscal general de la República del periodo 2006 a 2009. Investigaciones periodísticas determinaron que a su gestión se le atribuye la fuga del exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, quien fue extraditado a El Salvador a inicios de este año.
El 9 de marzo de 2012, Zablah de Bukele, Bukele Giacomán, Perezalonso, junto a Garried Safie, compartieron con la familia de Nayib Bukele en el brindis de reinauguración de la sala de ventas de Yamaha Masferrer. Bukele, en ese entonces, era presidente de la distribuidora de motos y estaba a dos días de convertirse en el alcalde electo de Nuevo Cuscatlán por la coalición FMLN-CD.
En las fotos oficiales de Yamaha se ve a Bukele Giacomán junto al fallecido Armando Bukele, padre del presidente, dando las palabras inaugurales.
Editecnica tiene como finalidad cualquier negocio relacionado a bienes y raíces. En su sitio web destaca entre sus proyectos la remodelación de la tienda Yamaha Masferrer.
El 18 de octubre de 2019, Bukele Giacomán aparece en un video acompañando a la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela. Junto a ellos se encuentra un grupo de estudiantes bachilleres en la feria CIMAT. El evento contó con el apoyo del gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Educación, la Secretaría de la Presidencia, la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social y la Secretaría de Innovación.
Entre los patrocinadores de la feria destacan el diputado Zablah, el hotel Bahía del Sol, propiedad de Marco y Francis Zablah, y el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).
Cuando Bukele asumió la presidencia nombró a Juan Pablo Durán como presidente de Bandesal. Antes, Durán dirigió a Bancovi de R.L., la cooperativa que financió $2.6 millones a Marco Zablah. Con ese dinero, construyó la “Venecia salvadoreña”, como se conoce al Complejo Venecia Marina Yacht Club en el estero de Jaltepeque, departamento de La Paz, y que tampoco tiene permiso ambiental. Así lo detalla la Oficina de Información y Respuesta del MARN en la resolución No. 417-2019.
Durante la segunda gestión del partido FMLN en el ejecutivo, Marco Zablah también gozó del apoyo de la vicepresidencia de Óscar Ortiz, quien llegó en noviembre de 2018 a la inauguración del proyecto que tiene siete residencias para grupos de 9 a 16 personas cada una y una casa club para 500 personas.
Los negocios de Marco Zablah alcanzan también a su hermano, Francis, quien es el actual secretario de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, en donde se mantiene una eterna discusión para aprobar la polémica ley del agua. El diputado Zablah, si bien no participa en el proyecto de Coatepeque, niega tener negocios con su hermano.
“Yo no estoy en ninguna de las empresas de la familia y me dedico a mi trabajo en la Asamblea. Revise, no tengo nada que ver”, aseguró al ser consultado durante la primera sesión plenaria de 2020.
Reproducir video
El legislador, sin embargo, sí aparece en la junta directiva de nueve empresas con Marco Zablah: M-Z S.A de C.V., Zatouche S.A. de C.V., Conchamar S.A. de C.V., Hotel Bahía del Sol S.A. de C.V., Distribuidora Eléctrica S.A. de C.V., Electro Servicios S.A. de C.V, GAZ de El Salvador, S.A. de C.V., Inversiones FRAMAFE S.A. de C.V, Inversiones y Edificaciones S.A. de C.V.
Reproducir video
La herencia de un permiso vencido
Antes de pasar a manos de Marco Zablah, Desarrollos Agua Caliente, sociedad que surgió en 2003, era de la familia Jokish Rivera. Por años, los Jokisch Rivera han estado dentro de la industria inmobiliaria. Ellos querían desarrollar por etapas un proyecto urbanístico en Coatepeque. Para eso se valieron del consorcio “Hacienda Agua Caliente”, constituido por la sociedad Desarrollos Agua Caliente S.A. de C.V. y la constructora JM Administración y Desarrollos.
En mayo de 2002, cuando Flores era presidente de El Salvador, nombró a Walter Jokisch Restrepo como el nuevo ministro de Medio Ambiente. Con solo cuatro meses frente al ministerio, Jokisch Restrepo avaló el permiso ambiental que la familia Jokisch Rivera necesitaba para iniciar la primera etapa de su proyecto en el lago, según la resolución del MARN número 378-2002.
Entre otros cargos, el exfuncionario también fue presidente de la oenegé ambientalista SalvaNATURA. Tiempo después fue acusado por delitos de defraudación al fisco y apropiación indebida de retenciones, que habrían ocurrido entre 2011 y 2014, por un monto de $163 mil, según una investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) inició en su contra.
Coatepeque Lake Villas nace como una segunda etapa de la urbanización. Un proyecto de 39 quintas que se construiría en el Afate y para el cual los Jokisch Rivera obtuvieron un permiso ambiental en marzo de 2008.
La urbanización del cerro Afate, ubicado al suroeste del lago de Coatepeque, se ideó en 2004, cuando la familia Jokisch Rivera compró siete porciones de tierra a Gladys Luz Reyes de Machón, por la cantidad de $60 mil.
