El muro de AMLO que mató a Senaida en su intento por llegar a Estados Unidos

Senaida Escobar tenía 19 años cuando fue asesinada en Veracruz, México. La mató una bala disparada por la Policía Federal al pasar un retén migratorio. Una de las migrantes, testigo del ataque, reconstruye los breves minutos de la persecución que acabó con el plan de Senaida de reencontrarse con su padre y hermanas en Estados Unidos. A nueve meses del asesinato, la familia exige una cosa al gobierno mexicano y salvadoreño: justicia.

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Entrada la tarde del viernes 14 de junio de 2019, diez migrantes salvadoreños encontraron, en su camino, un retén migratorio de la Policía Federal de Veracruz, México. La carretera por la que cruzaban era larga y un tanto transitada. 

La cabina del pick-up Chevrolet blanco, en el que iban hacinados, mantenía el asfixiante calor de las horas de recorrido que llevaban desde que dejaron atrás Chiapas y Tabasco. El espacio era tan pequeño que unos tuvieron que acomodarse sobre los otros. Eran siete migrantes en una cabina para no más de cinco personas, más el conductor y un hombre que les servía de guía. Los otros tres migrantes iban escondidos en la angosta cama trasera del vehículo. A lo lejos se vislumbraba la silueta de un oficial que movía sus manos de un lado a otro, en señal de alto. 

Pero el conductor no paró. “¡Agááárrense!”, fue lo único que gritó, mientras llevaba el acelerador a tope. Pasaron tan rápido frente al retén migratorio, que los agentes tuvieron que correr a su vehículo patrulla para no perder el rastro. Los persiguieron sobre la carretera, más o menos por 15 minutos. Tiempo que fue de angustia e incertidumbre para los migrantes. Lo único seguro en una persecución es que algo va a salir mal.

Cuando los oficiales entendieron que el vehículo en el que viajaban los migrantes no iba a detenerse, cargaron sus armas largas y apuntaron a las llantas. Pero como las balas terminaban rebotando sobre el pavimento, los oficiales levantaron la mirada y dispararon hacia la cabina del pick-up. Las municiones de grueso calibre, que dejan una estela de sonido estruendoso mientras rompen el viento llegando en ráfaga, quebraron vidrios y atravesaron todo lo que se le puso enfrente.

Tras los disparos, el pick-up tuvo que detenerse abruptamente. Los migrantes, a pesar de no tener espacio para moverse, intentaron instintivamente llevarse las manos a la cabeza, como si eso fuera a salvarlos de las balas. 

La persecución acabó, pero la angustia incrementó. Los migrantes fueron rodeados por los oficiales, quienes apuntaban con sus armas largas. Para ese momento, la menor del grupo, Senaida Escobar, ya estaba tendida sobre el tablero del pick up. Una bala de los oficiales la había asesinado. Perforó su cabeza y frustró irremediablemente su viaje a Estados Unidos.

Pequeña, delgada, originaria de Cabañas, Senaida aparentaba menos años de los 19 que cumplió antes de dejar El Salvador. Senaida y Miriam, la amiga que hizo en el viaje, más otra joven con ocho meses de embarazo, eran las únicas tres mujeres migrantes a bordo del pick-up.

***

Una hora después del ataque, ambulancias y policías comenzaron a llegar hasta la escena. Más agentes llegaron a inspeccionar el área y solo atendieron a los tres migrantes que iban escondidos en la parte de atrás del pick-up. Tenían las piernas y los brazos destrozados por las balas. El resto del grupo, desde hacía algunos minutos, había escapado del lugar. 

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana montaron una conferencia de prensa en la que confirmaron la responsabilidad de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM) en el ataque a los migrantes. Argumentaron que los agentes dispararon en respuesta al ataque armado de los migrantes, una teoría que después fue descartada por la misma entidad.

La Fiscalía General de Veracruz abrió un expediente con el nombre de María Senaida Escobar Cerritos en su interior, en el que se incluyeron los testimonios de los heridos para iniciar con las investigaciones. 

Mientras tanto, en California, Estados Unidos, Darío Escobar, el padre de Senaida, se encontraba descansando en su casa. Heidy, una de sus hijas, se comunicó con él por la noche, luego de confirmar con Miriam y con el consulado de El Salvador en Veracruz que su hermana había sido asesinada.

