Foto/Presidencia de la República

Los cargos ad honorem que el Gobierno de Bukele se niega a transparentar

Algunos ministerios, viceministerios, secretarías y subsecretarías están a cargo de funcionarios en dobles cargos: uno que desempeñan ad honorem y otro por el que sí reciben salario. Mientras el presidente Nayib Bukele insiste en hacer uso del Portal de Transparencia para conocer de dónde provienen los sueldos, los registros sufren de imprecisiones que imposibilitan conocer a detalle la información.

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La juramentación al frente de la sede diplomática ocurrió el 14 de noviembre de 2019. La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, le pidió que levantara su mano derecha. Dentro de uno de los salones de la cancillería, Cindy Mariella Portal Salazar, con su cuerpo erguido y la mirada fija, terminaba de escuchar su nombramiento como la nueva embajadora de El Salvador en Brasil. “Me enorgullece ser la primera embajadora de país en el gobierno del presidente (Nayib) Bukele”, expresó Portal, para entonces, la jefa de misión más joven del servicio exterior salvadoreño.  

Relaciones Exteriores la envió a Brasilia, donde se encuentra la sede, con gastos de traslado medianamente cubiertos, como viáticos, una residencia oficial y el uso de un vehículo, tal y como de manera usual lo hace con todo embajador —los únicos funcionarios del servicio exterior con estos derechos—. En el país suramericano permaneció por casi dos meses hasta que el presidente Bukele hizo oficial que haría un ajuste en su cargo: de embajadora pasaría a ser la nueva viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica de forma interina y ad honorem. 

El 10 de enero de 2020, Portal fue nombrada oficialmente por la Presidencia en un cargo que dentro de la jerarquía en cancillería representa el segundo al mando. De Brasilia regresó a San Salvador pero sin dejar de ser embajadora, un nombramiento cuyo salario ronda, según información oficial, los $6,326 mensuales. 

Cindy Mariella Portal fue juramentada como embajadora en Brasil por la canciller Alexandra Hill. Foto: Embajada de El Salvador en Brasil

En medio de la crisis económica por COVID-19,el presidente Bukele advirtió que podría negarse a transferir fondos y dejar sin pago de salarios, especialmente, al Órgano Legislativo como a la Corte Suprema de Justicia si las condiciones se lo exigiesen. El anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa, el 18 de mayo, en una bodega de aduanas en Ilopango, rodeado de miles de paquetes alimenticios que, dijo, distribuiría a las familias más vulnerables que se han visto afectadas por dos meses de cuarentena domiciliaria obligatoria.

Los funcionarios del gobierno de Bukele —casi de inmediato— pusieron a disposición su salario para hacerle frente a la pandemia. Ministros, viceministros, subsecretarios, presidentes de autónomas: todos saturaron sus cuentas en redes sociales con la réplica de un mismo mensaje, cual si hubiese estado programado para activarse al mismo tiempo. Pondrían disposición su sueldo, así lo afirmaron, inclusive, aquellos que tienen cargos ad honorem. 

Entre los altos funcionarios del Gobierno, al menos 11 son personas que ejercen doble cargo: uno por el que estarían siendo remunerados y otro por el que tendrían título ad honorem, como es el caso del secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; el ministro de Salud, Francisco Alabí; el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes; el viceministro de Hacienda, Óscar Anaya; el viceministro de Ciencia y Tecnología, Hermelindo Ricardo Cardona; el viceministro de Transporte, Saúl Antonio Castelar; el viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director de la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna Meza; el subsecretario de Innovación, Jonathan Fabrizzio Meza; y la misma viceministra de Relaciones Exteriores, Cindy Portal. A esta lista se suma el hermano del mismo presidente, Yamil Bukele, quien funge como presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). 

Los cargos ad honorem, o lo que significa “que se hace sin retribución alguna, por solo la honra”, son recurrentes en el aparataje gubernamental. Basta con hacer un rastreo de los registros activos dentro de las contrataciones para detectar el número que son reportados por las diferentes instituciones dentro del Portal de Transparencia. 

Al hacer este ejercicio, la asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA) detectó que existen 133 registros relacionados a cargos ad honorem activos desde 2012 hasta el pasado 20 de mayo. Los datos fueron obtenidos a partir de conectar con la interfaz del Portal de Transparencia utilizando un algoritmo. Una vez descargados, y usando otra herramienta de búsqueda, se pudo verificar cuáles son los registros que tuvieran el “ad honorem”. 

Pese a que es una base muy completa, con nombres y dependencias, tiene imprecisiones en sus registros, lo que impide que pueda hacerse un análisis más profundo y exhaustivo de cuántos cargos son lo que por hoy existen ad honorem. Para tener más claro cuál de los funcionarios ejerce ad honorem habría que hacer solicitudes de información más específicas, esto pese a que existen lineamientos creados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en donde se considera como una práctica sana y buena en materia de transparencia el poner el nombre de los funcionarios, como las plazas que devengan. 

