“Tenemos problemas en las cárceles, de desnutrición, de tuberculosis… entonces, yo les envío otro mensaje a los pandilleros: vamos a iniciar con un programa para curar la tuberculosis en los centros penales; vamos a iniciar con un programa para combatir la desnutrición. Eso va a beneficiar a sus amigos, a su gente, a la gente que ustedes respetan… Si los homicidios no siguen a la baja y, por el contrario, se van al alza, vamos a detener ese programa”.

-Nayib Bukele, presidente de El Salvador

Un mensaje como el que acaba de leer, debe considerarse impropio viniendo de cualquier funcionario público. Ya sea de un Director de Centros Penales, de un Director de la Policía Nacional Civil, de un Ministro de Justicia y Seguridad Pública; pero lo es aún más, si quien lo emite concentra es el Jefe de Gobierno, Coordinador del Consejo de Ministros, Comandante General de las Fuerzas Armadas y Jefe de Estado.

Lamentablemente, cuatro meses más tarde, y luego de haber irrumpido en la Asamblea Legislativa acompañándose de elementos policiales y militares, el mismo funcionario vuelve a utilizar expresiones similares:

“Director Osiris Luna Meza, decrete emergencia máxima en todos los Centros Penales. Todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie, cero visitas, cero actividades, cero patios, cero tiendas. Todos en sus celdas, incomunicados, 24/7, hasta nueva orden”.

Algo elemental y simple en un Estado de Derecho es que hay que respetar la ley y los procedimientos que ella establece, sobre todo, la dignidad humana de todas las personas, así sea que haya cometido los más graves delitos. Lo contrario es sencillamente regresar a la barbarie, utilizar el primario sentimiento venganza.

Combatir la criminalidad, y con ello, disminuir las muertes violentas, es obligación del Estado salvadoreño, a través de las instituciones responsables de la seguridad pública y del sistema de justicia.

“Condicionar” la prestación de servicios de salud y alimentación de las personas privadas de libertad, o “castigar a las personas con el agravamiento de sus condiciones carcelarias, por delitos que se cometen fuera del sistema penitenciario, constituye, simple y llanamente, tortura, delito reconocido en nuestro código penal:

Art. 366-A. El funcionario, empleado público, autoridad pública o agente de autoridad pública que, con ocasión de las funciones de su cargo, inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otra, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, instigue, induzca o consienta tales actos o no impida su ejecución, será sancionado con prisión de seis a doce años e inhabilitación para el ejercicio del cargo o empleo respectivo por el mismo tiempo.

Combatir la criminalidad, con expresiones públicas, que constituyen ellas propias, formas de tortura, es toda una contradicción de la razón de ser del Estado, cuyo origen y fin es la persona humana (artículo 1 de la Constitución de la República).

Aunque compartimos la consternación por las muertes de soldados y policías (así como la de cualquier persona), que no deberían ocurrir, desde una perspectiva de derechos humanos y de Estado de Derecho, debemos advertir que hay procedimientos que se deben cumplir, derechos a respetar y dignidad que no puede ser pisoteada.

Gran parte de las más de 38,000 personas privadas de libertad viven en condiciones infrahumanas, situación ya ampliamente documentada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Agravar su situación, en nada contribuye al combate de la criminalidad, ni a hacer del sistema penitenciario, lo que establece la Constitución (artículo 27): el instrumento para procurar la reintegración social de las personas que cometen delitos.

Texto agregado por el editor:

El presidente Nayib Bukele ordenó, este martes 10 de marzo, que el director de Centros Penales levante la medida de emergencia y que “ponga en funcionamiento los protocolos sanitarios para prevenir el coronavirus”.

Foto: Centros Penales