El confinamiento forzoso para evitar la propagación del coronavirus se ha convertido en caldo de cultivo de otro virus de efectos devastadores: la violencia machista. Las llamadas de auxilio y denuncias de mujeres maltratadas se han disparado en México, El Salvador y Honduras.
Tercera entrega de la serie #OtrasMiradas
Alejandra, de 19 años, y Lucero, de 30, (ambas utilizan seudónimos por motivos de seguridad) están ingresadas desde hace unas semanas en un refugio para mujeres maltratadas en la Ciudad de México. Intentan recuperarse del tormento. En plena pandemia del Covid-19 el marido de Alejandra mató a su bebé de nueve meses y la emprendió a golpes contra ella. Lucero vivía encerrada en casa. Su pareja no la dejaba salir y el abuso era constante. Ante la amenaza de la violencia machista y del coronavirus, el confinamiento en una casa refugio es la protección de Alejandra y Lucero, que no tienen ningunas ganas de volver a su “normalidad”.
Las cifras por violencia de género en México eran alarmantes antes de la pandemia. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a 40 organizaciones de 22 estados del país, señala que unas diez mujeres eran asesinadas cada día. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de 2020 ha sido el más violento para las mujeres mexicanas en los últimos cinco años, con 964 homicidios. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declara que la tendencia en el feminicidio “está a la baja”.
Lo que ocurre, precisa María de la Luz Estrada, es que de los 964 asesinatos, 720 están clasificados como homicidios dolosos y sólo 244 como feminicidios. Este último término define el asesinato de una mujer por la condición de serlo, cometido siempre por un hombre y con una clara connotación machista. Un número creciente de países han incorporado el feminicidio a su legislación penal.
El primer caso de Covid-19 en México se detecta el 28 de febrero. En las semanas siguientes se dictan medidas de aislamiento preventivo, y el 23 de marzo, con 316 casos confirmados y dos muertes, la Secretaría de Salud declara la Jornada Nacional de Sana Distancia, y poco después la campaña “Quédate en casa”. El 30 de marzo se declara una “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” y el 21 de abril comienza la fase 3, con medidas que extienden el confinamiento. Los casos de violencia de género, --agresión físicas, sexual y emocional—se disparan de manera alarmante, según advierten mujeres víctimas de violencia, madres de mujeres asesinadas, activistas, y organizaciones feministas y de defensa de derechos humanos.
Son más de las 2 de la madrugada del 29 de abril en una vivienda humilde del municipio de Mejicanos, en San Salvador. Cristina, de 17 años, salta de la cama al escuchar ruido. A través de la cortina que divide el cuarto minúsculo vislumbra la silueta de su padre. “¡Qué haces!”, le grita. Salta por encima de la litera donde duerme su hermano de 10 años, enciende la luz y ve una escena dantesca. La madre ensangrentada en su cama, con el cuerpo del marido encima que trata de ahogarla. La muchacha consigue apartar al padre, y levanta a la mujer malherida.
Los gritos despiertan a su tío, Marvin Regalado, quien da un brinco y ve en el cuarto contiguo a su cuñado Edwin Alexander López Rivas, con los brazos extendidos, cubiertos de sangre. “Mátame, mirá lo que he hecho”, susurra el agresor. Detrás ve a su hermana, Susan Daly Regalado, que se tambalea agonizante.
Marvin avisa a la policía, mientras su sobrina recuesta a su madre, con los ojos cerrados y la lengua fuera. De camino al hospital Marvin graba con su teléfono celular a Susan, recostada en el asiento posterior del vehículo policial, con una toalla ensangrentada en la cabeza. Tiene puñaladas en el cuello, mejilla y frente. En pocos minutos llega a la casa otra patrulla de la Policía, que detiene al agresor.
A las 3 de la madrugada, frente al Hospital Zacamil, en San Salvador, un médico sube a la parte trasera del vehículo policial para auxiliar a Susan. Demasiado tarde. “Lo siento, ya no se puede hacer nada. Está muerta”.
El 1 de mayo se presenta ante el juzgado el requerimiento fiscal contra Edwin Alexander López, por el delito de feminicidio agravado de Susan Daly, que en El Salvador está tipificado y sancionado con una pena de entre 30 y 50 años de prisión. López Rivas está detenido por orden judicial y Fiscalía sigue realizando diligencias en la etapa de instrucción.
