Comisionados del IAIP acudirán a la CIDH tras bloqueos y ataques por su trabajo
El Ministerio de la Defensa obstaculizó el trabajo de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información, mientras intentaban realizar una diligencia para buscar archivos militares sobre hechos ocurridos en contra de estudiantes y personal de la Universidad de El Salvador entre 1970 y 1995. Uno de esos casos es el asesinato del rector Félix Ulloa, padre del actual vicepresidente de la República.
Por Emerson Flores
Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) denunciaron, este viernes 6 de marzo, que han recibido ataques debido al cumplimiento de su trabajo. También señalaron que fueron bloqueados, ese mismo día, por el Ministerio de la Defensa para evitar que ingresaran a verificar archivos militares solicitados por la Universidad de El Salvador (UES).
Ante esas acciones, los comisionados anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para buscar una medida cautelar que proteja su trabajo y sus vidas.
“El pronunciamiento del relator Edison Lanza reafirma el trabajo del Instituto de Acceso en defensa de un derecho humano fundamental como lo es la información. En ese marco, como pleno hemos decidido activar medidas cautelares ante la CIDH y solicitar una audiencia temática para establecer estos hechos que llevan a limitar el libre ejercicio del derecho a la información”, explicó la comisionada Yanira Cortez.
Bloqueo
En respuesta a una apelación sobre una solicitud de acceso a la información por parte de la Universidad de El Salvador (UES), los comisionados del IAIP acudieron al Estado Mayor para realizar una inspección administrativa a los archivos del Estado Mayor Conjunto, con el objetivo de recabar información o conocer sobre la existencia de documentos que esclarezcan los hechos ocurridos durante el periodo de 1970 a 1995: la incursión de la Fuerza Armada adentro del campus central. También para conocer sobre el paradero de estudiantes desaparecidos y del asesinato del rector Félix Ulloa, padre del actual vicepresidente de la República.
La visita a las instalaciones fue notificada, previamente, a todas las partes y estaba pautada para las nueve de la mañana del 6 de marzo. Sin embargo, no se permitió el ingreso a los comisionados del IAIP ni de los delegados de la UES.
“Por aquí pueden parquear”, dijo, a los comisionados, un soldado que custodiaba el portón de acceso y mencionó que él no tenía una notificación sobre la diligencia que necesitaban hacer los comisionados.
El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, reaccionó ante la situación y escribió en su cuenta de Twitter: “Este día se presentaron al EMCFA, funcionarios del IAIP para ingresar a los archivos institucionales, irrespetando una medida cautelar de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Han bloqueado la salida de las instalaciones. Esto va en contra de cualquier protocolo de seguridad”.
La comisionada Claudia Liduvina Escobar explicó que la resolución a la que se refirió el ministro de la Defensa es una que está relacionada a un procedimiento distinto, con número de referencia NUE 93-A-2016 vinculado al proceso contencioso administrativo 53-2017.
“Este argumento presentado por el ministro no fue mencionado en ninguna de las etapas del procedimiento”, dijo la comisionada Escobar.
La comisionada presidenta del IAIP, Silvia Cristina Pérez, agregó que las resoluciones judiciales son para casos concretos y tienen efectos para los involucrados en los procesos.
“No podemos extender la vigencia de una medida cautelar dictada en un proceso contencioso administrativo del año 2017 a la fecha. Y menos cuando no coincida en los objetos de controversia de cada uno de los incidentes de apelación que ha conocido el IAIP. Esto sería no solo tener una interpretación errónea, sino que iría en contra de la seguridad jurídica, que es un pilar fundamental cuando se ven actuaciones judiciales”, señaló la comisionada Pérez.
Después de más de una hora de espera, en la que los comisionados fueron fotografiados y hasta vigilados con un dron, se marcharon de la entrada del Ministerio de la Defensa ante la negativa de permitirles el ingreso.
“Estuvimos bajo vigilancia continua, controlados por cámaras, celulares, e incluso, anduvo circulando un dron tomando imágenes de todos los que estábamos ahí presentes”, dijo la comisionada Pérez.
Los militares encargados de la seguridad del recinto aseguraron que intentaron contactar al apoderado legal del Ministerio de Defensa, para preguntarle si los comisionados podían entrar, pero fue imposible porque “estaba ocupado en audiencias”.
El 5 de marzo, el Ministerio de Defensa presentó un escrito, por medio de su apoderado, para solicitar la recusación de los comisionados del IAIP y para requerir la suspensión de la diligencia de inspección programada para las nueve horas del 6 de marzo.
El Instituto de Acceso respondió que aún no hay una resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la recusación, y que de todas formas el escrito fue presentado como un recurso de último momento, aún después de haber sido notificada la diligencia en las instalaciones del Ministerio de la Defensa.
“Respecto a esta petición y dado que la recusación se refiere a la totalidad de los/as integrantes del Pleno de este Instituto, la Ley de Procedimientos Administrativos, en el artículo 52 incisos 1 y 6, señala claramente que la autoridad que debe recibir, sustanciar y tramitar tal petición es la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo. Por lo que, este Pleno se encontraría impedido de firmar cualquier resolución concerniente a tal incidente”, explicó el IAIP.
La fiscal adjunta de la UES, Patricia López Ortiz, agregó que el escrito para recusar a los comisionados fue presentado como recurso de último momento y en el IAIP, cuando lo correcto era presentarlo directamente ante la Sala de lo Contencioso.
“A última hora presentaron un escrito alegando que se recusaran a todos los comisionados que habían ordenado esta diligencia y, por lo cual no era procedente y que siempre se iba a llevar a cabo esta diligencia. No es procedente porque eso tuvo que hacerlo otra instancia, no ante el Instituto”, dijo López Ortiz.