“Papi, le doy una noticia… A Senaida la mataron”, escuchó Darío y se desmoronó.

Senaida era la menor de sus hijas, no la veía desde 2010 cuando migró a Estados Unidos por cuarta vez, tras haber sido deportado en tres ocasiones. Ahí se dedicaba a la jardinería. 

“Tenemos que hacer los trámites en El Salvador o la van a meter en una fosa común en México”, continuó Heidy al teléfono. Horas después, Darío agilizó todo para regresar a El Salvador. 

mapa

El trayecto de Senaida

Senaida creció en el cantón San Antonio, a unas dos horas de Sensuntepeque, en Cabañas, y a un paso de Honduras. Ahí la actividad social comienza entrada la tarde y la mayor producción es agrícola, trabajada solo por hombres. Las mujeres, casi siempre, son las que se limitan a preparar las tortillas, el queso y son amas de casa. No hay muchas opciones.

Senaida estudió hasta segundo año de bachillerato, porque el estudio le gustaba poco. Así que después de dejar el instituto, su principal tarea era cuidar a su mamá y ayudar con los quehaceres y los mandados. Excepto en la cocina. Disfrutaba participar en torneos de fútbol y era una experta nadando en el río Lempa, pero sabía que en su cantón no había oportunidades de crecer.

Su hermana Heidy, en similar condición de buscar y no encontrar oportunidades, dejó su vida en Cuscatlán, donde residió por última vez antes de marcharse a Estados Unidos. Hoy trabaja en un restaurante griego, lavando platos en Ohio. Con lo que gana, vive mejor.

“Aquí no vas a estar en la hamaca, ni con el celular en la mano”, le decía Heidy a Senaida. “No me importa, yo me quiero ir para allá”, respondía. 

El plan era emigrar a Estados Unidos, como ya lo había hecho su padre, sus hermanas y un hermano. Senaida quería trabajar y ganar su dinero.

“Como estábamos aquí (Estados Unidos) casi la mayoría, se quería venir”, explicó Heidy a GatoEncerrado, en una llamada telefónica.

El 9 de junio de 2019, cinco días antes de su muerte, Senaida se tomó una foto con el celular de su hermana, Betty, en el kiosko del parque de Sensuntepeque. “Vas a ver, Betty, que voy a llegar antes que Melvin”, le dijo al despedirse. Melvin, de 17 años e hijo de Betty, migró hacia Estados Unidos semanas antes, pero fue arrestado y enviado a un centro de detención en Texas.

A las 6:00 p.m., en San Salvador, Senaida se reunió con otros de migrantes. Eran 17 en total. Se miraba nerviosa y tímida. Ahí fue donde se conocieron con Miriam y, desde entonces, no se  separaban: compartían desde una cama hasta la comida.

Miriam creía que Senaida era menor de edad. Llegó a sentir que debía cuidarla y protegerla. En el trayecto, un par de veces, la encontró llorando a solas. Trató de hacerle ver que así eran esos viajes. Se lo decía segura, para tranquilizarla, como alguien que conoce muy bien el camino.

Heidy, desde Estados Unidos, estaba muy pendiente de Senaida y se escribían a diario: Senaida le mandó fotos del río Suchiate, en Guatemala, selfies en Tapachula, cruzando México y fotos con su nueva amiga, Miriam. “Estamos en Villahermosa…”, “aquí en el mismo lugar…”, “no nos moverán…”, fueron algunos de los últimos mensajes. 

Heidy estaba tan pendiente de Senaida que sabía cada movimiento del trayecto, de cuando tuvo gripe y de lo asustada que estaba porque uno de los migrantes la acosaba. 

“Cuando me dijo que uno de los que venía con ella le decía cosas, le pedí que me pasara con el guía”, recordó Heidy, quien se encargó de poner orden.

A la 1:00 p.m. del viernes 14 de junio, Senaida le recordó a su hermana Heidy que necesitaba más datos de internet para seguir en comunicación. “‘Ni mala’, mándame el paquete! Para hablar con mi mami, xq ya ando 0 mg. Ahorita wifi me están pasando” (sic), le escribió. Tras el mensaje, mandó un audio. Pero Heidy estaba en el trabajo y no pudo contestarle inmediatamente.

