Sala suspende decreto ejecutivo y estudia si el presidente invadió funciones del Legislativo

La Sala de lo Constitucional admitió dos demandas de inconstitucionalidad en contra del decreto ejecutivo, con el que el Gobierno pretendía prorrogar la emergencia por COVID-19. Los demandantes, entre ellos el fiscal general, alegaron que la Presidencia de la República se tomó atribuciones del Órgano Legislativo. Bukele reaccionó en su cuenta de Twitter y dijo que la Sala le estaba quitando "facultades" al Ejecutivo.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió el decreto ejecutivo n° 18, que fue anunciado por el Gobierno, el sábado 16 de mayo. Con ese decreto, el presidente de la República, Nayib Bukele, y sus funcionarios, pretendieron prorrogar por 30 días más el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia por COVID-19 y hacer compras directas sin pasar por el proceso de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

La Sala admitió las demandas de inconstitucionalidad presentadas, en contra de ese decreto, por el ciudadano Jonatan Mitchel Sisco Martínez y el fiscal general Raúl Ernesto Melara Morán. Con la admisión de las demandas, también ordenó como medida cautelar la suspensión inmediata y provisional de los efectos del decreto ejecutivo n° 18.

“Por lo que, mientras se tramite este proceso de inconstitucionalidad, las autoridades del Órgano Ejecutivo no podrán ejercer ninguna de las atribuciones que dicha normativa establece; asimismo, se suspenden los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del aludido decreto ejecutivo n° 18”, dijo la Sala sobre la demanda que presentó el ciudadano Sisco.

En una conferencia de prensa, del sábado pasado a las 11:00 p. m., el Comité Nacional de Protección Civil, liderado por el ministro de Gobernación, Mario Durán, invocó el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, alegando que la Asamblea Legislativa no estaba reunida y que eso facultaba al presidente de la República para decretar el estado de emergencia.

Los magistrados de la Sala, sin embargo, dijeron en la admisión de las demandas que estudiarán si con ese decreto el presidente de la República invadió las atribuciones de la Asamblea Legislativa establecidas en los artículos 86, inciso 1 y 3; 87, inciso 3; 131, inciso 5; y 142; que tienen que ver con las atribuciones que le corresponden a la Asamblea y al resto de órganos de Estado. 

En la demanda presentada por el fiscal, la Sala estudiará la supuesta violación a los artículos 131, ordinal 6 y 234 de la Constitución, que tienen relación con la adquisición, contratación, licitaciones y compras públicas; así como la exención de impuestos. El decreto legislativo de emergencia que intentó ampliar el ejecutivo le daba la facultad al Gobierno para hacer compras directas.

La Sala requirió a la Asamblea Legislativa y al Órgano Ejecutivo que, con base al principio de colaboración entre órganos, realicen un esfuerzo mutuo para llevar a cabo las acciones necesarias orientadas a emitir en el menor plazo posible una ley de emergencia que actualice las condiciones en las que la sociedad salvadoreña se encuentra a la fecha frente al combate de la COVID-19, con el objeto de garantizar los derechos de la población salvadoreña a la salud y a la vida en todas sus dimensiones.

Minutos después de que la Sala difundiera el documento en redes sociales, el presidente de la república escribió en Twitter que le están quitando facultades durante la emergencia “más grande que el mundo ha tenido en 100 años”.  Además, preguntó “¿Quién está invadiendo las funciones de quién? ¿Quién está rompiendo el orden constitucional?”.

El diputado de Arena, René Portillo Cuadra, dijo que la Sala de lo Constitucional "ha hecho justicia, ha rescatado el estado de derecho, el balance de poderes en el país al decretar esta medida cautelar".

Las justificaciones de Bukele

El presidente Bukele subrayó en una cadena nacional de radio y televisión, la noche de este 17 de mayo, que la economía salvadoreña no está lista para reabrir, ni siquiera paulatinamente, aunque esto moleste a algunos empresarios. Su afirmación fue precedida por un discurso colmado de comparaciones con los fracasos económicos y sanitarios de las principales potencias del mundo, con respecto a El Salvador al enfrentar la COVID-19.

“No es tiempo de abrir, por más que griten los empresarios, no es tiempo de abrir. Sé que para muchos es duro escuchar estas palabras, sé que muchos están preocupados por sus empleos o negocios, algunos, pequeños negocios. No todos los empresarios son grandes millonarios, muchos van pagando con dificultades las planillas, alquiler o recibos”, dijo el mandatario.

