Una de las funciones de un gobierno es brindar seguridad a la población, crear instituciones que regulen las acciones entre los habitantes en caso de generarse conflictos y mantener el orden público si se presentan desórdenes.

Para 1865 se creó en El Salvador la Policía Nacional como un cuerpo de oficiales que se encargarían de mantener el orden en los espacios públicos como las plazas. Durante el siglo XIX, la cuestión de la seguridad no fue primordial para el Gobierno Salvadoreño, ya que en lo que más se invirtió fue en la cuestión de la defensa (correspondiéndole eso al Ejército Nacional y la seguridad pública a los cuerpos policiales), debido a las constantes guerras entre El Salvador y el resto de países centroamericanos.

A principios del siglo XX, el sector cafetalero creció y se presentó la necesidad de formar un cuerpo de seguridad que se encargara de vigilar el espacio rural ya que la Policía Nacional, creada en el siglo XIX, se encargaba del área urbana. El historiador Carlos Pérez Pineda en su estudio La Guardia Nacional y la República cafetalera 1912-1932, nos explica cómo fue la formación de esta institución y el papel que tuvo en la represión por parte del Estado contra el levantamiento campesino que se desarrolló en el occidente del país. En 1933 se creó la Policía de Hacienda, cuya función era vigilar el desfalco al fisco. Estos cuerpos de seguridad fueron creados como medios de control por parte del Estado; los cuales para el periodo de los gobiernos militares, tuvieron orientación hacia la persecución política.

El historiador Carlos Gregorio López manifiesta que, curiosamente, los gobiernos militares (1950 – 1980) le aportaron poco a la cuestión de la defensa y la seguridad pública durante sus administraciones llegando en 1973 a un 9.5% del presupuesto nacional. Esto se explica a que los militares por medio de instituciones como Servicio Territorial, ORDEN y La Defensa Civil que se ubicaron en el sector rural lograron mantener el control de la población debido a la relación de estas instituciones con el Ejército, los cuales mantenían una comunicación para la ubicación e intersección de personas organizadas o ligadas a los sectores de izquierda.

Los regímenes militares sostuvieron un proyecto de desarrollo económico, seguridad social, modernización y democracia. Entre sus principales apuestas estuvo la infraestructura, el Mercado Común Centroamericano, la institucionalización del Gobierno y el desarrollo de un sistema político basado en la dirección de los militares. La seguridad se ha analizado desde la disciplina histórica, encontrando una permanencia en la idea del control militar hacia la población.

A partir de la década de 1990 se evidencia un cambio en la situación de la realidad salvadoreña. Los Acuerdos de Paz son un parte aguas en la historia nacional ya que con ellos empieza un proceso de desarrollo de un sistema democrático que ha incorporado a la izquierda en la arena política. También es un periodo caracterizado por el fenómeno de la migración y la deportación de salvadoreños.

Para el abogado Dagoberto Gutiérrez, con los Acuerdos de Paz se le da fin a la guerra civil e inicia la guerra social. La cuestión de la delincuencia en El Salvador es asociada a las pandillas, las cuales, en la lógica de Gutiérrez, son parte de los grupos que están dentro de ese conflicto social. La delincuencia se ha convertido en uno de los temas centrales de los gobiernos en turno, principalmente en los de Elias Antonio Saca, Mauricio Funes, Salvador Sánchez Cerén y, actualmente, Nayib Bukele.

Según la tesis Efectividad del gasto público y criminalidad en El Salvador 2005- 2016, el gasto en seguridad pública entre el 2004 y 2016 se mantuvo entre el 16.2% y casi el 20%, siendo 2008 el año que ha tenido el porcentaje más alto, 19.46% debido a su proximidad en un escenario electoral. Si bien los planes de seguridad que se han implementado han logardo capturas masivas y se aumentó el número de elementos policiales; no se logró dar una solución efectiva a los problemas de homicidios, extorsiones, enfrentamientos entre pandillas y PNC, robos, secuestros y desapariciones.

El plan de Gobierno de Bukele habla de tres ejes fundamentales en cuanto a la cuestión de seguridad: prevención, combate al crimen y reinserción a la vida productiva. Este plan, paradójicamente, cita estudios realizados por el Departamento de Economía de la Universidad José Simeón Cañas y El Libro Negro de la Corrupción del Doctor Salvador Arias Peñate. Para la prevención se propone la creación de escuelas de fútbol en las municipalidades con el fin de evitar que los jóvenes ingresen a organizaciones criminales; en cuanto al combate al crimen, se habla de la incorporación de tecnologías, nuevas estrategias de combate y mejores condiciones laborales para el desarrollo de las actividades de la PNC y mejoramiento de las condiciones de los internos.

Según la Propuesta de Financiamiento Plan Control Territorial del Ministerio de Hacienda, el monto total para la elaboración de este proyecto de seguridad es de $575. 2 millones el cual sale del Fondo General, Contribución Especial, préstamos y donaciones. Este plan se pretende realizar en tres fases entre 2019 a 2021. A la fecha se han ejecutado dos fases con un monto total de $192.8 millones.

El gobierno ha anunciado que se han reducido los homicidios. El Diario El Mundo presentó el 2 de enero de 2020 una nota bastante amplia sobre la reducción de los homicidios durante los primeros seis meses de gobierno de Bukele, en junio se reportó 231 muertes violentas mientras que diciembre cerró con 120. Siendo este motivo válido de celebración para el nuevo gobierno. Pero no solo basta con la reducción de los homicidios y el aumento de capturas de delincuentes para medir la seguridad del país. Falta hablar de la protección hacia las mujeres, los niños, estudiantes y adolescentes que son sectores vulnerables en el país.

La pregunta aquí es: ¿Qué cambios y continuidades en materia de seguridad se observan entre los gobiernos de siglo XX y el actual, liderado por Nayib Bukele?