Aquí se hacen comisiones de antejuicio entre berrinches
Este es un breve relato del día en que los diputados crearon la comisión de antejuicio para determinar si le quitan o no el fuero al diputado Norman Quijano, quien es acusado de negociar con pandillas.
El berrinche de Quijano
Norman Quijano se quedó de pie frente a un pódium, ante la mirada de los otros 83 diputados de la Asamblea Legislativa. Sostuvo en sus manos una hoja de papel que no dejaba de temblar y luego la leyó. Era el acuerdo de antejuicio para su desafuero. Este jueves 27 de febrero, Quijano está aquí porque la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, hace un mes, el antejuicio para quitarle inmunidad y así iniciar un proceso judicial en su contra por supuestamente haber cometido los delitos de “fraude electoral” y “agrupaciones ilícitas”. Esos delitos, según el ministerio público, fueron consumados durante una reunión con pandillas en 2014.
Las reuniones de políticos con pandillas no son una novedad. Investigaciones periodísticas y fiscales han revelado que casi todos los partidos políticos se han sentado a negociar con pandillas. Quijano lo hizo mientras era el candidato de Arena a la presidencia de la República.
“Hoy tendrá lugar la comisión de antejuicio con el fin de determinar si hay mérito o no para proceder a mi desafuero, en la caso que ha presentado la Fiscalía General de la República en relación a dos posibles delitos: agrupaciones ilícitas y fraude electoral. De todo eso me declaro nuevamente, y con todo el énfasis necesario, inocente”, dijo Quijano, mientras la hoja de papel que sostenía se agitaba en su mano nerviosa.
Entre las pruebas que la Fiscalía dice tener para procesar al diputado y expresidente de la Asamblea está el testimonio de un exlíder de la Mara Salvatrucha (MS-13), bajo el nombre clave Noé. Ese testigo criteriado aseguró que Quijano se reunió con pandilleros para negociar un millón de dólares a cambio de votos. Las declaraciones de Noé están respaldadas con videos, en los que supuestamente se muestra la negociación de Quijano y el exdiputado de Arena Ernesto Angulo con los pandilleros.
“Colegas, se ciernen grandes nubarrones en el horizonte político del país con características autoritarias y antidemocráticas. Se está criminalizando a la oposición política. Y de acuerdo a este estilo de gobernar, de nada vale que como funcionario se actúe de acuerdo a la ley, simplemente se premia al aliado y se persigue al opositor”, espetó Quijano para demostrar su inconformidad, mientras su mano dejaba de temblar.
Ya para ese momento, su discurso parecía cambiar de nervioso a tener una connotación de berrinche. Calificó como “enemigo autoritario” al presidente Nayib Bukele por desprestigiar a la oposición —o al menos el intento de oposición que es Arena y los otros partidos—.
Ese calificativo de “enemigo autoritario” surgió después de las constantes ocasiones en que Bukele ha acusado a los diputados de negociar con pandillas. De hecho, esa fue una de sus consignas el 9 de febrero, cuando convocó a una protesta frente a la Asamblea para exigir la aprobación de un préstamo de $109 millones para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial. Ese día, Bukele dijo, rodeado de militares: “Ahora también sabemos que esos señores (diputados) que no quieren financiar a nuestros policías y nuestros soldados son los que financiaron a las pandillas para comprar armas”.
Lo que Bukele omitió decir ese 9 de febrero es que también negoció con pandillas, cuando era alcalde de San Salvador. Su negociación, según una investigación de la Fiscalía y el testimonio de Noé, fue ejecutada por quien es actualmente el ministro de Gobernación, Mario Durán, y el ahora director de Tejido Social, Carlos “Slipt” Marroquín.
Quijano aprovechó sus minutos, ante los demás diputados, para afirmar que es inocente y que espera demostrarlo. Además de insistir en que todo se trata de un juicio político para desprestigiar su carrera política.
El berrinche de los diputados
Mario Ponce revisó el reglamento interno de la Asamblea Legislativa como quien lee las instrucciones para armar un artefacto. Se confundió, dudó, tartamudeó. El último antejuicio no fue hace mucho, pero aún así intentó entender de forma exprés qué procede para un antejuicio, como si nunca hubiera estado en uno.
El último antejuicio fue hace un año, el 26 de febrero de 2019, cuando la Asamblea Legislativa abrió el proceso para desaforar al exmagistrado Jaime Escalante por tocar a una niña. A pesar de que la Asamblea le quitó el fuero, quedó libre en el proceso judicial.
Ponce leyó torpemente el artículo 26 del reglamento interior de la Asamblea y luego los nombres para conformar la comisión de antejuicio comenzaron a salir. Mientras descifraba cómo conducir un antejuicio, los diputados propusieron nombres: Rodrigo Ávila, Julio Fabián, Eileen Romero, Cristina Cornejo. Todo era muy ceremonial hasta que Gustavo Escalante postuló a Milena Mayorga. Cuando este último nombre surgió entre los diputados, el Salón Azul se llenó de silbidos y ruidos burlescos. Un berrinche total, entre los que querían a ciertos diputados en la comisión y los que no querían a esos legisladores.