El confinamiento forzado de la población a causa de la pandemia ha agravado la violencia contra las mujeres. El Gobierno ha olvidado otro virus, más letal y menos combatido: el machismo y la misoginia. Desde la entrada en vigor de la cuarentena en marzo, el covid-19 ha causado la muerte de al menos cinco mujeres hasta el 13 de mayo. En el mismo período ha habido 18 asesinatos de mujeres, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), y el Centro de Atención Legal ha recibido 158 denuncias, que representa un aumento de la violencia del 58% respecto de meses anteriores.
En los últimos cuatro meses el Sistema de Emergencia 911 de Honduras ha registrado más de 32.500 llamadas telefónicas de auxilio de mujeres, que denuncian agresiones de su marido o de algún otro miembro de la familia. Según el Ministerio Público, durante el confinamiento se presentan entre 15 y 20 denuncias diarias por violencia doméstica sólo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país.
Una de las llamadas es de una joven, Angie García, hasta ese momento desconocida para el gran público, que denuncia a su marido por maltrato físico y verbal. La noche del 13 de abril, la Policía detiene en su domicilio, en Tegucigalpa, a Román Rubilio Castillo, futbolista de la selección hondureña y delantero centro del emblemático club Motagua.
El vídeo de la detención se hace viral en redes sociales, así como una foto de la paliza que Castillo propinó a su esposa y madre de un hijo. El futbolista pasa 24 horas en dependencias policiales, tal y como estipula la legislación de Honduras, donde la violencia doméstica es tipificada como falta y no como delito.
El Ministerio Pública confirma que el deportista estaba ebrio cuando fue detenido. Después de varios rodeos el caso ingresa en el juzgado de familia, y Castillo es “condenado” a dos meses de trabajo comunitario. Melvin Duarte, portavoz del poder judicial, afirma que el acusado reconoció los hechos denunciados por su esposa, “por violencia psicológica y física”, lo que fue confirmado “por un dictamen preliminar en materia forense”.
En Honduras 390 mujeres fueron asesinadas en 2019. El 60% de las víctimas, por ataques de sus parejas, exparejas o alguien con quien tuvieron una relación afectiva, según un informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las organizaciones de mujeres registran más casos, y alertan sobre la altísima impunidad: nueve de cada 10 crímenes contra mujeres no se investigan y los asesinos están libres.
Cristina Alvarado, dirigente feminista de la Organización de Mujeres Visitación Padilla, asegura que la violencia de género en las familias es una constante en Honduras. “La pandemia del Covid-19 sólo ha evidenciado la realidad histórica que viven las mujeres, producto de la violencia en el hogar. Esto lo venimos denunciando desde hace años las organizaciones feministas y de mujeres”, dice Alvarado.
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En México, durante el primer mes de confinamiento las llamadas y mensajes de auxilio a los refugios de mujeres aumentan en un 80%, según explica Pilar Sánchez Rivera, directora de Espacio Mujeres para una Vida Digna y Libre de Violencia, uno de los 69 centros de la Red Nacional de Refugios. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declara en una de sus conferencias de prensa “mañaneras” que el 90% de las llamadas de auxilio sobre violencia contra las mujeres son falsas, aunque los registros oficiales hasta marzo digan lo contrario.
Marilú Rasso, directora ejecutiva del mismo refugio, asegura que en la situación de encierro por el covid-19 “a las mujeres se les vuelve a meter en un papel de servicio obligatorio, y cualquier pretexto funciona para que el agresor ejerza violencia”.
En marzo, Alejandra y su hija de nueve meses sufren una vez más las agresiones del marido y padre. La pequeña pierde el conocimiento y la madre logra escapar con el bebé, que llega al hospital sin vida. El personal sanitario llama al Servicio Médico Forense y a la Fiscalía. “Les dije que en casa vivía amenazada, y que el papá nos golpeó a mi hija y a mí. No estaba borracho ni drogado, sólo se aburría porque no trabajaba”.
Un informe de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) da cuenta de un 97% de impunidad en los feminicidios. Entre el 3% restante se encuentra el marido de Alejandra, que está en la cárcel por homicidio.
La historia de maltrato de Lucero empieza poco después del comienzo de la relación con su pareja hace 11 años. Madre de cuatro hijas de 10, 8, 6 y 5 años de edad, Lucero es víctima primero de violencia emocional. “Me insultaba, me decía que yo no valía nada y que si salía de la casa no iba a poder sola”. Cansada de los golpes y del engaño, Lucero da el paso: “Sin pensar agarré lo que pude y me fui con mis hijas. Una amiga nos acompañó hasta el Centro de Justicia.” Los exámenes físicos y psicológicos demoran una semana por falta de recursos humanos derivada de la contingencia, y después envían a la madre y a tres de sus hijas a un refugio. La mayor inquietud de Lucero es que la hija mayor está con el padre.