La familia Jokisch Rivera ha mantenido un perfil altruista con la comunidad pesquera de los Planes de la Laguna, pues ha donado pequeñas porciones de tierra a algunos pescadores como Víctor Alfonso, según él mismo cuenta. Aparecen, además, como parte de la Fundación Coatepeque, oenegé ambientalista conformada por empresarios de derecha como los Murray, Eserski, Vidrí, Sol Meza, entre otros.
La disputa entre el bien común y lo privado
Víctor Alfonso es parte de una comunidad pesquera de 175 personas aglutinadas en la Cooperativa El Shaddai, del cantón los Planes. En total, son cerca de 300 personas más las que usan el mismo espacio bien para movilizar turistas, habitantes de los cantones cercanos o para pescar.
Su vida ha estado dedicada a la pesca, de ella mantiene a siete personas en su casa. Sus hijos también son pescadores. Víctor Alfonso reconoce que a su edad no tiene posibilidad alguna de conseguir un nuevo trabajo. Si el acceso al embarcadero el Recodón deja de existir, él y muchos más pierden.
Elizabeth Guerrero, presidenta de la Cooperativa El Shaddai, se lamenta todas las denuncias que han interpuesto por la construcción en el cerro El Afate y de las que nadie hace nada: “No sabemos por qué no nos quieren oír, fuimos a la alcaldía (de Santa Ana), hemos dado entrevistas, se ha ido a la jueza de medio ambiente, pero hasta la vez no se ha visto nada”.
Para ella, el mayor problema, por ahora, es la pesca. “La mayoría de personas viven del lago y ahora que ni las lanchas pueden parquearse, pues, está bien difícil”, añade.
Víctor Alfonso por eso no titubea al denunciar el hecho que sea la suegra del presidente Nayib Bukele quien también esté detrás de la construcción de las quintas recreativas.
“El conflicto es que, recuérdese, ley es ley. No interesa que ella sea la suegra; puede ser la mamá, puede ser una hermana. Ley es ley. Tiene que aplicar la ley, pues, porque no vamos a hacer como en otros años que ha habido otros presidentes que han hecho, los señores, lo que ellos quieren”, sentencia el pescador.
La comunidad exige que los urbanizadores respeten el espacio de 15 metros de playa que le pertenece al Estado. La Constitución de la República El Salvador, en el artículo 84, establece que los cuerpos de agua son propiedad del Estado; y el Código Civil, en los artículos 571 y 575, llama bienes nacionales a las playas, que serán las porciones de tierra que delimitan las mareas más altas.
Los trabajos en el Afate comenzaron en enero de 2019, cuando en todo el lago de Coatepeque estaba vigente una veda de construcciones que serviría para que el MARN zonificara la cuenca, es decir, que diera las directrices de conservación de los recursos naturales existentes.
La zonificación del MARN entró en vigencia el 18 de marzo de 2019 y clasificó al cerro Afate como área de “máxima conservación”. El mapa de la zonificación prohíbe que en estas áreas, por su alta recarga hídrica, terrenos propensos a deslizamientos y por la cobertura boscosa, se realice cualquier tipo de construcción de vivienda, proyectos urbanísticos e industriales, entre otros.
El Juzgado Ambiental de Santa Ana paró la construcción del proyecto unos días, mientras el titular presentaba los permisos. La jueza Norma de Milla confirmó que la instancia judicial ha visto tres expedientes en contra de la sociedad Desarrollos Agua Caliente: dos por tala de especies protegidas y construcción sin permiso y, un tercero, por haber hecho uso de explosivos sin permisos de la Fuerza Armada.
Un oficio emitido por el coronel ingeniero, Douglas Ernesto Rivas Abarca, director de logística del Ministerio de Defensa Nacional, detalla que la construcción no cuenta con permisos para hacer uso de explosivos.
Pese a que la fiscalía tiene una investigación abierta por daños ambientales en el cerro Afate, Desarrollos Agua Caliente continúa en pie con el proyecto, aunque a paso lento. En julio de 2019, luego del cambio de gobierno, una solicitud de modificación del permiso ambiental ingresó al MARN, en la que se incluye el lote 40 para construir un edificio de 12 apartamentos en el centro del cerro.
GatoEncerrado intentó contactar a Marco Zablah Safie, a través de Corporación Venecia y de su hermana, Claudia, pero no hubo respuesta. Se solicitó, también, una entrevista desde el 19 de diciembre de 2019 con el ministro de Medio Ambiente, Fernando López Larreynaga. Al no tener respuesta, se volvió a insistir el 6 de febrero pasado y, un día después, se le enviaron preguntas por WhatsApp al personal de comunicaciones del MARN, para conocer cómo han respondido a la solicitud de modificación del permiso ambiental que pidió la sociedad Desarrollos Agua Caliente.
La misma solicitud también se gestionó el 19 de diciembre y el 7 de febrero con el secretario de prensa de Casa Presidencial, Ernesto Sanabria. Sin embargo, no hubo respuesta por ninguna de las dos vías.