Gobierno irrespetó atribuciones de comité que supervisa fondos para emergencia

El sector privado y académico renunciaron al Comité supervisor de los $ 2,000 millones de deuda aprobados al Gobierno para enfrentar la emergencia por la COVID-19. La razón es la falta de transparencia de parte del Gobierno y la discrecionalidad para usar los fondos.

Cinco representantes del sector privado y académico renunciaron a la junta directiva del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica que fue creado, el 26 de marzo, para supervisar la ejecución de $2,000 millones de deuda que la Asamblea Legislativa le aprobó al Gobierno del presidente Nayib Bukele, para financiar la emergencia por la pandemia COVID-19. 

Durante la negociación de este primer paquete de deuda que fue aprobado, la creación del Comité fue una de las exigencias de Arena y de otros partidos políticos, con la idea de garantizar la transparencia del uso de los fondos y ante su desconfianza en la Corte de Cuentas de la República (CCR).

La idea de tener un Comité no le agradaba a los delegados del Gobierno. “No entiendo qué tiene que ver ahorita la Anep y Fusades”, cuestionó en ese momento el secretario privado, Ernesto Castro, en una de sus visitas a la Asamblea para negociar. 

El 26 de marzo, la Asamblea aprobó el decreto legislativo 608, con el que autorizó la emisión de $ 2,000 millones de deuda y la creación del Comité. El Comité fue juramentado por el presidente de la República el 28 de marzo en la noche. Quedó conformado por representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Fusades), la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), más cinco ministros y un coordinador delegado por el Ejecutivo. 

La Asamblea dejó establecido que el Comité es el encargado de la dirección, supervisión y administración de todas las actividades del fondo de la emergencia y de proponer al Órgano Ejecutivo un presupuesto extraordinario, para que finalmente sea aprobado por la Asamblea Legislativa. En la práctica,  estuvo de "adorno" porque nunca desempeñó su papel. El Gobierno decidió, fuera del Comité, cómo usar los fondos. 

“¿Qué le quedaba al Comité? Es como cuando tienen una lámpara bonita en la casa, que es bonita pero ya no enciende, ya no funciona, pero la voy a tener ahí… Nosotros no entramos al Comité para eso. ¿Tuvimos voz? completamente. ¿Voto? ¿De qué? Si ya estaba decidido”, sostuvo el vicerrector de proyección social de la Uca y delegado en el Comité, Omar Serrano, en una conferencia de prensa donde ampliaron sobre las razones de salirse del Comité.

En una carta enviada a la Asamblea Legislativa, el 11 de mayo, y en declaraciones por separado, los representantes del sector privado y universidades revelaron que su salida se debió a que el Gobierno llevó al Órgano Legislativo una propuesta de reforma al decreto 608 diferente a la acordada por el Comité. Los firmantes de la carta señalaron que el Ejecutivo omitió la propuesta de reforma para delimitar funciones del Comité y cambiaron el destino de los $ 2,000 millones. 

En la propuesta, que aún no ha sido aprobada por la Asamblea, dejaron establecido que $ 600 millones serán para las municipalidades, $ 450 millones para transferencias a familias (recursos para financiar la entrega de $ 300 a los afectados por la emergencia) y $ 950 millones para cubrir deficiencias en el Presupuesto General de la Nación 2020.

La Uca sostuvo que esa no fue la distribución acordada y las cifras tampoco coinciden con las planteadas a los miembros del Comité. A ellos les dijeron que usaron $ 400 millones para entregar $ 300 a las personas afectadas por la emergencia y que usarían $ 550 millones para completar gasto del presupuesto 2020.

El Comité también había acordado otra reforma para delimitar las atribuciones del Comité debido a que se estableció que tendrían la facultad de administrar los fondos. Sin embargo, esa es una competencia que le corresponde a las instituciones públicas que reciben los fondos.

