El constitucionalista, Efraín Arévalo explicó a GatoEncerrado que la Constitución de la República, en sus artículos 174 y 183, le da la facultad a la Sala de lo Constitucional de revisar y declarar, entre otras cosas, las inconstitucionalidades de una ley, reglamento, decreto o código, como el de Salud. Pero que este no es el caso. Lo que la Sala ha hecho es darle seguimiento a un Hábeas Corpus de ciudadanos que han denunciado arbitrariedades en retenciones, justificadas por las autoridades en el Código de Salud.

“Un Hábeas Corpus controla actos para privar la libertad de una persona. La Sala sí tiene competencia, porque las medidas que están en el Código de Salud son medidas jurídicas que son controladas por la Sala. La Sala tiene competencia para decir la manera en la que se tiene que interpretar un artículo para poder capturar a la gente, que es lo que ha hecho”, dijo Arévalo. 

La constitucionalista Erika Saldaña agregó que ninguna ley o código está por encima de la Constitución: “eso es un concepto básico del derecho constitucional”, dijo a GatoEncerrado sobre la invalidez del argumento de Bukele de poner por encima de la Constitución al Código de Salud.

“La Sala no ha dicho que todos los artículos del código son inconstitucionales, sino que se está aplicando mal, porque el artículo no permite capturas. Una cosa es medidas sanitarias preventivas y otras son medidas represivas”, dijo Saldaña. 

La resolución publicada el 15 de abril por la Sala es un recordatorio sobre la validez de las órdenes que ya habían hecho en dos Hábeas Corpus publicados el 26 de marzo y 8 de abril. Ambos ordenan al presidente de la República, a la PNC y a la Fuerza Armada “abstenerse de aplicar formas de confinamiento o internamiento sanitario forzoso sin base legal“. 

Rodolfo González, exmagistrado de Sala, dijo a esta revista que el contenido de estas resoluciones advierten que las medidas implementadas por el Ejecutivo para las retenciones, en el marco constitucional, no permiten la restricción de libertad ambulatoria. 

“Lo que dice es que no hay ninguna autorización para restringir a una persona de su libertad, como sanción en la cuarentena. La cuarentena implica llevarse a una persona aislada mientras se somete a un tratamiento para curarse de ella y le restringimos su libertad ambulatoria para que no contagie a otros. La legislación, en este sentido, no tiene carácter sancionador. La Sala ya dijo con todas sus letras que está constitucionalmente prohibido (la retención sin ley formal) y la Sala recuerda que es una violación a derechos constitucionales y que por esas violaciones los funcionarios van a responder constitucionalmente”, dijo González. 

El abogado Efraín Arévalo agregó que por mucho que el Gobierno emplee sinónimos como “retenciones” con fines sanitarios, lo que realmente ocurre son privaciones de libertad y eso es inconstitucional. Esa privación de libertad es la que cualquier ciudadano puede denunciar a través de un Hábeas Corpus.

La institucionalidad tambalea

Desde el 9 de febrero, Bukele ha ido desafiando las leyes, malinterpretando la Constitución y chocando con los otros poderes para legitimar decisiones personales, según politólogos, constitucionalistas y académicos.

Nayda Acevedo Medrano, una politógola con más de 20 años de experiencia, comentó a GatoEncerrado que estos choques de poderes son comunes en sistemas democráticos que todavía traen vicios de sistemas dictatoriales.

“Dentro de la historia geopolítica, la democracia salvadoreña es un proceso nuevo que pone a prueba los procesos constitucionales y estos choques son el reflejo del funcionamiento de un proceso democrático que distribuye el poder. Estos procesos fueron primero puestos a prueba con la Sala de lo Constitucional que recién dejó el poder y parecen continuar con los magistrados que recién ingresaron al poder”, dijo Acevedo Medrano. 

La politóloga agregó que estos choques de poder son parte de un proceso de maduración histórica que pone a prueba a las instituciones.

“Los mínimos establecidos para hablar de democracia son controles interinstitucionales. Es decir, que exista la independencia de poderes. Después de los Acuerdos de Paz, con la reforma de la Constitución en el 83 y con la participación política del FMLN en el 92, yo creería que ahora estamos asistiendo al cierre de ese ciclo sumado a una pandemia. Es una tormenta perfecta”, dijo Acevedo.

Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, dijo a esta revista que las implicaciones del incumplimiento a las órdenes de la Sala de lo Constitucional pone en riesgo la seguridad jurídica de la ciudadanía ante cualquier derecho que el presidente quiera disponer y deja del lado el sistema de frenos y contrapesos que establece la Constitución, con la idea de que ningún funcionario tenga una concentración absoluta de poder. 

En cuanto a las consecuencias legales por el incumplimiento del Ejecutivo a la orden de la Sala, Escobar advierte que el artículo 322 del Código Penal contempla un proceso de judicial por desobediencia.

 “En primer lugar, una consecuencia que se puede dar es que se pueda proceder contra una autoridad como el director de la Policía por el incumplimiento de la orden. Son funcionarios que no tienen fuero y pueden ser destituidos por cometer cualquier tipo de delito como acto arbitrario o desobediencia. La siguiente etapa es que proceda con funcionarios que tienen fuero como ministros o el presidente, pero eso implica que se solicite a la Asamblea Legislativa el inicio de proceso de antejuicio y esto requiere de 43 votos. En términos reales, hay una imposibilidad grande de que esto pueda pasar. El fiscal general debe iniciar el proceso y ya ha guardado demasiado silencio. Recordemos el 9F. Tendría que haber una voluntad del fiscal de proceder y después debería tener los 43 votos. Acá el fiscal tiene la llave y este proceso solo se va a dar solo si el fiscal lo inicia”, dijo Escobar.