A la 1:27 p.m., en el chat de WhatsApp que tenían, quedó el registro de una llamada que Heidy no alcanzó a corresponder. Esa fue la última vez que Senaida intentó comunicarse.

Betty, hermana de Senaida, muestra la última foto que le tomó antes de partir hacia Estados Unidos. Foto/Émerson Flores

La (no) confianza en las autoridades

La tarde de ese 14 de junio, los migrantes pensaron que la Policía Federal los iba matar a todos. El cadáver de Senaida ya estaba sobre el tablero del pick-up, los oficiales ya habían atravesado el vehículo patrulla adelante y se acercaban apuntando con los fusiles. 

“No nos hagan daño”, suplicaron los migrantes. Pero los agentes ignoraron los ruegos. Terminaron de quebrar los vidrios y bajaron a los hombres que estaban en la cabina del pick-up.

“Les pegaron con pistolas en la cabeza, les dieron patadas y los dejaron todos morados”, recordó Miriam, en una entrevista que concedió a GatoEncerrado.

Miriam relata esto siete meses después, desde su casa, ubicada en una zona semiurbana al occidente de El Salvador, rodeada de calles polvorientas y huertos. Esta es la primera vez que reconstruye y cuenta lo sucedido. Los sonidos de bala, los gritos y la imagen de Senaida inmóvil se niegan a salir de su memoria.

No recuerda los rostros de los agentes, pero sí la etiqueta de “Policía Federal” estampada en su uniforme. “Cuando los oficiales se acercaron a la ventana y vieron a Senaida muerta, lo que decidieron fue huir”, describió Miriam, de 27 años, quien es casada y ama de casa.

Miriam recuerda que después de que los oficiales se fueron, los migrantes corrieron al otro lado de la carretera hacia unas casas, sin saber qué hacer. Entre ellos iba la mujer embarazada. Atrás dejaron, sobre la cama del pick-up a los tres migrantes que tenían los brazos y piernas destrozados por las balas de los oficiales.

Miriam recuerda que era zona comercial y que nadie les ayudaba. Tampoco es que lo pidieran. Un hombre del lugar, quien llamó a la policía y pidió asistencia para los heridos, fue quien les recomendó que debían moverse: “Nos decía que no era conveniente que nos entregáramos a migración, porque hasta nos podían matar al ser testigos”.

Miriam, la mujer embarazada y otro hombre tomaron un taxi y salieron de ese lugar llamado Agua Dulce, los demás tomaron su propio camino. “Ya no queríamos seguir, queríamos entregarnos”, recordó. Pero tenían miedo y decidieron huir.

Luego, Miriam continuó el camino sola, devastada y confundida. Le mandó mensajes por WhatsApp a su esposo, Alex*, quien la esperaba en Virginia. Finalmente fue detenida frente a la frontera de Estados Unidos. La regresaron a México y, unos días después, volvió a intentarlo. Falló de nuevo. Tras esos dos intentos por cruzar, se rindió: compró un boleto aéreo y volvió desde México. Regresó a su casa un mes y medio después de la muerte de Senaida.

“Yo nunca me imaginé que pasaría eso. En otras ocasiones nos detenían y nos deportaban”, dijo Miriam durante la plática con GatoEncerrado.

Heidy, la hermana de Senaida, aún no deja de preguntarse por qué la Policía Federal disparó. “Si eran policías, ¿qué les costaba agarrarlos?”.

El ataque de la Policía Federal y agentes del INM, de ese 14 de junio, ocurrió en pleno lanzamiento de la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de militarizar la frontera para disminuir el paso de migrantes que buscan entrar de forma irregular a Estados Unidos. Esto sucedió luego de presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, para que México frene la ola migratoria.

Durante la conferencia mañanera del 2 de agosto de 2019, el presidente mexicano fue cuestionado por el asesinato de otro migrante de origen hondureño, un crimen también relacionado a la policía federal mexicana. López Obrador se comprometió a investigar el homicidio y dejó claro que su gobierno es garante de los derechos humanos.

 “No hay intención (de intimidar). Ese es mi punto de vista. Respeto la opinión de todos, pero no somos represores. No vamos a llevar a cabo masacres como sucedía en los gobiernos anteriores”, respondió a preguntas de los periodistas.  