También querían modificar la ley para desligarse sobre el uso anticipado que hizo el Gobierno de las transferencias a las familias afectadas por la pandemia. Argumentaron que nunca participaron en la distribución de ese dinero, al igual que en la renovación y reconstrucción de la red hospitalaria, la entrega de semillas y canastas alimentarias.

“Obviamente, los integrantes del Comité, y me refiero a los 11, no podían ser responsables de la supervisión y el manejo de fondos que ni siquiera habían tenido la oportunidad de avalar”, dijo Federico Hernández a GatoEncerrado, director ejecutivo de Camarasal. Una postura similar compartió Anep en un comunicado de prensa.

En la carta expresaron que la reforma propuesta unilateralmente por el Gobierno central, aunada a los inconvenientes del decreto original dejan, en la práctica, al Comité sin razón de ser, pues se le quita la competencia.

El 23 de abril, funcionarios del Gobierno y el expresidente de Anep, Luis Cardenal, dieron una conferencia de prensa para anunciar un plan de reactivación económica por $ 1,000 millones y otros decretos, en los que se incluía la reforma al decreto legislativo 608.  

"Sentimos que el haber presentado una propuesta de reforma al decreto 608 en el seno del comité (diferente), nos pareció una falta de ética, una falta de lealtad del Gobierno con el Comité y especialmente con las organizaciones no gubernamentales", externó el rector de la UCA, Andreu Oliva. 

Según las organizaciones, en las nueve reuniones que sostuvieron con el Gobierno nunca les presentaron un plan detallado que contempla la hoja de ruta y los recursos para atender la pandemia. Tampoco recibieron información de la metodología que usaron para implementar las transferencias de $ 300 a las familias. La Asamblea también le pidió información al Gobierno sobre el número de beneficiarios y el monto erogado y tampoco tuvo respuesta. Por falta de información tampoco pudieron presentar el presupuesto extraordinario.

“Nunca se nos presentó un plan integral de enfrentamiento a la pandemia como pedimos en la primera reunión, nunca se presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta consensuada al decreto legislativo 608 como habíamos acordado, en su lugar se presentó otra que no conocíamos”, expresó Serrano.

Las organizaciones también externaron que el Gobierno ha emitido decretos que riñen con los derechos humanos y ha irrespetado resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Tras hacerse pública la renuncia del Comité, el secretario privado y coordinador del Comité, Ernestro Castro; el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes y el asesor jurídico de la Presidencia y exmiembro de Anep, Javier Argueta, montaron una conferencia de prensa para “desmentir” los argumentos de las universidades y privados. 

Argueta aseguró que los representantes del sector privado y académico insistieron en reformar el decreto 608 luego de que en la primera reunión "se les explica que ellos son funcionarios públicos" y "eso implica que si tienen empresas, tienen prohibiciones de que sus empresas puedan ofertar al Estado". 

Argueta dijo que al ser funcionarios públicos estaban obligados a declarar su patrimonio a la Sección de Probidad de la CSJ y a ser fiscalizados por la Corte de Cuentas. 

"Todo está en acta y toda la documentación existe. Es totalmente falso lo que se está diciendo ", agregó el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes.

Con las copias de actas en la mesa, el rector y el vicerrector de protección social de la UCA desmintieron a los funcionarios del Ejecutivo. El vicerrector de proyección social aseguró que en el Comité no se habló de presentar declaraciones patrimoniales y pidió que cuando el Gobierno cumpla la promesa de difundir las actas que se revisen para corroborar. 

"¿Quién dice falsedades? Saquen ustedes sus conclusiones. ¿Quién le huye a la transparencia? Saquen ustedes sus conclusiones", respondió Serrano ante los señalamientos de los funcionarios y del mismo presidente de la República. 

La Asamblea aún no ha decidido sobre la renuncia del Comité y cómo controlará los fondos. El diputado de Arena, Rodrigo Ávila, pidió este miércoles 13 de mayo, en la Comisión de Hacienda, que la Asamblea revise con “acuciosidad” cómo el Gobierno está orientando los recursos. “Mal haríamos con seguir dando aprobaciones como si nada ha pasado”, sostuvo. 

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