Óscar Luna, el exdefensor del pueblo que traicionó con una nueva amnistía
El exprocurador de derechos humanos trabajó desde noviembre 2019, por $3,500 al mes, como asesor de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Su principal función fue construir con el equipo técnico la nueva amnistía disfrazada de Ley de Reconciliación.
Óscar Humberto Luna se colocó al frente de la plaza El Mozote y tomó la palabra, ese 10 de diciembre de 2011. Estaba ahí en su calidad de procurador para la defensa de los derechos humanos y para conmemorar a las víctimas de la masacre El Mozote y lugares aledaños, en compañía de representantes de las Naciones Unidas y el excanciller salvadoreño Hugo Martínez.
“Quienes trabajamos por los derechos humanos debemos repetirle al Estado que la democracia, la reconciliación y la paz no pueden ser construidas sobre la base de la impunidad”, dijo Luna en esa ocasión.
Nueve años después, Luna lideró al equipo técnico de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que creó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, que entre otras cosas garantiza la impunidad, según víctimas y organizaciones de derechos humanos, consultadas por GatoEncerrado.
A pesar de recibir pensión para su retiro, aún sigue trabajando. Su más reciente empleo inició en noviembre de 2019, como asesor del nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, con un salario mensual de $3,500, según registros de la oficina de Recursos Humanos de la Asamblea, a los que GatoEncerrado tuvo acceso.
Entre sus funciones estaba la formulación de la propuesta de ley y la colaboración con los foros que se hicieron para escuchar las propuestas de las víctimas y otros actores involucrados. Representantes de organizaciones de derechos humanos, que acompañaron a las víctimas, señalaron que esos foros carecían de metodología y que no fue un espacio real para escuchar a las víctimas. Además, se mezclaron a víctimas y sobrevivientes con exmilitares.
Luna admitió ante GatoEncerrado que trabajó en una ley que no cayera en “juzgar a todo mundo por lo que hizo o por lo que no hizo”. Es decir, con la ley no había intenciones de buscar culpables de las graves violaciones a derechos humanos en el conflicto armado (ocurrido entre 1980 y 1992), sino procurar “reparar a las víctimas”. Como si una cosa estuviera separada de la otra.
También aseguró que la ley no iba a ser un instrumento para indultar a criminales de guerra, pero el hecho es que sí deja la posibilidad de imponer solo la cuarta parte de la condena a los que cometieron crímenes de guerra, bajo la condición de que colaboren con las investigaciones o tengan problemas de salud y una edad avanzada.
Una ley sin la voz de las víctimas
“Esta ley ha recogido el espíritu de la que presentaron las organizaciones sociales”, dijo Luna, para justificar la propuesta que se convirtió en ley. Las organizaciones, sin embargo, aseguraron a esta revista que la formulación de esa ley excluyó la voz de las víctimas del conflicto armado y, en su lugar, garantiza una nueva amnistía para los perpetradores.
Óscar Pérez, presidente de la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo y miembro de la Mesa Contra la Impunidad, explicó a GatoEncerrado que la ley parece más un blindaje para los criminales de guerra que una esperanza de justicia para la víctimas.
“Esta (ley) no expresa el sentir de las víctimas. Basta ver cuántas voces a nivel nacional e internacional se han manifestado en contra. El castigo debe ser proporcional al delito y la nueva ley permuta la pena. No hay castigos para los victimarios. Es más, se van a reír de las víctimas. Exime a los victimarios de cárcel y de cualquier responsabilidad económica. Según esta ley, el Estado tiene que reparar todo. Los culpables no asumen ninguna responsabilidad”, dijo.
Pérez agregó que una de las cosas que más lamenta en el proceso de creación y aprobación de la Ley de Reconciliación es la complicidad del exprocurador Luna.
“Nosotros en privado y en público le hemos dicho que lamentamos su participación y la forma cómo participó. Nosotros le respetamos mucho, pero fue parte de una treta, de un asalto hacia las víctimas por parte de 44 diputados, que lo único que han aprobado es otra ley de amnistía”, dijo Pérez.
Ramón Arita, uno de los sobrevivientes del conflicto armado agregó que “Luna estuvo al servicio de Mario Ponce y desde el principio ellos tenían una agenda en contra de las víctimas. Le abrieron la puerta a la impunidad. Cualquiera que se pone al servicio de la clase dominante y desestima el valor de las víctimas tiene una actuación nefasta.”
Eduardo García, de la Asociación Pro-Búsqueda, afirmó que la aprobación de la ley representa un retroceso en la democracia del país.
“Hemos esperado por cuatro años, hemos sometido a una tortura psicológica a las víctimas, pidiéndoles que den otra vez su testimonio con la ilusión y la esperanza de que por fin iba a ceder la justicia y estos diputados no han tenido la dignidad de devolverle a las víctimas lo que les han robado”, dijo García.
El diputado Leonardo Bonilla mencionó, en la plenaria en que se aprobó la ley, que la falta de apoyo de organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos fue un indicador del grave error que se cometió al aprobar la ley.
El borrador de la ley, que finalmente se aprobó, se dio a conocer a la Comisión Política y a otros actores interesados, el lunes 24 de febrero en un hotel capitalino. Es decir, dos días antes de la aprobación. Los que no tuvieron acceso al documento, en un primer momento, fueron las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La diputada del FMLN, Nidia Díaz, solicitó que la ley se socializara con las organizaciones de víctimas, para que fuera discutida. Al final, las organizaciones lograron obtener una copia de la ley a través del diputado Juan José Martel. El tiempo no le alcanzó a las víctimas, organizaciones y tampoco a algunos diputados para revisar y objetar la ley, porque el miércoles por la noche fue aprobada con 44 votos, de forma exprés.