En El Salvador, el Gobierno del presidente Nayib Bukele convierte una base militar en el primer centro de confinamiento para las personas que llegan del exterior. El 14 de marzo, la Asamblea Legislativa aprueba la “Ley de Restricción Temporal” o régimen de excepción, y el estado de emergencia y calamidad, para hacer frente al coronavirus. El plan Control Territorial, cuyo contenido era desconocido por la sociedad civil, había permitido anteriormente el despliegue militar y policial en todo el país para actuar contra las pandillas Mara Salvatrucha-13 y Barrio 18. El Salvador, un país de 6,7 millones de habitantes, tiene uno de los índices de violencia más alto del mundo.
Los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública indican que en 2019 se cometieron 230 asesinatos de mujeres, de un total de 2.398 homicidios, casi 1.000 menos que el año anterior. El Gobierno presenta esta tendencia a la baja como un éxito del plan Control Territorial, que entró en vigor en junio de 2019.
Con la ejecución del último decreto aprobado “la Fuerza Armada mantiene el 100% de sus efectivos colaborando en la lucha contra el covid-19”, declara el ministro de Defensa, René Merino Monroy. Las personas que, a juicio de las fuerzas de seguridad, no tienen una justificación válida para salir de casa, son detenidas. Más de 2.420 personas están retenidas en condiciones inmundas en centros de contención por violar la cuarentena.
La arbitrariedad de la actuación policial en muchos casos ha provocado choques del presidente con la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Bukele ha desafiado al alto tribunal al hacer caso omiso a las resoluciones judiciales, y la CSJ ha admitido innumerables habeas corpus de personas que denuncian arbitrariedades.
Si bien El Salvador fue uno de los primeros países en cerrar el aeropuerto para vuelos comerciales, la improvisación ha sido la nota predominante en la estrategia de Bukele. Adultos mayores, los más vulnerables ante el contagio, han sido confinados en los mismos centros que las personas procedentes de países considerados focos infecciosos.
La pasividad de la Justicia hondureña provoca que muchas mujeres retiren las denuncias, y que los familiares de las víctimas renuncien a luchar. El miedo se apodera cuando el Estado es claramente ineficiente y no responde a las víctimas.
El caso del futbolista Castillo, denunciado por agresión por su esposa, da un vuelco en cuestión de días, cuando Angie García se retracta de sus acusaciones y dice, a través de las redes, que su marido puede volver a casa. “No entraré en polémica, simplemente quiero aclarar que las fotos expuestas en redes sociales no son de mi persona. Pido respeten mi privacidad, no es justo que mi familia sea el centro de atracción”, escribe la cónyuge del jugador.
La legislación permite a las autoridades ordenar la puesta en libertad del agresor, para regresar a casa y convivir de nuevo con la víctima, si no es un caso reincidente. En opinión de la dirigente feminista Cristina Alvarado, la vuelta del agresor al hogar supone un alto riesgo para la víctima. “Lo que estamos promoviendo como organización es que las mujeres agredidas vayan a las casas refugio, o con familiares o amigos. Por lo general, el gran problema es que la violencia doméstica está tipificada como una falta y no como un delito, entonces el enfoque de la ley es preventivo nada más”.
La jueza Claudia Isabela López puntualiza que, si el agresor no cumple con las medidas que dicte un juzgado, el proceso se convierte en penal. “El antecedente de violencia doméstica, cuando es reiterativo, pasa a ser un proceso judicial”.
La propagación del virus ha provocado la suspensión de las clases en todos los niveles educativos de México. Muchas madres y padres que aún trabajan han dejado a sus hijos en manos de familiares. Es el caso de Miguel Ángel Z y María Guadalupe M, en Ciudad Juárez (Chihuahua), que quedan al cuidado de su nieta de seis años. El padre de la niña no vive en la ciudad. El 11 de abril, en plena contingencia sanitaria, la pequeña presenta una insuficiencia respiratoria grave que acaba con su vida. La primera sospecha de los padres apunta a coronavirus, pero el informe médico revela que la niña fue violada, golpeada y estrangulada.
El abuelo es el principal sospechoso y es detenido junto con su esposa. Yadira Soledad Cortés, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres Juárez, dice que éste es uno de los muchos casos en plena pandemia: “La violencia sexual infantil se da principalmente por un conocido o un familiar, y las niñas confinadas están más expuestas”.