Para Wilson Sandoval, coordinador del centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) en la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), en la actual presidencial han podido detectar lo que considera “un patrón malicioso del Ejecutivo” de resistirse a entregar información pública que es de carácter oficioso sobre funcionarios: de dónde proviene el pago de ciertas plazas, su currículum, perfil, cómo fue el proceso de contratación. “Todos esos datos no están cuando, según las líneas de criterio de Acceso a la Información Pública, debería de ser información que debería de estar dentro de los portales sin necesidad de que la ciudadanía se lo solicite”, dijo el abogado a GatoEncerrado.

Desde que inició el Gobierno de Bukele, ALAC calcula haber procesado cerca de 70 solicitudes de información; mucha de esta les ha sido declarada en reserva o entregada de forma incompleta. “Parece que hay una política de Estado de restringir la información al público”.    

La no transparencia de un portal 

Cuando el secretario jurídico Conan Castro aseguró que pondría a disposición su salario, omitió mencionar a qué sueldo y a qué cargo se refería, tomando en cuenta que su contrato es ad honorem como lo especifica información colgada en el Portal de Transparencia. Consultado en una entrevista de Canal 21, Castro confirmó que en el Ministerio de Hacienda hay registros de que él tiene un salario designado como secretario jurídico, solo no lo ejerce. “...Yo tengo plaza aparte, que es de donde se me paga. Ese es el salario que yo pongo a disposición”, dijo. “¿Podríamos conocer cuál es esa plaza aparte”, le insistió un periodista a la salida del canal, a lo que Conan respondió con un simple “no, pero pueden solicitarlo a acceso a la información”. 

El abogado Sandoval insiste en que un funcionario como Castro no pueda responder de qué rubro proviene su salario es “inconcebible”, puesto que es el ciudadano el que está pagando por ese sueldo y solo denota dos cosas: “O es un incompetente y no sabe de dónde proviene su salario o no lo quiere decir porque no quiere ser transparente. Si la fuente es una fuente legal, ¿por qué no decirlo?”.  

Horas más tarde, en conferencia de prensa desde Casa Presidencial, el presidente Bukele sostuvo que el cargo que ejerce el secretario jurídico de la Presidencia “ha sido ad honorem toda la vida, por lo menos, en la última década”. Esta fue su justificación de por qué Castro ha sido designado en una función, aunque su contrato está por otra plaza. 

Bukele lo simplificó así: como es ilegal que se le den dos cargos, el de la Secretaría Jurídica es un “cargo especial” que se le da ad honorem para que sea el hombre responsable de las firmas. “No es que el hombre no gane dinero, es que el hombre no recibe nada porque es un cargo de mucha relevancia formal, pero el trabajo real lo hacen los asesores jurídicos, no lo hace el secretario jurídico, quien lo que hace es estampar la firma”, indicó negándose a entrar en detalles de dónde proviene su paga. “Está el Portal de Transparencia, yo no tengo el Portal de Transparencia en la cabeza. ¿Y no el Portal de Transparencia han tenido siempre? ¿Cuántos empleados públicos hay...? ¿250 mil? ¡¿Por favor?!  Siguiente pregunta…”, dijo para cerrar el tema.  

El abogado de Funde añade que le parece un exabrupto de parte de los funcionarios el invitar a que se busque vía mecanismos legales de acceso “cuando, hoy por hoy, son ellos los que bloquean que tengamos acceso a la información pública”. 

En los documentos oficiales colocados por la Presidencia en su Portal de Transparencia, la información sobre asesoría jurídica no determina cuál de todos esos salarios es el que recibe el secretario jurídico y, mucho menos, si es de esa cartera de donde percibe su sueldo. Solo se conoce que el sueldo más alto de asesor jurídico ronda los $8 mil y que, en total, solo en asesoría jurídica el costo asciende los $39 mil al mes. 

El secretario jurídico de la Presidencia (c), Conan Castro, junto al secretario privado de la Presidencia (d), Ernesto Castro, y el asesor jurídico de la Presidencia (i), José Ángel Pérez. Foto: Secretaría de Prensa.

Que haya información más específica sobre estos registros ad honorem, o como Sandoval lo decía “de oficio”, y se informe de forma simplificada cuánto gana un funcionario, es lo que también genera dudas con respecto a otros salarios, como el subsecretario de Innovación, cuyo cargo ni siquiera está registrado en la base que presenta Presidencia. El subsecretario Jonathan Frabrizzio Mena también dijo que pondría a disposición su sueldo, pero nunca explicó bajo qué plaza es por la que él está contratado. Podría ser cualquiera de lo descrito en el Portal: o bien asesor, especialista o experto. Siguiendo la jerarquía de la información oficial, podría ser el “Experto IV” y tener una plaza de $5,000, por mencionar un ejemplo. 

Sandoval reitera que un punto que no debe estar en cuestión es el hecho de que un cargo por ser ad honorem no debe rendir cuentas. “Al contrario, cuando los cargos son ad honorem y, sobre todo, son puestos de confianza, se rompe el principio de probidad. El principio de probidad lo que implica es la lealtad hacia el colectivo, la sociedad o hacia el Estado en general”. Este principio es el que podría verse nulo al bloquear los espacios de transparencia.