Por unos segundos, el parlamento se olvidó de los protocolos y se convirtió en un salón de clases, con infantes inquietos, berrinchudos. Minutos más tarde, Guillermo Gallegos respaldó la moción de incluir a Mayorga en la comisión. Pero la propuesta le duró poca tiempo. La fracción de Arena desdijo a Escalante y sacó a Mayorga de la terna.
A pesar de no tener ningún diputado del partido Nuevas Ideas en el legislativo, Nayib Bukele se ha hecho de aliados en la Asamblea. Algunos de ellos hicieron su bautismo el 9 de febrero, cuando el mandatario entró a punta de militares al Salón Azul y usurpó la silla presidencial del Órgano Legislativo. Entre esos diputados aliados de Bukele están Milena Mayorga, Felissa Cristales, Gustavo Escalante y Guillermo Gallegos.
Gallegos es uno de los 11 legisladores de la fracción de Gana, un partido que se fundó con diputados cuestionados y que se separaron de Arena, PCN y PDC. En los últimos años, Gana funcionó como el comodín para el gobierno del FMLN y en 2019 fue el vehículo que llevó a Nayib Bukele a la presidencia de la República.
El berrinche de Gallegos
Gallegos no escondió su deseo de ser el fiscal del antejuicio en contra de Quijano. En medio del berrinche, tomó la palabra e hizo acusaciones: “Voy a decir una cosa. Creo que ya tienen hasta listo el dictamen favorable para no quitar el fuero a Norman. Entonces, prácticamente no es serio lo que estamos haciendo”.
En una época diferente, el FMLN habría sido el primero en juzgar a Quijano por sus negociaciones. Pero el partido de izquierda cojea del mismo pie: Benito Lara y Arístides Valencia, líderes del partido y exfuncionarios públicos, también negociaron con pandillas en las mismas elecciones de 2014, cuando el FMLN resultó ganador.
La acusación de Gallegos fue como una herida encima de una llaga para el FMLN, que como fracción se había quedado en silencio durante la discusión por la conformación de la comisión de antejuicio. Pero Nidia Díaz no pudo más y también explotó en berrinche.
—Quiero decirle al diputado Gallegos, y a quienes piensan como usted, que no puede adelantar juicios anticipadamente. No estamos en campaña— soltó. A medida que cada palabra salía de su boca, el tono de voz aumentaba. —Usted no puede decidir ni opinar como si fuera del FMLN. Ya tenemos decisión y propuesta. Nosotros estamos participando en un proceso institucional. Por favor respete para que lo respeten— espetó.
—Diputada, por favor— rogó Ponce, para quien la situación ya se había salido de control.
—Estoy hablando yo. Si quiere venga y agarre el micrófono— reclamó Nidia, mientras Gallegos intentaba ignorarla.
Muy pocas veces Gallegos responde en persona a las acusaciones que se le hacen directamente. Prefiere hacerlo detrás de su cuenta de Twitter. Pero esta vez reaccionó y como un niño de escuela que ha sido regañado se excusó: “No me interesa el tema del Dr. Quijano, mi interés principal va contra la pandillas que lastimosamente se han infiltrado en la política. Quizás cometí un error en no haber cabildeado para que me dieran los votos, pero hoy públicamente diputada, Nidia Díaz, le pido que me dé los 23 para ser el fiscal en el antejuicio de Norman Quijano. No la voy a defraudar”.
Gallegos se ha ganado su puesto en la Asamblea por tener entre sus propuestas —populistas— la pena de muerte y armar a la población para defenderse de las pandillas. Un discurso que sabe que simpatiza entre las personas que se han visto afectadas directamente por violencia en El Salvador. Gallegos es también conocido por ser la imagen de la corrupción en la Asamblea Legislativa: en 2016, la ONG fantasma de su esposa recibió medio millón de dólares en concepto de donación por parte de la Asamblea Legislativa. En 2019, investigaciones periodísticas descubrieron su nepotismo: once de sus familiares fueron contratados en la Asamblea.
El diputado no partidario, Leonardo Bonilla, tomó la palabra y le hizo notar estas cosas a Gallegos.
“Acá se propone un antejuicio por el posible cometimiento de un ilícito del expresidente de este parlamento y diputado Norman Quijano. Y con todo respeto quiero decir que el fiscal debe de ser alguien que no haya tenido cuestionamientos por cualquier cometimiento de ilícitos”, dijo, firme, Bonilla.
Tras esas palabras, la Asamblea, una vez más, volvió a ser una salon de clases. Había risas y sonidos onomatopéyicos, como “tssss”. Arena y FMLN aplaudieron. Gallegos, viéndose sin apoyo para ser fiscal, miró a los lados intentando disimular.
“Él (Bonilla) es un engendro como diputado, resultó por parte de una piñata de votos. Él no debería estar aquí, creo que él es más cuestionado. Lo que diga el diputado engendro me tiene prácticamente sin cuidado. Debe disfrutar sus últimos meses aquí en la Asamblea”, respondió Gallegos, como quien en su berrinche intenta ridiculizar a otro.
Al final de la discusión, los diputados votaron y dejaron fuera a Gallegos. En su lugar, conformaron la comisión de antejuicio así: Raúl Beltrán Bonilla, Rodrigo Ávila, Cristina Cornejo, Jaime Sandoval y Julio César Fabián. El diputado Jorge Mazariego fue electo como el fiscal de la comisión.