Ciudad Juárez es un municipio emblemático de los asesinatos de mujeres en México. En los primeros años de la década de los 90 se propagó en esta ciudad fronteriza una ola de homicidios de mujeres, en su mayoría trabajadoras de las maquilas y habitantes de las colonias populares. Aquí nacieron organizaciones de defensa de mujeres como “Ni una más”, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y “Mesa de Mujeres Juárez”, que aglutina a una decena de colectivos.
Del 1 de enero al 14 de mayo se han registrado en esta ciudad 65 feminicidios, un 27% más que en el mismo periodo de 2019, según la Mesa de Mujeres.
El aumento de la violencia de género se repite en todo el país. En enero hubo 15.851 denuncias por violencia familiar en México, en febrero, 13.000, y en marzo, ya con las medidas de confinamiento, se abrieron 20.000 casos. Las llamadas al teléfono oficial de emergencia (911) se multiplican cada mes.
El panorama ya era difícil antes de la pandemia, señala Irinea Buendía, madre de una joven estrangulada por su pareja y referente nacional en la búsqueda de justicia. “Vivíamos una emergencia nacional, pero nadie nos hizo caso, y por eso hubo una manifestación histórica el 8 de marzo, y un paro nacional de mujeres, sin precedentes en México, el 9 de marzo”. Pero al presidente López Obrador “en ese momento le importaba más el sorteo simbólico del avión presidencial y despreció nuestras denuncias”, acusa Buendía.
La historia de El Salvador está marcada por la muerte, la guerra, levantamientos campesinos, mártires y dictaduras militares. El conflicto armado de los años 80 entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, generado por la injusticia social, se prolonga 12 años, hasta la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. El problema de fondo, como en toda la región, se resume en dos palabras: desigualdad y exclusión de la gran mayoría. Según Oxfam, los 160 más ricos acaparan el 87% de la riqueza. Y la mayoría vive al día.
“El presente no está desvinculado del pasado”, subraya Silvia Juárez, de la organización de mujeres Ormusa, que cita como ejemplo el informe De la locura a la esperanza, elaborado por la Comisión de la Verdad tras la firma de la paz. Dicho informe describe la violencia sexual como un hecho colateral y no como una violación sistemática contra las mujeres.
Tras la firma de los acuerdos de paz no hay un proceso de reconciliación nacional. El año siguiente, en 1993, la Asamblea Legislativa aprueba la ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que pone en libertad a todos los presos involucrados en violaciones de derechos humanos durante la guerra civil.
Después de décadas de reclamos por parte de las víctimas, en 2016 la Corte Suprema anula la ley de Amnistía. Los enfrentamientos en la Asamblea Legislativa continúan y el 26 de febrero pasado, el pleno aprueba una ley de amnistía disfrazada, la llamada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. “Si ni siquiera se reconoce esta violación, estamos lejos de construir la paz”, lamenta Silvia Juárez.
En El Salvador, la violencia deja las trincheras y muta en forma de grupos pandilleros. Hasta el 30 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) reporta dos casos en los que hay indicios de asesinatos de mujeres a manos de pandillas o maras desde que comenzó la cuarentena domiciliaria.
La coordinadora nacional de casos de feminicidios de la Fiscalía, Graciela Sagastume, explica que no hay diferencia en cuanto al procedimiento de mujeres asesinadas por integrantes de maras, porque en todos los casos se aplica el protocolo de feminicidio. Según las reglas de las pandillas, las mujeres no tienen voz y no pueden opinar ni decidir. La coordinadora fiscal considera que los feminicidios dentro del mundo de las pandillas son un problema estructural. “En la medida que el Estado invierta en problemas sociales, las mujeres podrán salir de ese mundo”.
Iberoamérica es la región más violenta del planeta, según un estudio de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. De las 50 ciudades con más homicidios 15 están en México (con Tijuana a la cabeza), dos en Honduras (San Pedro Sula y Tegucigalpa), y una en Guatemala (Ciudad de Guatemala) y una en El Salvador (San Salvador).
San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras con 1,1 millones de habitantes, estuvo considerada durante cuatro años consecutivos, de 2011 a 2014, la ciudad más violenta del mundo. Llegó a registrar 142 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. San Pedro Sula es también el epicentro del éxodo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos.
Una de las zonas más conflictivas de la ciudad es Chamelecón, un suburbio pobre, de calles de tierra, donde pandillas y grupos criminales ligados al narcotráfico libran su propia guerra por el control territorial. Aquí se registra el 5 de mayo un caso de violencia que sacude la ciudad. Un abogado asesina a su esposa, después a su hijo y finalmente se suicida. Los vecinos declaran que escucharon gritos y una fuerte discusión.