Funcionarios en dobles cargos, así como ocurrió en gobiernos pasados, es una práctica que el gobierno de Bukele continúa repitiendo. En febrero pasado, una investigación de El Faro confirmó que dos viceministros tuvieran dos cargos, lo que les permitía cobrar sueldos que triplicaban su salario de ley, entre ellos, el viceministro de Transporte ad honorem, Saúl Castelar. 

Si bien la Ley de Ética Gubernamental es permisiva en cuanto a algunos casos específicos ad honorem, como el hecho de que no haya conflicto de intereses o que horarios no choquen, Sandoval considera que el mayor cuidado debe estar en los dobles cargos, especialmente en donde un cargo no permitiría que el otro pueda ejercerse por su demanda. “A mi criterio, seguramente, aquí existen una coalición de horarios en términos de trabajo y eso es lo que la ley evita: que no deberían de haber dobles cargos si hay una coalición de horarios”. La Ley de Ética, en su artículo 4, habla de principios, deberes y prohibiciones éticas, entre estos la eficiencia y la eficacia con la que se debe operar.  

Para ejemplificar, el especialista trae el caso del viceministro Osiris Luna, quien además de tener su plaza “en suspenso” como diputado, está al frente de uno de los problemas más complejos: la seguridad. Está a cargo del Viceministerio de Justicia y Seguridad Pública, pero también de la Dirección General de Centros Penales, cargo ad honorem. Al entrar en la lógica de la demanda que implican este tipo de cargos, Sandoval se pregunta: ¿Acaso no hay otro funcionario que tenga la capacidad para llevar uno de estos otros cargos? ¿Cómo distribuye su carga laboral para poder dedicarle tanto tiempo a otra función? 

“Sabemos que son puestos de confianza, pero aún dentro de estos puestos de confianza deberían de tener las capacidades o méritos para poder desarrollarlos. ¿Tiene los méritos Osiris Luna para ostentar estos tres cargos? Creo que no los tiene, no presenta un currículum que me diga que tiene todos los méritos para dirimir todas las responsabilidades que implica”, explicó.  

La postura de Sandoval dista de lo que opinan algunos personajes vinculados al partido de Bukele. Según el consejero Político Nacional de Nuevas Ideas, Silvio Aquino, se puede fungir dos plazas aunque el pago solo sea por una: “Hay funcionarios nuestros a los que toca cubrir las funciones de dos o tres plazas. Se les paga solo por una. Es decir, tienen más trabajo pero cobran menos dinero. Es como decir ‘yo barro y plancho, me pagan por barrer, planchar lo hago de gratis’. No es complicado de entender”, escribió en su cuenta de Twitter el 20 de mayo.

Aquino generó controversia luego de que una publicación de El Faro revelara que había sido nombrado en el servicio exterior sin presentarse a laborar en la sede diplomática en Viena, Austria, donde se desempeñaría como ministro consejero. Quien fuera el emisario de Nuevas Ideas en Europa durante la campaña presidencial de Bukele defendió su inasistencia porque, pese a que ya había un acuerdo de nombramiento claro, que establece fechas de toma de posesión del cargo en la representación, sueldo e inicio de labores de todo personal que formará parte del cuerpo diplomático, él decía aún no tenía funciones establecidas, por lo que no se presentaba a trabajar y tampoco cobraba salario. 

Dentro del actual servicio exterior quien, de momento, cumpliría a distancia con las funciones que le fueron encomendadas en Brasil es la viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Cindy Portal. La noche que los funcionarios habilitaron su salario, ella también expresó su interés de hacer lo mismo. 

“Por la salud de todos los salvadoreños, dentro y fuera de nuestras fronteras patrias, pongo a disposición mi salario. Presidente @nayibbukele, estamos todos juntos para seguir luchando ante esta #AlertaCOVID19SV Bandera de El Salvador”, escribió.

Lo que nunca especificó Portal es si el salario del que hablaba es el que le ha sido habilitado como embajadora en Brasil, es decir, los $6,326 al mes que, de acuerdo con documentos de cancillería, paga a su representante en esa sede diplomática. 

En su ficha, dentro del Portal de Transparencia, el único cargo que se describe es el que tiene como viceministra en cancillería, luego hay una línea más que añade: “Currículum: Nombramiento reciente. C/V en proceso de elaboración”.

La funcionaria hasta abril de 2020, de acuerdo con documentos oficiales a los que GatoEncerrado tuvo acceso, todavía continuaba destacada como la embajadora de El Salvador en Brasil mientras se desempeña ad honorem al frente de un viceministerio que, al cierre del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, estuvo a cargo de Jaime Miranda. El exviceministro Miranda tenía un sueldo de $2,080 para entonces. Se buscó a la viceministra para conocer más detalles sobre su nombramiento como embajadora en Brasil y si el salario que pondría a disposición es el que tiene como jefa de misión, pero no se obtuvo respuesta al respecto. 

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