Por Cristian Meléndez

Diputados de la oposición y constitucionalistas, sin embargo, tienen una opinión distinta. Su conclusión es que lo ocurrido en la última plenaria de la legislatura 2021-2024 fue una jugada que permitirá a la nueva legislatura reformar artículos de la Constitución que el bukelismo considere necesarios para perpetuarse en el poder, seguir controlando el Estado y perseguir a sus críticos. Además, con esa potestad y la mayoría en la Asamblea, también podría reformar y ratificar en el mismo acto la formación de ley, modificar proceso para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fiscal general, eliminar autonomía de la Universidad de El Salvador, modificar requisitos y periodo para candidatos de elección popular, permitir candidaturas de familiares del presidente…

La primera vicepresidenta de la Asamblea saliente y diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, reconoció que la intención de la reforma del artículo 248 en realidad es para tener la vía libre a la hora de modificar y ratificar la Constitución, pero matizó sus palabras asegurando que esos otros artículos a reformar serán los que el pueblo quiera.

“Por supuesto que esta reforma es para reformar otros artículos. ¿Cuáles? Esos son para los que tenemos la obligación de escuchar al pueblo salvadoreño”, dijo Callejas.

La diputada de oposición, Claudia Ortiz, señaló que la reforma constitucional también revela los intereses que tiene el partido oficialista.

“Este día (lunes 29 de abril de 2024) la Asamblea Legislativa se ha quitado el último pedazo de la máscara. Se ha cambiado el artículo 248 de la Constitución que es el que regula cómo se debe cambiar la Constitución. Han ajustado esta reforma constitucional al resultado electoral que han obtenido”, expresó Ortiz.

La diputada de Arena, Marcela Villatoro, señaló que la reforma constitucional también pone en riesgo la seguridad jurídica en El Salvador, ya que el bukelismo podrá modificar las reglas del juego a su antojo y según la conveniencia de Bukele. 

“Es una reforma exprés, una forma de hacer reformas constitucionales expeditas y no con el estudio que debe hacerse con dos legislaturas. ¿Dónde queda la seguridad jurídica cuando cambiamos las reglas del juego a menos de un día que se tome posesión la próxima legislatura?”, dijo Villatoro.

La abogada Ruth López difiere de la narrativa oficialista que dice que no se ha reformado ninguna cláusula pétrea: “Es una reforma que está en contra de lo establecido en la Constitución. El artículo 248 es una cláusula pétrea y no puede ser reformado porque además este manoseo de la Constitución tiene como objetivo, en el nombre del pueblo, hacer modificaciones para perpetuarse en el poder. Y claro, esto es parte de un discurso populista, de un régimen autoritario. Esto no es nuevo en nuestra región, ya lo han hecho otros países, por lo tanto no tiene que extrañarnos”, expresó López.

La abogada explicó que el objetivo de los constituyentes de 1983 al establecer que una legislatura aprobara la reforma y que otra la ratificara era que el ciudadano conociera de las reformas antes de los procesos electorales. Pero que ahora los diputados de Nuevas Ideas asumen un derecho que la población no les ha dado.

“Debemos recordar que solo el 35.41 % de la población, de los electores, votaron por el partido de Gobierno”, detalló López, para graficar que no es cierto que hablan en nombre de todo el pueblo y representan sus intereses. 

La constitucionalista Erika Saldaña también reaccionó en sus redes sociales para señalar que la reforma constitucional desnaturaliza el proceso que se estableció para evitar el manoseo de la Carta Magna. 

“Se están alterando las reglas del juego a partir del cambio de una norma fundamental del ordenamiento jurídico, donde nace la posibilidad y requisitos de reforma constitucional. Por eso ella también es considerada una cláusula pétrea”, dijo la constitucionalista.

Otro que se refirió al tema fue el abogado Francisco Bertrand Galindo, quien dijo que ya existe jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que declaró inconstitucional una reforma en la que se ampliaba el período de alcaldes y diputados por no haber sido dada a conocer a la población antes de la elección. En ese sentido, la reforma que hizo Nuevas Ideas este lunes cae en el mismo vicio. 

“Esta reforma fue extemporánea. Esta reforma para cumplir con el requisito de la Sala, debió haberse planteado al menos antes de la elecciones para que los ciudadanos al votar por Nuevas Ideas, o por el partido que quisieran votar, lo hicieran de alguna manera manifestando si aprobaban o no ese tipo de reformas. Eso no pasó, la reforma adolece de ese problema de legalidad, pero es relativo, porque la Constitución en sí no pone ese requisito, sino que lo puso la Sala”, dijo Bertrand Galindo en la entrevista televisiva Frente a Frente.

Mientras tanto, más de diez organizaciones de sociedad civil emitieron un comunicado en el que rechazan la reforma porque la consideran “precipitada e inconsulta”.

El comunicado agrega que con la reforma, los diputados se agencian un nuevo poder: “Manipular la Constitución en una sola legislatura quitándole el poder a la ciudadanía de decidir con su voto. Esta acumulación de poder deja a los salvadoreños y salvadoreñas, sin defensa ante abusos por parte del Estado y a expensas de interpretaciones de un partido político”.