Claudia Interiano, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo a GatoEncerrado que lo ocurrido en Veracruz es un claro ejemplo de violación a las garantías constitucionales, de integridad personal y de acuerdos internacionales, como el Pacto Global para una Migración Segura y Regular, del que El Salvador es uno de sus mayores impulsores.

“Es un hecho que (la militarización) es para sembrar el miedo y no para la protección humana”, dijo Interiano sobre lo que considera es una política “totalmente agresiva” y xenófoba hacia los migrantes centroamericanos. “Pareciera que las órdenes son asegurar el país y no proteger a las personas”, señaló.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho ha trabajado de cerca el caso de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas en 2010, las fosas clandestinas y desapariciones de centroamericanos en México, y ha hecho una recopilación sistemática de graves violaciones a derechos de migrantes.

Según cifras de 2017, publicadas por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), un total de 5,824 delitos contra migrantes fueron registrados de 2014 a 2016 en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Coahuila y a nivel federal; de estos el 99 % quedaron impunes.

Interiano sostiene que si bien la mayoría de crímenes son atribuidos a grupos de narcotraficantes u otro tipo de bandas criminales, no se puede descartar que las autoridades no estén involucradas.

El 23 de diciembre, Darío Escobar, padre de Senaida, escribió y entregó una carta dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que pidió al Estado salvadoreño que no olvide buscar justicia en el caso. Foto/Émerson Flores

La carta al Estado salvadoreño

Darío llegó a San Antonio horas después de enterarse del asesinato de su hija. Quería ser quien le diera la noticia a su esposa, Milagro. Además, quería garantizar la repatriación de Senaida a El Salvador para ser enterrada.   

Repatriarla costó $4,100. No tenían el dinero para pagar, pero tampoco permitiría que el cuerpo de Senaida se quedara en México, en una fosa común. Entre vueltas, papeleos engorrosos y llamadas a funerarias, sumado al dolor que sufría, sintió impotencia y se quedó con las preguntas de un crimen que aún siguen sin responderse.

La semana en la que el cuerpo de Senaida regresó a casa, en la comunidad se escuchó la noticia de otro joven y su pequeña hija que habían muerto al intentar cruzar el río Bravo, fronterizo entre Estados Unidos y México. Una estremecedora imagen de ambos ahogados recorrió el mundo. Se trataba de Óscar Martínez y Valeria, también migrantes salvadoreños.

El Ministerio de Relaciones Exteriores brindó rápidamente una conferencia de prensa, por ese caso. La misma canciller Alexandra Hill Tinoco notificó que se activaría la asistencia humanitaria que brinda el gobierno cuando un salvadoreño pierde la vida en la ruta migratoria. 

“Por cierto, @presidencia_sv pagará los gastos de repatriación y ayudará económicamente a la familia”, escribió el presidente Nayib Bukele, el 24 de junio de 2019, sobre el caso Óscar y Valeria que acaparó el ojo mediático.

La familia de Senaida, sin embargo, seguía preguntándose por qué sobre el caso de su hija nadie decía nada.

Senaida llegó a San Antonio, pero fue enterrada en el cementerio de Santa Marta, una comunidad aledaña.

La organización de derechos humanos Cristosal ha seguido de cerca el caso. Comenzaron a brindar asistencia jurídica y orientación desde el día del entierro. Antes de ello, la información que se conocía sobre el crimen en Veracruz  no había llegado a manos de la familia y mucho menos un tipo de ayuda humanitaria a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. No fue hasta que Cristosal les comenzó a acompañar que la familia logró establecer comunicación con cancillería. En octubre sostuvieron una primera reunión. A la familia se les proporcionó el estado preliminar de las investigaciones pero, en ese entonces, sobre apoyar con los costos de la repatriación, cancillería no les dijo nada. 

El fondo para cubrir los gastos con los que corrieron los parientes de Senaida fue reintegrado dos meses después por el gobierno. Solo después de la visita que la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) hizo a El Salvador, en diciembre pasado. Los comisionados de la CIDH le hicieron ver al gobierno que la familia debía ser apoyada económicamente. 

Para Susana Ramos, una de las abogadas a cargo del caso, la figura activa del gobierno salvadoreño y el papel que juega es determinante para lograr justicia. Un hecho que debe considerarse es que Senaida no murió por una causa circunstancial, sino que fue asesinada por autoridades policiales y migratorias como parte de militarizar la frontera, una política también respaldada por el gobierno del presidente Bukele con el lanzamiento de la patrulla fronteriza en septiembre de 2019.

