Mensaje de impunidad
La historia de El Salvador está marcada por la muerte, la guerra, levantamientos campesinos, mártires y dictaduras militares. El conflicto armado de los años 80 entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, generado por la injusticia social, se prolonga 12 años, hasta la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. El problema de fondo, como en toda la región, se resume en dos palabras: desigualdad y exclusión de la gran mayoría. Según Oxfam, los 160 más ricos acaparan el 87% de la riqueza. Y la mayoría vive al día.
“El presente no está desvinculado del pasado”, subraya Silvia Juárez, de la organización de mujeres Ormusa, que cita como ejemplo el informe De la locura a la esperanza, elaborado por la Comisión de la Verdad tras la firma de la paz. Dicho informe describe la violencia sexual como un hecho colateral y no como una violación sistemática contra las mujeres.
Tras la firma de los acuerdos de paz no hay un proceso de reconciliación nacional. El año siguiente, en 1993, la Asamblea Legislativa aprueba la ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que pone en libertad a todos los presos involucrados en violaciones de derechos humanos durante la guerra civil.
Después de décadas de reclamos por parte de las víctimas, en 2016 la Corte Suprema anula la ley de Amnistía. Los enfrentamientos en la Asamblea Legislativa continúan y el 26 de febrero pasado, el pleno aprueba una ley de amnistía disfrazada, la llamada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. “Si ni siquiera se reconoce esta violación, estamos lejos de construir la paz”, lamenta Silvia Juárez.
En El Salvador, la violencia deja las trincheras y muta en forma de grupos pandilleros. Hasta el 30 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) reporta dos casos en los que hay indicios de asesinatos de mujeres a manos de pandillas o maras desde que comenzó la cuarentena domiciliaria.
La coordinadora nacional de casos de feminicidios de la Fiscalía, Graciela Sagastume, explica que no hay diferencia en cuanto al procedimiento de mujeres asesinadas por integrantes de maras, porque en todos los casos se aplica el protocolo de feminicidio. Según las reglas de las pandillas, las mujeres no tienen voz y no pueden opinar ni decidir. La coordinadora fiscal considera que los feminicidios dentro del mundo de las pandillas son un problema estructural. “En la medida que el Estado invierta en problemas sociales, las mujeres podrán salir de ese mundo”.
San Pedro Sula, violencia y emigración
Iberoamérica es la región más violenta del planeta, según un estudio de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. De las 50 ciudades con más homicidios 15 están en México (con Tijuana a la cabeza), dos en Honduras (San Pedro Sula y Tegucigalpa), y una en Guatemala (Ciudad de Guatemala) y una en El Salvador (San Salvador).
San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras con 1,1 millones de habitantes, estuvo considerada durante cuatro años consecutivos, de 2011 a 2014, la ciudad más violenta del mundo. Llegó a registrar 142 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. San Pedro Sula es también el epicentro del éxodo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos.
Una de las zonas más conflictivas de la ciudad es Chamelecón, un suburbio pobre, de calles de tierra, donde pandillas y grupos criminales ligados al narcotráfico libran su propia guerra por el control territorial. Aquí se registra el 5 de mayo un caso de violencia que sacude la ciudad. Un abogado asesina a su esposa, después a su hijo y finalmente se suicida. Los vecinos declaran que escucharon gritos y una fuerte discusión.
Para la abogada y feminista Karol Bobadilla, quien integra el Foro de Mujeres por la Vida, en Honduras no hay condiciones para que las mujeres permanezcan en cuarentena y, sobretodo en casos donde tienen un agresor al lado.
¿Qué explicación tiene tanta violencia en Honduras? Tiene raíces profundas, según detalla un análisis político del sacerdote Ismael Moreno: “La acumulación de riqueza, tierra y recursos en pocas manos, y la acumulación de poder en instituciones del Estado controladas por esas mismas personas ha generado una violencia que hoy nos parece incontrolable”.
La oligarquía hondureña, bajo la tutela del capital multinacional y con el aval de las instituciones del Estado, ha logrado el control de todos los hilos: del capital comercial, especulativo y agroindustrial, de la energía, las comunicaciones, el turismo y el transporte. “Las decisiones que de verdad pesan son las que toman estas familias, que en su conjunto no pasan de doce apellidos”, explica Moreno.
Una segunda característica es la cantidad de conflictos sin resolver: “Educación y salud deficientes, recaudación de impuestos, inseguridad y violencia. Es como una enorme olla de presión a punto de estallar”.
El tercer rasgo, según Ismael Moreno, es la subordinación del Estado al sistema de partidos políticos. “Es una institucionalidad que genera violencia, y que sirve como refugio a personas que se dedican a delinquir, a establecer alianzas con organizaciones criminales transnacionales, convirtiendo a instituciones enteras, como la Policía Nacional, en maquinarias delictivas”. La violencia impregna toda la sociedad hondureña y abona el sistema patriarcal, que convierte muchos hogares en campos de batalla, donde muchas de las víctimas son mujeres.
Inseguridad en la UNAM
Antes de que el coronavirus llegue a México, las movilizaciones de mujeres contra las distintas formas de violencia de género están en un punto álgido. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la de mayor prestigio de América Latina, según la página UniRank, vive una convulsión inédita debido al incremento de la violencia y a la falta de respuesta de las autoridades universitarias.
Durante más de cinco meses, hasta el 14 de abril, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha estado ocupada por un colectivo de mujeres estudiantes denominado Mujeres Organizadas, que exigen el fin del acoso sexual, de las violaciones y desapariciones de estudiantes en la facultad y en el resto de la Universidad. La alumna Mariela Vanessa desapareció en 2018 sin dejar rastro, cuando se dirigía desde su casa a la facultad.
Mientras dura la protesta, las ocupantes de la facultad de Filosofía y Letras son “vigiladas, perseguidas por todos los medios posibles, agredidas y criminalizadas”. Lo que no consiguen las amenazas ni las autoridades lo logra la pandemia, y finalmente tienen que desalojar las instalaciones al no contar con “las herramientas necesarias para hacer frente” al covid-19.