Para la abogada y feminista Karol Bobadilla, quien integra el Foro de Mujeres por la Vida, en Honduras no hay condiciones para que las mujeres permanezcan en cuarentena y, sobretodo en casos donde tienen un agresor al lado.
¿Qué explicación tiene tanta violencia en Honduras? Tiene raíces profundas, según detalla un análisis político del sacerdote Ismael Moreno: “La acumulación de riqueza, tierra y recursos en pocas manos, y la acumulación de poder en instituciones del Estado controladas por esas mismas personas ha generado una violencia que hoy nos parece incontrolable”.
La oligarquía hondureña, bajo la tutela del capital multinacional y con el aval de las instituciones del Estado, ha logrado el control de todos los hilos: del capital comercial, especulativo y agroindustrial, de la energía, las comunicaciones, el turismo y el transporte. “Las decisiones que de verdad pesan son las que toman estas familias, que en su conjunto no pasan de doce apellidos”, explica Moreno.
Una segunda característica es la cantidad de conflictos sin resolver: “Educación y salud deficientes, recaudación de impuestos, inseguridad y violencia. Es como una enorme olla de presión a punto de estallar”.
El tercer rasgo, según Ismael Moreno, es la subordinación del Estado al sistema de partidos políticos. “Es una institucionalidad que genera violencia, y que sirve como refugio a personas que se dedican a delinquir, a establecer alianzas con organizaciones criminales transnacionales, convirtiendo a instituciones enteras, como la Policía Nacional, en maquinarias delictivas”. La violencia impregna toda la sociedad hondureña y abona el sistema patriarcal, que convierte muchos hogares en campos de batalla, donde muchas de las víctimas son mujeres.
Antes de que el coronavirus llegue a México, las movilizaciones de mujeres contra las distintas formas de violencia de género están en un punto álgido. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la de mayor prestigio de América Latina, según la página UniRank, vive una convulsión inédita debido al incremento de la violencia y a la falta de respuesta de las autoridades universitarias.
Durante más de cinco meses, hasta el 14 de abril, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha estado ocupada por un colectivo de mujeres estudiantes denominado Mujeres Organizadas, que exigen el fin del acoso sexual, de las violaciones y desapariciones de estudiantes en la facultad y en el resto de la Universidad. La alumna Mariela Vanessa desapareció en 2018 sin dejar rastro, cuando se dirigía desde su casa a la facultad.
Mientras dura la protesta, las ocupantes de la facultad de Filosofía y Letras son “vigiladas, perseguidas por todos los medios posibles, agredidas y criminalizadas”. Lo que no consiguen las amenazas ni las autoridades lo logra la pandemia, y finalmente tienen que desalojar las instalaciones al no contar con “las herramientas necesarias para hacer frente” al covid-19.
Las historias de México, El Salvador y Honduras, reflejadas en este trabajo colectivo, ponen de relieve que la pandemia del covid-19 sólo echa más leña al fuego de la violencia machista. El confinamiento forzoso ha convertido muchos hogares en auténticos infiernos para las mujeres.
La conclusión más tremenda, a la luz de lo que ocurre en estos tres países, es que la violencia intrafamiliar o de género no es por temporadas, ni se detendrá una vez pasada la pandemia. Como afirma la fiscal salvadoreña Gabriela Sagastume, la violencia hacia la mujer está sostenida por los patrones socioculturales que imperan en El Salvador, que no difieren mucho de los de México o de Honduras.
Antes del coronavirus las agresiones de toda magnitud a mujeres, incluido el feminicidio, se repetían diariamente en cada uno de los tres países. La pandemia esboza una nueva realidad llena de claroscuros. Las instituciones del Estado brillan por su ausencia cuando son más requeridas que nunca, pero en contrapartida la sociedad civil muestra vigor y capacidad de presión para ser tenida en cuenta. En medio, las mujeres, las víctimas, empiezan a perder el miedo y a romper el silencio.
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*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), GatoEncerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).
Estos son los apuntes de una visita a la comunidad El Bambú II, donde 20 familias son vecinas de las personas que fallecieron por COVID-19 y que están enterradas en el cementerio La Bermeja de San Salvador. Por un lado, se encierran cada vez que les avisan que las autoridades de Salud han enviado a sepultar a una nueva víctima del coronavirus; pero por otro necesitan salir de la cuarentena domiciliaria para sobrevivir al hambre.
Esta nota recoge la información resumida sobre los casos que el Gobierno va confirmando en el país.
En la propuesta de ley de reactivación económica y estado de emergencia que presentó el Gobierno, el 21 de mayo, incorporó que la Ley de Acceso a la Información Pública se habilite. Este 26 de mayo, el Gobierno se retractó.