Afirmó que países desarrollados han tenido graves pérdidas económicas, de empleos y negocios, así como incremento en casos y muertes por coronavirus, pese a ser sistemas económicos y sanitarios robustos. Además, tomando como base lo dicho por economistas, advirtió que la crisis económica por esta pandemia sería peor que la gran depresión de los años 30.

“¿Acaso alguien piensa que nos irá mejor que Italia, Francia, Reino Unido? ¿Acaso alguien piensa que nos irá mejor que Estados Unidos? ¿Qué decisiones tomarían? ¿Abrir la economía gradualmente cuando ni siquiera hemos llegado al pico de la primera curva? Porque si eso hicieran, déjeme decirles que los muertos serían muchísimos más”, cuestionó el presidente.

En su alocución al país, Bukele planteó tres puntos importantes dirigidos “a todos los que están sufriendo”. El mandatario pidió a la población que cerrara sus ojos y que imaginara a familiares y seres queridos “ahogándose” afuera de un hospital por coronavirus, sin nadie que pueda ayudarlo por el colapso del sistema de salud, hasta causar la muerte de esa persona.

“Ese pudiera ser nuestro futuro cercano (…) Dios nos está dando la oportunidad de volver en el tiempo y evitar el contagio y la muerte de nuestros seres queridos”, dijo. Por otro lado, volvió a exhortar al país a quedarse en casa y cumplir la cuarentena. 

Como tercer punto, repasó las labores de su gobierno para enfrentar la pandemia como la restauración de hospitales, elaboración de protocolos de atención a población necesitada, entrega de paquetes alimenticios y trabajo de seguridad de la población, destacando que la semana pasada solo hubo tres homicidios en el país.

En otro tema, Nayib Bukele reiteró que, a la fecha, su gobierno no ha recibido ni un centavo de los préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa, pues ha sido este mismo Órgano de Estado que aún no ratifica dicha autorización.

“Cuando vamos a la Asamblea a solicitar la ratificación para usar ese dinero para luchar contra la pandemia, ni siquiera nos reciben la propuesta. Por lo tanto, el gobierno no ha recibido un solo centavo del dinero que tanto urge para salvaguardar la salud y vida de nuestra gente”, señaló.

Aclaró que pide financiamiento, pese a que él mismo acuñó la famosa frase “el dinero alcanza cuando nadie roba”, y atribuyó la falta de dinero a los robos a las arcas del Estado de gobiernos pasados

Criticó, además, que la Asamblea no haya prorrogado el estado de emergencia, atribuyendo dicha acción a “presiones de un pequeño grupo de malos empresarios financistas de sus campañas”.

“Por eso decidimos decretar un estado de emergencia desde la Presidencia de la República. Desde hace varios días se estaba discutiendo si los diputados aprobarían o no un nuevo estado de emergencia. Sabían que vencía ayer en la noche, sabían que la emergencia real continúa no solo en nuestro país sino a nivel mundial; sabían que necesitamos esas herramientas para combatir la pandemia. Sin embargo, la mayoría de los diputados decidió no renovarla”, señaló el mandatario.

El decreto

El 16 de mayo, la Presidencia de la República extendió el estado de Emergencia por 30 días excusándose en que los diputados de la Asamblea Legislativa no discutieron en tiempo la decisión de prorrogar la emergencia que vencía a la media noche del sábado, y que era la base para que el Gobierno siguiera haciendo uso discrecional de los fondos para afrontar la pandemia. 

“Estamos garantizando constitucionalmente a las personas, estamos garantizando la seguridad jurídica a la población”, explicó el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, acuerpado por la Comisión Nacional de Protección Civil en rueda de prensa, el sábado pasado.

La decisión gubernamental no tardó en generar reacciones negativas. La Fiscalía General de la República (FGR) informó, la tarde este 17 de mayo, que también interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, por considerar que el decreto no cumple las condiciones para que el Gobierno decrete una emergencia por sí solo, pues esa es atribución de la Asamblea Legislativa. 

La Presidencia amparó su decreto en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil que otorga facultades al presidente para decretar estados de Emergencia cuando la Asamblea Legislativa no esté reunida. La ley establece que Presidencia deberá informar al Legislativo su decisión y que la emergencia no implica la suspensión de garantías constitucionales. 

“La Asamblea Legislativa no está imposibilitada para reunirse en estos momentos, por lo que tiene la legitimidad legal y constitucional para analizar el estado de emergencia.”, dijo la FGR en un comunicado. 

Agregó que el decreto presidencial “resulta un acto de usurpación de facultades”.

La decisión presidencial también fue cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, quienes consideraron que el decreto era “nulo” desde que nació, excedía facultades de la Presidencia y lo catalogaron como “otro grave retroceso”.

Publicidad