En medio de la crisis económica por COVID-19,el presidente Bukele advirtió que podría negarse a transferir fondos y dejar sin pago de salarios, especialmente, al Órgano Legislativo como a la Corte Suprema de Justicia si las condiciones se lo exigiesen. El anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa, el 18 de mayo, en una bodega de aduanas en Ilopango, rodeado de miles de paquetes alimenticios que, dijo, distribuiría a las familias más vulnerables que se han visto afectadas por dos meses de cuarentena domiciliaria obligatoria.
Los funcionarios del gobierno de Bukele —casi de inmediato— pusieron a disposición su salario para hacerle frente a la pandemia. Ministros, viceministros, subsecretarios, presidentes de autónomas: todos saturaron sus cuentas en redes sociales con la réplica de un mismo mensaje, cual si hubiese estado programado para activarse al mismo tiempo. Pondrían disposición su sueldo, así lo afirmaron, inclusive, aquellos que tienen cargos ad honorem.
Entre los altos funcionarios del Gobierno, al menos 11 son personas que ejercen doble cargo: uno por el que estarían siendo remunerados y otro por el que tendrían título ad honorem, como es el caso del secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; el ministro de Salud, Francisco Alabí; el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes; el viceministro de Hacienda, Óscar Anaya; el viceministro de Ciencia y Tecnología, Hermelindo Ricardo Cardona; el viceministro de Transporte, Saúl Antonio Castelar; el viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director de la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna Meza; el subsecretario de Innovación, Jonathan Fabrizzio Meza; y la misma viceministra de Relaciones Exteriores, Cindy Portal. A esta lista se suma el hermano del mismo presidente, Yamil Bukele, quien funge como presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).
Los cargos ad honorem, o lo que significa “que se hace sin retribución alguna, por solo la honra”, son recurrentes en el aparataje gubernamental. Basta con hacer un rastreo de los registros activos dentro de las contrataciones para detectar el número que son reportados por las diferentes instituciones dentro del Portal de Transparencia.
Al hacer este ejercicio, la asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA) detectó que existen 133 registros relacionados a cargos ad honorem activos desde 2012 hasta el pasado 20 de mayo. Los datos fueron obtenidos a partir de conectar con la interfaz del Portal de Transparencia utilizando un algoritmo. Una vez descargados, y usando otra herramienta de búsqueda, se pudo verificar cuáles son los registros que tuvieran el “ad honorem”.
Pese a que es una base muy completa, con nombres y dependencias, tiene imprecisiones en sus registros, lo que impide que pueda hacerse un análisis más profundo y exhaustivo de cuántos cargos son lo que por hoy existen ad honorem. Para tener más claro cuál de los funcionarios ejerce ad honorem habría que hacer solicitudes de información más específicas, esto pese a que existen lineamientos creados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en donde se considera como una práctica sana y buena en materia de transparencia el poner el nombre de los funcionarios, como las plazas que devengan.
Para Wilson Sandoval, coordinador del centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) en la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), en la actual presidencial han podido detectar lo que considera “un patrón malicioso del Ejecutivo” de resistirse a entregar información pública que es de carácter oficioso sobre funcionarios: de dónde proviene el pago de ciertas plazas, su currículum, perfil, cómo fue el proceso de contratación. “Todos esos datos no están cuando, según las líneas de criterio de Acceso a la Información Pública, debería de ser información que debería de estar dentro de los portales sin necesidad de que la ciudadanía se lo solicite”, dijo el abogado a GatoEncerrado.
Desde que inició el Gobierno de Bukele, ALAC calcula haber procesado cerca de 70 solicitudes de información; mucha de esta les ha sido declarada en reserva o entregada de forma incompleta. “Parece que hay una política de Estado de restringir la información al público”.
La no transparencia de un portal
Cuando el secretario jurídico Conan Castro aseguró que pondría a disposición su salario, omitió mencionar a qué sueldo y a qué cargo se refería, tomando en cuenta que su contrato es ad honorem como lo especifica información colgada en el Portal de Transparencia. Consultado en una entrevista de Canal 21, Castro confirmó que en el Ministerio de Hacienda hay registros de que él tiene un salario designado como secretario jurídico, solo no lo ejerce. “…Yo tengo plaza aparte, que es de donde se me paga. Ese es el salario que yo pongo a disposición”, dijo. “¿Podríamos conocer cuál es esa plaza aparte”, le insistió un periodista a la salida del canal, a lo que Conan respondió con un simple “no, pero pueden solicitarlo a acceso a la información”.
El abogado Sandoval insiste en que un funcionario como Castro no pueda responder de qué rubro proviene su salario es “inconcebible”, puesto que es el ciudadano el que está pagando por ese sueldo y solo denota dos cosas: “O es un incompetente y no sabe de dónde proviene su salario o no lo quiere decir porque no quiere ser transparente. Si la fuente es una fuente legal, ¿por qué no decirlo?”.
Horas más tarde, en conferencia de prensa desde Casa Presidencial, el presidente Bukele sostuvo que el cargo que ejerce el secretario jurídico de la Presidencia “ha sido ad honorem toda la vida, por lo menos, en la última década”. Esta fue su justificación de por qué Castro ha sido designado en una función, aunque su contrato está por otra plaza.
Bukele lo simplificó así: como es ilegal que se le den dos cargos, el de la Secretaría Jurídica es un “cargo especial” que se le da ad honorem para que sea el hombre responsable de las firmas. “No es que el hombre no gane dinero, es que el hombre no recibe nada porque es un cargo de mucha relevancia formal, pero el trabajo real lo hacen los asesores jurídicos, no lo hace el secretario jurídico, quien lo que hace es estampar la firma”, indicó negándose a entrar en detalles de dónde proviene su paga. “Está el Portal de Transparencia, yo no tengo el Portal de Transparencia en la cabeza. ¿Y no el Portal de Transparencia han tenido siempre? ¿Cuántos empleados públicos hay…? ¿250 mil? ¡¿Por favor?! Siguiente pregunta…”, dijo para cerrar el tema.
El abogado de Funde añade que le parece un exabrupto de parte de los funcionarios el invitar a que se busque vía mecanismos legales de acceso “cuando, hoy por hoy, son ellos los que bloquean que tengamos acceso a la información pública”.
En los documentos oficiales colocados por la Presidencia en su Portal de Transparencia, la información sobre asesoría jurídica no determina cuál de todos esos salarios es el que recibe el secretario jurídico y, mucho menos, si es de esa cartera de donde percibe su sueldo. Solo se conoce que el sueldo más alto de asesor jurídico ronda los $8 mil y que, en total, solo en asesoría jurídica el costo asciende los $39 mil al mes.