“Es de poner énfasis en que el caso de Senaida es el primer homicidio que se da en el tema de la militarización de la frontera. Eso ya trae un auge político entre los países en el tema de migración”, dijo Ramos a GatoEncerrado.

Según la abogada, la familia no solo ha exigido que se busque y condene a los responsables del homicidio, “sino que el Estado de México acepte la responsabilidad que tiene”.

En este punto, Claudia Interiano agregó que hay dos responsabilidades que deben ser asumidas: tanto de México, por cometer la grave violación desde la Policía Federal, como de El Salvador, por su deber de “estar pendiente de los hechos sucedidos con Senaida”, así como de de los delitos cometidos contra ciudadanos salvadoreñas en México o en sus rutas migratorias.

“Es como que pusiéramos el ejemplo de un ciudadano estadounidense: el gobierno de los Estados Unidos protegerá inmediatamente a un ciudadano que esté en las mismas condiciones”, expuso Interiano.

Respuesta de El Salvador

La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, fue consultada en conferencia de prensa por GatoEncerrado sobre el caso de Senaida. Aseguró que el gobierno está trabajando para que el proceso “realmente concluya” y se encuentre a los responsables. Aseguró que está en coordinación con otras entidades de gobierno para que faciliten los procesos de apoyo y ayuda a la familia. “No vamos a soltar este tema hasta llegar al final”, concluyó.

El 23 de diciembre de 2019, Darío tuvo que escribir una carta para presionar al gobierno de Nayib Bukele con este caso. Tomó una hoja en blanco y una pluma azul. Seis meses habían pasado desde la muerte de Senaida. 

“Le pido al Estado salvadoreño:...”, decía en una de las líneas. La carta iba dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y entregada en persona ese día.

“Lo que puse en el escrito es que el caso siempre siga”, explicó Darío sobre la solicitud que hizo al reunirse con personal de la Dirección de Derechos Humanos del ministerio. “Que nomás con entregarnos el dinero, que no pensara cancillería que ahí se había terminado el caso”, continuó. Hasta febrero 2020, Darío seguía sin obtener respuesta a su carta.

La información sobre las investigaciones del caso de Senaida ha sido declarada confidencial por las autoridades mexicanas. GatoEncerrado intentó obtener más detalles, avances o elementos nuevos detectados a través de la Fiscalía General de la República de México; sin embargo, esa entidad respondió que las investigaciones están bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de Veracruz. Esta revista también contactó a la Fiscalía de Veracruz, pero hasta el cierre de esta nota no había una respuesta sobre lo que ha ocurrido con el caso.

Entre otros intentos, GatoEncerrado también buscó al gobierno mexicano para que diera una postura sobre el involucramiento de la Policía Federal y del INM en el crimen, pero el personal de comunicaciones de la Secretaría de Gobierno se limitó a decir que este es un asunto de la Fiscalía. 

Mientras tanto, en Ohio, Heidy se va quedando sin esperanzas. “Tanto que le dan vueltas, si ya saben que han sido policías. Deberían tener nombres al menos”, reclama. 

***

Ese viaje era el primer intento de Senaida por llegar a Estados Unidos. Para Miriam ya era el tercero: la primera vez que tomó la ruta migratoria fue en 2014, pero la detuvieron en Ciudad de México; ya en la segunda, en 2016, no pasó de Houston. Ahí permaneció detenida nueve días en la “hielera”, o como se le conoce a los centros de detención en la frontera sur de Estados Unidos, que han sido denunciados por las condiciones infrahumanas en las que tienen a migrantes, desde ponerlos a dormir en el suelo, con un pedazo de aluminio, sin que se les permita bañarse o cepillarse los dientes.

A Miriam nada le saca su idea de vivir en Estados Unidos... algún día. “Quiero estar con mi esposo”, dice, sin titubear. “Pienso irme (de nuevo) este año, pero no sé en qué tiempo. Si a uno le hacen emigrar para allá es por falta de trabajo. Si hubiera, n'hombre, yo lo diría a mi esposo: ‘véngase’”.

*Los nombres se cambiaron por seguridad

Video: Émerson Flores y Julia Gavarrete

Fotografías: Émerson Flores 

Montaje de video: Carolina Amaya

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