Blanca, Erick, Margarita y otros habitantes de la urbanización Cimas de San Bartolo I y la comunidad La Esperanza, en Ilopango, tienen una cosa en común: hambre. Por eso protestan con camisetas o trapos blancos, que hacen las veces de banderas colocadas en las ventanas de sus viviendas, como protesta pacífica y silenciosa. Desde el 21 de marzo, cuando el Gobierno impuso la cuarentena domiciliaria bajo la justificación de que evitará la propagación del COVID-19 en El Salvador, los habitantes de ese municipio, conformados por familias de bajos ingresos, resienten la falta de dinero y de trabajo. La medida los hizo más vulnerables de lo que ya eran. La falta de planificación en las medidas implementadas por el Gobierno los ha impactado más que la pandemia. Ellos no suenan cacerolas o pitos en vehículos, ni siquiera tienen uno, pero también protestan. Especialistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) plantean que la crisis económica que dejará la emergencia sanitaria aumentará la pobreza entre 1.7 y 4 puntos porcentuales en el país. Esto, según los economistas, impactará más a las mujeres que a los hombres.